Corpus
Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL PREVIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/2018. · Registro digital (IUS): 28075
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-09-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, SEGUNDO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA A
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Pág. 1072.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 132/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, SEGUNDO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 9 DE AGOSTO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

TERCERO.—Aspectos procesales. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios.(7)

CUARTO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello.(8)

QUINTO.—Existencia de la contradicción. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de 30 de abril de 2009, la contradicción de tesis 36/2007-PL, no es necesario satisfacer los requisitos establecidos en la diversa jurisprudencia número P./J. 26/2001,(9) pues dicho precedente se interrumpió con motivo de lo resuelto por el Pleno en la indicada sesión.

Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

Por ello, ahora debe tomarse en consideración que la divergencia de criterios existe cuando los tribunales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodeen no sean iguales.

Así, para comprobar la existencia de la contradicción de tesis, es indispensable determinar si existe necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en el producto del mismo. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.

Las anteriores consideraciones se fundamentan en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(10) que está encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Segunda Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.

Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que los ejercicios interpretativos realizados por Tribunales Colegiados contendientes fueron los siguientes:

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito

El referido tribunal, al resolver la revisión fiscal **********, en sesión de 4 de octubre de 2001, por unanimidad de votos, sostuvo el criterio relativo a que el mencionado recurso resultaba improcedente, debiendo desecharse, en razón de que la sentencia contra la cual se interpuso constituye cosa juzgada, pues no fue emitida con libertad de jurisdicción por parte de la Sala fiscal, sino en atención a los lineamientos dictados por ese mismo tribunal, al resolver la diversa revisión fiscal **********(11) y el amparo directo **********.

Así, si en la revisión fiscal **********, se impugnaba lo relacionado con la multa impuesta a la quejosa, lo cual habría sido motivo de análisis, por ende, constituye cosa juzgada, al haberse declarado en la diversa revisión fiscal **********, infundados e inoperantes los agravios que al respecto se hicieron valer, por lo que no podrían ser motivo de estudio.

De esa forma, precisó que debía desecharse el recurso de revisión fiscal, sin que obstara el acuerdo de admisión de la presidencia de ese tribunal, dado que es un proveído de los previstos en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que no causa estado y no obliga al pleno de ese tribunal.

El criterio reseñado se reiteró por el aludido Tribunal Colegiado, al resolver las revisiones fiscales **********, **********, ********** y **********, en sesiones de 19 de mayo, 2, 9 y 16 de junio de 2016, respectivamente, precedentes que originaron la jurisprudencia VI.3o.A. J/8 (10a.).(12)

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito

En similar sentido al previamente sintetizado, el Tribunal Colegiado mencionado, al fallar a la revisión fiscal **********, en sesión de 2 de junio de 2016, por unanimidad de votos, sustentó el criterio referente a que dicho recurso era improcedente, pues no se satisfizo el requisito de importancia y trascendencia, previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (otorgamiento de pensión y su cálculo), ya que la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada en cumplimiento de una sentencia de amparo.

Por ello, la cuestión decidida en la sentencia que se pretendió recurrir a través del recurso de revisión fiscal, ya había sido examinada por ese tribunal, por lo que no era susceptible de revisión posterior, al actualizarse la figura jurídica de cosa juzgada. En apoyo a esta consideración citó las jurisprudencias P./J. 85/2008(13) y 2a./J. 150/2010.(14)

En consecuencia, consideró innecesario pronunciarse sobre los restantes y diversos supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal establecido en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que procedió a desechar el recurso por improcedente. En apoyo a esta determinación citó la jurisprudencia I.7o.A. J/3 (10a.).(15)

Así, con fundamento en el artículo 53, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declaró firme la sentencia recurrida. Precisando que no era obstáculo que el presidente de ese tribunal hubiera admitido el recurso de revisión fiscal, toda vez que el pleno del mismo lo puede declarar improcedente al analizar los requisitos de importancia y trascendencia, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 252/2007.(16)

Idéntico criterio se sustentó por el Tribunal Colegiado mencionado al fallar las revisiones fiscales **********, **********, ********** y **********, en sesiones de 2, 9, 16 y 30 de junio de 2016, asuntos que conformaron la jurisprudencia VI.2o.A. J/2 (10a.).(17)

Criterio del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 21/2016

El mencionado órgano jurisdiccional al dilucidar la referida divergencia de opiniones entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero, Séptimo y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de 27 de septiembre de 2016, por unanimidad de votos, sostuvo el criterio referente a que de acuerdo con el artículo 104, fracción III, de la Constitución, era claro que únicamente para el trámite de las revisiones fiscales se deben seguir las reglas que fija la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, pero ello no implicaba que dicha legislación fuera aplicable respecto a los restantes aspectos, tal y como se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 6/91.(18)

Así, contra las resoluciones que se dicten en revisión fiscal no procede juicio o recurso alguno, por lo que las consideraciones adoptadas en tales fallos sobre legalidad y en estricto alcance de un análisis de esa naturaleza, constituyen cosa juzgada.

Por otra parte, señaló que respecto a la sentencia que dicte en cumplimiento el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o el Tribunal de lo Contencioso de la Ciudad de México, en el caso de la revisión fiscal o de la revisión contenciosa administrativa, la Segunda Sala de la Suprema Corte, ya determinó que los trámites que señala la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, de ninguna forma autoriza que para lograr su debido cumplimiento, se deban agotar los recursos que establece la misma, tal y como lo sostuvo en la jurisprudencia 2a./J. 24/2002.(19)

En esa tesitura, concluyó que, los Tribunales Colegiados de Circuito serán competentes para conocer de los referidos recursos de revisión, sin que resultara trascendente el hecho de que la sentencia recurrida fuera dictada en cumplimiento de una sentencia de amparo o de una ejecutoria emitida en un recurso de revisión fiscal o contencioso administrativo.

Así, precisó que la legislación secundaria establece cuáles son los casos en los que procede el recurso de revisión, esto es, el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o el artículo 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de los cuales se advierte que los supuestos de procedencia atienden, fundamentalmente, a la naturaleza del asunto, la cuantía, importancia y trascendencia, y afectación al interés fiscal, entre otros.

Sin embargo, de la legislación secundaria citada, no se aprecia que se prevea supuesto alguno de improcedencia, sino para que el citado recurso proceda es necesario que se sitúe en alguno de los siguientes supuestos:

I. Cuantía;

II. Importancia y trascendencia, con independencia de la cuantía;

III. Autoridad demandada; y,

IV. Naturaleza u origen de la resolución que haya sido materia de examen en la resolución impugnada o sentencia definitiva.

De lo expuesto, advirtió que la intención del legislador ordinario fue dotar a dicho medio de defensa de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia. De ahí que no exista disposición normativa en la legislación secundaria que lo establece, que autorice al órgano jurisdiccional a crear un supuesto de improcedencia del recurso.

Por ello, el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida por un tribunal de lo contencioso administrativo, dictada en cumplimiento de una ejecutoria anterior, ya sea en amparo o en revisión fiscal, debe declararse procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, fracción III, de la Constitución, siempre y cuando se cumplan los supuestos de procedencia establecidos por el legislador ordinario.

Así, no es dable realizar el estudio relativo a si los argumentos de la autoridad recurrente atacan o no, cuestiones que quedaron firmes con la ejecutoria dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, al momento de determinar la procedencia del recurso, en virtud de que la calificación de la viabilidad de los razonamientos formulados, corresponde al estudio del fondo del asunto.

Considerar lo contrario, atentaría contra toda técnica jurídica, ya que el referido examen debe realizarse en el fondo del asunto, pues es ahí en donde se analizará la inoperancia de tales argumentos por actualizarse la cosa juzgada, y no en el capítulo de procedencia del recurso. Al respecto, citó la jurisprudencia 2a./J. 37/2014 (10a.).(20)

En consecuencia, el Pleno de Circuito mencionado emitió la jurisprudencia PC.I.A. J/87 A (10a.).(21)

Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito

El mencionado órgano jurisdiccional, al resolver la revisión fiscal **********, en sesión de 15 de octubre de 2017, por unanimidad de votos, emitió el criterio relativo a que era innecesario analizar las consideraciones de la sentencia recurrida, dado que resultaba improcedente el recurso, en virtud de que conforme al artículo 104, fracción III, de la Constitución, a la jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.)(22) y al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la razón para considerar que un determinado asunto satisface los requisitos de procedencia, es que la legalidad de dicha decisión será materia de un pronunciamiento de fondo por parte del Tribunal Colegiado.

Lo anterior, lo reforzó tomando en consideración, por ejemplo, que en los supuestos en que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reconozcan la validez de la resolución impugnada, sería improcedente el recurso de revisión fiscal, al margen de que se ubique en alguno de los supuestos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque en tal hipótesis el Tribunal Colegiado no estaría en posibilidad de analizar la legalidad de tal determinación, porque la resolución que reconoce la validez del acto impugnado no es contraria a los intereses de la autoridad, pues la creación de dicho medio recursivo radica en que se revise la legalidad de las determinaciones del mencionado tribunal, por lo que si ello no acontece, no se justifica el carácter excepcional de ese medio de defensa ni su importancia y trascendencia. Al respecto citó la jurisprudencia 2a./J. 161/2011 (9a.).(23)

Las anteriores consideraciones las aplicó al caso para concluir que el recurso de revisión era improcedente, porque al margen de que se ubique en uno de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de que en la sentencia recurrida exista un pronunciamiento de fondo, lo cierto es que no es factible analizar dicha sentencia, porque se dictó en cumplimiento a una ejecutoria emitida por ese Tribunal Colegiado, en la que no se otorgó plena jurisdicción a la Sala administrativa, ya que constituye cosa juzgada que no puede ser discutida, como lo pretendió la autoridad recurrente.

Señaló que asumir la postura contraria, implicaría atentar contra la naturaleza jurídica y contra la institución de cosa juzgada, lo que redundaría en desconocer la naturaleza y finalidad del recurso de revisión fiscal, esto es, su carácter excepcional, toda vez que la determinación recurrida ya no amerita una revisión posterior, al actualizarse la mencionada institución de cosa juzgada. En apoyo a tal determinación citó las jurisprudencias VI.2o.A. J/2 (10a.) y VI.3o.A. J/8 (10a.), antes mencionadas.

Como puede advertirse, los tribunales contendientes analizaron una misma hipótesis jurídica y finalmente discrepan sobre si el recurso de revisión fiscal –o los de naturaleza análoga establecidos en las leyes de las entidades federativas– procede contra una sentencia dictada por un tribunal administrativo –Federal o local– en cumplimiento de una ejecutoria emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito en la cual no se otorgó plenitud de jurisdicción, dado que se trata de cosa juzgada.

En ese contexto, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica de los gobernados en la interpretación del referido precepto en la porción normativa señalada, se torna imperativo para esta Segunda Sala resolver la divergencia de criterios sostenidos por los tribunales contendientes a pesar de las peculiaridades interpretativas que sostuvieron cada uno de ellos.

Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. A partir de lo anterior, es posible concluir que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, puede dar lugar a la formulación de la siguiente pregunta:

¿El recurso de revisión fiscal es procedente contra una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en cumplimiento a una ejecutoria emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito en un diverso recurso de revisión fiscal en cuya ejecutoria no se otorgó plenitud de jurisdicción a dicho tribunal, dado que se trata de cosa juzgada?

SEXTO.—Criterio que debe prevalecer como jurisprudencia. Consideraciones de esta ejecutoria. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, lo sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

La respuesta a la interrogante planteada es en sentido positivo en razón de las siguientes consideraciones.

Para arribar a la anterior conclusión, conviene traer a colación las consideraciones que esta Segunda Sala sostuvo al emitir la jurisprudencia 2a./J. 7/2009,(24) en la que sostuvo, en esencia, que para determinar al órgano competente para conocer del recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, interpuesto contra una sentencia dictada en cumplimiento de una revisión fiscal anterior, por razones de conexidad y jerarquía debe atenderse a la regla contenida en el artículo 249 del citado código –tratándose de juicios de nulidad cuya demanda se haya presentado durante la vigencia de ese ordenamiento, el cual será aplicable por disposición expresa del artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo–, o en el artículo 64 de esta última, en caso de que la demanda del juicio de nulidad se haya presentado a partir del 1 de enero de 2006, fecha en que entró en vigor.

Además, esos preceptos se considerarán por encima de cualquier otra norma, como los acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el órgano jurisdiccional federal que conoció, discutió y resolvió el primer recurso es el indicado para conocer de los ulteriores que se hagan valer contra resoluciones emitidas en cumplimiento a dicha ejecutoria, por existir una norma legal específica que así lo indica y dada la vinculación que esos recursos guardan entre sí.

Más adelante, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 17/2009,(25) esta Segunda Sala resolvió, en síntesis, que la intención del legislador al establecer en el artículo 249 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, que un mismo Tribunal Colegiado de Circuito debe conocer y resolver el amparo y el recurso de revisión fiscal que se interpongan contra una misma resolución, fue evitar que 2 litigios relacionados sean resueltos en forma separada a través de sentencias diversas, que pueden resultar contradictorias.

Por identidad de razón, cuando se interpone un recurso de revisión fiscal contra la resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria emitida en un diverso recurso de revisión fiscal, sin prejuzgar sobre la procedencia o no del recurso intentado, el órgano jurisdiccional federal que resolvió el primer recurso debe conocer de los ulteriores que se hagan valer contra las resoluciones emitidas en cumplimiento a dicha ejecutoria, dada la vinculación que guardan tales asuntos.

En ese contexto, de la interpretación literal, armónica y sistemática de los artículos 104, fracción III,(26) de la Constitución y 63(27) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se advierte ninguna causal de improcedencia del recurso de revisión fiscal, por el contrario, la regla general que se colige es que dicho medio de impugnación es procedente siempre y cuando se actualice alguno de los diversos supuestos que contempla el precepto de la citada legislación secundaria. Esta primera conclusión resulta relevante en la medida en que es acorde con la interpretación que al respecto ha sostenido esta Segunda Sala.

En efecto, esta Segunda Sala al emitir la jurisprudencia 2a./J. 6/91,(28) sostuvo que el amparo directo y la revisión fiscal de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo.

De esa forma, atendiendo precisamente a la naturaleza del recurso de revisión fiscal, cuyo carácter selectivo y restrictivo ha reconocido esta Suprema Corte, su procedencia se encuentra delimitada taxativamente por los supuestos previstos en el artículo 64 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que atendiendo al principio pro actione, como se dijo, no existen propiamente causas de improcedencia de dicho recurso. Al respecto es aplicable la tesis aislada 1a. CCXCI/2014 (10a.).(29)

No obstante la primera conclusión alcanzada, también cabe señalar una segunda, consistente en que este Tribunal Constitucional en ejercicio de su facultad exclusiva y terminal de intérprete máximo del texto constitucional, ha establecido pretorialmente diversos supuestos en los que el recurso de revisión fiscal resulta improcedente en atención a la naturaleza de las resoluciones que se pretenden combatir a través de dicho medio de impugnación.

Ciertamente, por ejemplo, conforme a las jurisprudencias 2a./J. 220/2007,(30) 2a./J. 150/2010,(31) 2a./J. 88/2011,(32) 2a./J. 118/2012 (10a.),(33) 2a./J. 171/2013 (10a.)(34) y 2a./J. 67/2015 (10a.),(35) esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que para que proceda el recurso de revisión fiscal no basta que el asunto encuadre en alguna de las hipótesis del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que es indispensable que, en cualquier materia, la sentencia recurrida sea de importancia y trascendencia, esto es, que contenga una decisión de fondo que implique la declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación, lo que debe entenderse como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que hubiere dado lugar a la resolución impugnada, y no de violaciones de forma que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia de la obligación impuesta en dicha resolución.

En este tenor, esta Segunda Sala ha concluido que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra sentencias en las que, como mera consecuencia de la declaración de nulidad por un vicio formal –ya sea en el procedimiento o en la resolución impugnada–, se ordene la devolución de mercancías afectas en el procedimiento administrativo en materia aduanera con embargo, porque ese pronunciamiento no se basa en un estudio de fondo ni constituye la declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación, sino que redunda en situaciones fácticas que, en todo caso, son consecuencia de la determinación de nulidad respectiva y no propiamente materia de estudio del fondo del asunto. Estas consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 58/2016 (10a.).(36)

Sin embargo, en la especie no es factible crear alguna hipótesis de improcedencia del recurso de revisión fiscal en atención a las siguientes consideraciones:

En principio, debe precisarse que los casos en que esta Segunda Sala emitió jurisprudencia por la cual se crearon causales de improcedencia del recurso de revisión fiscal, en atención a la naturaleza de las sentencias que se pretendieron combatir mediante ese medio de defensa, se advierte que declararon la nulidad por aspectos formales (falta de fundamentación, caducidad, omisión de formalidades en la notificación), mas no por cuestiones de fondo o materiales.

En el presente caso, la divergencia de criterios que se examina gira en torno a determinar si es procedente o no el recurso de revisión fiscal contra las sentencias dictadas por un tribunal administrativo en cumplimiento a una ejecutoria emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito que no le dejó plenitud de jurisdicción para resolver, por considerar que existe cosa juzgada al respecto.

Por tanto, en razón de que la figura jurídica de cosa juzgada implica que se verifique si existe o no un pronunciamiento previo de fondo del asunto que procesalmente impide que se vuelva a dilucidar jurisdiccionalmente, resulta palmario que no se trata de una cuestión formal, por lo que no es factible crear ex professo ninguna causal de improcedencia del recurso de revisión fiscal. Al respecto son aplicables las jurisprudencias P./J. 85/2008(37) y P./J. 86/2008.(38)

Lo anterior se corrobora con la primera conclusión a la que se arribó previamente, en el sentido de que conforme a la interpretación literal, armónica y sistemática de los artículos 104, fracción III, de la Constitución y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se advierte alguna causal de improcedencia del recurso de revisión fiscal, por el contrario, la regla general que se colige es que dicho medio de impugnación es procedente siempre y cuando se actualice alguno de los diversos supuestos que contempla el precepto de la citada legislación secundaria. Interpretación que resulta apegada a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución.

Por otra parte, como esta Segunda Sala lo sostuvo al emitir la jurisprudencia 2a./J. 6/91, la similitud entre el recurso de revisión fiscal y el juicio de amparo lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del ahora artículo 189 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el nuevo artículo 93, fracción V, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la sala responsable, deben devolverse los autos a la sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable.

Lo expuesto, porque si bien el actual texto del artículo 104 constitucional, fracción III, dispone que las revisiones contra resoluciones de Tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, "se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...", ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas.

En ese contexto, como lo estimó esta Segunda Sala al emitir la jurisprudencia 2a./J. 24/2002,(39) las revisiones fiscales únicamente se sujetarán a los trámites que señale la Ley de Amparo para la revisión en amparo indirecto, pero ello en forma alguna autoriza que para lograr el debido cumplimiento de las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en dichas revisiones fiscales, se deban agotar los recursos que establece la citada Ley de Amparo, ello tomando en consideración, por una parte, que éstos son procedentes sólo en los juicios de amparo, mas no en las revisiones fiscales que son un medio de control de legalidad y, por otra parte, que no existe disposición legal que establezca tal extremo, por el contrario, la Carta Magna dispone que sólo su trámite se debe seguir en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo para las revisiones en amparo indirecto, por tanto, contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que cumplan deficientemente o incumplan lo resuelto por el Tribunal Colegiado, se debe interponer nueva revisión fiscal.

En consecuencia, si no proceden los recursos establecidos en la Ley de Amparo para verificar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un recurso de revisión fiscal, por la cual se revocó la sentencia que se impugnó por ese medio de defensa, sin que se haya otorgado plenitud de jurisdicción al tribunal administrativo responsable, la lógica del diseño del recurso de revisión fiscal implica que sea procedente contra la sentencia dictada en cumplimiento, siempre y cuando se actualice alguno de los supuestos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Lo anterior es así, pues, en tal caso, el recurso de revisión fiscal resulta ser la única vía para determinar si efectivamente se encuentra cumplida la ejecutoria de mérito, con lo que en modo alguno se atenta contra la institución de cosa juzgada, ya que no se analiza nuevamente el pronunciamiento de fondo previo, sino si dicho tribunal administrativo responsable cumplió o no con lo que se le ordenó por el Tribunal Colegiado de Circuito.

A la misma conclusión se arriba por lo que se refiere a la sentencia dictada por un tribunal administrativo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la medida en que la materia de estudio en el recurso de revisión fiscal versará sobre si dicha sentencia efectivamente acató o no –en el fondo– los lineamientos dados por el Tribunal Colegiado correspondiente. A diferencia de lo que ocurre con el recurso de inconformidad previsto en el a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28075-419e86c7/revision-fiscal-dicho-recurso-procede-contra-la-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.