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Modo: Corpus Pro

INCREMENTOS DE LA PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ALCANCE DEL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, INCISO C, ÚLTIMA PARTE DEL PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO SON PAGADOS INCORRECTAMENTE EN BENEFICIO DEL PENSIONADO, POR NO SER COMPATIBLES CON EL RÉGIMEN QUE LE CORRESPONDE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2021. · Registro digital (IUS): 30196
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-11-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II , Pág. 1881.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 70/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 11 DE AGOSTO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; LUIS MARÍA AGUILAR MORALES MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito; sin que se estime necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

6. Debe precisarse que la competencia para resolver el presente asunto se fundamenta en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, en atención a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de la fecha citada, ya que la contradicción inició con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa de la materia.[1]

7. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por un Magistrado integrante del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual emitió uno de los criterios en conflicto.

8. TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada se estima conveniente analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.

9. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

10. Conoció de la revisión fiscal 300/2020, interpuesta por el director normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en contra de la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 23825/19-17-07-6 del índice de la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

11. Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:

12. Ante la negativa de dar contestación al escrito con el cual solicitó la aplicación de los incrementos a la cuota pensionaria, en términos de lo estipulado en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, Amanda Montenegro Cardoza demandó su nulidad ante las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

13. De ese asunto le correspondió conocer a la Séptima Sala Regional Metropolitana, bajo el número de expediente 23825/19-17-07-6.

14. Una vez producida la ampliación de la demanda y seguido el trámite correspondiente, el veintiuno de agosto de dos mil veinte se dictó sentencia en la que se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada.

15. Inconforme con dicha resolución, el director normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso el recurso de revisión fiscal 300/2020, del que conoció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En sesión pública celebrada vía remota a través de videoconferencia en la plataforma CISCO WEBEX, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dicho órgano colegiado pronunció sentencia en la que se declaró procedente y parcialmente fundado el recurso de revisión fiscal.

16. Ahora, para lo que aquí interesa, por lo que ve al estudio del agravio en el que se cuestionó la determinación de la Sala responsable en el sentido de que al momento de calcular la cuota pensionaria no se fueran a desconocer los porcentajes de incremento ya aplicados en beneficio del pensionado, con independencia de que éstos no correspondieran a la modalidad a que legalmente tenía derecho; en la referida ejecutoria el órgano colegiado resolvió lo siguiente:

17. "... A efecto de determinar lo fundado o infundado del agravio en estudio, es necesario destacar que en la sentencia recurrida, en lo que se interesa, la Sala precisó que la autoridad debía respetar los porcentajes de incremento ya aplicados a la pensión de la enjuiciante que fueran superiores a los que le correspondían, en atención al principio non reformatio in peius; esto es, los incrementos ya aplicados en mayor beneficio de la actora, no podían desconocerse, eliminarse o sacarse de la esfera de derechos ya adquiridos, por lo que debían respetarse, al haberse otorgado de manera directa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en beneficio del pensionado y en observancia al principio de progresividad.

18. "Agregó la Sala que la autoridad demandada al no haber acreditado que aplicó debidamente a la cuantía de la pensión de la actora los incrementos en los términos mencionados, debía respetar los incrementos ya otorgados por el propio instituto en mayor beneficio de la actora, al tratarse de derechos adquiridos, ya que han ingresado al patrimonio de la demandante y no podían ser desconocidos o modificados de acuerdo a los principios de progresividad y de non reformatio in peius, teniendo en consideración que la pensión debía evolucionar sólo modificando los porcentajes de incremento que no se hayan aplicado y que no resulten en mayor beneficio de la actora.

19. "Lo que evidencia que la Sala del conocimiento efectivamente determinó que en aplicación del principio non reformatio in peius, la autoridad demandada no podía modificar los porcentajes de incremento que hubiera aplicado a la cuota pensionaria de la actora, aun cuando fueran mayores a los que legalmente le correspondían conforme a la modalidad aplicable en la fecha en que se pensionó.

20. "Determinación que es incorrecta, en tanto que si bien el principio de mérito implica que no está permitido a los órganos jurisdiccionales agravar la situación de los gobernados; no menos cierto lo es que ello únicamente debe traducirse en que si al realizarse los cálculos correctos conforme a la modalidad que legalmente le corresponda al beneficiario, se obtiene que la cantidad pagada es mayor a la que tenía derecho, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no puede efectuar cobro alguno.

21. "Pero no se refiere el principio de mérito a que no puedan modificarse los porcentajes aplicados, en tanto que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sólo pueden incrementarse conforme a la modalidad que se encontraba vigente al momento en que se obtuvo el derecho a la pensión y no una distinta, aun cuando genere mayor beneficio.

22. "Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 342/2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, en lo que interesa: (se transcribe contenido).

23. "Ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 33/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 41, Tomo I, abril de dos mil diecisiete, página novecientos cuarenta y nueve, que resulta aplicable al caso en lo conducente y que establece:

24. "‘INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA. El artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, señala que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y, posteriormente, mediante reforma vigente a partir del 1 de enero de 2002, establece que se adopta para tales fines el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en proporción al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, según sea el referente que resulte de mayor beneficio. Ahora bien, en virtud de la fecha en que entró en vigor esa modificación legislativa, quienes se pensionaron con anterioridad a ella solamente adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones conforme al aumento del salario mínimo aludido, por lo que no les es aplicable retroactivamente el citado precepto, habida cuenta que la jubilación no es un derecho surgido por el solo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto del pago de las cotizaciones, sino que constituye una mera expectativa de derecho que se concreta hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya que la incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de las personas se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos. Por tanto, mientras no exista un mandato expreso del legislador para incorporar entre los destinatarios de la norma a los pensionados con anterioridad, el parámetro que legalmente les corresponde a sus incrementos es el previsto en función del salario mínimo, el cual no puede sustituirse, vía interpretativa, por un sistema indexado o el homologado con quienes se encuentran laboralmente en activo, porque sería tanto como desconocer el principio constantemente reiterado en el sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente al momento de otorgarse, y asignar a la ley un efecto retroactivo que no tuvo en mente el autor de la reforma respectiva.’

25. "Lo que permite concluir, como se ha señalado, que en el caso de que, al incrementar una pensión, el Instituto haya aplicado porcentajes que no corresponden a la modalidad a que legalmente tenga derecho el pensionado, aun cuando le sean benéficos, no pueden subsistir al declararse la nulidad de ese acto, en tanto que ello redundaría en detrimento de la esfera jurídica y del patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

26. "En ese orden de ideas, lo procedente es declarar fundado el agravio en estudio, a efecto de que la Sala del conocimiento deje insubsistente la sentencia recurrida y, en su lugar, emita otra en la que únicamente modifique su determinación en cuanto a la aplicación del principio non reformatio in peius, precisando que en el caso de que al calcular correctamente la cuota pensionaria de la parte actora, conforme a la modalidad que legalmente corresponda, se obtenga una diferencia a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, éste no podrá efectuar cobro alguno a la pensionada; pero sí deberá establecer, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, los porcentajes de incremento que legalmente le correspondan, aun cuando éstos sean menores a los que ya le había reconocido ..."

27. II. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

28. Conoció de la revisión fiscal 40/2020, interpuesta por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en contra de la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 416/19-21-01-4-OT del índice de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

29. Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:

30. Ante la negativa de dar contestación al escrito con el cual solicitó el ajuste del monto de su pensión y de sus respectivos incrementos, María Mercedes Gazcón Rodríguez demandó la nulidad ante la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, misma que radicó dicho asunto bajo el número de expediente 416/19-21-01-4-OT.

31. Una vez producida la ampliación de la demanda y seguido el trámite correspondiente, el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve dictó sentencia en la que declaró la nulidad de los incrementos aplicados por la autoridad demandada y la condenó para que le aplicara aquellos a que tenía derecho la parte actora.

32. Inconforme con dicha resolución, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso el recurso de revisión fiscal 40/2020, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. En sesión celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte el órgano colegiado pronunció sentencia en la que confirmó la sentencia recurrida.

33. Por lo que ve al estudio del agravio en el que se cuestionó, básicamente, la determinación de la Sala responsable en el sentido de que al momento de calcular la cuota pensionaria no se debían desconocer los porcentajes de incremento ya aplicados en beneficio del pensionado; en la referida ejecutoria el Tribunal resolvió lo siguiente:

34. "... Por último, en el agravio segundo la autoridad recurrente afirma que la sentencia recurrida viola el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la Sala Administrativa de manera indebida determinó que la autoridad al recalcular su cuota de pensión no debía desconocer los incrementos que le hayan sido aplicados y que le generen mayor beneficio atendiendo al principio non reformatio in peius y a la teoría de los derechos adquiridos.

35. "Señala que tal condena transgrede el principio de legalidad y congruencia, toda vez que la obliga a incrementar la cuota de pensión de la parte actora conforme al artículo 57 de la Ley del ISSSTE, el cual sólo contempla el incremento de las pensiones conforme al incremento de los sueldos básicos de los trabajadores en activo o al índice Nacional de Precios al Consumidor, sin contemplar parámetro diferente para que las pensiones sean incrementadas, por lo que es ilegal que se le obligue a considerar porcentajes de incremento que no corresponden a los sueldos básicos de los trabajadores en activo o al mencionado índice nacional.

36. "Refiere que lo que se considera como derecho adquirido es el otorgamiento de la pensión de la demandante y accesoriamente la forma en que ésta debía incrementarse, no así los porcentajes de incremento que le eran aplicados a dicha pensión, pues los mismos eran susceptibles de ser modificados; que si la autoridad modifica los incrementos que no estaban apegados a derecho, ello no implica que se transgredan derechos adquiridos de la parte actora, pues nunca se le deja de reconocer su derecho a recibir una pensión y que ésta debe ser incrementada conforme al sueldo básico de los trabajadores en activo, por ser el paramento de incremento contenido en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE, vigente en el momento en que se otorgó la pensión.

37. "Los anteriores argumentos resultan infundados.

38. "En efecto, la parte relativa de la sentencia recurrida, en la que la Sala plasmó las consideraciones que combate la recurrente en la parte del agravio que se contesta, señaló:

39. "‘... Se hace la precisión que si bien en líneas previas se indicó que el incremento porcentual de la pensión de la parte actora, conforme a la ley vigente cuando se le otorgó ésta, era conforme al aumento de los sueldos básicos de los trabajadores en activo del puesto que desempeñaba el actor o, bien, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, otro tanto es que tampoco se pasa por alto que si la autoridad, a pesar de no ser el que se encuentra reflejado en las propias constancias de evolución salarial que exhibió, otorgó y aplicó dichos incrementos, deben considerarse para efecto de determinar si lo pagado por la autoridad por concepto de pensión a la actora es correcto o no, pues no podría desconocérsele un derecho que la autoridad misma le reconoció y otorgó. ...

40. "‘En las relatadas consideraciones, es menester precisar que el porcentaje de incremento que se debe aplicar, año con año, atendiendo al que le resultara más favorable al pensionado, para realizar el cálculo del incremento de pensión que se la ha pagado al demandante es el indicado en la última columna de la tabla recién insertada por ser los que resultan mayores, dando como resultado la aplicación de dichos porcentajes de aumento que legalmente le corresponden y que, se insisten, más beneficio le otorgan de entre a) índice nacional de precios al consumidor, b) los trabajadores en activo y c) el pagado y reconocido por la propia autoridad que, como ya se dijo, al haberse otorgado en esos años; constituyen resoluciones favorables que ya entraron en el patrimonio de la demandante y que esta Juzgadora no puede desconocer. ...’ (foja 137 vuelta del juicio de nulidad).

41. "Determinación que debe estimarse acertada, porque atendiendo a los efectos de la sentencia de nulidad, debe tomarse en cuenta que el principio non reformatio in peius a que hace alusión la autoridad recurrente, implica que no está permitido a los órganos jurisdiccionales agravar la situación de los gobernados; por lo tanto, debe entenderse que cuando en el juicio contencioso administrativo un pensionado demanda el incremento de su pensión y obtiene sentencia favorable, en observancia al mencionado principio, la decisión que se dicte al respecto no puede arrojar un monto menor al percibido hasta entonces, dado que el objeto del procedimiento consiste en ajustar la suma diaria a que el pensionado tiene derecho, corrigiéndola a través del incremento correspondiente, cuya omisión fue causa determinante de la ilegalidad que condujo a la procedencia de ajustar la cuota diaria de pensión y de ordenar el pago de las diferencias que en su caso resultaran.

42. "Entonces es correcto y no causa agravio a la recurrente, el que la Sala hubiese determinado que declaraba la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, para el efecto de que la demandada emitiera una nueva en la que, entre otras cuestiones, si la autoridad demandada al aplicar los incrementos a que la parte actora tiene derecho, advierte que existieron periodos en los cuales incrementó en mayor proporción la cuota diaria a la que tiene derecho la actora, deberá seguir considerando dicho incremento sin que pueda aplicar un porcentaje menor al ya reconocido, por lo cual, debe considerar y conservar los incrementos mayores que el Instituto demandado hubiese otorgado previamente, conforme a lo previsto en el artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que, en ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada, es decir, el acto impugnado no puede ser modificado con un perjuicio mayor para el recurrente en comparación con la cuota pensionaria que ya tenía asignada.

43. "En apoyo a lo anterior, es de citar la tesis con número de registro digital 2005500, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, consultable en la página dos mil cuatrocientos setenta y uno del Libro Tres, Tomo Tercero, correspondiente al mes de febrero de dos mil catorce de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE DEMANDA EL INCREMENTO O AJUSTE DEL MONTO DE LA CUOTA DIARIA RELATIVA, POR NO HABERSE INTEGRADO CORRECTAMENTE, LA DECISIÓN QUE SE ASUMA RESPECTO DE LA SENTENCIA FAVORABLE NO PUEDE ARROJAR UN MONTO MENOR AL PERCIBIDO HASTA ENTONCES. Cuando en el juicio contencioso administrativo un pensionado demanda el incremento o ajuste del monto de la cuota diaria de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por no haberse integrado correctamente y obtiene sentencia favorable, no debe perderse de vista que, en observancia al principio non reformatio in peius, la decisión que se asuma al respecto no puede arrojar un monto menor al percibido hasta entonces, dado que el objeto del procedimiento consiste en ajustar la suma diaria a que el pensionado tiene derecho, corrigiéndola a través del incremento correspondiente y ordenar el pago de las diferencias que resulten.’."

44. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa el generar seguridad jurídica.

45. De diversos criterios de esta Suprema Corte podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

46. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1) y la tesis P. XLVII/2009 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)

47. Es necesario que los Tribunales Colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

48. En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

49. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

50. Aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia. Sirve de apoyo la tesis aislada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(3)

51. En ese sentido, esta Segunda Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados al resolver los asuntos de su conocimiento.

52. Se afirma lo anterior, porque del análisis de las ejecutorias transcritas se advierte que los referidos órganos colegiados se enfrentaron a una misma problemática jurídica, en la que tuvieron que resolver respecto del alcance del principio non reformatio in peius contenido en el artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, particularmente, cuando con motivo de la nulidad del acto en el que se demandó el incremento o ajuste del monto de la cuota diaria de pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (por no haberse aplicado el sistema de incremento que le correspondía al pensionado, en cuanto a los periodos en los que se aplicó un porcentaje menor al que tenía derecho), se desprendía que en ciertos periodos también existían porcentajes de incremento aplicados incorrectamente en beneficio del pensionado, que no correspondían a la modalidad que legalmente le era aplicable.

53. Ante lo cual, asumieron posicionamientos antagónicos con respecto a ese punto de derecho.

54. Así es, según se pudo observar, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el asunto de su conocimiento, sostuvo que resultaba incorrecta la determinación de la Sala responsable, al señalar que conforme al principio non reformatio in peius la autoridad demandada no podía modificar los porcentajes de incremento que hubiere aplicado a la cuota pensionaria de la actora, aun cuando fueran mayores a los que legalmente le correspondían conforme a la modalidad aplicable en la fecha en que se pensionó.

55. Mencionó que si bien conforme a dicho principio no estaba permitido a los órganos jurisdiccionales agravar la situación de los gobernados. Lo cierto era que, ello únicamente debía traducirse en que, si al realizar los cálculos correctos conforme a la modalidad que legalmente le correspondía al beneficiario, se obtenía que la cantidad pagada era mayor a la que tenía derecho, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no podía efectuar cobro alguno.

56. Empero, añadió, que ello no significaba que no pudieran modificarse los porcentajes aplicados, en tanto que era criterio de este Alto Tribunal, que las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, solamente, podían incrementarse conforme a la modalidad que se encontraba vigente al momento en que se obtuvo el derecho a la pensión y no a una distinta, aun cuando generaran mayor beneficio.

57. Así las cosas, concluyó en el sentido de que, en caso de incrementar una pensión, el Instituto demandado hubiese aplicado porcentajes que no correspondían a la modalidad a que legalmente tenía derecho el pensionado, aun cuando le fueran benéficos, no podían subsistir al declarar la nulidad de ese acto, en tanto que ello redundaría en detrimento de la esfera jurídica y del patrimonio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

58. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el asunto de su conocimiento arribó a una posición contraria.

59. Señaló que conforme al principio non reformatio in peius no estaba permitido a los órganos jurisdiccionales agravar la situación de los gobernados.

60. Agregó, que ello debía entenderse que cuando en el juicio contencioso administrativo un pensionado demandaba el incremento de su pensión y obtenía sentencia favorable, en observancia al mencionado principio, la decisión que se llegare a dictar al respecto no podía arrojar un monto menor al percibido hasta entonces, debido a que el objeto del procedimiento consistía en ajustar la suma diaria a que el pensionado tenía derecho, corrigiéndola a través del incremento correspondiente, cuya omisión fue causa determinante de ilegalidad que condujo a la procedencia de ajustar la cuota diaria de pensión y de ordenar el pago de las diferencias que en su caso resultaran.

61. Señaló que en el caso específico, resultaba correcto que la Sala responsable hubiese determinado que declaraba la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, para el efecto de que la demandada emitiera una nueva en la que, entre otras cuestiones, si la autoridad demandada al aplicar los incrementos a que la parte actora tenía derecho, advirtiere que existieron periodos en los cuales incrementó en mayor protección la cuota diaria a la que tenía derecho la actora, debiera seguir considerando dicho incremento, sin que pudiera aplicar un porcentaje menor al ya reconocido, por lo cual, debía considerar y conservar los incrementos mayores que el Instituto demandado hubiese otorgado, previamente, conforme a lo previsto en el artículo 57, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido que, en ningún caso el nuevo acto administrativo podía perjudicar más al actor que la resolución anulada, es decir, el acto impugnado no podía ser modificado con un perjuicio para el recurrente en comparación con la cuota pensionaria que ya tiene asignada.

62. Bajo este orden de ideas, tal como se anticipó, a juicio de esta Segunda Sala los ejercicios interpretativos emprendidos por los órganos colegiados contendientes colisionan en un mismo punto jurídico; ya que mientras que para el primero de ellos, la nulidad de ese acto debe tener como efecto, el que la demandada, al calcular nuevamente la cuota de pensión, modifique aquellos porcentajes de incremento aplicados incorrectamente en mayor beneficio del pensionado.

63. Para el referid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30196-e5fb04cc/incrementos-de-la-pension-otorgada-por-el-issste · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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