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INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE AMPARO QUE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A TRAMITARLO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO, Y NO EL DE LA FRACCIÓN XI.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 228/2009. · Registro digital (IUS): 21904
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y QUINTO DEL DÉCIMO SÉPTIMO (AHORA SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO).
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 504.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 228/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y QUINTO DEL DÉCIMO SÉPTIMO (AHORA SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO).

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo adoptado por el Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil nueve. En esa sesión, se ordenó remitir el asunto a esta Sala para su radicación, con fundamento en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001 y en el considerando noveno del Acuerdo General Plenario 4/2002. Por lo tanto, esta Sala es competente para conocer del presente asunto, no obstante que su competencia originaria corresponda al Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo,(2) puesto que fue formulada por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia.(3)

TERCERO. A continuación, conviene reseñar los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.

1. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (queja 18/2009)

Una persona moral interpuso un recurso de inconformidad para combatir la clausura de un establecimiento comercial. En los autos de la inconformidad, se emitió un acuerdo, cuya notificación se impugnó mediante un juicio de amparo indirecto. El acto reclamado en el juicio de garantías, es decir, la notificación del acuerdo ya mencionado se atribuyó al síndico municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, y al notificador del mismo Municipio.

Correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla conocer del asunto, cuyo titular negó la protección constitucional solicitada, mediante sentencia del veintisiete de enero de dos mil nueve.(4) Cabe precisar que, durante la tramitación de la primera instancia del juicio, la quejosa no pidió la suspensión del acto reclamado.

En atención al sentido del fallo, la peticionaria de garantías interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional, el cual fue admitido a trámite mediante auto de dos de marzo de dos mil nueve, por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

Mientras se tramitaba el recurso de revisión, la quejosa solicitó ante la Juez de Distrito la suspensión del acto reclamado, mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil nueve. A su vez, ésta resolvió que no había lugar a acordar la petición, porque ya se había dictado sentencia en el juicio de amparo.(5)

Para combatir la resolución mencionada anteriormente, la agraviada interpuso un recurso de queja, con fundamento en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo. Previamente a entrar al análisis de los agravios planteados por la recurrente sobre el fondo, el Tribunal Colegiado hizo ciertas precisiones en relación con la procedencia del recurso de la siguiente manera:

"QUINTO. Previamente al examen del agravio propuesto por la recurrente, conviene precisarse que no obstante que la Juez de Distrito no negó expresamente decretar la suspensión provisional, pues en el acuerdo impugnado indicó literalmente ‘no ha lugar a acordar de conformidad su petición’, es procedente este recurso, pues al no acordar favorablemente su tramitación, equivale a la negativa de la medida cautelar, que finalmente es acordada en el auto con el cual se inicia dicho incidente.

"Criterio que cobra mayor fuerza si se toma en consideración la naturaleza urgente de ambas decisiones, es decir, de que se esté en el supuesto de que la juzgadora federal niegue la medida suspensional, o bien, de que niegue la tramitación del incidente respectivo, pues en ambos casos se traduce en una negativa de la medida cautelar, contra la cual debe interpretarse conforme a la teoría de acceso a la justicia que procede el recurso de queja en términos de la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, y en los plazos establecidos en el dispositivo 97, fracción IV, del propio ordenamiento legal.

"Pues si bien en el caso no existe una negativa como tal de la suspensión provisional, lo cierto es que se trata de un auto que produce exactamente los mismos efectos, pues tiene relación estrecha con dicha medida suspensional, aun y cuando se haya dictado en el juicio principal, por lo que el medio idóneo para impugnar el proveído en estudio es el recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo."(6)

Además, para reforzar esta resolución se invocó la jurisprudencia 2a./J. 10/92, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL RECURSO DE QUEJA ES PROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS.",(7) así como la tesis aislada XXI.2o.54 K, con el encabezado: "AUTO EN QUE SE NIEGA LA CONDONACIÓN DE LA FIANZA IMPUESTA AL QUEJOSO, PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS RECLAMADOS, AL NO SER UN ACTO DE TRÁMITE EMITIDO EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CONTRA ÉL, PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO."(8)

Una vez expuestas estas consideraciones en torno a la procedencia del recurso de queja promovido con fundamento en la fracción XI del artículo 95 de la ley de la materia, se abordó el estudio del agravio planteado por la recurrente, el cual se calificó como fundado. En este sentido, el órgano colegiado señaló que efectivamente fue incorrecta la resolución de la Juez de Distrito al no tramitar el incidente de suspensión. Esto es así, debido a que, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley de Amparo,(9) el quejoso puede promover el incidente de suspensión en cualquier tiempo, mientras que no se dicte sentencia ejecutoria.

Así pues, dado que la sentencia ejecutoria no es la dictada por la Juez de Distrito en la audiencia constitucional (ya que la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra), resulta que sí era posible solicitar la suspensión del acto reclamado; máxime cuando no se había pedido anteriormente esa medida cautelar y todavía no se emitía fallo alguno en el recurso de revisión. Por lo tanto, se revocó el auto combatido en la queja y se ordenó a la Juez que emitiera un nuevo auto en el que tuviera por promovido el incidente de suspensión del acto reclamado y resolviera lo conducente respecto de éste.(10)

El mencionado Tribunal Colegiado emitió la tesis aislada VI.3o.A.35 K, con el fin de expresar el criterio sustentado en relación con la procedencia del recurso de queja, que es del siguiente tenor:

"QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA ADMITIR A TRÁMITE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede contra la resolución dictada por el Juez de Distrito que conceda o niegue la suspensión provisional. Ahora bien, cuando dicho juzgador emite un auto por el que niega admitir a trámite el incidente de suspensión, no obstante que no decide expresamente sobre la negativa de la suspensión provisional, sí produce los mismos efectos, pues dicha determinación equivale a la denegación de la medida cautelar. Por tal razón y haciendo una interpretación a la luz de la teoría del acceso a la justicia, contra dicha resolución procede el recurso de queja previsto en la referida porción normativa."(11)

2. Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito(12) (queja 3/2002)

Este asunto deriva del juicio de amparo 1158/2001, que fue promovido por comparecencia. Es decir, se trata de un asunto penal donde no fue directamente el agraviado quien presentó la demanda de amparo, sino un tercero en su nombre para combatir actos del subdelegado de Procedimientos Penales, dependiente de la Procuraduría General de la República. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien conoció del juicio, oficiosamente decretó la suspensión del acto reclamado.(13)

El veintiocho de diciembre de dos mil uno, el quejoso ratificó la demanda promovida en su nombre y en el mismo acto solicitó la suspensión del acto reclamado. A esa petición recayó el auto de siete de enero de dos mil dos, dictado por el secretario del juzgado encargado del despacho, donde determinó que no había lugar a tramitar el incidente de suspensión en términos de la solicitud del quejoso, puesto que los actos reclamados ya habían sido materia de la suspensión de oficio que se decretó anteriormente.(14)

Para combatir esta determinación, el quejoso interpuso un recurso de queja, con fundamento en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito se avocó al conocimiento del asunto y resolvió que el recurso era improcedente. En la parte relevante de la ejecutoria se formularon las siguientes consideraciones:

"Expuesto lo anterior, cabe precisar que el quejoso recurrente promovió el recurso de queja en términos del artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, y lo interpuso conforme a lo establecido en los numerales 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la citada ley, cuyo procedimiento es sumarísimo, es decir, que debe resolverse en el término de cuarenta y ocho horas; sin embargo, en el caso no es procedente el señalado recurso en los términos en que fue promovido por el inconforme, en virtud de que el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, sólo determinó en el proveído recurrido que no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión solicitado, porque los actos reclamados ya fueron materia de la suspensión de oficio decretada en el acuerdo de antecedentes; sin que al respecto haya proveído lo relativo a la concesión o negativa de la suspensión provisional solicitada, en cuyo caso procedería el trámite sumario del medio de impugnación que interpuso para impugnar el auto de siete de enero de dos mil dos. Por lo que, al no encontrarse en el supuesto previsto en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, es evidente que el procedimiento que al efecto se siguió, tampoco se encuentra en las hipótesis contenidas en la fracción IV del numeral 97 y en el último párrafo del 99, de la legislación de amparo, es inconcuso que el recurso de queja tramitado en esos términos es improcedente.

"No pasa desapercibido para este tribunal que en contra de ese proveído pudiera actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en cuanto establece que contra las resoluciones dictadas por los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme el artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; sin embargo, en el caso no se está en la posibilidad de corregir la interposición del recurso de queja en comento, en virtud de que no se tramitó en la vía indicada, es decir, en el supuesto jurídico contenido en la señalada fracción VI, sino en la vía del procedimiento sumario expuesto en párrafos precedentes; y dado que el recurso de queja establecido en el citado artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, como ha quedado establecido, constituye la procedencia en una pluralidad de recursos, según las diversas situaciones, originan procedimientos autónomos entre sí, no obstante estar regulada la queja en un solo precepto, esto es, en el artículo 95 de la Ley de Amparo; sin embargo cada una de las fracciones ahí contenidas, resultan independientes entre sí, salvo las diversas fracciones que tienen un trámite común, de acuerdo al artículo 96 de la Ley de Amparo, tal como acontece con lo dispuesto en la fracción XI en que se apoyó el inconforme, cuya tramitación requiere de un procedimiento sumario, diferente al trámite que establecen las otras fracciones. Por lo que bajo esa tesitura, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado las circunstancias de que el a quo negó el trámite del incidente de suspensión, sin fundamento para ello, ya que no lo prevé la Ley de Amparo para la hipótesis en estudio; sin embargo, ante la formulación incorrecta del recurso de queja, que trascendió a la procedencia, impiden a este tribunal subsanar la irregularidad señalada, al no existir en la especie, suplencia de la deficiente formulación del recurso."(15)

Con motivo de estas consideraciones, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito emitió la tesis XVII.5o.1 K, que dice:

"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI MEDIANTE ESE RECURSO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE NO SE UBICA EN LA HIPÓTESIS A QUE SE REFIERE DICHA FRACCIÓN, DEBIDO A LA PARTICULARIDAD DE SU TRÁMITE. El artículo 95 de la Ley de Amparo contempla en forma genérica el recurso de queja, pues así se desprende de sus once fracciones; sin embargo, ello no implica que este numeral, en sus diferentes hipótesis, tenga términos y trámites iguales, por lo que al hacer uso de este recurso, fundándolo y tramitándolo en una hipótesis distinta a la exactamente aplicable, afecta su procedencia. De modo que si el recurso de queja se promovió con apoyo en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, no obstante que en el caso se reclamó el acuerdo dictado en el expediente principal donde se tuvo por admitida la demanda y se acordó no dar trámite al incidente de suspensión, lo cual no es impugnable mediante el recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, que establece un trámite especial y diverso al que prevén las demás fracciones, es por ello que al fundar el recurso de queja en una hipótesis diversa a la que en el caso concreto pudiera encuadrar, tal error conlleva también un trámite distinto y, por consecuencia, vía diferente, lo cual origina la improcedencia del recurso. Aspecto este de la vía que no es subsanable, pues lo único que pudiera corregirse sería la deficiencia en la exposición de los agravios, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, mas no una equivocación en la vía."(16)

CUARTO. A continuación, es necesario determinar si existe contradicción de tesis.

Es importante señalar que el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL,(17) abandonó el criterio que sostenía anteriormente, respecto de cuáles son los requisitos necesarios para que se configure una contradicción de tesis. Al respecto, se emitió la tesis aislada P. XLVI/2009, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’)."(18)

De acuerdo con la tesis invocada, hay contradicción cuando "dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales".

Conforme a este lineamiento, se puede concluir que en el caso presente hay contradicción de tesis. En primer lugar, los órganos colegiados analizaron situaciones jurídicas esencialmente iguales.

Por un lado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió un recurso de queja interpuesto con fundamento en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo. El objetivo de ese medio de defensa era impugnar una resolución adoptada por la Juez de Distrito, donde ésta determinó que no había lugar a tramitar el incidente de suspensión en el juicio de amparo. Previamente a entrar al análisis del fondo del asunto (consistente en analizar el motivo por el cual se negó el trámite del incidente de suspensión), el órgano colegiado formuló reflexiones en torno a la procedencia del recurso de queja que se le planteaba, y concluyó que el recurso era procedente, por lo que a continuación entró al estudio de la cuestión de fondo (relativa a si se podía tramitar el incidente de suspensión, aunque ya se hubiera dictado sentencia en la audiencia constitucional).

Por otro lado, el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito falló un recurso de queja, también interpuesto con base en lo dispuesto en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo. En este caso, el peticionario de garantías pretendía combatir un auto del secretario de Acuerdos encargado del despacho, en el cual se negó la solicitud de tramitar el incidente de suspensión formulada por aquél, porque los actos reclamados ya habían sido materia de una suspensión oficiosa. En primer lugar, el Tribunal Colegiado se pronunció sobre la procedencia del recurso que se le planteó y determinó que, en contra de la resolución combatida, no procedía el recurso de queja establecido en la fracción XI del artículo 95 de la ley de la materia.

Así pues, ambos tribunales estudiaron el mismo problema jurídico, a saber, la procedencia del recurso de queja interpuesto contra un auto del Juez de Distrito donde éste resuelve que no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión.

No pasa inadvertido a esta Segunda Sala que los Jueces de Distrito negaron la solicitud de tramitar el incidente de suspensión en cada caso por motivos diversos. Es decir, en el asunto que eventualmente resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito la juzgadora a quo consideró que no había lugar a dar trámite al incidente suspensional, porque ya se había dictado sentencia en la audiencia constitucional, mientras que en el caso resuelto por el otro Tribunal Colegiado en contienda el Juez de Distrito negó dicho trámite al señalar que ya se había concedido la suspensión provisional de manera oficiosa. Sin embargo, estos matices entre los antecedentes de los casos que dieron lugar a las ejecutorias en contienda no inciden en el punto jurídico que analizaron ambos órganos colegiados. Es decir, en las dos sentencias analizadas se estudió el punto relativo a la procedencia del recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, cuando este medio de defensa se promueve para combatir la resolución del Juez de Distrito donde éste niega tramitar el incidente de suspensión. Así pues, no es relevante, para efectos de la existencia de la contradicción, el hecho de que esa negativa se hubiera emitido por motivos diversos, ya que dicha cuestión no tiene relación con el pronunciamiento relativo a la procedencia del recurso, sino que es materia del fondo de cada caso.(19)

Asimismo, los Tribunales Colegiados arribaron a conclusiones discrepantes entre sí. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito consideró que, para combatir la resolución del Juez de Distrito donde determinó que no había lugar a tramitar el incidente de suspensión, procedía el recurso de queja establecido en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque "al no acordar favorablemente su tramitación [del incidente de suspensión], equivale a la negativa de la medida cautelar".(20) Además, argumentó que el auto reclamado producía exactamente los mismos efectos que la negativa de la suspensión provisional, y destacó el hecho de que la decisión sobre el otorgamiento de la suspensión es urgente. En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito explicó que el recurso sometido a su conocimiento era improcedente, dado que el Juez Federal no negó o concedió la medida precautoria solicitada, sino que se limitó a manifestar que no había lugar a tramitar el incidente de suspensión. Por lo tanto, no se estaba en la hipótesis exacta que prevé la fracción XI del artículo 95 de la ley de la materia, y el recurso interpuesto con base en ese precepto era improcedente.

No escapa a esta Segunda Sala que la argumentación del entonces Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito se sustenta en dos premisas independientes entre sí. La primera consiste en que el recurso intentado no era procedente, por no encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, mientras que la segunda postula que, contra la resolución impugnada, podría proceder el recurso establecido en la fracción VI del mencionado artículo 95 de la ley de la materia, pero como el recurso no se planteó con fundamento en esa norma, no le era posible corregir la vía. Esta situación no es obstáculo para que se configure la contradicción de tesis, pues independientemente de las consideraciones en torno al fundamento para interponer correctamente un recurso de queja en contra del auto donde el Juez de Distrito niega tramitar el incidente de suspensión, lo cierto es que la consideración toral del fallo del Tribunal Colegiado es la relativa a que el recurso intentado no era procedente, por no encuadrar en el supuesto previsto en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo.

En suma, hay contradicción de tesis porque ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre el mismo tema jurídico (es decir, sobre si procedía el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, para combatir una resolución del Juez de Distrito donde resuelve que no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión), y al exponer sus conclusiones emitieron criterios divergentes (el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó que el recurso era procedente, mientras que el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito resolvió que no lo era, y que en cambio podría ser que se actualizara la hipótesis del artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia).

En esta tesitura, el punto en contradicción consiste en determinar si procede el recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo contra la resolución del Juez de Distrito donde éste determina que no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión.

QUINTO. Esta Segunda Sala considera que debe prevalecer el criterio que se desarrollará a continuación.

La Ley de Amparo prevé sólo tres recursos para combatir las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías: revisión, queja y reclamación.(21) Mediante el recurso de revisión es posible impugnar resoluciones cuya característica es la definitividad, ya sea que pongan fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo planteada o que la resuelvan.(22) Por su parte, el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite que hubieran dictado los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.(23) Por otro lado, mediante el recurso de queja se pueden combatir actos de las autoridades responsables, resoluciones definitivas y determinaciones de trámite.

El artículo 95 de la Ley de Amparo, que prevé el mencionado recurso de queja, establece:

"Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

"I. Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes;

"II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;

"III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;

"IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;

"V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;

"VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;

"VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario;

"VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;

"IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;

"X. Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento substituto de las sentencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la determinación sobre la caducidad en el procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113, y

"XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional."

Para la resolución del presente caso interesa lo dispuesto en la última fracción del precepto recién transcrito, conforme a la cual se pueden impugnar, mediante el recurso de queja, las resoluciones del juzgador de amparo en las que conceda o niegue la suspensión provisional. Esto es así, debido a que es necesario determinar si esta hipótesis comprende a los autos mediante los cuales el Juez de Distrito resuelve que no ha lugar a tramitar el incidente de suspensión.

Ahora bien, la mencionada fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de queja(24) en dos supuestos: 1) cuando se conceda la suspensión provisional y 2) cuando ésta se niegue. Esta Segunda Sala considera que la norma que se analiza debe interpretarse de manera taxativa, sin que abarque el supuesto de la impugnación del auto donde se niega la apertura del incidente de suspensión.

Pero antes de demostrar esta afirmación conviene formular algunas consideraciones en torno a la suspensión en el juicio de amparo.

La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que el Juez de amparo puede conceder durante la tramitación del juicio, al ordenar a la autoridad responsable que se abstenga de ejecutar dicho acto o actos. Su finalidad es impedir que se consume irreparablemente el acto reclamado, pues en algunos casos, podría desaparecer la materia del amparo si se llevara a cabo la ejecución del acto combatido, haciendo imposible la restitución al quejoso en el goce de la garantía individual violada en su perjuicio. Asimismo, tiene como objeto evitar al quejoso los perjuicios que le pudiera ocasionar el acto reclamado durante la tramitación del juicio de amparo.

Esta medida cautelar puede concederse de oficio o a petición de parte. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo,(25) la suspensión será oficiosa:

I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.

II. Cuando se trate de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

El mismo artículo 123 establece que la suspensión que se otorgue en estos casos se decretará de plano. Esto significa que no requiere de la sustanciación de un procedimiento incidental, y que subsistirá hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo, por lo que es definitiva.(26)

En cambio, fuera de las hipótesis consignadas en las fracciones I y II del ya citado artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21904-66822335/incidente-de-suspension-contra-la-resolucion-del-juez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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