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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR JUBILACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA QUE PROCEDA SU INCREMENTO POR LOS CONCEPTOS "BONO DE DESPENSA" Y "PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE", EL PENSIONADO DEBE DEMOSTRAR QUE ÉSTOS SE AUMENTARON DE MANERA GENERAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, O BIEN, A LA CATEGORÍA QUE CORRESPONDA AL CARGO QUE DESEMPEÑÓ. PENSIÓN POR JUBILACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE SU INCREMENTO POR LOS CONCEPTOS "MEDIDA DE FIN DE AÑO, PRESTACIÓN ANUAL ÚNICA" Y "PAGO EXTRAORDINARIO COMO COMPLEMENTO A LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO", AL NO CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE COMPATIBILIDAD CON LOS PENSIONADOS Y GENERALIDAD, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA ABROGADA LEY DE DICHO ORGANISMO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 160/2016. · Registro digital (IUS): 26371
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-06-17
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Pág. 2657.

PENSIÓN POR JUBILACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA QUE PROCEDA SU INCREMENTO POR LOS CONCEPTOS "BONO DE DESPENSA" Y "PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE", EL PENSIONADO DEBE DEMOSTRAR QUE ÉSTOS SE AUMENTARON DE MANERA GENERAL A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, O BIEN, A LA CATEGORÍA QUE CORRESPONDA AL CARGO QUE DESEMPEÑÓ.

AMPARO DIRECTO 160/2016. 12 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIA: SILVIA VIDAL VIDAL.

SÉPTIMO.-Análisis de los conceptos de violación.

1. Imprescriptibilidad del pago retroactivo de diferencias pensionarias.

En los conceptos de violación agrupados bajo el número 1, el quejoso sostiene que la responsable declaró improcedente la imprescriptibilidad del pago retroactivo de las diferencias pensionarias que resulten del recálculo de la cuota diaria de pensión que le fue otorgada, limitándola al pago de las diferencias derivadas de los incrementos correspondientes, computados a partir de la fecha de otorgamiento de la pensión cuya acción esté prescrita a la fecha de solicitud de regulación de la pensión, presentada el ********** (y no el veinticuatro de abril de dos mil catorce, como refiere el quejoso). Lo anterior, agrega, porque la responsable consideró que las pensiones caídas y las prestaciones prescriben en un término de cinco años, conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, acorde con la tesis de título y subtítulo: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009(*)."

Los argumentos de mérito son infundados.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1952/2015, expuso que en la contradicción de tesis 170/2009 -que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, invocada por el quejoso en la demanda de amparo-, se estableció que el derecho a reclamar las diferencias por concepto de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es imprescriptible, como también lo es el derecho a la jubilación y a la pensión.

Asimismo, se resolvió que la referida prescripción se rige por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y no por la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, acotó, ello no implica que la acción para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, no prescriba después de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 248 de la ley vigente.

Esto se corrobora, destacó, con el último párrafo de las consideraciones que sustentan la resolución emitida en la contradicción de tesis 170/2009. Dicho párrafo dice:

"En corolario, la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y de las jubilaciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se rige por la ley del indicado instituto y es imprescriptible porque el derecho de exigencia comienza día con día mientras no se otorguen esas diferencias y se entregue el monto correcto de la pensión actualizada."

Ahí precisó, se esclarece que el derecho de exigencia de las diferencias comienza día con día, mientras no se otorguen. Tal exigencia se refiere al reclamo genérico de los incrementos y de las correspondientes diferencias, dado que no puede estimarse consentida la omisión de pago de las diferencias al no haber demandado el incremento y el pago de ellas desde la primera ocasión en que el monto de la cuota pensionaria no corresponde al pretendido por el pensionado.

Sin embargo, acotó, tal pronunciamiento excluye los montos de dichas diferencias ya vencidos, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles. Por ende, esas cantidades, determinadas y exigibles en una fecha cierta, sí están sujetas a prescripción y no están incluidas en el criterio de la Segunda Sala, el cual establece que el derecho genérico a reclamar las diferencias en el pago de las cuotas pensionarias no está sujeto a prescripción.

En otras palabras, dijo, aunque esté prescrita la acción para reclamar ciertas y determinadas diferencias, por no haberse ejercido tal derecho en los cinco años que prevé la ley a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles, ello no implica que se considere prescrito el derecho que tiene el pensionado para demandar que se le paguen las demás diferencias (no prescritas) que se le deben pagar por ajuste de su pensión, dado que el reclamo no oportuno de las primeras, no implica el consentimiento de la omisión de la autoridad ni la renuncia al cobro de las segundas.

Como consecuencia de lo anterior, concluyó, es pertinente aclarar la tesis citada para precisar sus alcances respecto de la demanda de diferencias vencidas, en los términos antes precisados.

Las consideraciones expuestas originaron la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), invocada por la Segunda Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, página 2091 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 horas», cuyo contenido se transcribe a continuación:

"PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*). En la citada jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. No obstante, tal imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles, por lo que la acción para exigir las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 248 de la ley relativa vigente). Luego, el alcance de la citada jurisprudencia es establecer que aunque esté prescrita la acción para reclamar determinadas diferencias, ello no implica la prescripción del derecho del pensionado para demandar los incrementos y las demás diferencias resultantes, por los montos vencidos respecto de los cuales no se actualice la prescripción."

Como se observa de las consideraciones que sustentaron el criterio invocado, contrariamente a lo aducido por el quejoso, la Segunda Sala no se refirió al concepto de "pensiones caídas", sino que examinó de manera precisa la prescriptibilidad del pago de las diferencias derivadas de los incrementos a la pensión de los trabajadores al servicio del Estado, y expuso que si bien su reclamo, en sentido general, es imprescriptible, dado que la incorrecta integración de la cuota pensionaria es un acto de tracto sucesivo, el pago de las diferencias generadas sí se encuentra sujeto a prescripción, pues éstas se tornan exigibles en una fecha determinada, y al no ser reclamadas en el lapso de cinco años previsto en el numeral 186 de la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, opera la citada institución jurídica en favor del Estado.

En ese contexto, no abona a la pretensión del inconforme la invocación de la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", pues el alcance de ese criterio fue precisamente materia de análisis por la Segunda Sala, al emitir la tesis aplicada por la responsable.

Sobre este tema es ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por este Tribunal Colegiado, pendiente de publicación, que enseguida se reproduce:

"ISSSTE. LA ACCIÓN PARA EXIGIR LAS DIFERENCIAS GENERADAS CON MOTIVO DE LOS INCREMENTOS NO EFECTUADOS A LA CUOTA PENSIONARIA O JUBILATORIA PRESCRIBE DENTRO DE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN. La prescripción en materia de seguridad social no rige para el derecho a la jubilación y a la pensión de los trabajadores adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ni para la prerrogativa de reclamar el pago de las diferencias derivadas de los incrementos a las cuotas jubilatorias o pensionarias, pues su incorrecta integración es un acto de tracto sucesivo, que comienza día con día mientras no se rectifique, pero sí opera para demandar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias, después de cinco años contados a partir de que fue exigible, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007 y de la tesis 2a. CIV/2015, consultable en la página 2091, Libro 23, octubre de 2015, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009.’, en virtud de que esas cantidades se generaron en un momento determinado y no se cobraron a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles. En atención a lo anterior, es legal que el Instituto limite el pago de las diferencias generadas con motivo de los incrementos no efectuados a la pensión del gobernado a los cinco años anteriores a la solicitud de rectificación, dado que en oposición del derecho a la rectificación de las cuotas pensionarias, la acción para solicitar su pago está sujeta a la figura jurídica de la prescripción por el plazo referido."

2. Transgresión al principio de irretroactividad de la jurisprudencia.

Además, la aplicación de la tesis invocada por la Sala, contrariamente a lo aducido por el quejoso en los conceptos de violación identificados con el número 2, no constituye una vulneración a la regla de irretroactividad instituida en el artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Al respecto, es pertinente atender a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5157/2014, en relación con la proscripción de aplicación retroactiva de la jurisprudencia en perjuicio de los gobernados, contenida en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, que originó la tesis invocada por el quejoso.

La Segunda Sala estableció, en suma, que la jurisprudencia sólo podrá tener una aplicación de carácter retroactivo cuando se esté en presencia de un nuevo criterio que abandona, supera o modifica una jurisprudencia anterior y que resultaba aplicable a la contienda jurisdiccional respectiva, pues es precisamente esa situación la que genera el cambio de entendimiento en un punto jurídico que ya estaba definido, en tanto aquel criterio novedoso obra o tiene fuerza sobre el pasado.

Las consideraciones anteriores informan, en lo conducente, la tesis 2a. XCII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 691 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas», que a continuación se transcribe:

"JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia se puede aplicar a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas, o en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales ya definidas, pues ello conllevaría a corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo."

En ese sentido, contrariamente a lo aducido por el solicitante del amparo, no podría considerarse que la autoridad responsable inobservó en su perjuicio la prohibición contenida en el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, debido a que la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Sala apoyó su decisión, no abandona o modifica algún criterio obligatorio previo que hubiese podido orientar la estrategia jurídica del quejoso al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la demanda contenciosa.

Es así, pues el criterio asumido en la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", únicamente fue precisado en cuanto a sus alcances en la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), la cual reitera la imprescriptibilidad del reclamo de los incrementos que correspondan a la cuota pensionaria de los trabajadores del Estado, así como las diferencias resultantes, con la única precisión de que los montos vencidos de tales diferencias sí están sujetos a prescripción, tema de derecho que no fue materia de la contradicción de tesis 170/2009.

3. Aplicación de interpretación conforme, principio pro persona y suplencia por grupo vulnerable.

En el caso, contrariamente a lo aducido por el quejoso en los conceptos de violación identificados con el número 3, no se transgredieron los principios de interpretación conforme y pro persona, derivados del artículo 1o. de la Constitución Federal.

En principio, es menester destacar que, tal como lo asegura el promovente del amparo, se ubica en un supuesto de suplencia de la deficiencia de la queja, como consecuencia de su pertenencia a un grupo identificado como vulnerable, de conformidad con la tesis de jurisprudencia que enseguida se cita y que este tribunal comparte:

"Décima Época

"Registro digital: 2009745

"Instancia: Plenos de Circuito

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 21, agosto de 2015, Tomo II

"Materia: Común

"Tesis: PC.XII.A. J/1 A (10a.)

"Página: 1723

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA A FAVOR DE PENSIONADOS POR EL ISSSTE CUANDO DEMANDAN LA CUANTIFICACIÓN CORRECTA DE SU PENSIÓN JUBILATORIA, POR TRATARSE DE UN DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho a una pensión jubilatoria por parte del ISSSTE constituye un derecho fundamental de seguridad social tutelado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que, atendiendo al principio de interpretación más favorable a la persona, inmerso en el artículo 1o., párrafo segundo, constitucional, que exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución Federal y con los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el alcance que debe darse a la figura de la suplencia de la queja deficiente consignada en los artículos 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada y 79, fracción V, de la vigente, no sólo comprende a los trabajadores en activo, sino también a los pensionados por el instituto mencionado, ya que sería injusto sostener que por la naturaleza administrativa del acto impugnado en el juicio de nulidad y desconociendo el carácter de trabajador en retiro o jubilado del quejoso, no procediera la suplencia de la queja deficiente en su favor cuando demanda la cuantificación correcta de su pensión jubilatoria, toda vez que no existe duda de que los derechos controvertidos emergen de una relación de naturaleza laboral, pues la pensión deriva de haber cumplido con los requisitos previstos por la ley respectiva para disfrutar de ese beneficio y sigue prevaleciendo, incluso acrecentado, su estado de debilidad.

"Pleno en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito."

Ahora, sobre la interpretación conforme de las normas generales y el alcance del principio pro persona, el Máximo Tribunal ha emitido, entre otros, los siguientes criterios:

"Novena Época

"Registro digital: 163300

"Instancia: Segunda Sala

"Tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXII, diciembre de 2010

"Materia: Constitucional

"Tesis: 2a./J. 176/2010

"Página: 646

"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.-La aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el Juez constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico."

"Décima Época

"Registro digital: 2005135

"Instancia: Primera Sala

"Tesis: Aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I

"Materia: Constitucional

"Tesis: 1a. CCCXL/2013 (10a.)

"Página: 530

"INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma."

De dichos criterios se desprenden las premisas siguientes:

• El principio de interpretación conforme obliga a los juzgadores a adoptar la interpretación de una norma que sea acorde con lo que establece la Constitución Federal, cuando el contenido de la norma sea susceptible de dos o más interpretaciones.

• La supremacía normativa de la Constitución se manifiesta también en la exigencia de que las normas secundarias se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales.

• La interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales.

En el caso, como se adelantó en supralíneas, la sentencia reclamada no implicó la vulneración del principio de retroactividad de la jurisprudencia, porque el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, únicamente fue precisado en cuanto a sus alcances en la tesis 2a. CIV/2015 (10a.), de modo que no se abandonó o modificó algún criterio obligatorio previo que hubiera podido orientar la estrategia jurídica del quejoso cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar a la demanda contenciosa.

Si a lo anterior se añade que la decisión de la Sala responsable sobre el tema de la imprescriptibilidad del pago retroactivo de diferencias pensionarias, tuvo sustento en el contenido del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, queda claro que, contrariamente a lo aducido por el promovente del amparo, en la especie no se está ante un problema de selección de normas, ni tampoco se está en el escenario de que el Máximo Tribunal haya emitido varias posibilidades de interpretación del precepto aplicable, se insiste, en la medida en que la decisión judicial controvertida se basó en una disposición legal, sin que se vislumbre otra en contrario y, respecto de su contenido, tampoco se han establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas posibilidades interpretativas.

4. Bono de despensa y previsión social múltiple.

Por otra parte, en los motivos de disenso agrupados bajo el número 4, el quejoso aduce que, adversamente a lo considerado por la Sala responsable, tiene derecho a que los conceptos "bono de despensa" y "previsión social múltiple" sean incrementados a su pensión en el mismo monto que aquellos pagados a los trabajadores en activo, ya que los percibe regular y periódicamente.

Tales argumentos son infundados.

A manera de preámbulo, se precisa que en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, se prevén las bases mínimas para regular la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado; pero no precisa la forma como se integrarán las pensiones.

En esa medida, es patente que la norma constitucional delegó en el legislador ordinario la configuración legal de tal derecho, aunque siempre debe atender a las bases mínimas de aquélla.

Derivado de esa potestad del Estado para crear los mecanismos nacionales propios para satisfacer y garantizar el derecho a la seguridad social, el legislador ordinario nacional creó un sistema de seguridad social específico para los trabajadores al servicio del Estado, el cual está a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien corresponde atender las necesidades de seguridad social de esos trabajadores, incluido el pago de los seguros de vejez (jubilaciones y pensiones).

Precisamente, al interpretar el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 116/2005, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 353, de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL REGULAR LA FORMA DE CALCULAR SU MONTO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", definió que la jubilación es uno de los derechos de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, pero que en dicho precepto constitucional no se prevén las bases o presupuestos conforme a los cuales se realiza tal derecho, sino que la Constitución sólo contempla las bases o mínimos del derecho y reservó su configuración a la ley secundaria.

Por tanto, la Segunda Sala concluyó que es constitucional la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al fijar las bases para calcular el monto pensionario.

Ahora, en dicha ley, el legislador no consideró que todas las percepciones recibidas por los trabajadores cuando estaban activos deban entregarse a los jubilados o pensionados, sino sólo algunas, lo que tiene sustento en que su situación no es similar a los trabajadores en activo, en tanto ya no prestan sus servicios al Estado y, por ende, no pueden percibir las mismas prestaciones que se cubren específicamente por el servicio prestado o que se generan durante éste o por las responsabilidades del cargo (como horas extras o premios de puntualidad).

El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (en el que el actor sustentó su pretensión), es del contenido siguiente:

"Artículo 57.

"...

"Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta Directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados."

Según se ve, para que los jubilados y pensionados disfruten de las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo: a) deben ser compatibles con la calidad de pensionado, y b) que el incremento haya sido general.

En cuanto al primer requisito, se precisa que ciertas prestaciones son incompatibles respecto de quienes tienen la calidad de pensionados, al resultar injustificado su otorgamiento una vez que causan baja del servicio en activo, ya sea porque derivan de los servicios prestados o se vinculan de manera específica con la exi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26371-616528e3/pension-por-jubilacion-otorgada-por-el-instituto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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