JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN LA QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARÓ LA NULIDAD PARA DETERMINADOS EFECTOS, DENTRO DEL PLAZO DE 4 MESES, CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, ya que el tema sobre el cual versa la contradicción de tesis denunciada corresponde a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que es uno de los órganos contendientes.
TERCERO. Posturas contendientes.
1. Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Al resolver el recurso de revisión fiscal ********** el veinticuatro de diciembre de dos mil nueve, determinó, en lo relevante, que si bien es cierto que el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación no establece como supuesto de excepción, para que las autoridades emitan la liquidación en ejercicio de sus facultades de comprobación dentro del término de seis meses, el diverso plazo de cuatro meses contenido en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en que se deben cumplir las sentencias firmes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también lo es que al disponerse el plazo de seis meses para determinar un crédito fiscal no se contempla el caso de que esa liquidación sea impugnada, pues nada dice al respecto, por tanto, una vez emitida la sentencia fiscal, la autoridad fiscalizadora dispone del plazo de cuatro meses que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para el cumplimiento de la misma, el cual es independiente del plazo que establece el Código Fiscal de la Federación.
En consecuencia, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contiene una regulación específica sobre las consecuencias que se generan en los casos en que una autoridad administrativa no cumpla la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el plazo legalmente previsto, no es factible trasladar esa disposición a los procedimientos de fiscalización regulados en el Código Fiscal de la Federación, pues su naturaleza constitucional y estructural es distinta. Por tanto, las condiciones que rigen en uno y otro deben analizarse en forma independiente y separada, en función de las reglas que para cada supuesto ha fijado el legislador.
2. El entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Al resolver el amparo directo administrativo **********, el nueve de noviembre de dos mil seis, determinó, en lo que interesa, que la naturaleza jurídica y finalidad de los plazos previstos en los artículos 239 y 50 del Código Fiscal de la Federación son diferentes, por tanto, a pesar de que el cumplimiento de una sentencia de nulidad para efectos, dentro o fuera del plazo de cuatro meses, previsto por el primer artículo referido, no ocasiona la ilegalidad de la nueva resolución determinante de un crédito fiscal emitida en acatamiento a ella, una ilegalidad sí puede derivar de que dicha resolución no cumpla con el límite temporal que la ley le impone a la autoridad administrativa para ejercer facultades conforme al invocado artículo 50, en tanto que su pronunciamiento en cumplimiento a diversa ejecutoria de nulidad, por sí, no se encuentra previsto como una excepción que suspenda este último término.
CUARTO. Existencia o inexistencia de la contradicción. Dado que la existencia de la contradicción constituye un presupuesto necesario del procedimiento de contradicción de tesis, la cuestión que se plantea en el presente considerando es: ¿existe o no la contradicción de tesis denunciada?
Al respecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha establecido que para la existencia de materia sobre la cual debe hacerse un pronunciamiento, esto es, para que se pueda dilucidar cuál tesis debe prevalecer como jurisprudencia en un caso determinado de contradicción, debe existir oposición de criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales respecto de una misma situación jurídica.
Apoya lo anterior la tesis XLVI/2009 del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LOS RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’.)"(1)
Bajo las premisas anteriores, a fin de determinar si en el presente caso se emitieron criterios jurídicos opuestos en relación a un mismo punto de derecho, es menester identificar las principales consideraciones que sustentan los criterios de los diferentes Tribunales Colegiados en liza, de acuerdo con las respectivas ejecutorias:
A. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal número **********, sostuvo, en síntesis, lo siguiente:
A.1. En primer lugar, determinó que la litis del recurso de revisión fiscal se limitaba a resolver si como lo dice el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el plazo de los seis meses para que la autoridad fiscal emita una liquidación en ejercicio de sus facultades de comprobación opera en los casos en que tal resolución se dicte en cumplimiento a una sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional, porque el término de cuatro meses a que se refiere el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se encuentra previsto como excepción en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, o bien, como lo dice la recurrente, al dar cumplimiento a una sentencia, sólo debe estarse a lo que dispone el citado artículo 52 del referido ordenamiento.
A.2. Así, el Tribunal Colegiado procedió a realizar un análisis en relación con los alcances y naturaleza jurídica de los artículos 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de donde se desprende la forma en que se desarrolla el procedimiento de ejecución de las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por la otra, las consecuencias jurídicas que se producen en los casos en que las autoridades administrativas incurran en incumplimiento de esos fallos.
Por otra parte, consideró que de un análisis de los artículos 42 al 50 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las normas que regulan el procedimiento de verificación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el cual tiene como propósito establecer la forma y los términos en que las autoridades fiscales deben conducirse frente a los particulares con el objeto de salvaguardar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, en particular su persona, papeles y posesiones.
A.3. Una vez establecido lo anterior, el tribunal del conocimiento determinó que las normas que regulan el procedimiento de ejecución de los fallos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa son de naturaleza jurídica distinta de las que prevén la forma y los términos en que las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
A.4. En razón de lo anterior, consideró que si bien es cierto que el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación no establece como supuesto de excepción para que las autoridades emitan la liquidación en ejercicio de sus facultades de comprobación dentro del término de seis meses, el diverso plazo de cuatro meses establecido en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en que se deben cumplir las sentencias firmes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también lo es que al disponerse el plazo de seis meses para determinar un crédito fiscal no se contempla el caso en que esa liquidación sea impugnada, por tanto, una vez emitida la sentencia fiscal, el plazo de cuatro meses que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para el cumplimiento es independiente de aquel que establece el Código Fiscal de la Federación.
De no considerarse así, además de confundir la naturaleza jurídico-procesal de los plazos previstos en ambas disposiciones jurídicas, significaría adicionar un requisito más a la actuación de las autoridades tributarias, lo cual, estima, llevaría a la declaratoria de nulidad de la resolución dictada en cumplimiento, toda vez que la autoridad fiscal ya no estaría en condiciones de concluir el ejercicio de sus facultades con la emisión de la resolución liquidatoria dentro del plazo de seis meses que refiere el artículo 50.
A.5. Acorde con lo anterior, se llega a la conclusión de que si la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contiene una regulación específica sobre las consecuencias que se generan en el supuesto en que una autoridad administrativa no cumpla la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el plazo determinado, no se debe trasladar dicha disposición a los procedimientos de fiscalización regulados en el Código Fiscal de la Federación, ya que su naturaleza constitucional y estructural es distinta, en consecuencia, las condiciones que rigen en uno y otro deben analizarse y estudiarse en forma independiente y separada, en función de las reglas que para cada supuesto ha establecido el legislador.
En virtud de lo anterior, al determinar que eran fundados los agravios invocados por la autoridad recurrente, concluyó que debía revocarse la sentencia impugnada para el efecto de que la Sala dictara otra en la que considerara que los plazos establecidos en los artículos 50 del Código Fiscal de la Federación y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo son independientes entre sí y operan en cada supuesto de acuerdo con sus propias reglas.
B. Por otra parte, el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo administrativo **********, en sesión de nueve de noviembre de dos mil seis, determinó, en síntesis, lo siguiente:
B.1. En primer lugar, el tribunal del conocimiento señaló que eran fundados los conceptos de violación en los cuales se arguye que contrario a lo resuelto por la Sala responsable, el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación no crea el espacio temporal al cual se hace referencia en la sentencia reclamada, en cuanto a que en tal precepto sólo se prevé tal lapso como excepción en relación a los plazos dispuestos en los artículos 46-A y 67 del referido ordenamiento, pero en ningún momento alude al que prevé su propio artículo 50.
B.2. Así, para efecto de establecer la naturaleza jurídica del término de cuatro meses que se prevé en el artículo 239 del ordenamiento en comento, hizo alusión a los razonamientos expresados en la contradicción de tesis 100/2002-SS, resuelta por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil dos, de la cual, estimó, se desprende lo siguiente:
• Los plazos que establece el legislador para cumplir con una resolución que determina la invalidez de un acto de autoridad tienen una naturaleza y una finalidad diversa a la de los plazos legales que condicionan el ejercicio de una determinada atribución legal por parte de las autoridades estatales;
• La inobservancia de los primeros, no trasciende a la validez del acto, puesto que sólo tienen como finalidad lograr el cumplimiento de las resoluciones dictadas, ya sea en el juicio de nulidad o al resolverse un recurso de revocación; y,
• Finalmente, consideró que si el cumplimiento de la resolución respectiva se produce fuera de los plazos mencionados en segundo lugar, esto es, sin respetar el límite temporal mediante el que la ley condiciona el ejercicio de específicas atribuciones de las autoridades fiscales, entonces el nuevo acto sí adolecerá de nulidad, no por ser extemporáneo el cumplimiento sino porque la atribución respectiva se ejerció fuera del plazo legal.
B.3. Posteriormente, procedió a efectuar un análisis del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, de donde concluyó que en tal precepto se prevé en forma limitativa que las autoridades fiscales cuentan con seis meses, después de levantada el acta final, para emitir la resolución respectiva, plazo que consideran va encaminado a proporcionar seguridad jurídica a los particulares, ya que de lo contrario, una vez concluida la visita o revisión, la autoridad estaría en aptitud de emitir el crédito tributario en cualquier tiempo, con lo que estiman se dejaría al visitado en estado de incertidumbre.
B.4. En razón de lo anterior, procedió a señalar que aun cuando la resolución impugnada en el juicio de origen se haya dictado en cumplimiento a lo decidido en la sentencia dictada en un juicio de anulación, su pronunciamiento, fuera del límite temporal que condiciona el ejercicio de la facultad que entraña, conlleva a su nulidad.
Lo precisado es así, no sólo porque la interposición del juicio contencioso administrativo no encuadra en alguna de las hipótesis que de acuerdo con el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación prevén que puede suspenderse el plazo de seis meses, sino porque, además, el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del mismo ordenamiento, no contempla que el plazo del artículo 50 pueda prorrogarse cuando la determinación del crédito se emita en cumplimiento a una sentencia dictada en el juicio de nulidad, lo cual sí permite tratándose de los diversos plazos que refieren los artículos 46-A y 67.
B.5. Así, consideró que es la diferente naturaleza jurídica y finalidad de los plazos previstos en los preceptos referidos, la que motiva que a pesar de que el cumplimiento de una sentencia de nulidad para efectos, dentro o fuera del plazo de cuatro meses, previsto en el artículo 239, no ocasiona la ilegalidad de la nueva resolución determinante de un crédito fiscal emitida en acatamiento a ella, la ilegalidad sí puede derivar de que tal resolución no cumpla con el límite temporal que la ley le impone a la autoridad administrativa para ejercer sus facultades de acuerdo con el artículo 50, en razón de que su pronunciamiento en cumplimiento a diversa ejecutoria de nulidad, por sí, no se encuentra previsto como una excepción que suspenda este último término.
B.6. En virtud de todas las consideraciones al efecto vertidas, el Tribunal Colegiado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, pronunciara otra en la que reiterara las consideraciones cuya inconstitucionalidad no se evidenció y prescindiera de aquella por la cual declaró que aun y cuando haya fenecido el término que prevé el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, el pronunciamiento de las resoluciones administrativas a que dicho precepto refiere, se encuentra amparado en su legalidad por el artículo 239 del ordenamiento en comento, en tanto se dicten dentro del plazo que este último precepto dispone y al respecto resuelva en consecuencia a lo expresado en la ejecutoria dictada.
Habiéndose sintetizado las principales consideraciones de los Tribunales Colegiados involucrados, ha de tenerse presente, como se expresó al inicio de este considerando, que para que se actualice una contradicción de tesis es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos:
I) Los criterios deben ser en términos lógicos, efectivamente contradictorios, es decir, que sea posible comprobar que lo que uno de ellos afirme acerca de un mismo problema, el otro lo niegue; y,
II) La diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
En el presente caso, se actualiza la contradicción de tesis denunciada, pues se satisfacen ambos requisitos, como se muestra a continuación.
En los medios impugnativos que conocieron y resolvieron los Tribunales Colegiados contendientes los actos o resoluciones impugnados fueron:
• En la revisión fiscal **********, la sentencia definitiva dictada por la Sala Regional Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por medio de la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución reclamada.
• En el amparo directo administrativo **********, la sentencia definitiva dictada, en un juicio de nulidad, por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante la cual, entre otros aspectos, se reconoció la validez de la resolución impugnada.
En ambos asuntos, las resoluciones impugnadas fueron emitidas por autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación y en cumplimiento a lo ordenado en diversos (y anteriores) juicios de nulidad.
La cuestión toral que los Tribunales Colegiados contendientes abordaron es si el plazo legal que debe aplicarse para emitir una resolución en cumplimiento de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declaró la nulidad de la resolución para determinados efectos, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación, es el establecido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, o bien el diverso previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en otros términos, si la circunstancia relativa a que las resoluciones de que se trata hayan sido dictadas en cumplimiento a lo ordenado en diversos juicios de nulidad, constituye o no una diferencia relevante para determinar el plazo legal que debe aplicarse.
Al efecto, los Tribunales Colegiados contendientes interpretaron disposiciones con un contenido normativo similar, a saber: el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación (en relación al procedimiento de fiscalización), el anterior artículo 239 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (antes 239 del Código Fiscal de la Federación) (procedimiento de cumplimiento en relación a las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa).
En lo concerniente a la cuestión señalada, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron, en sus consideraciones, a criterios discrepantes, ya que, por un lado, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al analizar los artículos 50 del Código Fiscal de la Federación y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, determinó que la ejecución de los fallos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene una naturaleza distinta de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, razón por la cual determinó que no era factible trasladar el plazo previsto para el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a los procedimientos de fiscalización contenidos en el Código Fiscal de la Federación, al estimar que ello significaría adicionar un requisito más a la actuación de las autoridades tributarias, habida cuenta que los plazos establecidos en los artículos 50 del Código Fiscal de la Federación y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, operan en supuestos diferentes, conforme a sus propias reglas.
Por su parte, si bien el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito consideró también, que la naturaleza jurídica y la finalidad de los plazos previstos en los artículos 239 y 50 del Código Fiscal de la Federación son diferentes, estimó que aun cuando la resolución impugnada en el juicio de origen se haya dictado en cumplimiento de lo decidido en la sentencia dictada en un juicio de nulidad que se promovió y resolvió con anterioridad a la resolución reclamada, su pronunciamiento fuera del límite temporal que condiciona el ejercicio de la facultad que entraña acarrea su nulidad.
Lo anterior, no sólo porque la interposición del juicio contencioso administrativo en contra de la resolución determinante del crédito fiscal no encuadra dentro de las hipótesis que el artículo 50 prevé para que se pueda suspender el plazo de seis meses con que cuenta la autoridad para determinar las contribuciones omitidas, sino, además, porque el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación no establece que el plazo pueda prorrogarse cuando la determinación del crédito se emita en cumplimiento de una sentencia dictada en el juicio de nulidad para efectos, como sí lo establece expresamente en el supuesto de los plazos contenidos en los artículos 46-A y 67 del mismo ordenamiento.
Expuesto lo anterior, es verdad que ambos Tribunales Colegiados, en forma coincidente llegaron a la conclusión de que los plazos previstos en los preceptos referidos para el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de nulidad por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (cuatro meses) y en el procedimiento de fiscalización (seis meses) tienen naturaleza jurídica y finalidad distintas.
No obstante, existe una discrepancia sustantiva, ya que mientras el primer tribunal referido estima que el plazo a que debe sujetarse la autoridad fiscal al emitir una resolución en la que ejerzan sus facultades de comprobación, como consecuencia del cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, es de cuatro meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el otro estima que el plazo aplicable para emitir la resolución por la autoridad fiscal, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, es de seis meses, de conformidad con el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, independientemente de que se haya interpuesto juicio contencioso administrativo en contra de ésta, ya que en dicho precepto no se prevé que el plazo de seis meses se pueda suspender, ni del artículo 239, antepenúltimo párrafo, se desprende que el plazo se puede prorrogar cuando la determinación del crédito se emita en cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, añadiendo que en caso de no respetar tal plazo, ello generaría la ilegalidad de la nueva resolución que determine el crédito fiscal.
Por consiguiente, el punto jurídico sujeto a estudio, en la presente contradicción de tesis, radica en dilucidar cuál es el plazo a que se sujeta, para su validez, la resolución que determina un crédito fiscal en cumplimiento a una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo, en donde se ordenó la nulidad para efectos: si se sujeta al plazo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, o bien al del diverso 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (antes artículo 239 del Código Fiscal de la Federación).
No es óbice para que se configure la contradicción de tesis denunciada el hecho de que los órganos jurisdiccionales se hayan pronunciado sobre el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación vigente el veinticinco de octubre de dos mil cinco y el vigente en diciembre de dos mil seis,(2) respectivamente, toda vez que si bien el artículo 50 ha sido objeto de diversas reformas, su contenido, en lo que interesa, es similar.
Tampoco es obstáculo el hecho de que uno de los Tribunales Colegiados (el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito) se haya pronunciado sobre el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil cinco, mientras que el otro (el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito) examinó el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que el contenido del primer precepto citado pasó al artículo 52 del ordenamiento en comento, sin existir, en lo que interesa, cambios sustanciales.
Lo anterior se muestra en los siguientes cuadros:
Ver cuadros
QUINTO. Estudio de fondo. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se desarrolla, de acuerdo con los siguientes razonamientos.
1. Delimitación de la cuestión jurídica por dilucidar.
La cuestión por esclarecer se puede plantear en los siguientes términos: ¿El plazo legal que debe regir para emitir una resolución, en cumplimiento de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se decretó la nulidad para determinados efectos, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación, es el de seis meses establecido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, o bien el diverso de cuatro meses previsto en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (antes 239 del Código Fiscal de la Federación)?
Más concretamente: en tales condiciones ¿la única norma aplicable para efectos de cumplimentar la sentencia que determinó la nulidad para efectos es el artículo 52, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que otorga a la autoridad fiscal el plazo de cuatro meses? ¿O bien, también debe estarse a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación?
2. Fundamentos jurídicos.
Para dilucidar la cuestión planteada, es preciso desarrollar los temas siguientes:
2.1. Alcances de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En primer lugar, resulta pertinente señalar que el modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, toda vez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede actuar como tribunal de mera anulación y de plena jurisdicción.
Lo anterior es así, toda vez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede actuar conforme al modelo contencioso administrativo de anulación (nulidad lisa y llana), el cual pretende restaurar el orden jurídico y únicamente anular el acto impugnado, esto es, controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo, y conforme al modelo de jurisdicción contencioso administrativo de plena jurisdicción (nulidad para efectos), que tiene por objeto tutelar el derecho subjetivo del accionante, mediante el cual no sólo anula el acto, sino que además fija los derechos del recurrente y condena a la administración a restablecer y hacer efectivos los derechos que se pretende tutelar.
Señalado lo anterior, a continuación conviene precisar los alcances de las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a si la nulidad que se decrete es lisa y llana o es para efectos.
El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/97, en sesión de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de once votos, analizó la naturaleza de las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación y el modelo adoptado por el Código Fiscal de la Federación de jurisdicción contencioso administrativo de acuerdo con la competencia conferida al referido tribunal y que lo constituye, en algunos casos, como tribunal de mera anulación y, en otros, como de plena jurisdicción a fin de restaurar el orden jurídico y preservar la seguridad jurídica de los gobernados,(3) en donde, entre otras, se hicieron las siguientes consideraciones:
1) El modelo de jurisdicción contencioso administrativo de mera anulación tiene como finalidad restablecer el orden jurídico violado, es decir, controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo, limitándose la sentencia a anular el acto impugnado ante el tribunal.
2) El modelo de jurisdicción contencioso administrativo de plena jurisdicción tiene como finalidad tutelar el derecho subjetivo del accionante, por lo que se obliga al tribunal a conocer y decidir en toda su extensión la reparación del derecho subjetivo del actor lesionado por el acto impugnado, por lo que su alcance no sólo es el de anular el acto, sino también el fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos.
3) Nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues en virtud de la diversidad de materias de las que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación dependerá de cada caso en particular el establecer si su actuación debe ajustarse al modelo contencioso de anulación (en donde su actuación consiste únicamente en determinar la legalidad del acto administrativo) o al contencioso de plena jurisdicción (en donde se precisa la existencia y medida de un derecho subjetivo del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22321-808e24d5/juicio-contencioso-administrativo-la-autoridad-fiscalizadora-debe-emitir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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