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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS DE ESE INSTITUTO (NORMATIVA VIGENTE EN 2024).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 51/2025. · Registro digital (IUS): 33813
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-01-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO SEXTO Y VIGÉSIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo IV, Volumen 1, Pág.571.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 51/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO SEXTO Y VIGÉSIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 51/2025 suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo, Décimo Segundo, Décimo Sexto y Vigésimo Cuarto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, determinar si quien se ostenta como Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal en representación de las autoridades dependientes de ese instituto, conforme a la legislación vigente en 2024.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido electrónicamente el tres de abril de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado, al resolver el recurso de revisión fiscal 18/2025 y el diverso sostenido por los Tribunales Colegiados Segundo, Décimo Segundo y Décimo Sexto, todos en Materia Administrativa del mismo circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal 385/2024, 330/2024 y 305/2024, respectivamente.

4. Radicación del asunto. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticinco, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ordenó formar y registrar el expediente con el número 51/2025; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.

5. Informe de vigencia. A través de los acuerdos de presidencia de catorce, quince y veintidós de abril, así como de seis de mayo de dos mil veinticinco, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los tribunales contendientes en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.

6. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el auto de presidencia de treinta de mayo de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.

7. Nueva integración del Pleno. Previas modificaciones en la integración de este Pleno Regional, en el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se comunicó a las partes que a partir del quince de septiembre del año en curso, quedaría conformado por las Magistradas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza. Asimismo, se turnó el presente asunto a la primera de las mencionadas, y se precisó que tal decisión quedaba confirmada en ese momento.

8. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (ahora Órgano de Administración) que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio. Lo anterior, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes al Primer Circuito, correspondiente a la Región Centro-Norte, además de que la cuestión denunciada versa sobre un tema referente a la materia administrativa, tal como se advierte de los criterios denunciados.

III. LEGITIMACIÓN

10. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por un Magistrado integrante del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual emitió uno de los criterios en contienda.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los tribunales colegiados.

• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión fiscal 385/2024.

12. Juicio de nulidad. Una persona física, por su propio derecho, demandó la nulidad de la negativa ficta recaída a su escrito de petición presentado ante el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que solicitó el incremento a su pensión correspondiente a los años 2022 y 2023.

13. Trámite y resolución del juicio. Del asunto correspondió conocer a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien le dio el trámite correspondiente y a través de la sentencia de dos de agosto de dos mil veinticuatro, declaró la nulidad de la resolución ficta impugnada.

14. Recurso de revisión fiscal y revisión adhesiva. La Subdirectora de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la autoridad demandada, interpuso recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia de nulidad, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, lo admitió a trámite con el número de expediente 385/2024; y en el diverso auto de cinco de diciembre siguiente, admitió a trámite la adhesión al recurso presentada por la parte quejosa.

15. Resolución. Mediante resolución aprobada en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, los Magistrados integrantes del tribunal colegiado de referencia, por un lado, declararon infundados los argumentos encaminados a demostrar la falta de legitimación de la autoridad recurrente planteados en la revisión adhesiva y, por otro, declararon procedente pero infundado el recurso de revisión fiscal. Sobre el punto materia de esta contradicción, el Tribunal colegiado determinó lo siguiente:

“TERCERO. Legitimación. La Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien actúa en representación de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, con fundamento en los artículos 23, primer párrafo, 25 y 50, último párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, en relación con el artículo primero ACUERDO por el que la persona Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delega en las personas servidoras públicas de la Dirección Jurídica, las facultades que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de julio de dos mil veinticuatro.

Sobre este punto, en el único agravio de la revisión adhesiva se afirma que debe desecharse el recurso de revisión principal ante la ausencia de legitimación de la autoridad recurrente, por lo siguiente:

(...)

A partir de lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que lo expuesto por la recurrente adhesiva carece de eficacia jurídica, primero, porque en el pliego de agravios la autoridad recurrente no se ostenta como apoderada legal, delegada o representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni aporta para tal efecto el instrumento notaria o la lista de registro que señala la inconforme, por lo que lo expuesto en este sentido es inoperante.

Por lo demás, la adherente no formula agravios frontales vinculados con la conclusión alcanzada al inicio de este considerando, en función de la cual se demuestra que la Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encuentra legitimada para interponer el recurso de revisión fiscal, específicamente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23, primer párrafo, 25 y 50, último párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, en relación con el artículo primero ACUERDO por el que la persona Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delega en las personas servidoras públicas de la Dirección Jurídica, las facultades que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de julio de dos mil veinticuatro.

Lo anterior es así, pues de los dispositivos señalados se advierte que el Director General es el representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aunado a que dicha autoridad cuenta con facultades amplias para delegar todas aquellasatribuciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos le confieran -que no tengan el carácter de indelegable-, para lo cual podrá emitir acuerdos delegatorios.

Esto es, las facultades de la persona Titular de la referida Dirección General para representar al Instituto en toda gestión judicial, extra judicial y administrativa, así como para ejercitar y desistirse de las acciones legales en las que el Instituto intervenga, se pueden delegar, indistintamente, en la persona Titular de la Dirección Jurídica, en las personas Titulares de las Subdirecciones adscritas a esa Unidad Administrativa.

Por ello, dado que el Estatuto en estudio contempla diversas formas para representar a las autoridades demandadas en el juicio contencioso y, una de ellas es a través de la emisión de acuerdos delegatorios -artículos 25 y 50, último párrafo-, es inconcuso que el acuerdo que invoca la ocursante le delega expresamente atribuciones para interponer el presente medio de defensa, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el presupuesto procesal que se analiza.

Sin que fuera necesario que la recurrente principal señalara que actuaba en ausencia o suplencia del Director General del Instituto o del Director Jurídico, pues se trata de otras formas de representación -artículos 51, fracción XXIII, XXIV y 59, fracción IV de Estatuto- distintas a la ejercida en el caso, esto es, a través del acuerdo delegatorio señalado que la facultan para ejercer de forma directa la defensa de la autoridad demandada; de ahí, lo infundado del planteamiento.”

• Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión fiscal 330/2024.

16. Juicio de nulidad. Una persona física, por su propio derecho, demandó la nulidad de la resolución administrativa en la que la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, declaró improcedente su solicitud de ajuste al importe de su pensión.

17. Trámite y resolución del juicio. Del asunto correspondió conocer a la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien le dio el trámite correspondiente y a través de la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, declaró la nulidad de la resolución impugnada.

18. Recurso de revisión fiscal. La Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación de la autoridad demandada, interpuso recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia de nulidad, del que correspondió conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinticuatro, lo admitió a trámite con el número de expediente 330/2024; y mediante resolución aprobada en sesión de veintinueve de enero de dos mil veinticinco, sus Magistrados integrantes, desecharon dicho medio de impugnación, con base en las siguientes consideraciones:

“TERCERO. Por ser una cuestión de orden público, se analizará de oficio, la legitimación de la autoridad recurrente, Subdirectora de lo Contencioso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para interponer el recurso de revisión.

En principio, importa tener presente que el recurso de revisión fiscal fue interpuesto en representación de la autoridad demandada por la ‘Subdirectora de lo Contencioso’, en los siguientes términos:

(...)

En ese sentido, en el caso se advierte que quien acude ante este Tribunal Colegiado es **********, quien se ostenta como representante de la autoridad demandada, con fundamento en los artículos 5°, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 23, fracciones XI y XIV, 25 y 50 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y punto 6.1, función 1 del Manual de Organización General de ese Instituto.

A fin de continuar con el estudio propuesto, conviene citar lo que al respecto establecen los artículos 4, fracción I, inciso f), 23, fracción VI, 25, 50, 51, fracciones XXIII y XXIV y 59, primer párrafo, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, vigente a la fecha de interposición del recurso, que se transcriben a continuación:

(...)

De los preceptos transcritos se advierte que dentro de la unidades administrativas que conforman el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encuentra la Dirección Jurídica, la cual es la encargada de representar al Instituto para defender sus intereses, patrimonio y derechos ante los Tribunales; que cada unidad administrativa estará encabezada por un Director o Titular, quien se puede auxiliar en el ejercicio de sus atribuciones por coordinadores, subdirectores, subcoordinadores, jefes de servicios, jefes de departamento, oficinas de representación y demás personal conforme a la estructura orgánica autorizada; y que sus facultades pueden ser delegadas a los servidores públicos bajo su mando en términos del acuerdo delegatorio correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Se observa también que cada Director o Titular en caso de ausencia designarán a un servidor público de nivel inmediato inferior para la atención de los asuntos, y en caso de suplencia el superior jerárquico designará al encargado de despacho de la unidad administrativa conforme a la normativa aplicable.

Entonces, el Director Jurídico para el ejercicio de sus funciones de representación legal del Instituto las puede llevar a cabo por sí; puede delegarlas a los funcionarios bajo su mando a través de un acuerdo publicado en el medio de comunicación oficialcorrespondiente; o bien, en sus ausencias puede designar a un servidor público de rango inmediato inferior, y en caso de suplencia el superior jerárquico puede designar al encargado de despacho conforme a la norma aplicable.

De igual manera, se advierte que el Director General del Instituto cuenta la atribución de expedir manuales de organización necesarios para la operación del organismo; y que puede delegar las facultades con que cuenta que no tengan el carácter de indelegables, para lo que puede emitir acuerdos delegatorios u otorgar poderes generales o especiales.

De lo anterior se colige que es factible la coexistencia tanto del Estatuto Orgánico como de los manuales de organización que al efecto se establezcan, siempre y cuando, atendiendo al principio de subordinación jerárquica, el manual de organización sea acorde a lo previsto en el estatuto.

En el caso, la recurrente refiere estar legitimada para representar a la autoridad demandada, conforme al punto 6.1, función 1 del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, no manifiesta actuar por delegación de facultades ni en suplencia por ausencia de un diverso servidor público del Instituto demandado.

Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que el Estatuto Orgánico del Instituto en mención no prevé la existencia de la subdirectora o subdirector de lo contencioso, lo que implica que quien interpone el recurso de revisión de que se trata carece de legitimación para tal efecto, al no estar prevista como unidad encargada de la defensa jurídica del Instituto demandado.

No es óbice para concluir lo anterior, el que la recurrente refiera que su facultad de representación deriva del punto 6.1, función 1 del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lo anterior se determina de esta manera, ya que dicho Manual fue expedido el veinticuatro de diciembre de dos mil diez y publicado en Diario Oficial de la Federación el treinta de ese mes y año, conforme a la normatividad que en esa época regulaba la integración de las unidades administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre ellas, el Estatuto Orgánico del propio Instituto vigente en ese momento. Por su parte, el punto 6.1, función 1 del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su texto original establecía lo siguiente:

(...)

Al respecto, resulta un hecho notorio para este órgano colegiado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que el numeral 6, del citado Manual fue abrogado por el diverso ACUERDO POR EL QUE SE ACTUALIZA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA PARTE RELATIVA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves treinta de agosto de dos mil dieciocho, con la salvedad expresa respecto de la ‘Coordinación Administrativa’ (6.0.1).

Dentro de los motivos que en ese acuerdo se señalan para llevar a cabo esa modificación se hace referencia a la reforma efectuada al Estatuto Orgánico de dicho Instituto en vigor a partir del veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete.

Asimismo, es de precisar que de una revisión efectuada a la normativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación, se advierte que la última modificación que se realizó alManual de referencia, que refirió únicamente a la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital, se hizo pública en ese medio oficial de difusión el once de octubre de dos mil dieciocho, es decir, con anterioridad a la publicación del Estatuto Orgánico vigente a la fecha de interposición del recurso de que se trata e, inclusive, antes de que entrara en vigor el Estatuto Orgánico anterior al ahora vigente que es abrogado mediante el artículo Segundo transitorio de este último.

Ahora bien, los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se emitió el anterior Estatuto Orgánico en cita, establecían:

(...)

De dichos preceptos se advierte que fue derogado el anterior Estatuto Orgánico del Instituto, así como todas las disposiciones que se opusieran a lo dispuesto a ese nuevo Estatuto.

En las relatadas condiciones, si en ese anterior Estatuto Orgánico se establecía una organización del Instituto diferente a la que se contiene en el Manual de referencia ya que, incluso, dejó de considerar la existencia legal de la Dirección Jurídica a la que se incorporaba la Subdirección de lo Contencioso para establecer una Dirección Normativa de Procedimiento Legales, es evidente que dicho Manual se trata de una disposición que se oponía a ese Estatuto y, por ende, debe considerarse derogado, máxime que, inclusive, como se ha visto, previamente se había abrogado el numeral que en dicho Manual establecía la existencia de esa Subdirección de lo Contencioso.

Por lo anterior, el Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado invocado por la recurrente no faculta o legitima a la Subdirectora de lo Contencioso, para interponer el presente recurso de revisión fiscal.

Aunado a lo anterior, conforme al numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se advierte que el legislador ordinario estableció el recurso de revisión fiscal como un mecanismo de defensa excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia se condicionó a la satisfacción de ciertos requisitos formales y procesales, como el relativo a la legitimación, que se otorgó a la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica que se reitera, corresponde a la Dirección Jurídica.

Resulta pertinente informar que los artículos 5 y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, refieren lo siguiente:

(...)

Del primer artículo transcrito, se desprende que la representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica; así como que las autoridades podrán nombrar delegados que tendrán la facultad de hacer promocionesinterponer recursos.

Por su parte, el diverso arábigo 63 transcrito establece quiénes pueden interponer el recurso de revisión fiscal y precisa que será la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica.

De la interpretación de los artículos anteriores se obtiene que la legitimación para recurrir la sentencia únicamente la posee la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Instituto conforme a la normatividad que lo regula, no así un apoderado legal o delegado.

De modo que se puede afirmar que la recurrente carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal.

No es obstáculo a la anterior determinación, lo considerado en la jurisprudencia 2a./J. 182/2009, de rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DEL ISSSTE TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL DIRECTOR JURÍDICO.’, ya que de la contradicción de tesis 310/2009 de la que derivó, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se basó para emitirla en disposiciones diferentes a las ahora vigentes que regulan la organización interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En ese sentido, se obtiene que la legitimación para recurrir la sentencia únicamente la posee la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Instituto conforme a la normatividad que lo regula.

Tampoco es obstáculo a lo anterior, que la recurrente también sustenta su legitimación en el Acuerdo por el que la persona Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delega en las personas servidoras públicas de la Dirección Jurídica, las facultades que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de julio de dos mil veinticuatro.

Lo anterior porque como ya se precisó, la determinación consistente en que la Subdirectora de lo Contencioso carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión fiscal se sustenta esencialmente en que el Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que preveía la existencia de la Subdirección de lo Contencioso precisamente en su punto 6.1, función 1, –invocado por la autoridad recurrente– quedó abrogado con la publicación del diverso Acuerdo por el que se actualiza el Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la parte relativa a la Dirección Jurídica, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil dieciocho.

En efecto, dicho Acuerdo, en la parte que interesa, es del tenor literal siguiente:

(...)

En atención a ello, la referida mención realizada en la parte considerativa del acuerdo delegatorio a las Subdirecciones de lo Contencioso se considera insuficiente para tener como existente a la autoridad que presenta el recurso de revisión fiscal, esto es, a la Subdirectora de lo Contencioso, toda vez que dicha alusión, por sí sola, no tiene el alcance de crear una autoridad que no está prevista en algún otro instrumento.

Conviene mencionar que del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, únicamente se desprende la atribución del Director General para delegar, a través de acuerdos delegatorios o poderes generales especiales, aquellas facultades y atribuciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos le confieran expresamente y que no tengan el carácter de indelegables.

Sin que la autoridad recurrente invoque alguna otra disposición de la que se desprenda la existencia de la Subdirectora de lo Contencioso, autoridad que presenta el recurso de revisión fiscal, pues se limita a afirmar dogmáticamente que su legitimación deriva del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Al respecto, como se precisó en líneas precedentes, los artículos 4, fracción I, inciso f), 23, fracción VI, 25, 50, 51, fracciones XXIII y XXIV y 59, primer párrafo, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de dos mil veintitrés, de tales disposiciones no se advierte la existencia de la Subdirección de lo Contencioso.

Como apoyo de lo anterior, conviene traer a contexto lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 226/2010, en sesión de veinticinco de agosto de dos mil diez, en la que el Máximo Tribunal analizó la legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal mediante facultades conferidas a través de acuerdos delegatorios y concluyó que si el marco normativo aplicable a una institución o dependencia faculta a quien la represente o a las autoridades encargadas de su defensa jurídica para expedir acuerdos en que deleguenesas atribuciones, deben ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación, hecho lo cual, se confiere legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a las autoridades o funcionarios designados en el acuerdo; en virtud de que no se trata de un acto de naturaleza administrativa porque no tiende a regular el funcionamiento interno de la institución o dependencia de la que provengan, ni reglamenta, regula o establece cuestiones de tipo administrativo en determinadas áreas que la integren, sino que es un instrumento jurídico que contiene una delegación de facultades de defensa jurídica.

Así está establecido en la tesis 2a. XCII/2010, de rubro: REVISIÓN FISCAL. LOS ACUERDOS DELEGATORIOS DE FACULTADES CONFIEREN LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33813-d4d113ff/recurso-de-revision-fiscal-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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