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REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS EN LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 408/2013. · Registro digital (IUS): 24857
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-02-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Pág. 1244.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 408/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO. Ahora debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, ya que constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál postura debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita:

"Registro: 164120

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En esa línea de pensamiento, conviene insertar las consideraciones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, los recursos de revisión fiscal 87/2013 y 354/2013.

I. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver en sesión de tres de julio de dos mil trece, el recurso de revisión fiscal número RF. 354/2013, determinó lo siguiente:

"TERCERO. Resulta innecesario reproducir los argumentos de procedencia señalados por la autoridad, en atención a que el recurso es improcedente.

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, el veinticinco de agosto de dos mil diez, la contradicción de tesis 256/2010, determinó que la instauración del recurso de revisión obedeció a que tal medio de impugnación fuera procedente sólo en casos excepcionales, por lo que éste sería improcedente en los supuestos en que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa hubieren detectado la carencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada.

"Esto es así, porque la Sala resolutora, en ese tipo de sentencias, no emite pronunciamiento que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.

"Por tanto, el Máximo Tribunal estimó que el estudio de tales aspectos debía confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo redundaría en lo ya resuelto.

"De esa manera, la Segunda Sala del Alto Órgano Jurisdiccional de la nación sostuvo que se reservaba a los tribunales federales el conocimiento de aquellos asuntos en que por su importancia y trascendencia tuvieran un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"La superioridad estableció que, si bien el artículo de referencia, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distingue en cuanto a que si la resolución impugnada debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto, o si basta con que se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación; sin embargo, en este último supuesto no puede considerarse satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de defensa.

"El criterio de referencia se encuentra consignado en la jurisprudencia 150/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, de diciembre de dos mil diez, página seiscientos noventa y cuatro, cuyos rubro y texto disponen:

"‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe)

"La propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el cuatro de mayo de dos mil once, la contradicción de tesis 136/2011, estableció que la jurisprudencia apuntada con antelación, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, por lo que era inconcuso que el referido criterio era aplicable en todas las hipótesis materiales previstas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales; las consideraciones que sustentaron lo anterior dieron lugar a la jurisprudencia 88/2011, publicada en el medio de difusión apuntado con antelación, Tomo XXXIV, agosto de dos mil once, página trescientos ochenta y tres, del rubro y texto siguientes:

"‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).’ (se transcribe)

"Ahora, en el caso, la Sala, al emitir el fallo recurrido, declaró la nulidad lisa y llana, tanto de la resolución impugnada, como de la originalmente recurrida, concretamente en el considerando tercero, al estimar que la autoridad no cumplió con las formalidades establecidas en los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad demandada no acreditó la existencia del citatorio previo a la notificación de la resolución originalmente recurrida contenida en el oficio **********, de treinta de abril de dos mil nueve, mediante el cual el administrador local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal, determinó un crédito fiscal por la cantidad de $********** (**********), por concepto de impuestos al valor agregado omitido, actualizaciones, recargos y multa, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil siete, por lo que ésta es ilegal.

"Por ende, si la resolución originalmente impugnada se hizo del conocimiento de la actora hasta el doce de junio de dos mil nueve, esto es, cuando ya había quedado sin efectos la orden de diecinueve de junio de dos mil siete, de la que derivó la resolución liquidatoria, también deben dejarse sin efectos todas las actuaciones derivadas de ésta.

"Para corroborar lo anterior, se reproduce la parte conducente del fallo recurrido (fojas 181 a 186 del juicio de nulidad):

"‘Como se advierte de la reproducción anterior, con fecha 8 de mayo de 2009, se apersonó el notificador respectivo, mismo que, al constituirse en el domicilio fiscal ubicado en **********, de lo cual se cercioró que era el domicilio de la empresa actora, por coincidir con el señalado en el documento a notificar y por el dicho de quien dijo llamarse **********, quien se ostentó como empleada de la actora, y además se identificó con credencial para votar número **********, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, ante la cual, el notificador se identificó con el oficio número **********, de fecha 27 de enero de 2009, emitida por el licenciado José Luis Barclay Arce, en su carácter de administrador local de Recaudación del Oriente del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, con vigencia del 27 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, misma que contiene la firma autógrafa del notificador, asimismo, se desprende que requirió la presencia del representante legal de la empresa actora, haciendo constar que precedió citatorio de fecha 7 de mayo de 2009, el cual fue efectuado con **********, quien se ostentó como empleada de la empresa actora.

"‘También se advierte de la reproducción anterior, que el notificador referido en el acta de 8 de mayo de 2009, requirió nuevamente la presencia del representante legal, el cual no se encontró en el domicilio señalado, ya que no lo esperó, así como por lo manifestado por **********, y que cerciorado plenamente de la ausencia de éste, procedió a efectuar la diligencia con la persona antes referida.

"‘En las relatadas consideraciones, esta Sala estima que le asiste la razón a la enjuiciante, cuando alega que la autoridad no cumplió con las formalidades establecidas en los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad demandada no acredita la existencia del citatorio previo a la notificación de fecha 8 de mayo de 2009.

"‘En efecto, lo anterior es así, pues como se precisó anteriormente, en términos de los artículos referidos en el párrafo que antecede, para que una notificación se considere legal, debe cumplir con los requisitos formales, consistentes en que, al constituirse en el domicilio, el diligenciario debe requerir la presencia del representante legal y, en caso de no encontrarlo, dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del día hábil siguiente, momento este último en la cual debe requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo, pero si éste o su representante no aguarda a la cita, previo cercioramiento y razón pormenorizada de tal circunstancia, la diligencia debe practicarse con quien se encuentre en el domicilio o con un vecino, en su defecto, ya que el citatorio vincula al interesado o a quien legalmente lo represente a esperar al fedatario a la hora fijada con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se procederá a practicar la diligencia con quien se encuentre en el domicilio.

"‘Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 101/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a la letra reza: «NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EN EL ACTA RELATIVA EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN FORMA CIRCUNSTANCIADA, CÓMO SE CERCIORÓ DE LA AUSENCIA DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE, COMO PRESUPUESTO PARA QUE LA DILIGENCIA SE LLEVE A CABO POR CONDUCTO DE TERCERO.» (se transcribe).

"‘En ese contexto, la autoridad demandada no acreditó la existencia del citatorio previo a la notificación de fecha 8 de mayo de 2009, el cual sirve de motivación para la práctica de la aludida diligencia, tal y como se advierte de la reproducción anterior, pues no obstante que la actora manifestó desconocerlo, revirtiendo así la carga de la prueba a la autoridad demandada, en términos del artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada fue completamente omisa en exhibirlo en el presente juicio.

"‘No pasa inadvertido para esta Sala, el hecho de que la autoridad demandada hubiese ofrecido como prueba de su parte, el citatorio y la notificación de fecha 8 de mayo de 2009, el cual, según la autoridad demandada, obraba en el expediente administrativo que fue requerido por el instructor en el auto admisorio de fecha 12 de mayo de 2010, pues del análisis minucioso que esta juzgadora realiza al citado expediente, no se advierte que la autoridad demandada hubiese anexado tal citatorio, de ahí que no acredite la existencia de éste.

"‘Máxime que en la resolución recaída al recurso de revocación, no se advierte que la autoridad demandada se hubiese pronunciado en relación con el argumento de la actora, relativo a la inexistencia del citatorio previo a la notificación.

"‘En consecuencia, la notificación de fecha 8 de mayo de 2009, es ilegal, ya que se emitió en contravención a lo establecido en los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, por lo que procede declarar su nulidad, motivo por el cual se tiene como fecha del conocimiento de la actora, la fecha en la que señala en su escrito de demanda tuvo conocimiento de ésta, específicamente, en el hecho 1 del capítulo respectivo del escrito de demanda en el cual señaló que tuvo conocimiento de la resolución recurrida el 12 de junio de 2009.

"‘Dada la conclusión alcanzada, esta Sala continúa con el examen del concepto de impugnación marcado como segundo de su escrito de demanda. CUARTO. Manifiesta la actora en el escrito de demanda en el agravio marcado como segundo, que la resolución impugnada es ilegal, ya que contraviene lo establecido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, ya que de la notificación de la resolución recurrida es ilegal, al contravenir lo establecido en los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, por lo cual la resolución liquidatoria se notificó fuera del plazo de seis meses establecido en el artículo primeramente invocado.

"‘Por su parte, la autoridad demandada sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada.

"‘A juicio de los Magistrados que integran esta Sala, el agravio en estudio es fundado por las siguientes consideraciones jurídicas:

"‘Para proceder al estudio del agravio planteado por la actora, esta Sala considera necesario destacar el contenido del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, mismo que a la letra establece: «Artículo 50.» (se transcribe).

"‘Como se desprende de la transcripción anterior, las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes que conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita, y en el caso de que las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedarán sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate.

"‘Ahora bien, del análisis que se realiza a las constancias de autos, se desprende que se actualiza la hipótesis del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, pues transcurrió en exceso el término de seis meses establecido en el artículo referido.

"‘Lo anterior es así, pues, como se precisó, en el considerando que antecede, la notificación de fecha 8 de mayo de 2009, tendiente a hacer del conocimiento de la actora la resolución liquidatoria, contenida en el oficio número **********, de fecha 30 de abril de 2009, fue practicada de manera ilegal, al no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 134, fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación, por lo cual, esta juzgadora concluyó que la fecha del conocimiento de la actora, de dicho acto, lo fue el 12 de junio de 2009.

"‘Ahora bien, del análisis que se realiza a la resolución de fecha 30 de abril de 2009, la cual constituye el acto recurrido, documento que se encuentra visible de foja 46 a 76 del expediente administrativo que corre agregado a autos, mismo que es valorado en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que dicha resolución tuvo su origen en una visita domiciliaria efectuada a la actora, al amparo de la orden número **********, contenida en el oficio número **********, de 19 de junio de 2007, acorde con las facultades fiscalizadoras de la autoridad, de conformidad con el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

"‘Asimismo, de foja 171 a 272 de autos, se advierte que la autoridad fiscal levantó el acta final el 26 de noviembre de 2008, en la que hizo del conocimiento de la empresa actora, en su calidad de contribuyente visitada, las irregularidades detectadas, por lo que de esta fecha a la fecha en la que la actora tuvo conocimiento de la resolución liquidatoria, 12 de junio de 2009, transcurrió en exceso el término de 6 meses.

"‘En efecto, pues de la fecha en la que se levantó el acta final,26 de noviembre de 2008, a la fecha en la que tuvo conocimiento de la resolución recurrida la actora -12 de junio de 2009-, transcurrieron 6 meses y 16 días.

"‘Consecuentemente, la autoridad demandada transgredió el contenido del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la resolución liquidatoria no fue notificada a la actora en el término de seis meses, establecido en dicho precepto legal, por lo cual, atento a lo establecido en el cuarto párrafo del referido artículo, procede dejar sin efectos la orden de la que derivó la resolución liquidatoria, así como todos los actos que de ésta derivaron.

"‘Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, misma que a la letra reza: «NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL. LA DECLARATORIA DE SU ILEGALIDAD Y SU CONOCIMIENTO DESPUÉS DEL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003), TIENE EL ALCANCE DE DEJAR SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN Y LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA VISITA O REVISIÓN.» (se transcribe).

"‘Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de ilegalidad establecida en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la autoridad demandada emitió la resolución recurrida en contravención a lo establecido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, por tanto, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada y recurrida, acorde con lo establecido en el artículo 52, fracción II, de la ley últimamente invocada.’

"En consecuencia, como se advierte de la reproducción anterior, la causa de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que sólo se limita al análisis de la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto administrativo para ser legal; esto es, el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia que decretó la nulidad del acto impugnado por vicios formales, hipótesis en la que, como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el medio de impugnación extraordinario de que se trata siempre será improcedente, ya que la litis no versará sobre los temas excepcionales que estableció el legislador en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino, se reitera, sólo respecto de cuestiones formales.

"Sin que en el caso particular deba ponderarse si se actualiza un supuesto de excepción a la regla general, al considerar improcedente la revisión cuando se trate de la nulidad por vicios formales, por la circunstancia de que la autoridad pueda o no emitir un nuevo acto con motivo de la nulidad decretada; ya que al versar el asunto sobre cuestiones formales el recurso siempre será improcedente.

"Lo anterior se corrobora de las consideraciones emitidas por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, al fallar la contradicción de tesis 66/2012, en sesión de trece de junio de dos mil doce, en la que resolvió que no existía la contradicción planteada, por los motivos que se reproducen a continuación:

"‘Sobre tales premisas, debe puntualizarse que esta Segunda Sala considera que es improcedente la denuncia de contradicción de tesis en comento, pues si bien el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia del Segundo Circuito analizaron el mismo punto jurídico consistente en la procedencia del recurso de revisión fiscal contra sentencias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en las que se decreta la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por vicios de carácter formal, y arribaron a posturas aparentemente contrarias, ya que el primero señaló que tendría que ponderarse en cada caso concreto si no se actualiza un supuesto de excepción a la regla general de considerar improcedente la revisión fiscal cuando se trate de la nulidad por vicios formales (como podría ser cuando no se precisó que la autoridad demandada puede emitir un nuevo acto; conclusión extemporánea de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete; determinación extemporánea de obligaciones fiscales; y cuando se emita una resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro de un juicio de nulidad previo, fuera del plazo legal de cuatro meses); en tanto que el segundo estimó que en la referida hipótesis siempre será improcedente el citado medio de impugnación, al versar el asunto sobre cuestiones formales; lo cierto es que este último criterio no es propio del aludido órgano judicial, sino fue emitido en estricta observancia de la jurisprudencia número 2a./J. 88/2011, de este Alto Tribunal, sin que el Tribunal del Segundo Circuito agregara mayores razonamientos a los contenidos en ésta.

"‘Se expone tal aserto, en virtud de que en la citada jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó con meridiana claridad que el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia 2a./J. 150/2010, consistente en la improcedencia del recurso de revisión fiscal contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, es aplicable en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se declare la nulidad por ese tipo de vicios de carácter formal, ya que la litis no versará sobre los temas excepcionales que estableció el legislador en dicho numeral, sino sólo respecto de aspectos formales; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito pretende establecer excepciones a dicho criterio obligatorio en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.

"‘Por consiguiente, es evidente que lo que en realidad pretende plantearse, es la oposición entre la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que sustentó al resolver los recursos de revisión fiscal números 80/2011, 83/2011, 86/2011, 96/2011 y 101/2011, así como el recurso de reclamación número 9/2011; de ahí que debe declararse improcedente la contradicción de tesis denunciada.’

"En ese sentido, es claro que al no surtirse los supuestos de procedencia, el medio de impugnación extraordinario que nos ocupa, debe desecharse."

II. En tanto el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al fallar por unanimidad de votos, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil trece, la revisión fiscal 87/2013, sustentó lo siguiente:

"CUARTO. Se analiza oficiosamente la procedencia del presente recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 71/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 326, que dispone:

"‘REVISIÓN FISCAL. EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA DEBE HACERSE AUNQUE LA AUTORIDAD RECURRENTE NO EXPRESE ARGUMENTOS PARA UBICAR EL RECURSO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALVO QUE SE TRATE DEL DE SU FRACCIÓN II. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 45/2001 y 2a./J. 193/2007 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la procedencia del recurso de revisión fiscal debe examinarla el Tribunal Colegiado de Circuito de oficio, independientemente de que si la autoridad inconforme precisó o no el supuesto legal que consideró aplicable, e inclusive cuando haya señalado un ordenamiento diverso para apoyar la procedencia de dicho medio de defensa, caso en el cual ese órgano jurisdiccional debe superar tal inexactitud. En este tenor, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dichos criterios, el indicado estudio oficioso debe hacerse aunque no se expresen argumentos para ubicar el recurso en alguno de los supuestos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, salvo que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24857-c346e7b7/revision-fiscal-es-improcedente-contra-las-sentencias-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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