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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD O LA RESOLUCIÓN DE FONDO DICTADA EN ÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 281/2010. · Registro digital (IUS): 22698
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, QUINTO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 918.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 281/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, QUINTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, SEXTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y QUINTO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia común, pero existen precedentes aplicables al respecto.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, porque la formuló **********, autorizado en términos amplios de **********, quejoso en los recursos de queja **********, ********** y ********** del índice del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. Con el fin de analizar la posible existencia de la oposición de tesis, cabe señalar que el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el ocho de julio de dos mil diez el recurso de queja **********,(1) en la parte que interesa, sostuvo:

"CUARTO. Se estima innecesario transcribir la resolución incidental impugnada y los agravios propuestos por la parte quejosa, al advertirse que el recurso de queja intentado debe desecharse por improcedente, en atención a lo que a continuación se expone:

"El presente recurso se interpone contra la resolución emitida el once de mayo de dos mil diez, en la cual se resolvió en relación con incidente de falta de personalidad del segundo agente del Ministerio Público Militar, quien rindió los informes justificados actuando en ausencia del procurador general de Justicia Militar, y éste a su vez en representación de las autoridades señaladas como responsables director de producción y del titular, ambos de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, incidente promovido por la parte quejosa.

"Con motivo de lo anterior, en el auto recurrido se determinó que es procedente pero infundado el incidente referido; esto es, que el segundo agente del Ministerio Público Militar, está facultado para rendir el informe con justificación en ausencia del procurador general de Justicia Militar, y éste a su vez en representación de las autoridades responsables; lo que constituye la materia del recurso, al estimar el inconforme que es ilegal dicha determinación.

"Ahora bien, en este punto es relevante traer a contexto lo dispuesto por el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que establece: (se transcribe).

"Del numeral transcrito se desprenden dos supuestos de procedencia del recurso de queja, a saber:

"a) Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a los que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 del mismo ordenamiento y que por su naturaleza transcendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.

"Al respecto, se exige que se cumplan los siguientes requisitos:

"1. Que tales resoluciones no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo; y,

"2. Que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.

"b) Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a los que se refiere el artículo 37 de esta ley, que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley.

"Ahora bien, del análisis de la resolución recurrida, se infiere que no se satisfacen los extremos previstos en el numeral transcrito, toda vez que la determinación recurrida constituye una resolución que si bien, no admite expresamente el recurso de revisión, conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo, no es un acto trascendental y grave, que pueda causar daño o perjuicio a la parte quejosa, no reparable en la sentencia definitiva que en su caso, se llegue a dictar en el juicio de origen o incluso antes del pronunciamiento de ésta.

"Para corroborar la improcedencia del recurso de queja en el supuesto que se analiza, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 1/85 en sesión de cinco de octubre de dos mil, enfatizó que al valorar si se causa un daño o perjuicio de imposible reparación a alguna de las partes, para efectos de la procedencia de la queja prevista en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, debe verificarse la existencia del riesgo de exponerla a una situación extremadamente compleja, que pueda repercutir en su esfera personal y jurídica de forma grave y trascendente.

"Así, se sostuvo que a fin de evitar la materialización objetiva de algún daño o perjuicio que además, sea trascendental y grave, se concedió a los posibles agraviados la opción de impugnar la resolución a través del recurso de queja, cuya sustanciación lograría impedir no sólo el desenvolvimiento del procedimiento, sino también, dar margen para probar ante los Tribunales Colegiados de Circuito que conocieran de aquél, la amenaza de la actualización de un daño así como de su imposible reparación.

"De ahí que sea la autoridad jurisdiccional competente, la que atendiendo al caso concreto, debe concluir si el fallo recurrido tiene la característica excepcional de imposible reparación antes citada.

"Dicha ejecutoria, en la parte conducente, es del siguiente tenor: (la transcribe).

"La citada ejecutoria dio lugar a la tesis de jurisprudencia número P./J. 74/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de dos mil uno, página seis, de rubro siguiente: ‘PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.’

"Ahora bien, como se anticipó, en el supuesto que se analiza, el recurso de queja es improcedente, porque el hecho de que el recurrente, para controvertir la resolución recurrida, aduzca que quien suscribe el informe con justificación carece de legitimación para hacerlo en representación de las autoridades responsables, y que tal resolución fue dictada durante la tramitación del juicio de garantías, tal circunstancia no limita la oportunidad ni el derecho del promovente del juicio de amparo para demostrar la inconstitucionalidad de los actos que reclama y tampoco origina la variación de la litis constitucional, en la medida en que esta última se integra con lo expuesto en la demanda de garantías y los actos reclamados a las autoridades responsables.

"En efecto, la resolución recurrida no implica que se trate de un acto de naturaleza trascendental y grave que cause daño o perjuicio irreparable en sentencia definitiva del amparo, pues no deja al quejoso en estado de indefensión, tampoco se varía la litis constitucional.

"Cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, la finalidad del informe justificado consiste en que las autoridades responsables manifiesten si aceptan o no el acto que se les atribuye y, en su caso, exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio -sin estar obligado a ello-, además de acompañar las constancias necesarias para apoyar su informe.

"Es decir, de acuerdo a lo manifestado en el informe respectivo, al quejoso se le otorga la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga, a fin de desvirtuar lo aseverado en ese escrito, pero siempre en relación con el acto reclamado, aunado a que será, en su caso, la resolución que llegare a dictarse en la audiencia constitucional, la que pudiese causarle perjuicio, lo que puede ser reparado a través del recurso de revisión regulado en el artículo 83 de la Ley de Amparo.

"De igual forma, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 149 en cita, para el caso de que la autoridad no rinda su informe con justificación se presumirá la certeza de los actos atribuidos, o para el caso de que se determine que la autoridad que suscribe el informe no tiene legitimación para rendirlo, tales circunstancias no impiden que el juicio de garantías continúe su trámite y tampoco que la parte quejosa pueda obtener fallo favorable al demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; esto es, para la tramitación y resolución del juicio de amparo, no se requiere necesariamente la intervención de la autoridad responsable.

"Por tanto, la resolución incidental que mediante esta vía se recurre, en la que se reconoció la legitimación de la autoridad que suscribió los informes a nombre y representación de las autoridades directamente señaladas como responsables, no causa perjuicio de forma trascendental y grave al peticionario de garantías.

"No es obstáculo a la conclusión alcanzada el criterio consistente en que las cuestiones de personalidad son de previo y especial pronunciamiento, como lo sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 4/2001, publicada en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, enero de 2001, Novena Época, que dice: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (la transcribe.)

"El criterio referido no es aplicable al asunto que se analiza, puesto que se refiere a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden respecto a una excepción de falta de personalidad -y que le reconocen esa calidad-, al tratarse de cuestiones relacionadas con un juicio o instancia ordinaria, en los que cabe la posibilidad de que se concluyan anticipadamente -sin resolver el fondo del asunto- al demostrarse que una autoridad o cualquiera otra parte, carezcan de legitimación para actuar en el procedimiento, lo que no acontece en el juicio constitucional cuando se controvierte la legitimación de la autoridad responsable para rendir el informe con justificación, pues de ser procedente tal objeción, el juicio de amparo continúa hasta resolver el fondo de la cuestión planteada, inclusive puede resultar favorable al solicitante de amparo.

"Aunado a lo anterior, como se indicó, en el caso específico, también se debe atender a los requisitos o condiciones de procedencia del mencionado recurso de queja, como lo es, que el auto impugnado sea de naturaleza trascendental y grave, con posibilidad de causar un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, hecho que en el caso concreto, se insiste, no se configura por el hecho de cuestionarse la legitimación de la autoridad que rindió el informe justificado en representación de las autoridades señaladas como responsables, puesto que, como se ha indicado, tal circunstancia no limita al peticionario de garantías en la oportunidad de demostrar la inconstitucionalidad de los actos que reclama y tampoco varía la litis constitucional, por lo que no se demuestra el perjuicio trascendental y grave que le pudiera causar la resolución impugnada no reparable en la sentencia que se emita en el juicio principal, al no participar de la irreparabilidad que como elemento exige la procedencia del recurso de queja hecho valer.

"Bajo esa línea argumentativa, debe declararse improcedente el presente recurso de queja interpuesto por el autorizado del quejoso **********, contra la resolución de once de mayo de dos mil diez, dictada por el secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de garantías número ********** de su índice, debido a que se incumplen las exigencias señaladas en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo."

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja **********, en sesión del veintidós de septiembre de dos mil nueve, precisó:

"SEGUNDO. El auto recurrido, literalmente expresa lo siguiente:

"‘México, Distrito Federal, a nueve de julio de dos mil nueve.

"‘Agréguense a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar el escrito signado por el quejoso **********, a través del cual interpone incidente de falta de personalidad en contra del jefe de la Sección de Control y Trámite de la Subdirección de Retiros y Pensiones de la Dirección General de Justicia Militar, en ausencia temporal del director general de Justicia Militar para rendir el informe justificado requerido al director general de Justicia Militar por su ausencia; al respecto, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2o. de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente el incidente que promueve, toda vez que dentro de la Ley de Amparo, él mismo no se encuentra previsto, por lo que se le deja expedito su derecho para promover lo que a su interés legal convenga.

"‘Sin perjuicio de lo anterior, se tiene por formuladas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de dictarse la resolución que en derecho proceda.

"‘Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

"‘Lo proveyó y firma la licenciada María Alejandra de León González, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien actúa con el secretario que autoriza y da fe, licenciado Elías Elías Brown Guerrero. Doy fe.’

"TERCERO. Con el objeto de analizar la procedencia de este recurso de queja, es menester reproducir el contenido de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, que dice: (lo transcribe).

"En este sentido, conviene destacar que en la Ley de Amparo existe un catálogo taxativo que recoge las hipótesis de procedencia del recurso de queja; por lo que es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en la examinada fracción VI, este medio de defensa procede contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el diverso numeral 37 de la citada ley, en los siguientes supuestos:

"I. Autos dictados durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, que no sea reparable en la sentencia definitiva.

"II. Actos que se dicten después de fallado el juicio de primera instancia, que por su naturaleza jurídica no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La primera hipótesis de procedencia es la que en el caso interesa, en virtud de que el auto recurrido fue dictado durante la tramitación del juicio constitucional y no después de fallado éste.

"Al respecto, se tiene que la procedencia del recurso de queja está condicionada a la satisfacción, entre otras exigencias, de que contra las resoluciones que enumera dicha fracción no proceda expresamente el diverso recurso de revisión, porque de ser así, aunque causen un daño o perjuicio a alguna de las partes de modo irreparable, deberá interponerse necesariamente aquél; por ende, debe ponderarse el método de exclusión, ante todo, para determinar la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo.

"Sobre esa línea argumentativa, se advierte que el presente recurso de queja es procedente en términos de lo dispuesto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la negativa de dar trámite al incidente de personalidad promovido por la parte quejosa en contra del jefe de la Sección de Control y Trámite de la Subdirección de Retiros y Pensiones de la Dirección General de Justicia Militar, en ausencia temporal de este último director, contenida en el auto recurrido, no es reparable a través del recurso de revisión, y causa perjuicios de imposible reparación al inconforme que de ninguna manera forma (sic) pueden ser subsanados en la sentencia constitucional.

"Se expone tal aserto, ya que el examen del artículo 83 de la Ley de Amparo, pone de relieve que el objeto de impugnación son las resoluciones que: a) desechen o tengan por no interpuestas las demandas (fracción I), b) las que concedan o nieguen la suspensión definitiva y las que modifiquen, revoquen o nieguen la modificación de la misma (fracción II), las que sobresean fuera de audiencia y las que resuelvan los incidentes de reposición de autos (fracción III), las dictadas en la audiencia constitucional (fracción IV) y las pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución (fracción IV).

"De esa reseña se desprende que en el artículo 83 de la Ley de Amparo, no se prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones dictadas en el incidente de falta de personalidad interpuesto en el juicio de garantías.

"En tal sentido, si esa incidencia tiene por objeto determinar si la persona que comparece a juicio tiene o no legitimación para actuar dentro del procedimiento constitucional, es indudable que la resolución que niega la tramitación de ese incidente es una resolución que causa agravios en grado predominante e irreparable en la sentencia definitiva al ocursante, en tanto que, invariablemente, tendrá efectos dentro de la integración y resolución de la litis constitucional, en cuanto determina la atribución o constitución de las cargas procesales a las partes.

"En efecto, el auto que desecha el incidente de falta de personalidad promovido por la quejosa respecto de la autoridad que intervino en la rendición del informe con justificación, es un acto que aunque dictado durante la tramitación del juicio, como se corroboró, no puede ser combatido a través del recurso de revisión; además, causa un perjuicio irreparable, toda vez que tiene consecuencias en la integración de la litis constitucional, sobre todo en lo tocante a la rendición del informe con justificación y a la atribución de las cargas procesales respectivas, que pueden dar lugar, incluso, a la imposición de una multa a la autoridad responsable que omitió tal rendición o a la prueba a cargo de las partes sobre la existencia de los actos reclamados, de la actualización de las causas de improcedencia o, incluso, de la promoción de nuevas instancias procesales como es la ampliación de demanda por nuevos actos conocidos a partir de dicho informe.

"Es así como se advierte importante el estudio de legitimación de la autoridad que rinda un informe justificado, debido a las consecuencias que derivan de su rendición u omisión, que han sido reseñadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 8/99 publicada en la página veintiséis del Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).’ (la transcribe).

"Aunado a lo anterior, debe decirse que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 276, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el estudio de la personalidad debe efectuarse al momento en que se presente el escrito que imponga el apersonamiento de una persona al juicio constitucional; de ahí que el pronunciamiento que realice el Juez Federal en donde tenga por satisfecho ese presupuesto procesal por cualquiera de las partes, no puede ser modificado ni reexaminado en una actuación posterior, como pudiera suceder en la sentencia constitucional, ya que el resolutor, de oficio, no debe modificar o revocar sus propias determinaciones.

"En mérito de lo expuesto, es que este Tribunal Colegiado considera que aceptada o reconocida, explícita o implícitamente, la personalidad de alguna de las partes dentro del juicio constitucional, ya no es un tema que pueda analizarse con posterioridad por el propio Juez, luego, las resoluciones dictadas en contra la resolución determinante de un incidente de falta de personalidad de alguna de la partes, hace procedente el recurso de queja por actualizar la hipótesis prevista en el artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito -queja **********-, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito -queja **********- y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito -queja **********-, si bien no hicieron una consideración en torno a la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, contra la resolución dictada en el incidente de falta de personalidad del quejoso o del tercero perjudicado, lo cierto es que resolvieron el fondo de ese medio de defensa, por lo que implícitamente lo consideraron procedente.

Por último, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito al resolver el trece de julio de dos mil cuatro el recurso de queja **********, sostuvo:

"SEGUNDO. El recurso que se examina es procedente, atento a lo dispuesto por el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo ... TERCERO. El auto recurrido es del tenor literal siguiente: ‘... Por otra parte, téngase por recibido el escrito presentado por el apoderado de la parte quejosa **********, mediante el cual interpone incidente de falta de personalidad respecto de la **********, y de los representantes legales que a nombre de ésta comparecieron en calidad de terceros perjudicados al presente juicio; al efecto, no ha lugar a admitir a trámite dicho incidente toda vez que el mismo no se encuentra contemplado dentro de las hipótesis previstas en el artículo 35 de la Ley de Amparo; y menos aun son aplicables al caso los fundamentos que invoca el promovente en su escrito respectivo.’ ..."

CUARTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que exista contradicción de tesis basta que se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y los Tribunales Colegiados de Circuito hubiesen llegado a conclusiones opuestas, sin necesidad de que sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, según se desprende de la jurisprudencia 72/2010 del Tribunal Pleno:(2)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

De igual forma, el Tribunal Pleno ha establecido que puede configurarse una contradicción de tesis aunque el criterio asumido por el Tribunal Colegiado de Circuito sea implícito, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente de la ejecutoria relativa como acontece con los asuntos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ya que, es cierto, no formularon una consideración en relación con la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, contra la resolución dictada por el Juez de Distrito en un incidente de falta de personalidad de los quejosos o de los terceros perjudicados en el juicio de amparo, pero es incontrovertible que estimaron que sí es procedente, habida cuenta que resolvieron el fondo de ese medio de defensa.

Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 93/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página 5 del Tomo XXVIII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22698-9ab9cb1a/queja-prevista-en-la-fraccion-vi-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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