RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARAN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), RECAÍDA A UNA SOLICITUD DE INCREMENTO DE LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, POR NO HABER ACREDITADO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE DE MANERA CORRECTA Y CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AL CONSTITUIR VICIOS FORMALES (APLICACIÓN DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 168/2021. SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 3 DE MARZO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALBERTO EMILIO CARMONA. SECRETARIO: JUAN CARLOS NAVA GARNICA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Procedencia. Resulta innecesario analizar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, así como los conceptos de agravio que se dirigen en su contra, en razón de que este Tribunal Colegiado observa que este medio de impugnación es improcedente.
No obstante que conforme al artículo 63, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé la procedencia de la revisión fiscal en contra de las resoluciones relacionadas con pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, en el caso concreto, la sentencia controvertida versa sobre un aspecto relacionado con una pensión por jubilación otorgada por la Delegación Estatal en Guanajuato de ese instituto, lo trascendente es que en la sentencia recurrida la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada motivada en que la autoridad demandada no demostró que hubiere realizado los incrementos pensionarios de manera correcta; de ahí que la nulidad recurrida no puede estimarse con carácter de fondo, sino de forma.
Se explica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 256/2010 –de la que derivó la tesis 2a./J. 150/2010, publicada en la página 694, Tomo XXXII, diciembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 163273, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."–, interpretó el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a propósito de determinar la procedencia del recurso de revisión fiscal.
De la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia se desprenden las reflexiones siguientes:
a) La intención del legislador fue dotar al citado medio de impugnación de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándolo únicamente a los casos en que por su cuantía o debido a la importancia y trascendencia del tema a revisar, ameritaran la apertura de una instancia adicional;
b) Si el recurso de revisión fue creado por el legislador con la intención de que su procedencia operara sólo en casos excepcionales, debe tildarse de improcedente cuando la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa advierta la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado, debido a que en ese supuesto el pronunciamiento no implica la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve el fondo de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que la determinación se limita al análisis de la posible carencia de las formalidades elementales que debe satisfacer todo acto o procedimiento administrativo; y,
c) El estudio de tales aspectos debe confiarse plenamente al citado órgano de jurisdicción ordinaria, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo redundaría en lo ya resuelto.
Con base en ello, la Segunda Sala del Alto Tribunal concluyó que se reserva a los tribunales federales el conocimiento de aquellos asuntos en que la importancia y trascendencia de lo ahí resuelto tenga un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, conforme al catálogo detallado en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Precisó además, que si bien es cierto que el mencionado precepto, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distingue en cuanto a si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto o si basta con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación, también lo es que en este último supuesto no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación.
Esa postura argumentativa fue reiterada por la propia Segunda Sala al resolver la diversa contradicción de tesis 136/2011 –que originó la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, consultable en la página 383 del Tomo XXXIV, agosto de 2011, registro digital: 161191, de la recién citada Época y medio de difusión oficial, intitulada: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)."–, en la que sostuvo, además, que aquella tesis 2a./J. 150/2010 sustentó un precedente general de improcedencia del recurso de revisión fiscal aplicable a todos los casos en que se recurra una sentencia de la Sala fiscal que declare la nulidad del acto impugnado por vicios formales, como lo es la indebida o insuficiente fundamentación de la competencia material de la autoridad que la emitió, al margen de la materia de que trate la resolución controvertida.
Los criterios a que se ha hecho mención hacen patente el carácter restrictivo del recurso de revisión fiscal, pues éste sólo procede en casos excepcionales y, en esa medida, no basta que en la sentencia materia de la revisión se haya analizado una resolución emitida por alguna de las autoridades indicadas en el citado artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ni que verse sobre los temas descritos en el propio precepto sino, además, es menester que el fallo haya resuelto el fondo del asunto.
Bajo esas premisas, se concluye que resulta improcedente el recurso de revisión fiscal cuando la nulidad se haya decretado por vicios de forma, pues ello no revela en modo alguno la excepcionalidad que debe imperar a fin de que los agravios sean estudiados por el órgano revisor, en virtud de que la actualización de aquellas deficiencias formales no implica la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una obligación, pues en esos casos la Sala no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio, esto es, no emite una resolución de fondo.
Caso concreto.
En el caso analizado ********** obtuvo su concesión de pensión por jubilación de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, con fecha de inicio a partir del treinta y uno de mayo de dos mil tres y con una cuota diaria inicial de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional).
Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno solicitó al jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente:
• Que verificara el incremento correcto a su cuota de pensión y aplicara los porcentajes de incremento que más le beneficiaran y que, por tanto, se le pagaran las diferencias que llegaren a resultar.
En respuesta a esa solicitud, el dos de marzo de dos mil veintiuno la autoridad demandada, mediante oficio **********, dio contestación en el sentido siguiente:
"Con fundamento en lo establecido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vengo a dar contestación a su petición formulada por escrito, en el que en su parte medular solicita:
"La que suscribe C. ********** con R.F.C. ********** y número de pensión **********. Solicitud de incrementos.
"‘Artículo 17.’ Se transcribe
"Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado informo a usted los incrementos que ha tenido su pensión los últimos cinco años.
"‘Artículo 248.’ Se transcribe
Ver incrementos
"Tal y como puede usted observar el incremento que se otorgó en el presente año fue de ********** %.
"Por lo anteriormente expuesto y fundado, la presente respuesta se encuentra emitida de conformidad con las disposiciones legales aplicables al caso concreto y cuenta con todos los elementos para determinar que los incrementos otorgados a su pensión son correctos."
Inconforme con la respuesta otorgada, la pensionada promovió juicio de nulidad en el que la autoridad demandada sostuvo la legalidad del acto al considerar que ha incrementado su pensión de conformidad con la legislación vigente en el momento en el que el actor adquirió su pensión. Por lo anterior informó en el propio libelo defensivo los porcentajes aplicados a su pensión los cuales, indicó, se encuentran en la página oficial del instituto https://issstenet.issste.gob.mx. Con base en lo anterior indicó, es evidente que ha cumplido con las obligaciones que le son propias en materia de incrementos de pensión, por lo que no se ha causado perjuicio alguno a sus derechos pensionarios. Además, debe considerarse que si derivado de lo anterior la actora insiste en el hecho de que no se han aplicado los incrementos más benéficos, pero no acredita que existan mayores porcentajes y que, por ende, los aplicados son incorrectos, entonces no cumple con la carga probatoria que le corresponde.
Al resolver el juicio de nulidad la Sala Regional consideró que de la revisión realizada a la resolución impugnada no se advierte que la autoridad demandada procediera a realizar el correcto cálculo de los incrementos de la cuota diaria de pensión otorgada al actor conforme a la ley que le corresponde, pues es omisa en precisar dicha cuota diaria desde que adquirió el derecho a los incrementos correspondientes, a efecto de proceder a verificar los aumentos aplicados, refiriendo cada uno de los elementos tomados en consideración para dichos efectos, lo que en la especie no sucedió.
Además, señaló que no pasa desapercibido que la autoridad demandada en la resolución impugnada realiza una tabla en la que señala el año, la pensión pagada, el porcentaje de aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el porcentaje de aumento de la plaza y el porcentaje otorgado por dicho instituto; no obstante, dicha tabla únicamente señala los aumentos obtenidos en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, por lo que la autoridad demandada se encontraba obligada a precisar los incrementos de la cuota diaria desde que adquirió el derecho correspondiente; lo anterior en virtud de que con independencia de que los posibles incrementos que se adeudaran con anterioridad a los cinco años previos a la presentación de la solicitud que dio origen a la resolución impugnada se encuentran prescritos, ello no ocurre respecto al derecho del correcto cálculo de dichos incrementos de la cuota diaria pensionaria, por así disponerlo el numeral 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente, por lo que la autoridad demandada debió acreditar el debido cálculo de los incrementos de la pensión –en términos de la legislación aplicable– desde que adquirió el derecho a los incrementos correspondientes.
Agregó que no pasa inadvertido el hecho de que la demandada al momento de dar contestación a la demanda pretende subsanar las deficiencias de la resolución impugnada, señalando que los porcentajes de aumento aplicados a su pensión se encuentran en la página oficial del instituto, pues lo cierto es que del contenido de la resolución impugnada se advierte que esos hechos no fueron señalados, incluso, no se indicó de dónde obtuvo dicha información; de ahí que no puedan servir para sostener la validez de la resolución impugnada.
En otro orden de ideas, indicó que resulta fundado el agravio en donde precisa que la autoridad deberá cubrirle las diferencias que en su caso llegaran a existir a su favor por el indebido incremento de su cuota pensionaria debidamente actualizadas, esto es, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues el mencionado instituto deberá entregar al pensionando las diferencias que en su caso se llegaran a generar por el indebido incremento de su respectiva pensión, pues lo cierto es que con la omisión de incrementar legalmente sus cuotas diarias de pensión se afectó la economía del demandante; razón por la cual, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá entregar las diferencias que en su caso resulten, debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En ese sentido, precisó que en el caso de que existan diferencias a favor del pensionado la autoridad deberá cubrirlas debidamente actualizadas, pues la inobservancia de la ley por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado conlleva que el pensionado no pudo disponer de las cantidades respectivas en el momento en el cual legalmente tuvo derecho a ello y conforme a la realidad económica existente, por tanto, al haber sido modificada dicha realidad, las cantidades adeudadas deberán ser actualizadas en favor del pensionado; ello con la finalidad de que éste no sufra un menoscabo mayor en su esfera jurídico-económica.
En consecuencia, la resolutora determinó que se actualiza la causal de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la autoridad demandada no acreditó en el juicio el correcto cálculo del incremento de la cuota diaria de pensión del actor desde que adquirió el derecho a los incrementos correspondientes, por tanto, resultaba evidente que la fundamentación y motivación sustentada por la enjuiciada en la resolución controvertida había quedado desvirtuada, por lo que procedía declarar su nulidad.
Efectos de la nulidad. En mérito de la declaratoria de nulidad decretada, la Sala precisó que su efecto era para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:
• Dentro del término de cuatro meses, a partir de que el fallo quedara firme, procediera a la correcta determinación y cálculo de los incrementos de la cuota diaria de pensión de la actora (en los términos de la legislación vigente en que adquirió el derecho a la pensión), considerando los incrementos sufridos por la misma desde que adquirió el derecho a los incrementos correspondientes, y en caso de existir diferencias a favor del actor, realizara su pago debidamente actualizado.
En el entendido de que, agregó, debía indicar de manera clara y precisa los elementos que tomó en cuenta para la determinación de su cálculo y el procedimiento de éste, precisando cada anualidad sobre la que realizara el mismo; asimismo, debería adjuntar la concesión de pensión del actor.
Como se observa, de la sentencia recurrida no existe por parte de la Sala administrativa un pronunciamiento de fondo, sino de forma, aspecto que torna improcedente el presente recurso, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 118/2012 (10a.), antes transcrita.
Como se observa, dicha sentencia no entraña una decisión de fondo que implique la declaración de un derecho o la inexigibilidad de una obligación, lo que debe entenderse como el estudio del contenido material de los hechos o del derecho que hubiere dado lugar a la resolución impugnada y no de violaciones de forma que no repercutan directamente en la existencia o inexistencia de la obligación impuesta en dicha resolución.
Ello porque tal como se advierte, la Sala no hizo pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de los incrementos demandados por la actora, sino que la nulidad del oficio impugnado se hizo depender de que de ese documento no se desprende que se haya hecho el correcto y completo cálculo de tales incrementos conforme a la legislación aplicable, pero sin especificar los términos en que esa cuantificación debía realizarse.
Decisión.
Consecuentemente, dicho pronunciamiento se traduce en un vicio de forma que evidencia la improcedencia del presente recurso de revisión fiscal y, por ende, queda firme la sentencia impugnada.
En términos similares resolvió este Tribunal Colegiado de Circuito el recurso de revisión fiscal 78/2021, en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 104, fracción III, de la Constitución Federal, 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 38, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.—Es improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Guanajuato de dicho instituto; en consecuencia, queda firme la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio contencioso administrativo**********, promovido por **********.
Notifíquese por conducto de la autoridad recurrida. Anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente y con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el toca formado el que con apoyo en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del veintiséis de ese mes y año, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo.
Así, por unanimidad de votos y sin discusión lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ariel Alberto Rojas Caballero, Jorge Humberto Benítez Pimienta y Alberto Emilio Carmona, siendo presidente el primero y ponente el tercero de los nombrados, quienes conforme a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman con el secretario de Acuerdos Saúl Silvestre Ángel Godínez, que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en el artículo 62 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La parte conducente de las ejecutorias relativas a las contradicciones de tesis 256/2010, 136/2011 y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 118/2012 (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXXII, diciembre de 2010, página 695 y XXXIV, agosto de 2011, página 384 y Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, página 1487, con números de registro digital: 22541, 23047 y 2002195, respectivamente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31327-2c059976/recurso-de-revision-fiscal-es-improcedente-contra-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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