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Modo: Corpus Pro

JUBILACIONES Y PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LA CUOTA RELATIVA, OPERA RESPECTO DE LAS QUE CORRESPONDEN A PERIODOS ANTERIORES A CINCO AÑOS A LA FECHA EN QUE SE SOLICITÓ LA RECTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 89/2016. · Registro digital (IUS): 26474
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-08-12
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Pág. 2316.

AMPARO DIRECTO 89/2016. 28 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS NAVA GARNICA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Estudio. Los conceptos de violación esgrimidos son en una parte inoperantes y, en otra más, infundados.

I. Imprescriptibilidad de las diferencias pensionarias.

Es inoperante parte del concepto de violación 1, en donde el quejoso arguye que la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*).", en que se apoyó la Sala responsable, no es aplicable al caso, en virtud de que alude a "pensiones caídas", y no se está en ese supuesto, ya que el pago a que tiene derecho es por concepto de diferencias pensionarias.

Además de que la Sala, al invocar la aludida tesis 2a. CIV/2015 (10a.), vulneró el principio de irretroactividad instituido en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Se afirma la inoperancia de esos motivos de disenso, en virtud de que el impetrante parte de una premisa falsa cual es (sic) que la Sala, al analizar el tema de prescripción, para apoyar su determinación citó la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), lo que es incorrecto, dado que de la lectura de la sentencia reclamada (folios 413 a 423), no se advierte que la Sala la hubiera invocado.

En otra parte del indicado motivo de disenso 1, expone el solicitante del amparo que la autoridad responsable vulneró sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, al declarar improcedente la imprescriptibilidad del pago retroactivo de las diferencias pensionarias que resulten del cálculo de la cuota diaria de pensión, limitando el pago retroactivo a los cinco años anteriores a la solicitud de rectificación, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Que si el derecho a la jubilación y la correcta integración de la pensión es imprescriptible, también lo es el derecho para reclamar las diferencias generadas por ese motivo, de conformidad con el principio jurídico que establece: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal".

Expone que la previsión contenida en el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con la prescripción de cualquier prestación en dinero a cargo del instituto en el término de cinco años, debe entenderse como aquellas distintas a las relacionadas con el derecho a la jubilación y a la pensión.

No asiste razón jurídica al quejoso.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1952/2015, expuso que en la contradicción de tesis 170/2009 -que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, invocada por el quejoso en la demanda de amparo-, estableció que el derecho a reclamar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es imprescriptible, como también lo es el propio derecho a la jubilación y a la pensión.

Asimismo, resolvió que la referida prescripción se rige por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y no por la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, acotó, es pertinente aclarar que ello no implica que la acción para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias no prescriba después de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 248 de la ley vigente).

Esto se corrobora, destacó, con el último párrafo de las consideraciones que sustentan la resolución emitida en la contradicción de tesis 170/2009. Dicho párrafo dice:

"En corolario, la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y de las jubilaciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se rige por la ley del indicado instituto y es imprescriptible porque el derecho de exigencia comienza día con día mientras no se otorguen esas diferencias y se entregue el monto correcto de la pensión actualizada."

Ahí, precisó, se esclarece que el derecho de exigencia de las diferencias comienza día con día, mientras no se otorguen. Tal exigencia se refiere al reclamo genérico de los incrementos y de las correspondientes diferencias, dado que no puede estimarse consentida la omisión de pago de las diferencias, al no haber demandado el incremento y el pago de ellas desde la primera ocasión en que el monto de la cuota pensionaria no corresponde al pretendido por el pensionado.

Sin embargo, acotó, tal pronunciamiento excluye a los montos de dichas diferencias ya vencidos, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles. Por ende, esas cantidades, determinadas y exigibles en una fecha cierta, sí están sujetas a prescripción, y no están incluidas en el criterio de la Segunda Sala que establece que el derecho genérico a reclamar las diferencias en el pago de las cuotas pensionarias no está sujeto a prescripción.

En otras palabras, dijo, aunque esté prescrita la acción para reclamar ciertas y determinadas diferencias, por no haberse ejercido tal derecho en los cinco años que prevé la ley a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles, ello no implica que se considere prescrito el derecho que tiene el pensionado para demandar que se le paguen las demás diferencias (no prescritas) que se le deben cubrir por ajustes a su pensión, dado que el reclamo no oportuno de las primeras, no implica el consentimiento de la omisión de la autoridad ni la renuncia al cobro de las segundas.

Como consecuencia de lo anterior, concluyó, es pertinente destacar la tesis citada para precisar sus alcances respecto de la demanda de diferencias vencidas, en los términos antes precisados.

Las consideraciones expuestas originaron la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, página 2091 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas», cuyo contenido se transcribe a continuación:

"PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*). En la citada jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. No obstante, tal imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles, por lo que la acción para exigir las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 248 de la ley relativa vigente). Luego, el alcance de la citada jurisprudencia es establecer que aunque esté prescrita la acción para reclamar determinadas diferencias, ello no implica la prescripción del derecho del pensionado para demandar los incrementos y las demás diferencias resultantes, por los montos vencidos respecto de los cuales no se actualice la prescripción."

Como se observa de las consideraciones que sustentaron el criterio invocado, la Segunda Sala no se refiere al concepto de "pensiones caídas", sino que examinó, de manera precisa, la prescriptibilidad del pago de las diferencias derivadas de los incrementos a la pensión de los trabajadores al servicio del Estado, y expuso que si bien su reclamo, en sentido general, es imprescriptible, dado que la incorrecta integración de la cuota pensionaria es un acto de tracto sucesivo, el pago de las diferencias generadas sí se encuentra sujeto a prescripción, pues éstas se tornan exigibles en una fecha determinada y, al no ser reclamadas en el lapso de cinco años previsto en el numeral 186 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, opera la citada institución jurídica en favor del Estado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, de título, subtítulo y texto siguientes:

"ISSSTE. LA ACCIÓN PARA EXIGIR LAS DIFERENCIAS GENERADAS CON MOTIVO DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LA CUOTA PENSIONARIA O JUBILATORIA PRESCRIBE DENTRO DE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN. La prescripción en materia de seguridad social no rige para el derecho a la jubilación y a la pensión de los trabajadores adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ni para la prerrogativa de reclamar el pago de las diferencias derivadas de los incrementos a las cuotas jubilatorias o pensionarias, pues su incorrecta integración es un acto de tracto sucesivo, que comienza día con día mientras no se rectifique, pero sí opera para demandar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, después de cinco años contados a partir de que fue exigible, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007 y de la tesis 2a. CIV/2015, consultable en la página 2091, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro: ‘PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009.’, en virtud de que esas cantidades se generaron en un momento determinado y no se cobraron a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles. En atención a lo anterior, es legal que el Instituto limite el pago de las diferencias generadas con motivo de los incrementos no efectuados a la pensión del gobernado a los cinco años anteriores a la solicitud de rectificación, dado que en oposición del derecho a la rectificación de las cuotas pensionarias, la acción para solicitar su pago está sujeta a la figura jurídica de la prescripción por el plazo referido.

"Precedentes:

"Amparo directo 12/2016. **********. 31 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.

"Amparo directo 66/2016. **********. 7 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

"Amparo directo 73/2016. **********. 14 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal."

En este contexto, no abona a la pretensión del inconforme la invocación de la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", pues el alcance de este criterio fue, precisamente, materia de análisis por la Segunda Sala al emitir la tesis 2a. CIV/2015 (10a.).

Ahora, debe destacarse que la invocación de dicha tesis por este Tribunal Colegiado, no contraviene el principio de irretroactividad, previsto en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Al respecto, es pertinente atender a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 5157/2014, en relación con la proscripción de aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de los gobernados, contenida en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, que originó la tesis invocada por el quejoso.

El Alto Tribunal expuso que la jurisprudencia, en cuanto a su aspecto material es, a grandes rasgos: una decisión judicial tomada después de una serie de razonamientos sobre un punto jurídico planteado en un caso y que son necesarios para la resolución del mismo; que adquiere obligatoriedad en los subsiguientes asuntos en que se plantee la misma cuestión legal; que es dinámica y cumple con una función tanto interpretativa, como integradora de la ley.

Respecto a este último punto destacó que, a diferencia de lo asimilado durante la Novena Época, es menester reconfigurar el entendimiento jurisprudencial, en el sentido de que su "función primordial" consiste en desentrañar el sentido de la ley, conforme a la voluntad del legislador, o suplir sus deficiencias o lagunas, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal. El formalismo del entendimiento jurisprudencial ha adolecido de una visión simplificada sobre la concepción y aplicación del derecho y, por ende, del razonamiento judicial.

Es así, pues la función actual de los juzgadores federales, en el Estado constitucional, difícilmente podría traducirse en que se constituyan meramente como aplicadores de la ley, y que nada aporten ni crean para el derecho; por el contrario, atendiendo a la preeminencia de los principios y valores consagrados constitucionalmente, se otorga un papel secundario al texto y sentido de las normas, y se privilegia la eficacia y plenitud de los axiomas reconocidos constitucionalmente. Esto es, la función de los tribunales federales consiste en permitir "constitucionalizar" el sistema jurídico, lo que los establece como una fuente importante del derecho.

En efecto, hizo notar, no puede soslayarse que las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once, significaron la introducción de un nuevo enfoque de la Constitución Mexicana. Este cambio trascendental exige a todos los operadores jurídicos un minucioso análisis del nuevo texto para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles, o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de este nuevo modelo.

Las consecuencias de estos cambios constitucionales han implicado, por una parte, que se ubique a la dignidad del ser humano en el eje de los Textos Constitucionales y, por otra, la progresiva aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos, en el ámbito interno de los Estados, a través de diversas fórmulas o cláusulas constitucionales o bien, mediante el dinamismo de la jurisprudencia constitucional.

Por ello, consideró, sería válido afirmar que en la actualidad, la función de mayor trascendencia de los tribunales federales consiste en la protección de los derechos humanos, tanto constitucionales como de fuente internacional. En ese contexto, más que una función interpretativa o integradora de la ley, valdría la pena destacar la función regulatoria de la jurisprudencia, con la cual, al resolver los casos que les son presentados a los juzgadores, se busca maximizar y dar eficacia a los principios constitucionalizados.

De tal suerte, aseveró, que aun en los casos de "mera interpretación legal" la mira del juzgador no se encuentra en determinar el sentido de la norma sino, más bien, en orientar la ley a los principios y valores consagrados constitucionalmente, en especial, a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal o constitucionalizados a través de las convenciones internacionales de las que el Estado Mexicano es parte.

El Juez Federal, expuso, tiene la función social y política de buscar racionalmente en el derecho la respuesta justa al problema que las partes le han llevado, lo que implica que se le obligue a que escoja, argumentativamente, la mejor respuesta de aquellas que le ofrece el derecho vigente, y es el caso que ésta radica en la apelación a argumentos o razones tomados desde la Constitución Federal, la cual, desde luego, se encuentra asumida en un sentido mucho más amplio que a su mero texto.

Al respecto, refirió, la propia Segunda Sala ha establecido que en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más, entendimientos posibles, se exige al órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde con la Constitución Federal; de ahí que el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico.

Por tanto, al desarrollar su labor, los juzgadores siempre deben atender al contenido de los imperativos constitucionales y, por tanto, el contenido de la Constitución debe tenerse en cuenta no solamente en aquellas vías jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de los tribunales federales desemboque en la declaración de inconstitucionalidad de un acto o una norma, sino en la totalidad de tareas que tienen encomendadas.

Dicho de otra forma, consideró, los tribunales federales no se concretan a la aplicación de reglas -interpretación e integración de la ley-, sino también de principios, y son estos últimos los que deben orientar el sentido de la regla, pues todo el material jurídico debe ser acorde con la Constitución, no sólo y tanto como consecuencia de su supremacía, sino también para priorizar las interpretaciones que conduzcan al máximo desarrollo posible de los principios y derechos fundamentales.

Por ello, los juzgadores federales adoptan una visión plena del fenómeno jurídico; empero, se trata no del derecho visto desde la perspectiva del legislador, sino como el derecho aplicable al caso concreto, como la búsqueda de la decisión justificada para ese asunto, a través del entendimiento no sólo de las reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho y determinando qué resolución los desarrolla en mayor medida.

Así, la constitucionalización del derecho implica que el juzgador busque, primariamente en la Norma Fundamental, la respuesta jurídica que requiere y promueva su vigencia integral. Por ende, el Juez, por su operabilidad específica, impacta en todo el derecho, a efecto de aportar una visión real y completa del mismo, así como de su cometido deóntico y, sobre todo, al decidir conforme al espíritu de la Constitución General de la República, impide la actuación desmedida de las autoridades para afirmar el servicio al hombre al que desde siempre y para siempre están convocados el derecho y sus operadores.

Por ello, consideró, el juzgador más que aplicar o invalidar, según sea el caso, una norma aislada, dicta una resolución desde todo el ordenamiento jurídico, a la luz de los axiomas constitucionales que irradian a la totalidad del sistema jurídico y, por ende, si bien para las partes en los asuntos jurisdiccionales el aspecto que más les importa es la parte propiamente resolutora, lo cierto es que para la comunidad jurídica lo verdaderamente relevante y trascendente de la jurisprudencia es el postulado que lo posibilitó; es decir, la argumentación legal que le da sustento y que coadyuva a dar forma al derecho, y ese saber jurídico trasciende a la ley para incorporarle valores y principios que la informan y orientan.

Conforme a lo anteriormente expuesto, concluyó que la jurisprudencia adquiere el carácter de norma general, en tanto constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que, como se ha precisado, permite tanto a gobernantes como a gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de las reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho y determinando qué resolución los desarrolla en mayor medida; esto es, se erige como una norma jurídica que impacta en todo el derecho, a efecto de aportar una visión real o completa del mismo. Máxime que la jurisprudencia resulta de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales a que se refiere el propio artículo 217 de la Ley de Amparo.

Atento a lo anterior, consideró, la aplicación jurisprudencial está condicionada al principio legal de proscripción retroactiva en perjuicio de las personas, previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, el cual se encuentra enderezado a proteger, a su vez, la garantía de seguridad jurídica de los justiciables.

En ese sentido, resulta menester determinar qué debe entenderse por efecto retroactivo de la jurisprudencia, conforme a este último ordenamiento.

Así, para precisar el alcance de esa prescripción, la Segunda Sala destacó que la jurisprudencia obliga a partir de la fecha de su divulgación, lo que implica que cobra vigencia respecto de las actuaciones procesales o intermedias, sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, que no hayan sido dictadas con anterioridad a esa fecha.

Por tanto, en cuanto a su naturaleza, la jurisprudencia puede y debe aplicarse a actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a su emisión, siempre y cuando no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio del justiciable, conforme a lo previsto en el artículo 217 de la ley de la materia; es decir, cancele un derecho ya adquirido a partir de otra jurisprudencia obligatoria en un momento y circunstancia dados.

Expuso que para determinar cuándo se está frente a la excepción referida, es imperante puntualizar que la "retroactividad de la jurisprudencia" implica, necesariamente, la preexistencia de un criterio jurisdiccional, pues es claro que no puede presumirse un efecto retroactivo si no es en referencia al establecimiento previo y obligatorio de un punto jurídico determinado, que es relevante para el dictado de una determinación, resolución o fallo jurisdiccional. Esto es, implica la identificación de un criterio que ordenaba la postura que debía asumirse al emitir la determinación, resolución o fallo jurisdiccional respectivo, y que fue superado, modificado o abandonado por la emisión de una nueva jurisprudencia.

De ahí que, consideró, si antes de dictarse la determinación jurisdiccional no existía jurisprudencia aplicable a alguno de los puntos jurídicos que le son elevados al juzgador para su resolución, resulta inconcuso que no puede hablarse de efectos retroactivos, ante la ausencia de un criterio firme y obligatorio que, precisamente, regía para alguna de las cuestiones que generan la intervención jurisdiccional.

En suma, recapituló, la jurisprudencia sólo podrá tener una aplicación de carácter retroactivo cuando se esté en presencia de un nuevo criterio que abandona, supera o modifica una jurisprudencia anterior y que resultaba aplicable a la contienda jurisdiccional respectiva; pues es, precisamente, esa situación la que genera el cambio de entendimiento en un punto jurídico que ya estaba definido, en tanto aquel criterio novedoso obra o tiene fuerza sobre el pasado.

Las consideraciones anteriores informan, en lo conducente, la tesis 2a. XCII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 691 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas», que a continuación se transcribe:

"JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia se puede aplicar a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas, o en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales ya definidas, pues ello conllevaría a corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo."

En ese sentido, la invocación de la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), por este tribunal, no contraviene la prohibición contenida en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, debido a que esa tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no abandona o modifica algún criterio obligatorio previo que hubiese podido orientar la estrategia jurídica del quejoso al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la demanda contenciosa.

Es así, pues el criterio asumido en la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", únicamente fue precisado en cuanto a sus alcances en la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), la cual reitera la imprescriptibilidad del reclamo de los incrementos que correspondan a la cuota pensionaria de los trabajadores del Estado, así como las diferencias resultantes, con la única precisión de que los montos vencidos de tales diferencias sí están sujetos a prescripción, tema de derecho que no fue materia de la contradicción de tesis 170/2009.

Por otro lado, es menester realizar la acotación relativa a que si bien la responsable, al fijar los efectos de la nulidad decretada, no expuso expresamente que el pago de las diferencias de los incrementos se debía circunscribirse al plazo de cinco años, con motivo de la prescripción, lo cierto es que sí lo determinó, aunque de manera implícita, puesto que en el considerando cuarto (fojas 422 frente y vuelta), señaló que, contrariamente a lo argumentado por el actor, ahora quejoso, cualquier prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescriben en favor de éste, en términos del numeral 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete.

De ahí que no beneficien al impetrante las tesis que cita, de rubros: "JUBILACIÓN. SU OBTENCIÓN O FIJACIÓN CORRECTA SON ACTOS DE TRACTO SUCESIVO IMPRESCRIPTIBLES." y "LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL INCREMENTO DE LA PENSIÓN Y EL PAGO DE DIFERENCIAS SON DERECHOS IMPRESCRIPTIBLES."

1. Bono de despensa y previsión social múltiple.

En otro orden de ideas, en el concepto de violación reseñado con el número 2, el quejoso aduce que, adversamente a lo considerado por la Sala responsable, tiene derecho a que los conceptos "bono de despensa" y "previsión social múltiple" sean incrementados a su pensión en el mismo monto que aquellos pagados a los trabajadores en activo, ya que los percibe regular y periódicamente.

Tal aserto es infundado.

A manera de preámbulo se precisa que en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, se prevén las bases mínimas para regular la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado; empero, no precisa la forma cómo se integrarán las pensiones.

En esa medida, es patente que la Norma Constitucional delegó en el legislador ordinario la configuración normativa de tal derecho, aunque siempre debe atender a las bases mínimas de aquélla.

Derivado de esa potestad del Estado para crear los mecanismos nacionales propios para satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el legislador ordinario nacional creó un sistema de seguridad social específico para los trabajadores al servicio del Estado, el cual está a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien corresponde atender las necesidades de seguridad social de éstos, incluido el pago de los seguros de vejez (jubilaciones y pensiones).

Cabe agregar que, precisamente, al interpretar el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 116/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 353, de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 15

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26474-f1fc7d9c/jubilaciones-y-pensiones-del-instituto-de-seguridad-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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