Corpus
Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. A FIN DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE EN PRIMER ORDEN Y PREPONDERANTEMENTE, SI SE TRATA DE UN VICIO DE FONDO, PARA LO CUAL NO DEBEN CONSIDERARSE LOS EFECTOS QUE LA SALA IMPRIMA A SU SENTENCIA, SINO EXCLUSIVAMENTE A LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES DE FONDO, O EN SU CASO DE FORMA. REVISIÓN FISCAL. A FIN DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA, POR CUANTO AL REQUISITO DE QUE EN LA SENTENCIA RECURRIDA EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, DEBE CONSIDERARSE QUE SE PRODUCE CUANDO SE DETERMINA EN TAL FALLO EL DERECHO AL ACREDITAMIENTO DE UN TRIBUTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2017. · Registro digital (IUS): 27850
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-05-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Pág. 2022.

REVISIÓN FISCAL. A FIN DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE EN PRIMER ORDEN Y PREPONDERANTEMENTE, SI SE TRATA DE UN VICIO DE FONDO, PARA LO CUAL NO DEBEN CONSIDERARSE LOS EFECTOS QUE LA SALA IMPRIMA A SU SENTENCIA, SINO EXCLUSIVAMENTE A LA EXISTENCIA DE VIOLACIONES DE FONDO, O EN SU CASO DE FORMA.

REVISIÓN FISCAL. A FIN DE DETERMINAR SU PROCEDENCIA, POR CUANTO AL REQUISITO DE QUE EN LA SENTENCIA RECURRIDA EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, DEBE CONSIDERARSE QUE SE PRODUCE CUANDO SE DETERMINA EN TAL FALLO EL DERECHO AL ACREDITAMIENTO DE UN TRIBUTO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, FILEMÓN HARO SOLÍS, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, MARCOS GARCÍA JOSÉ Y ÓSCAR NARANJO AHUMADA. DISIDENTE: JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: RENÉ OLVERA GAMBOA. SECRETARIO: RICARDO MANUEL GÓMEZ NÚÑEZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente al once de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS los autos para resolver de la contradicción de tesis 16/2017.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio 4150/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, signado por la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hizo del conocimiento la denuncia del Pleno de ese tribunal de la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por dicho tribunal al resolver la revisión fiscal 26/2017 y lo sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar la revisión fiscal 13/2017.

SEGUNDO.—En proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en atención al oficio 4150/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, admitió la denuncia de la posible contradicción de tesis, ordenó formar el expediente 16/2017, solicitó al presidente del mencionado Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera copia certificada de la revisión fiscal 13/2017 (foja 73 del toca de contradicción).

Seguido el trámite, en términos de lo dispuesto en el artículo 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se turnaron los autos de la contradicción respectiva, al Magistrado René Olvera Gamboa, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente (foja 185 ídem.).

En sesión extraordinaria de veintitrés de octubre del año en curso, se discutió el asunto y se determinó su aplazamiento a efecto de recabar copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de nulidad que fuera materia de la revisión fiscal 26/2017, analizada por el Séptimo Tribunal Colegiado contendiente.

Una vez que se obtuvo tal constancia, se integró al expediente de contradicción de tesis y se devolvieron los autos al Magistrado ponente.

CONSIDERANDO:

I. Competencia de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Este Pleno es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 9 del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, con su última modificación efectuada mediante acuerdo 52/2015 de quince de diciembre del año en cita, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

II. Legitimación de la parte denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue realizada por los integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

III. Criterios contendientes. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por mayoría de votos, al resolver la revisión fiscal 13/2017, determinó que es procedente el recurso de revisión fiscal, por existir un pronunciamiento de fondo, al declararse un derecho para la parte actora y la exigencia de una obligación para la autoridad demandada, en razón de que en la sentencia recurrida, se estableció el derecho al acreditamiento del impuesto trasladado a las erogaciones relacionadas con la actividad llevada a cabo por el actor; por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por mayoría de votos, al resolver la revisión fiscal 26/2017, declaró improcedente el recurso al considerar que en la sentencia recurrida no se resolvió una situación de fondo, dado que no se determinó si procedía o no la devolución del impuesto al valor agregado, con base en que la naturaleza y el objeto de la actora permitan realizar la mecánica de causación prevista en la ley, sino que, únicamente, se determinó por la Sala, que la autoridad fiscal no analizó la documentación proporcionada por la actora al momento de la vista, como son papeles de trabajo, facturas y notas de crédito, así como contratos de obra pública.

IV. Tema de contradicción. Consiste en determinar si es procedente o no el recurso de revisión fiscal, cuando la Sala regional resuelve sobre la ilegalidad de la negativa de devolución del impuesto al valor agregado.

V. Determinación de los Tribunales Federales. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 13/2017, en el tema de contradicción, declaró procedente el recurso, al considerar:

"Esta revisión fiscal es procedente conforme al artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la cuantía establecida en la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad que es la materia de controversia asciende a la cantidad de **********, que es superior a la cantidad de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica, correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la sentencia, que fue dictada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, momento en el cual el salario mínimo general, vigente en dicha zona era de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional), que multiplicados por tres mil quinientos dan la cantidad de $255,640.00 (doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), lo que revela que la cantidad, cuya devolución se solicita como saldo a favor que es la controvertida en la sentencia recurrida es de cuantía superior a la establecida en la precitada porción normativa.

"Además, aunado a lo anterior la procedencia para la resolución del presente asunto, se actualiza porque en la sentencia recurrida, en uno de los aspectos de la decisión, existe un pronunciamiento de fondo al declararse un derecho para el organismo actor sobre los hechos discutidos que sirvieron de fundamento para la emisión del acto impugnado, lo que hace vez actualiza (sic) la exigencia de una obligación para la autoridad demandada.

"Se explica en la sentencia recurrida, se estableció a favor de la actora el derecho al acreditamiento del impuesto trasladado a las erogaciones relacionadas con la actividad que lleva a cabo, lo que implica para la autoridad la exigencia de la obligación de considerarlo de esa manera –foja 587 del expediente de origen–.

"Esa cuestión se estima que corresponde a un pronunciamiento de fondo, porque la nulidad decretada deviene a un vicio material, vinculado con los hechos y el derecho que sirvieron de fundamento para la emisión del acto impugnado, porque la autoridad hacendaria para negar la devolución del saldo a favor del impuesto solicitado por el organismo contribuyente, partió de la base de que no tenía derecho a la acreditación de ese propio impuesto; sin embargo, la Sala al resolver esa cuestión lo estimó incorrecto y sostuvo que sí tenía derecho al acreditamiento del impuesto al cien por ciento.

"En este sentido, para la procedencia de este recurso, es que se considera que en ese tema existe una decisión de fondo, incluso de manera frontal sobre ello versan los agravios que la recurrente ahora propone.

"No obstante, aun cuando se declaró la nulidad de la resolución impugnada; la propia recurrida no decidió otro aspecto que también formó parte de la impugnación, a saber, no tuvo elementos para determinar el derecho subjetivo de la actora a la devolución de la cantidad reclamada, saldo como favor del impuesto al valor agregado correspondiente a marzo de dos mil catorce; y, en ese tenor, la declaración de nulidad fue para que la hacendaria, resolviera sobre el numerario solicitado en devolución.

"En este sentido, lo anterior constituye otra cuestión de fondo que no quedó decidida en la sentencia, la cual no puede ser motivo de estudio en este recurso al estar sub júdice a la decisión de la autoridad hacendaria y, en ese tópico no se actualiza la excepcionabilidad para procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, razón por la que algunos de los agravios que dirigieran a combatir ese aspecto no pueden ser motivo de estudio por no estar resuelto el punto de fondo de esa temática.

"La procedencia del presente recurso al haberse establecido en la sentencia un derecho a favor de la actora del juicio natural y la exigencia de la obligación para la autoridad demandada a reconocerlo, en uno de los aspectos de controversia, encuentra sustento en las consideraciones establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2015, al emitir la sentencia de rubro siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE ESE RECURSO CONTRA SENTENCIAS QUE, POR VIRTUD DE UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD POR ASPECTOS FORMALES, ORDENEN LA DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS AFECTAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA CON EMBARGO.’

"En este sentido, deben atenderse los agravios relativos al fondo de la cuestión decidida, relacionados con el reconocimiento del derecho al organismo actor en el acreditamiento al cien por ciento del impuesto al valor agregado, trasladado en las erogaciones relacionadas con las actividades gravadas que lleva a cabo; y, en todo caso, serán inoperantes aquellos en lo que pretenda impugnar la falta de decisión del derecho a la devolución por la cantidad reclamada, que es la otra cuestión pendiente de resolver por no tener la Sala elementos para hacerlo.

"Ilustra a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia de rubro siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. CUANDO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR VICIOS DE FONDO Y DE FORMA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO COMPETENTE SÓLO DEBE ESTUDIAR LOS AGRAVIOS VINCULADOS CON EL FONDO Y DECLARAR INOPERANTES LOS QUE ATAÑEN A LA FORMA.’."

Luego en el fondo, el referido Tribunal Colegiado, determinó:

"SEXTO.—Análisis de los agravios propuestos.

"Una parte del agravio primero es fundado y suficiente para revocar el fallo; razón por la cual otros de los argumentos y el agravio segundo son inatendibles al existir un impedimento técnico para su estudio, conforme los efectos determinados en esta ejecutoria.

"Los motivos de agravio que la autoridad recurrente expresa, se analizarán en un orden diverso al propuesto y algunos de ellos en conjunto por argumentarse semejantes disidencias en cuanto a los temas controvertidos.

"En efecto, para clarificar la atención que se dará a los argumentos expuestos por la recurrente, se establecen las premisas torales en las que consisten los temas que en cada uno de ellos se aborda; a saber:

"1. Omisión de la Sala de pronunciarse sobre un argumento defensivo que la autoridad demandada, hizo valer al contestar la demanda y la evidencia de su trascendencia en el sentido de la sentencia recurrida –agravio primero–.

"2. Impedimento técnico para pronunciarse respecto de los argumentos del agravio segundo, porque el tema de la naturaleza de los ingresos de suministro de agua está vinculado con la omisión de la Sala en el estudio del argumento defensivo de la demandada, precisamente, de la facultad para prestar el suministro en comento, lo cual está sujeto a decisión al tenor de la revocación de la sentencia revisada.

"3. La previsión que la ley contempla de que, para la acreditación del impuesto que pretende el contribuyente, deben identificarse cada uno de los gastos que generaron el impuesto al valor agregado pero sobre la base de que son indispensables para cumplir con las actividades que realiza el contribuyente y, por las que debe pagar el impuesto establecido por la ley o le es aplicable la tasa del cero por ciento –agravio primero–.

"4. Impedimento técnico para pronunciarse respecto de otros argumentos –agravio primero– al referirse a temas de fondo que conllevan el análisis de medios de convicción, cuyo estudio le corresponde abordar a la Sala recurrida al tenor de los efectos establecidos en la revocación.

"Enseguida, se atiende el tema de agravio propuesto en la primera premisa; a saber, omisión de la Sala de pronunciarse sobre un argumento defensivo que la autoridad demandada hizo valer al contestar la demanda.

"En una parte del agravio primero –fojas 4 vuelta a 12 del recurso que nos ocupa y lo reitera en las fojas 19 y 20 vuelta– en esencia, la inconforme sostiene que la Sala violó el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque omitió analizar algunos argumentos defensivos que le hizo valer al contestar la demanda, referentes a que, para que la actora estuviera facultada para proporcionar el ‘suministro de agua’ estaba condicionadas a que previamente existiera la celebración de los convenios con las autoridades competentes –porque tal actividad solo le corresponde desarrollarla a los Municipios–, ello conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco –lo reitera en las fojas 12 vuelta, 15 vuelta ibídem–.

"Sostiene que el actor incumplió con su carga probatoria, porque omitió demostrar tal cuestión y si, el organismo actuante es autoridad, entonces, sólo puede hacer lo que la ley le permite, por lo que, debió evidenciar que estaba facultada para otorgar el ‘suministro de agua’.

"Explica que si el contribuyente no demostró tener facultad para llevar a cabo esa actividad, incluso desde la instancia ante la autoridad hacendaria; entonces, no puede solicitar la devolución derivada del impuesto acreditable correspondiente por la misma, por ello, la recurrente se inconforma con la decisión de la Sala al considerar que podía acreditar el cien por ciento del impuesto.

"Expone que, si la omitió analizar, ese punto controvertido, su decisión no está ajustada a derecho al partir de la base de que, el organismo actor tiene como actividad precisamente la de suministro de agua, drenaje, alcantarillado de tratamiento y disposición de aguas residuales en el Estado de Jalisco, porque si esta cuestión no fue atendida conforme a la defensa que expuso; entonces no se actualiza el derecho para acreditar el impuesto al valor agregado por esa actividad.

"Tocante al tema transcribe diversos preceptos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco, relativos a la actividad que desarrolla el organismo actor el que considera como rector en materia hidráulica, frente a la facultad del Municipio para proporcionar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales –fojas 8 a 10 ibídem– e insiste en los convenios que el Municipio puede celebrar para que el organismo actor preste el servicio en sustitución de aquél –fojas 10 vuelta a 12 ibídem–.

"Lo anterior es fundado y suficiente para revocar, en esa parte, la sentencia recurrida.

"En efecto, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la parte que aquí nos interesa, establece lo siguiente:

"(Transcribe)

"En cumplimiento al contenido del numeral precitado, la Sala, al emitir la sentencia, tiene la obligación de analizar, integralmente y en forma completa la controversia planteada; esto es, debe atender los conceptos de anulación expresados por la actora, los argumentos y defensas opuestas por la autoridad demandada; así como las pruebas aportadas por ambas; todo ello en relación con la resolución impugnada.

"En el caso y en lo que aquí interesa, se advierte que al contestar la demanda, particularmente en la foja 332 glosada al expediente de nulidad, la autoridad demandada argumentó que, en términos del artículo 39 de la Ley de Aguas para el Estado de Jalisco, para que el organismo actor estuviera facultado para el ‘suministro de agua’ previamente, debería existir la celebración de convenios con las autoridades correspondientes, lo que no quedó demostrado por parte del actuante a quien le correspondió la carga probatoria para evidenciarlo. Por ello, desde la resolución impugnada la autoridad hacendaria expuso que el organismo actor no contaba con facultades para suministrar agua.

"De lo antes reseñado, se advierte que la autoridad demandada, al contestar expresó razonamientos para sostener que el organismo demandado no está facultado para prestar el servicio de ‘suministro de agua’ al no haber demostrado la celebración de los convenios con las autoridades correspondientes.

"Sin embargo, la Sala al resolver, nada dijo en relación a esos motivos defensivos, sino que se ocupó de los motivos de anulación –fojas 581 y 582 vuelta ibídem–, analizó los artículos 21, segundo párrafo, 23, fracciones XIII, XIX, XXV, XXVI, XXXI, XXXVI y LIV; 37, 39, 47 y 53 de la Ley de Aguas para el Estado de Jalisco, relativos a las atribuciones de la comisión actora y la prestación de los servicios que realiza.

"Con base en ese análisis, la Sala determinó que el actor tiene como objeto o actividad primordial, la del suministro de agua, de drenaje, alcantarillado, de tratamiento y disposición de aguas residuales en el Estado de Jalisco, esto a través de diversos mecanismos, como el de la construcción de obras hidráulicas y la prestación de los servicios correspondientes.

"Como puede observarse, la Sala determinó que el organismo actor tiene como objeto o actividad primordial, entre otras, la del suministro de agua; sin embargo, como lo afirma la recurrente en su agravio, llegó a esa conclusión sin haber analizado el argumento de defensa con el que la autoridad pretendía demostrar que no está facultada para desarrollar esa actividad y como consecuencia, la misma no puede considerarse para la acreditación del impuesto que pretende le sea devuelto.

"De lo expuesto, se advierte que la Sala recurrida no fue exhaustiva en la sentencia reclamada, pues omitió pronunciarse del aspecto, vertido en la contestación a la demanda que en los párrafos anteriores se explicó, por lo que vulneró en perjuicio de la recurrente los principios de exhaustividad y congruencia de la sentencia contenidos en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; lo cual incide en que el fallo, no se encuentre debidamente fundado y motivado en perjuicio de la disconforme, en contravención a lo dispuesto en el numeral 16 constitucional pues, evidentemente, al soslayar el estudio del tema vertido en la contestación, ello incidió, en la integración de la controversia a resolver, porque llegó a la decisión de considerar la actualización de una actividad del contribuyente, sin analizar los argumentos que frontalmente combatieron ese tema.

"En este sentido, si la Sala omitió analizar el tema controvertido que consiste, precisamente, en la actividad de ‘suministro de agua’; entonces, es inexacto lo establecido en la sentencia al determinar que la comisión actuante tiene como objeto o actividad primordial, entre otras, la del suministro de agua y estimarla como sujeta del impuesto al valor agregado, obligada al pago, su traslado, retención y acreditamiento, en relación con las propias actividades que realiza, diversas a las de pagos de derechos o aprovechamientos, ello por estar identificadas las actividades gravadas a la tasa del 16% o 0%, que consisten en ‘consumo de agua’, ‘rehabilitación de pozo profundo’ y ‘cambio de equipo de bombeo’ –foja 583 del expediente de origen–.

"De igual manera, también es inexacta la otra parte de la decisión establecida en la sentencia, en la que se consideró al organismo actor legitimado para llevar a cabo el acreditamiento del impuesto al 100% –foja 585 vuelta ibídem– y también se tuvo a tal actividad como uno de los valores de actos y actividades que lleva a cabo de donde deriva el acreditamiento del impuesto al valor agregado –fojas 585 vuelta y 587 segundo párrafo ibídem–; ello sobre la base de estar legitimada para efectuar el acreditamiento del impuesto; pero se insiste, sin estar resuelta la litis relativa a la actividad de ‘suministro de agua’, lo que desde ahí torna inadecuada esa decisión porque se basa en una actividad que aún está sujeta a estudio.

"Así las cosas, tales conclusiones son inexactas porque la actividad relativa al suministro de agua aún no está decidida por lo que no puede ser considerada como sujeta del impuesto al valor agregado, obligada al pago, su traslado, retención y acreditamiento al cien por ciento, hasta que, conforme a la litis propuesta por las partes se analice la defensa referente a la facultad del organismo para desarrollarla, por lo que en relación con esa actividad la sentencia que se revisa y las determinaciones relativas precitadas, deben quedar insubsistentes.

"En este sentido, al actualizarse la omisión destacada resulta necesario que la Sala resuelva, exhaustivamente, la litis, por lo que se revoca la sentencia recurrida para que aborde los argumentos respectivos y resuelva como en derecho corresponda.

"Al caso, resulta aplicable por las razones que la contienen la jurisprudencia «VII.1o.A. J/36» que establece lo siguiente:

"‘SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).’ (se transcribe). El destacado es de este órgano.

"Igualmente, para sustentar el punto concreto resuelto, resultan aplicables los criterios «VII.1o.A. J/40 y VIII.1o.A. J/31» siguientes:

"‘SENTENCIA DE NULIDAD. SI LA SALA FISCAL AL EMITIRLA OMITE ANALIZAR LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA AUTORIDAD EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).’ (se transcribe)

"‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe)

"Análisis de la segunda premisa.

"En otro aspecto, en el agravio segundo –fojas 21 a 26 ibídem– la autoridad recurrente, refiere que los ingresos recibidos por suministrar agua son contribuciones en su carácter de derechos, temática que la disidente controvierte junto con que la comisión presta ese servicio, aunado al de alcantarillado y saneamiento, los que dice, no están afectos al pago del impuesto al valor agregado y por ellos no puede acreditar el tributo.

"Como puede observarse en el agravio anterior, la recurrente cuestiona los ingresos recibidos por la actividad del suministro de agua en el sentido de que son contribuciones en su carácter de derechos, aunados al de alcantarillado y saneamiento para evidenciar que no están afectos al pago del impuesto al valor agregado y, por ellos no puede acreditar el tributo.

"Sin embargo, por ahora, no es posible analizar la disidencia anterior, pues existe un impedimento jurídico para hacer por estar íntimamente vinculada con lo que deberá decidirse por la resolutora una vez que valore y analice el planteamiento que la demandada que hizo valer en la contestación en relación con la actividad del suministro de agua, pues lo que ahora se propone está subordinado al resultado de aquel análisis al referirse a la naturaleza de los ingresos recibidos por esa misma actividad, junto con el de alcantarillado y saneamiento, pues sólo una vez decidido aquel tema, podrá determinarse si son o no afectos al pago del impuesto al valor agregado y si acreditan o no, el tributo.

"Análisis de la tercer premisa, referida a la exigencia legal de que la comisión actora identifique cada uno de los gastos que generaron el impuesto al valor agregado, acreditables como indispensables para cumplir con las actividades que realiza por la que esté obligada al pago del impuesto establecido en la ley o le sea aplicable la tasa del 0%.

"La recurrente, en otra parte del agravio primero –foja 8 ibídem–, impugna la decisión de la Sala al resolver como innecesaria la falta de identificación de cada gasto que generó el impuesto al valor agregado, porque sostiene la inconforme que contrario a ello, sí deben identificarse para la procedencia del acreditamiento en términos de los artículos 3o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

"Al respecto sostiene que, aun cuando se hubieran identificado los gastos indispensables para cumplir con sus actividades, tampoco le correspondería acreditarlos al 100%, porque al obtener ingresos por actividades, gravadas o por las que se aplique la tasa 0%, la totalidad de ellas debe considerarse en el cálculo del factor de prorrateo previsto en el artículo 5o., fracción V, inciso c), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado –lo reitera en las fojas 16 y 17 ibídem–.

"Sostiene que la comisión actora sólo puede acreditar el impuesto al valor agregado trasladado en las erogaciones que se identifiquen con las actividades por las que este obligada al pago del impuesto establecido en la ley o que se le aplique la tasa del 0% –foja 12 ibídem–.

"Manifiesta que lo anterior implica que la actora sólo puede realizar el acreditamiento de los gastos por los que les pagó a sus proveedores la tasa del 16% o del 0%, siempre y cuando identifique que sean exclusivos para sus actividades, lo que no se demostró, a pesar de que el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que para el acreditamiento se deben cumplir con los requisitos previstos en la ley, los cuales están previstos en el artículo 5o. de la misma normativa.

"Aduce que la actora recibió ingresos en el periodo de marzo de dos mil catorce, como son las aportaciones realizadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comisión Nacional del Agua; Organismos de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Tesorería de la Federación y el Municipio de **********, los cuales no son objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque realizó actividades relacionadas con su función de órgano rector –lo reitera a foja 16 ibídem–, a saber: Difusión de programas gubernamentales, subsidio, pago de derechos de descarga de aguas residuales de **********, recursos federales, pago de derechos de aguas nacionales multianual, operación y mantenimiento de aguas residuales, aportación municipal para la obra y derechos de aprovechamiento de aguas nacionales correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012.

"En este contexto, la recurrente sostiene que es ilegal la decisión de la Sala al considerar que todas las actividades son objeto del impuesto al valor agregado y que la actora no está obligada a cumplir con los requisitos del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque está legitimada para efectuar el acreditamiento, porque, afirma, esto no la exime de que deba cumplir con los requisitos previstos en la ley –foja 13 ibídem–.

"Así sostiene, que es requisito identificar la indispensabilidad de los gastos erogados para cumplir con la actividad por la que obtiene ingresos gravados tal como lo contempla la ley, lo que la actora no demostró documental ni materialmente, lo que advirtió la propia Sala resolutora al no poder constatar fehacientemente la cantidad que solicitó en devolución.

"Explica la mecánica del tributo respecto a la acreditación del impuesto al tenor del artículo 5o. de la precitada ley y sostiene que, conforme a la carga probatoria que le corresponde al organismo actor, no identificó documentalmente que efectuó los gastos para sus actividades gravadas, lo que hizo legal el rechazo de la devolución solicitada –fojas 14 y 15 ibídem–.

"Expone que la solicitud de devolución no actualiza un derecho a favor del contribuyente, sino que ella, está supeditada a la verificación de la autoridad fiscal, mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación, por lo que considera errónea la decisión de la Sala al considerar que se negó la devolución, por ser la actora un ente público o que sus recursos provienen de la federación, Estado y/o Municipios, porque la razón consistió en que no identificaron los egresos que hubieran sido indispensables

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27850-2d5c4233/revision-fiscal-a-fin-de-determinar-su-procedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.