RECURSO DE REVISIÓN FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DELEGACIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ESTÁ LEGITIMADA PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN REPRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEMANDADA Y DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 207/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 25 DE ENERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: RICARDO LAGUNA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito.
El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si existe la contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados respecto a si ¿La persona titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado está legitimada para interponer recurso de revisión fiscal en representación de la delegación o de sus unidades administrativas, de conformidad con lo prescrito por el Estatuto Orgánico del citado instituto y de su Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales?
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio sin número, recibido el cuatro de julio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito denunció una posible contradicción de criterios entre el emitido por dicho Tribunal Colegiado, al resolver la revisión fiscal 41/2022 y el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al fallar el recurso de revisión fiscal 272/2021.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la contradicción de criterios; asimismo, ordenó turnar el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, adscrita a la Segunda Sala para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
3. Avocamiento por la Segunda Sala. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, la presidenta de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
4. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley; y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente, en relación con los puntos primero y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 272/2021 y el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 41/2022, que es de la especialidad de esta Sala.
II. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) debido a que fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios que se estiman contradictorios, a saber, el recurso de revisión fiscal 41/2022.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
6. Los criterios adoptados en las ejecutorias que participan en la presente contradicción son, en esencia, los siguientes:
• Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito
7. El criterio de ese órgano judicial derivó de la sentencia dictada en sesión de nueve de junio de dos mil veintidós, en el recurso de revisión fiscal número 272/2021,(2) interpuesto en contra de la sentencia que declaró la nulidad de la resolución impugnada, emitida por el jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, condenando a la referida autoridad, a incrementar la pensión del otrora actor.
8. El Tribunal Colegiado resolvió que el recurso de revisión fiscal era improcedente y debía desecharse, toda vez que la autoridad recurrente carecía de legitimación para interponerlo.
9. Señaló que el artículo 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo precisa quiénes pueden interponer el recurso de revisión fiscal, a saber, la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad; o bien, la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente.
10. En ese sentido, analizó los artículos 3, fracción I, inciso c), 6 y 11, fracciones II, III, V, X, XIV, XXXIII y último párrafo, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil diecinueve.
11. Numerales en términos de los que estimó que la defensa jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado recae en su director Normativo de Procedimientos Legales, quien a su vez puede ser suplido por los titulares de las áreas de Asuntos Pensionarios, Contencioso o de lo Consultivo y Notariado, en el orden indicado.
12. Atento a lo anterior, concluyó que el recurso de revisión fiscal analizado era improcedente al haber sido interpuesto por el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien no estaba legitimado para interponerlo, al no ser la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del instituto.
13. El Tribunal Colegiado desestimó la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 97/2011, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DELEGACIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEMANDADA."(3)
14. Lo anterior, atendiendo a que el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en su artículo 11, establece que es la Dirección Normativa de Procedimientos Legales la encargada de representar al instituto para defender sus intereses y patrimonio.
15. Aunado a que, en términos del artículo quinto transitorio del referido Estatuto, los asuntos en trámite a la entrada en vigor del mismo deben ser resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio; por tanto, toda vez que el juicio de nulidad inició después de la entrada en vigor del instrumento normativo de referencia, el Tribunal Colegiado concluyó que el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, carecía de legitimación procesal activa para interponer el recurso de revisión fiscal de referencia.
• Criterio del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito
16. El criterio de este tribunal derivó de la sentencia dictada en sesión de dieciséis de junio de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revisión fiscal número 41/2022,(4) interpuesto en contra de la diversa que declaró la nulidad de la resolución impugnada, emitida por el subdelegado de Prestaciones de la Oficina de Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Yucatán, y condenó a dicha autoridad al reconocimiento del derecho subjetivo del actor al incremento de su pensión.
17. Previo a realizar el estudio de la cuestión de fondo, el Tribunal Colegiado analizó la legitimación de la jefa de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sustentada en los artículos 2, 3, fracción II, inciso e), 27, 28, fracciones X, XII y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil diecinueve, los artículos 40, fracción X, 42, fracciones I, II, III, IV y VI, del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
18. También consideró aplicable la jurisprudencia 2a./J. 97/2011, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. EL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DELEGACIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEMANDADA."(5)
19. El Tribunal Colegiado advirtió que si bien la reforma (sic) al Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de uno de febrero de dos mil diecinueve, entró en vigor al día siguiente de su publicación y abrogó el Estatuto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil cuatro, lo cierto es que, estimó dicho órgano judicial, que de conformidad con lo prescrito por los transitorios tercero y quinto, dicho ordenamiento no derogó el Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto, en que fundó su competencia la recurrente.
20. Agregó que no existe contraposición o restricción de las facultades de la jefa de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal recurrente sino que, por el contrario, le fueron conferidas facultades concurrentes, pues el artículo 27, del Estatuto reformado (sic) reconoce de modo expreso que las delegaciones estatales y regionales tienen funciones específicas para atender materias de su ámbito territorial; además, el diverso artículo 30 del mismo Estatuto establece que las delegaciones estatales se rigen conforme al Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto.
21. Por tanto, el Tribunal Colegiado concluyó que aun considerando la reforma (sic) del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil diecinueve, la jefa de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, está legitimada para interponer la revisión fiscal en representación de la autoridad demandada en el juicio de nulidad.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
22. Procede ahora dilucidar si en el caso existe o no la contradicción de criterios denunciada.
23. Lo anterior, con el propósito de determinar si dichos órganos, al resolver los asuntos materia de la denuncia:
a. Examinaron situaciones jurídicas esencialmente iguales; y,
b. Llegaron a conclusiones contradictorias respecto a la solución de la controversia planteada.
24. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010,(6) cuyo tenor es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
25. Conforme al criterio anterior, la contradicción de criterios se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
26. Así, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
27. En el caso concreto, esta Segunda Sala considera que sí existe la contradicción de criterios, puesto que, por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito determinó que de conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, en representación de la unidad administrativa de la delegación estatal demandada.
28. Por otro lado, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito resolvió que de la interpretación del citado Estatuto, la jefa de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sí tiene legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, en representación de una unidad administrativa de la delegación estatal demandada.
29. Es decir, mientras un Tribunal Colegiado señaló que el jefe o jefa de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en representación de una unidad administrativa de la delegación estatal del instituto demandado, el otro estimó que dicha autoridad carece de la misma.
30. En ese sentido, este Alto Tribunal deberá dilucidar el problema jurídico consistente en si derivado de la entrada en vigor del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado el uno de febrero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el reglamento orgánico de las delegaciones del instituto señalado, publicado en el referido medio de difusión oficial el dos de junio de dos mil quince, las personas titulares de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tienen legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en representación de la delegación estatal o de sus unidades administrativas.
V. ESTUDIO DE FONDO
31. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado.
32. En principio, debe señalarse que los artículos 5o. y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la parte que nos ocupa, disponen:
"Artículo 5o. Ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso.
"...
"La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales ..." "Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ..."
33. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 59/2001, interpretó el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, cuyo texto actual corresponde al numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y determinó que las autoridades demandadas en un juicio de nulidad sólo pueden interponer el recurso de revisión fiscal contra las sentencias definitivas que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, en la hipótesis de que la autoridad demandada no sea coordinada en materia de ingresos federales, porque respecto de la legitimación de esta última rigen otras previsiones legales.
34. Ahora bien, en relación con los órganos facultados para la interposición del recurso de revisión fiscal del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al resolver por unanimidad de cuatro votos, en sesión del día veintidós de octubre de dos mil ocho, la contradicción de tesis 150/2008-SS, este Órgano Colegiado determinó que las unidades encargadas de la defensa jurídica de dicho instituto lo eran el subdirector General Jurídico, o bien, en su ausencia, el subdirector de lo Contencioso y la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto, pues tienen el carácter de unidades encargadas de la defensa jurídica de la respectiva delegación estatal cuando es autoridad demandada en el juicio seguido ante el otrora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
35. Criterio, que se reflejó en las siguientes tesis de jurisprudencia:
"REVISIÓN FISCAL. EL SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO O, EN SU AUSENCIA, EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO Y LA UNIDAD JURÍDICA DELEGACIONAL DEL ISSSTE, TIENEN EL CARÁCTER DE UNIDADES ENCARGADAS DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA RESPECTIVA DELEGACIÓN ESTATAL CUANDO ES AUTORIDAD DEMANDADA. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada en el juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, únicamente puede interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en ese juicio por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, y si aquélla es un organismo descentralizado como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en términos de los artículos 5o. de la ley citada, y 5o. y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, debe atenderse a la ley que lo regula y, de no tener alguna previsión sobre el particular, al decreto expedido por el Ejecutivo Federal en uso de su facultad reglamentaria, o bien, al estatuto orgánico emitido por el órgano de gobierno que contenga las facultades de las áreas o unidades administrativas. En ese tenor, atento al decreto del Ejecutivo Federal por el que se dispone que la representación ante los Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Fiscal de la Federación, por lo que se refiere al instituto mencionado, a nivel central y delegacional, estará a cargo del titular de su Subdirección General Jurídica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1989, a los artículos 8, fracción V, y 22, fracciones I y IV, del reglamento de las delegaciones del instituto referido, publicado en el medio de difusión mencionado, el 1o. de octubre de 1997, y a los diversos 3o., fracción I, apartado C, y 49, fracción II, del estatuto orgánico de dicho instituto, reformado por acuerdo número 28.1271.2002 de su Junta Directiva, publicado en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2002, se concluye que en el caso de las Delegaciones Estatales del ISSSTE, su defensa jurídica corresponde, indistintamente, tanto al subdirector General Jurídico o, en su ausencia, al subdirector de lo Contencioso (Unidad Central), como a la Unidad Jurídica Delegacional respectiva, al ser éstas las competentes para actuar dentro de toda clase de juicios seguidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como para contestar la demanda e interponer el recurso de revisión fiscal en nombre de tales delegaciones estatales, aunque debe aclararse que sólo en el supuesto de que la unidad central decida no llevar a cabo la defensa jurídica de las delegaciones, la unidad jurídica podrá actuar en su nombre, ya que esta facultad no puede ejercerse conjuntamente.". (Número de registro digital: 168423. Jurisprudencia. Materia: administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, tesis 2a./J. 161/2008, página 235).
"REVISIÓN FISCAL. EL SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO O, EN SU AUSENCIA, EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DEL ISSSTE, ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER DICHO RECURSO EN LOS JUICIOS DE NULIDAD CUYA AUTORIDAD DEMANDADA ES UNA DELEGACIÓN ESTATAL, SIN QUE SEA NECESARIO MOTIVAR POR QUÉ ESTIMARON CONVENIENTE EJERCER LA DEFENSA JURÍDICA. El artículo 49, fracción II, última parte, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reformado por acuerdo número 28.1271.2002 de su Junta Directiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2002, al establecer que en las delegaciones estatales de ese órgano descentralizado su defensa jurídica estará a cargo del titular de la Unidad Jurídica Delegacional, ‘sin perjuicio de que el área central lo haga cuando así lo considere conveniente’, no debe entenderse en el sentido de que para tener por legitimados al subdirector General Jurídico o, en su ausencia, al subdirector de lo Contencioso del ISSSTE, para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se requiere que motiven por qué decidieron llevar a cabo la defensa jurídica de la autoridad delegacional; es decir, que en el recurso de revisión expliquen cuál fue la razón por la que estimaron conveniente ejercer esa defensa jurídica, ya que ni el citado estatuto ni el marco legal que regula su actuación aluden a dicha exigencia, y se trata de una facultad potestativa y discrecional del área central, en la que la conveniencia para hacer la defensa jurídica de una delegación estatal se acredita cuando interponen el recurso de revisión fiscal, ya que es evidente que así lo consideraron, pues de lo contrario, la Unidad Jurídica Delegacional hubiese suscrito el recurso referido.". (Número de registro digital: 168424. Jurisprudencia. Materia: administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, tesis 2a./J. 162/2008, página 234).
"REVISIÓN FISCAL. EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEL ISSSTE ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLA, EN LOS JUICIOS DE NULIDAD CUYA AUTORIDAD DEMANDADA ES UNA DELEGACIÓN ESTATAL, SIN QUE SEA NECESARIO ACREDITAR QUE SE LE HUBIESE DESIGNADO PARA SUPLIR AL SUBDIRECTOR GENERAL JURÍDICO. El artículo tercero del decreto del Ejecutivo Federal por el que se dispone que la representación ante los Tribunales Colegiados de Circuito y el Tribunal Fiscal de la Federación, por lo que se refiere al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a nivel central y delegacional, estará a cargo del titular de la Subdirección General Jurídica de dicho instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1989 –actualmente en vigor y aplicable al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por virtud de los artículos décimo primero, fracción III, de las disposiciones transitorias del decreto de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, publicado en el citado medio de difusión el 31 de diciembre de 2000, y segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo–, señala que las ausencias del titular de la Subdirección General Jurídica serán suplidas por el subdirector de lo Contencioso. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteradamente ha sostenido que no debe probarse la ausencia del titular suplido, en virtud de que para tener por acreditada la legitimación procesal de quien suple basta la manifestación que haga en ese sentido al interponer el recurso respectivo. Atento a lo anterior, el subdirector de lo Contencioso (unidad central) de la Subdirección General Jurídica del ISSSTE, está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal en los juicios de nulidad cuya autoridad demandada es una delegación estatal, sin que sea necesario demostrar que se le hubiese designado para suplir al subdirector General Jurídico de dicho instituto.". (Número de registro digital: 168425. Jurisprudencia. Materia: administrativa. Novena Época
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31371-7d2fe14d/recurso-de-revision-fiscal-previsto-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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