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Modo: Corpus Pro

TESTIMONIAL EN EL JUICIO LABORAL. DEBE ESTARSE A LA INTERPRETACIÓN LITERAL DE LA EXPRESIÓN "LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA" PARA DETERMINAR LOS CASOS EN QUE EL OFERENTE DEBE ACOMPAÑAR EL INTERROGATORIO ESCRITO DE LA PRUEBA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2009 · Registro digital (IUS): 21704
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 889.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el presente asunto se ocupa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en asuntos que versan sobre la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que es del siguiente tenor:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

En la especie, el denunciante, Abraham Calderón Díaz, es el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, órgano que emitió varias de las sentencias donde se sustentó uno de los criterios en probable contienda. Por tanto, resulta que tiene legitimación para denunciar la posible contradicción de tesis a que se refiere este asunto.

TERCERO. A continuación se reseñan los antecedentes de los asuntos resueltos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, así como las consideraciones sustentadas en cada uno de ellos.

1. Amparo directo 478/2004

Los antecedentes de este asunto consisten en que un trabajador promovió un juicio laboral, donde reclamó un despido injustificado y solicitó diversas prestaciones, como la indemnización constitucional y salarios caídos, entre otras. Correspondió a la Junta Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje conocer del juicio, la cual eventualmente dictó laudo, donde resolvió que el patrón sólo debía pagar a la parte actora lo correspondiente al aguinaldo, pero negó las demás prestaciones reclamadas.

En contra de ese laudo, el trabajador promovió un juicio de amparo directo. Entre otras cuestiones, en sus conceptos de violación estimó que la Junta indebidamente admitió una prueba testimonial ofrecida por la parte patronal, en contravención a lo dispuesto en el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Esto es así, debido a que el mencionado medio probatorio no se ofreció con los elementos para su desahogo, en atención a que los testigos radicaban fuera del domicilio de la Junta, por lo que era obligación del oferente exhibir el interrogatorio correspondiente.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito consideró que este concepto de violación era infundado. Para ello, primero transcribió el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, que es del siguiente tenor:

"Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes:

"...

"III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, el oferente deberá al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibirá copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes, para que dentro del término de tres días presenten su pliego de repreguntas en sobre cerrado."

Además, el órgano colegiado precisó que ese precepto se interpretó en la jurisprudencia 2a./J. 62/95, que dice:

"TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. PROCEDE LA DESERCIÓN DE LA PRUEBA, SI EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS SE UBICA FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA Y EL OFERENTE NO ACOMPAÑA EL INTERROGATORIO POR ESCRITO. La falta de exhibición del interrogatorio por escrito cuando se ofrece la prueba testimonial de personas que radiquen fuera del lugar de residencia de la Junta, da lugar al desechamiento de la prueba y no a su prevención, en términos de lo expresamente dispuesto en el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, congruentemente con lo señalado en el numeral 780 en torno a que las pruebas deben ofrecerse acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo, pues de acuerdo con el artículo 817 del propio ordenamiento, el interrogatorio es necesario para el desahogo de la probanza ofrecida en tales términos, ya que debe ser acompañado al exhorto que se gire para el desahogo de la prueba, exhorto que la Junta está obligada a proveer en el término de setenta y dos horas conforme al numeral 758 de la propia ley, debiendo exhibirse, además, las copias del mismo, conforme al propio artículo 813, fracción III, pues son necesarias para que las demás partes puedan, dentro del término de tres días, presentar su pliego de repreguntas en sobre cerrado. Ahora bien, si en esta hipótesis la Junta, en vez de desechar la prueba testimonial, acuerda que los testigos sean presentados directamente por el oferente de la prueba, es claro que en el juicio de amparo el concepto de violación será inoperante, pues aunque la Junta haya actuado incorrectamente con tal acuerdo, la reposición del procedimiento ningún beneficio acarrearía al oferente, pues en aplicación del artículo 813, fracción III, de la ley referida, la Junta tendría que declarar la deserción de la prueba."(1)

En este sentido, cuando la prueba testimonial se debe desahogar por exhorto, en atención a que el declarante radique fuera del lugar de residencia de la Junta, la ley establece una formalidad, consistente en que el oferente debe acompañar a la prueba el interrogatorio correspondiente.

No obstante, en el caso concreto no se puede estimar que los testigos radicaran fuera del lugar donde reside la Junta responsable; pues los primeros tenían su domicilio en el Municipio de Escobedo, Nuevo León, mientras que la segunda residía en Monterrey, en la misma entidad federativa. Por tanto, no era necesario remitir exhorto a ninguna otra autoridad para el desahogo de la prueba, ni tenía el oferente la obligación de exhibir el interrogatorio, porque éste se podía formular oralmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 815, fracción III, de la ley de la materia.(2)

Esto se explica debido a que el domicilio de los testigos (en Escobedo, Nuevo León) está dentro de la jurisdicción de la Junta, que abarca todo el Estado de Nuevo León.

Además, el Municipio de Escobedo está conurbado a la ciudad de Monterrey, según el decreto por el que se declara la existencia de una zona conurbada que se integra por los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Garza García, Santa Catarina y General Escobedo, publicado el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro en el Periódico Oficial del Estado.(3) Además, el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey fue aprobado el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, con lo que se corrobora que los Municipios antes mencionados integran una zona conurbada.

Por otro lado, la Junta Especial Número Uno pertenece a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León. De acuerdo con el artículo 2o. del reglamento interior de ese órgano "La Junta Local de Conciliación y Arbitraje funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, en la forma que contempla la Ley Federal del Trabajo, teniendo competencia territorial en el Estado de Nuevo León". Entonces, ese reglamento prevé que las Juntas Especiales tendrán jurisdicción territorial en el Estado, según lo expuesto en la ley de la materia, a propósito de la competencia por fuero.

A continuación, el Tribunal Colegiado argumentó:

"Cabe precisar que la jurisdicción territorial es la que la Junta ejerce por razón de territorio, tomando en consideración diversos elementos que pueden ser: el lugar donde se encuentran domiciliadas las partes, donde se halla la cosa en litigio o donde debe cumplirse con la obligación materia del juicio; en consecuencia, dentro de ella la autoridad actúa válidamente de acuerdo a su competencia, sin que resulte necesario que actúe por conducto de autoridad diversa, de lo que se concluye, entonces, que la expresión ‘fuera del lugar del juicio’ a que se refiere el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, debe entenderse como fuera de la jurisdicción territorial del tribunal que conoce del asunto y ordena el desahogo de la prueba; por lo que se entiende que la jurisprudencia antes transcrita establezca que, en ese caso, la prueba deba desahogarse mediante exhorto, lógicamente porque la autoridad que conoce del juicio no puede actuar fuera de su circunscripción territorial.

"Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis IV.2o.T.61 L, de este tribunal, publicada en la página 1772, Tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

"‘DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. LAS PARTES PUEDEN SEÑALARLO EN UN MUNICIPIO CONURBADO A LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, AUN CUANDO NO SEA EL DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA, PERO DENTRO DE SU JURISDICCIÓN. De conformidad con los artículos 739 de la Ley Federal del Trabajo y 2o. del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en relación con los decretos del Ejecutivo Estatal publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, y treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, resulta legal el señalamiento del domicilio convencional de las partes para oír y recibir notificaciones, cuando se realiza dentro de algún Municipio integrante de la zona conurbada (a excepción de Guadalupe y San Nicolás de los Garza, cuya competencia está reservada a las Juntas Especiales Once y Doce), no obstante que en éste no se encuentre físicamente la Junta Local, ya que los Municipios que integran la zona conurbada forman un solo centro de población; además de que por lugar de residencia debe entenderse aquel en donde el tribunal ejerce jurisdicción territorial, de tal manera que si las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje ejercen jurisdicción en el Estado de Nuevo León (con excepción de aquellos Municipios cuya competencia se delimitó a las Juntas Especiales Ocho, Nueve, Once y Doce, respecto de las cuales se modificó su competencia territorial, según los acuerdos del Poder Ejecutivo, publicados en el Periódico Oficial del Estado el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro), debe concluirse que las Juntas Especiales pueden actuar válidamente dentro de un Municipio conurbado al de Monterrey, aun cuando no sea el domicilio o residencia de la Junta Local, pues dicha interpretación es acorde con los principios de economía procesal, concentración e inmediatez, ya que las Juntas Especiales pueden actuar válidamente en los Municipios que integran la zona conurbada -a excepción de Guadalupe y San Nicolás de los Garza- y las partes pueden designar como domicilio el de su lugar de residencia, con el consiguiente contacto directo entre la autoridad jurisdiccional y las partes.’

"Sin que sea obstáculo el que la tesis anterior establezca como excepción los Municipios de Guadalupe y San Nicolás de los Garza, por considerar que su competencia está reservada a las Juntas Especiales Once y Doce; en razón de que, según se dijo, a partir del uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dichas Juntas cambiaron su lugar de residencia al Municipio de Monterrey y se les otorgó competencia territorial en todo el Estado.

"En consecuencia, la admisión de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, sin que se hubiese exhibido ningún interrogatorio, resulta legal, porque la citación de los testigos en el Municipio de Escobedo, Nuevo León, y el desahogo de la prueba, se realizó dentro del Municipio integrante de la zona conurbada, al en que reside la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues si ésta posee jurisdicción territorial en el Estado, puede actuar válidamente dentro de un Municipio conurbado al de Monterrey, como es aquél."

Cabe precisar que en los amparos directos 146/2005, 836/2005, 966/2005 y 747/2007 este órgano colegiado sostuvo idénticos razonamientos, por lo que resulta innecesario hacer una reseña o transcripción de éstos.

Únicamente vale la pena mencionar que en los amparos directos 146/2005, 836/2005 y 966/2005, lo que reclamó el quejoso es que la prueba testimonial indebidamente se declaró desierta, porque la autoridad responsable estimó que los testigos radicaban fuera del lugar de residencia de la Junta. En esos casos, el Tribunal Colegiado concedió al peticionario de garantías la protección constitucional, para el efecto de que se dejara insubsistente el laudo reclamado y se repusiera el procedimiento. Esto último, con el fin de que quedara sin efectos el apercibimiento impuesto al admitir la testimonial a cargo de ciertos atestes (cuyo domicilio no estaba en Monterrey, Nuevo León, pero sí en diversos Municipios de esta entidad federativa), así como el proveído por el cual se declaró desierta la prueba; asimismo, se ordenó a la Junta que analizara si era suficiente la causa de imposibilidad para presentar a los testigos manifestada por el oferente, con el fin de determinar si era necesario citarlos.

2. Amparo directo 251/2004

En este asunto, la parte quejosa (quien a su vez fue la demandada en el juicio laboral) impugnó el laudo emitido por la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, al considerar que fue ilegal la notificación por estrados del auto que citó para la audiencia de ley, porque se debió efectuar en el domicilio donde fueron emplazadas las quejosas. En este sentido, se adujo que la autoridad responsable debió explicar cómo interpretó el término "lugar de residencia de la Junta", contenido en el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo, que invocó en el auto de admisión de la demanda,(4) proveído donde se apercibió a las peticionarias de garantías que si no señalaban un domicilio en el lugar de residencia de la Junta, las posteriores notificaciones se efectuarían por estrados.

El Tribunal Colegiado señaló que el concepto de violación era infundado, porque la Junta responsable sí fundó el auto admisorio de treinta de octubre de dos mil tres, puesto que invocó el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo. Además, no se requería de mayor motivación adicional para formular el apercibimiento contenido en ese precepto, ya que la ley es la que prevé esa circunstancia. Entonces, el acto procesal no fue emitido por la Junta motu proprio, sino por ministerio de ley.

Adicionalmente, era innecesario que la autoridad responsable o la ley definieran qué se debe entender por "lugar de residencia del tribunal", puesto que a partir de las manifestaciones de la quejosa, se advierte que ésta conocía plenamente el significado de esa expresión, que se traduce en la obligación de señalar domicilio procesal dentro del Municipio de Monterrey (donde reside la Junta) o, en su defecto, en algún Municipio conurbado.

Esto es así, porque de acuerdo con el artículo 2o. del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, la autoridad responsable tenía jurisdicción en toda la entidad federativa. A continuación, se afirmó:

"Así, a partir de esta última fecha, las Juntas Especiales ejercen jurisdicción en todo el Estado de manera indistinta; salvo la jurisdicción reservada a las Juntas Especiales Ocho y Nueve, pero ello no significa que pueda señalarse domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte de la propia entidad federativa, pues el artículo 739 lo circunscribe al lugar de residencia de la Junta que es en la ciudad de Monterrey, o en su zona conurbada, lo que es así, en razón del decreto por el que se declara la existencia de esa zona, que se integra por los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Garza García, Santa Catarina y General Escobedo, todos del Estado de Nuevo León, publicado el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, en el Periódico Oficial del Estado, cuyos tres artículos dicen: ..."

Luego, el Tribunal Colegiado concluyó que la autoridad responsable tiene jurisdicción en el Estado de Nuevo León, sin embargo, no es cierto que debió ordenar que la notificación del auto por el cual se citó a la audiencia de ley se debía practicar en el domicilio señalado en autos por la parte actora en el juicio laboral (donde se emplazó a la demandada), porque en términos de lo dispuesto en los artículos 739 y 741,(5) de la Ley Federal del Trabajo, las partes deben señalar, en su primera comparecencia, un domicilio en el lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones. Consecuentemente, dado que la quejosa no designó casa o local para recibir notificaciones, éstas se debían practicar por boletín o por estrados, como correctamente lo hizo la Junta responsable.

3. Amparo directo 574/2004

Finalmente, este juicio de amparo se promovió en contra de un laudo emitido por la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, donde se absolvió al patrón demandado del pago de las prestaciones reclamadas por los actores, en atención a que éstos no justificaron las acciones intentadas.

El Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja deficiente, consideró que se debía conceder la protección constitucional a los trabajadores quejosos, porque en su contra se cometieron dos violaciones procesales.

La primera, consistió en que indebidamente se apercibió a los quejosos (apercibimiento que a la postre se hizo efectivo) para que proporcionaran el domicilio correcto de uno de los codemandados. De lo contrario, se archivaría el expediente como asunto concluido en relación con ese codemandado.

No obstante, la Ley Federal del Trabajo no establece como requisito para resolver sobre la admisión de la demanda laboral, que se analice si el domicilio proporcionado por el actor en su demanda fue correcto, como se desprende de los artículos 685, 871, 872 y 852 de la ley de la materia. Por el contrario, de acuerdo con estos preceptos, en el primer auto que se dicte deberán indicarse los defectos u omisiones del escrito de demanda. Además, la autoridad jurisdiccional debe emplear los medios legales a su alcance para emplazar a la parte demandada.

La segunda violación a las leyes del procedimiento advertida por el Tribunal Colegiado consistió en que la Junta responsable, al momento de proveer acerca de la admisión y desechamiento de las pruebas de las partes, dictó un auto donde sólo se plasmaron tres firmas, en vez de las cuatro que por ley debían figurar en ese acuerdo, puesto que el artículo 839 de la Ley Federal del Trabajo ordena que las resoluciones de las Juntas deben ser firmadas por los tres integrantes del órgano colegiado y por el secretario de Acuerdos. Esta circunstancia conduce a concluir que la Junta responsable no actuó debidamente integrada, lo cual implica una violación a las reglas del procedimiento, que afectó las defensas de la parte quejosa.

CUARTO. Enseguida se sintetiza la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con motivo de la resolución del amparo directo 750/2007.

Este amparo se promovió para impugnar un laudo donde la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León determinó que la parte actora no probó su acción. Ésta había reclamado un despido injustificado en el juicio laboral.

Entre otras cuestiones, en el amparo directo el trabajador planteó que la Junta responsable, de manera indebida, declaró desierta la prueba testimonial. Aduce, en este sentido, que los testigos manifestaron al quejoso que sólo comparecerían a declarar si eran citados en el procedimiento laboral. Por tanto, esta circunstancia debió analizarse de buena fe y determinar que era imposible para el actor presentarlos directamente, por lo que la Junta debió emitir un citatorio dirigido a ellos.

No obstante, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito calificó este concepto de violación como infundado, por considerar que esa prueba ni siquiera se debió admitir, ya que los testigos radicaban fuera del domicilio de la Junta. De esta manera, si el oferente omitió cumplir con el requisito consistente en acompañar el interrogatorio y sus copias para la formulación de repreguntas, entonces incumplió con la formalidad prevista en el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en términos de lo establecido en el mismo precepto, se debió desechar la prueba.

Se afirma que los testigos tenían su domicilio fuera del lugar de la residencia de la Junta, puesto que aquéllos radicaban en Apodaca, Nuevo León, mientras que ésta tiene su asiento en Monterrey, Nuevo León. A continuación, se argumentó:

"En ese orden de ideas, la autoridad laboral debió desechar la probanza, porque de los autos que integran el expediente se desprende que el oferente no exhibió el interrogatorio ni las copias del mismo, requisito que exige el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, pues no obstante que la testimonial ofrecida se propuso a cargo de unas personas que radicaban fuera del lugar de residencia del tribunal (Monterrey), pues los domicilios se ubicaban en Apodaca, Nuevo León, evidentemente, esto daba lugar al desechamiento de la prueba, conforme lo dispone expresamente el numeral en cita, en congruencia con lo señalado en el artículo 780 de la propia Ley Federal del Trabajo, en torno a que las pruebas deben ofrecerse acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo, en virtud de que ésta debió desahogarse por exhorto, y de acuerdo con el precepto 817 del citado ordenamiento, las copias del interrogatorio eran necesarias para el desahogo de la probanza, ya que la Junta estaba obligada a proveer dentro del término de setenta y dos horas, como lo dispone el artículo 758 del código laboral, al señalar que: ‘... Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753, se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes ...’; el interrogatorio y las copias del mismo, eran necesarias para que las demás partes pudieran, dentro del término de tres días, presentar su pliego de repreguntas en sobre cerrado.

"Entonces, la falta de exhibición del interrogatorio y sus copias que eran necesarias para que las partes pudiesen formular sus repreguntas, daba lugar al desechamiento de la probanza, conforme a lo expresamente dispuesto en el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, y en virtud del término de setenta y dos horas establecido en el artículo 758 de la propia ley, al que debe sujetarse la Junta para proveer el exhorto, pues no contó con los elementos necesarios para su desahogo."

Para fundar su determinación, el órgano colegiado invocó la jurisprudencia 2a./J. 62/95, de rubro: "TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. PROCEDE LA DESERCIÓN DE LA PRUEBA, SI EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS SE UBICA FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA Y EL OFERENTE NO ACOMPAÑA EL INTERROGATORIO POR ESCRITO."

QUINTO. Ahora, es necesario determinar si existe la contradicción denunciada.

En la especie, se advierte que no existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver, el primero, los amparos directos 251/2004 y 574/2004; y el segundo, el amparo directo 750/2007.

Por un lado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito resolvió un amparo donde la parte quejosa señaló, como concepto de violación, que la Junta responsable declaró desierta, indebidamente, la prueba testimonial que ofreció. Esto es así, debido a que se debió analizar que la parte oferente manifestó que los testigos indicaron que comparecerían al desahogo de la prueba sólo si eran citados por la autoridad jurisdiccional.

El Tribunal Colegiado resolvió que los argumentos de la peticionaria de garantías eran infundados, porque la prueba testimonial ni siquiera debió ser admitida. Para llegar a esta conclusión, analizó el artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, así como la jurisprudencia 2a./J. 62/95, e indicó que cuando los testigos radicaran fuera del lugar de residencia de la Junta (como ocurría en la especie, porque aquéllos tenían su domicilio en Apodaca, mientras que ésta tenía su asiento en Monterrey), el oferente de la prueba debía acompañarla con el interrogatorio respectivo. Al no hacerlo así, lo procedente era desechar la prueba.

En cambio, en el amparo directo 251/2004, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, las peticionarias de garantías reclamaron que en el auto admisorio la Junta responsable debió precisar qué entendía por "lugar de residencia del tribunal", expresión contenida en el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo. Además, consideraron que se les notificó indebidamente por estrados el auto donde se citó a la audiencia de ley, ya que esa notificación se debió realizar en el domicilio donde fueron emplazadas.

No obstante, el Tribunal Colegiado calificó ese concepto de violación como infundado, pues el auto a que se refieren las quejosas sí estaba debidamente fundado (porque se apoyó en lo dispuesto en el artículo 739 de la ley de la materia). Aunado a ello, analizó el mencionado precepto, así como el artículo 741 del mismo ordenamiento, y resolvió que fue correcta la notificación por estrados reclamada. Esto, en virtud de que aun cuando la Junta tiene jurisdicción en todo el Estado de Nuevo León, lo cierto es que las peticionarias de garantías no señalaron domicilio para ser notificadas.

De los anteriores razonamientos se advierte que no hay contradicción de criterios, porque los órganos colegiados no abordaron el mismo problema jurídico, puesto que en el amparo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito se analizó lo relativo a la prueba testimonial, cuando el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, a la luz del artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo y de la jurisprudencia 2a./J. 62/95. En cambio, en el asunto del índice del Segundo Tribunal Colegiado, especializado en la misma materia y correspondiente al mismo circuito, se analizó la forma en que se deben notificar las determinaciones de las Juntas Especiales, tomando en cuenta lo dispuesto en los artículos 739 y 741 de la ley de la materia.

No pasa inadvertido a esta Segunda Sala que en esa ejecutoria se construyó una argumentación para afirmar que las Juntas tienen jurisdicción en todo el Estado de Nuevo León. Sin embargo, ello no implica que se deba considerar que los Tribunales Colegiados estudiaron el mismo problema jurídico, puesto que la litis en el amparo directo 251/2004 no versó sobre el alcance del artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo.

En otro orden de ideas, tampoco hay contradicción de tesis entre el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de la materia y circuito ya mencionados, en el amparo directo 574/2004, y la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en el amparo directo 750/2007.

Es decir, los órganos colegiados no examinaron los mismos elementos, lo que condujo a que no se abordaran los mismos puntos jurídicos.

En el amparo directo 750/2007, como ya se dijo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito señaló que la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa debió desecharse, porque no se acompañó del interrogatorio que exige la ley en los casos en que el testigo radique fuera del lugar de residencia de la Junta. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 574/2004, determinó suplir la queja deficiente en favor de los quejosos, puesto que advertía que se habían cometido dos violaciones a las leyes del procedimiento en perjuicio de aquéllos. Por un lado, porque indebidamente se desechó la demanda respecto de un codemandado, en atención a que la parte actora no proporcionó su domicilio. Por el otro lado, porque el auto donde se admitieron y desecharon las pruebas no estaba firmado por todos los integrantes de la Junta responsable.

De esta manera, tampoco se puede aseverar que los órganos colegiados hubieran estudiado el mismo punto de derecho, pues la interpretación y aplicación del artículo 813, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, nada tiene que ver con las violaciones a las leyes del procedimiento reseñadas anteriormente.

Así pues, en atención a estos razonamientos no existe contradicción entre los criterios emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en los amparos directos 251/2004 y 574/2004 y la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito, al pronunciarse respecto del amparo directo 750/2007.

SEXTO. En cambio, sí existe cont

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21704-b1513c8e/testimonial-en-el-juicio-laboral-debe-estarse-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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