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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA O EL OFENDIDO DEL DELITO, AUN CUANDO NO HUBIERE AGOTADO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 25634
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-05-22
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III , Pág. 1733.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUCILA CASTELÁN RUEDA, ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN, ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO Y SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. PONENTE: ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO. SECRETARIO: JORGE RAMÓN DÍAZ DE LEÓN GUTIÉRREZ.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Análisis de presupuestos procesales.

8. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; toda vez que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de los Tribunales Colegiados de este circuito.

9. Legitimación de los denunciantes. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis.

SEGUNDO. Criterios contendientes y existencia de la contradicción de tesis.

10. Es pertinente destacar las consideraciones expuestas en las ejecutorias, de las que emanaron los criterios, que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.

11. Las consideraciones medulares relacionadas al caso, emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el recurso de queja penal **********, fueron las siguientes:

"De la lectura del auto impugnado, se advierte que la razón por la que el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo promovida por el mencionado ********** en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa número **********, obedeció a que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, al no haber agotado previamente a la promoción del amparo el recurso de inconformidad y el juicio contencioso previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, por lo cual se actualizaba la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, y sin que en el caso fuera aplicable la jurisprudencia 1a./J. 95/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INCONFORMIDAD CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN RECURSO OPTATIVO POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.’

"Pues bien, contrariamente a lo determinado por el Juez de Distrito, las razones que informan a la citada jurisprudencia sí son aplicables en el caso concreto, y conducen a estimar que el peticionario del amparo no estaba obligado a agotar previamente a la promoción del amparo los medios ordinarios de defensa contemplados por el referido artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado.

"Así es, en la jurisprudencia de mérito,(1) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que el medio de defensa sea legal y que a través de él pueda modificarse o revocarse el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión definitiva.

"A partir de lo cual, la Primera Sala concluyó que el recurso de inconformidad contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como en los diversos 63 y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal, no es obligatorio agotarlo previamente a la promoción del juicio de amparo, porque: a) es un medio de defensa que se tramita en la vía administrativa -ante la citada procuraduría- y no en la jurisdiccional, como lo ordena el artículo 21 de la Constitución Federal; b) no está previsto en una ley en sentido formal y material; y, c) no establece presupuestos de suspensión.

"Y ello, ciertamente, se actualiza en el caso del recurso de inconformidad previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes (publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de agosto de dos mil doce), que dice:

"‘Finalizada una indagatoria, si el Ministerio Público concluye el no ejercicio de la acción penal, elaborará la propuesta de determinación correspondiente, de manera fundada y motivada. Dicha propuesta será sometida a la consideración del subprocurador que corresponda. Si el subprocurador no autoriza la propuesta de determinación del Ministerio Público, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la propuesta, a efecto de que continúe con su integración.

"‘Si el subprocurador autoriza la propuesta de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la propuesta, a efecto de notificar la determinación a la víctima u ofendido, quienes contarán con diez días, a partir de la notificación, para presentar su inconformidad por escrito ante el procurador.

"‘El escrito de inconformidad deberá señalar el número de la indagatoria correspondiente, una relación sucinta de los hechos, los preceptos legales, cuyo incumplimiento se reclama, los argumentos jurídicos correspondientes, así como las peticiones finales.

"‘El procurador resolverá la inconformidad a través de los auxiliares que establezca el reglamento de esta ley, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos legales, así como los méritos expuestos por las personas inconformes.

"‘Si el procurador resuelve la procedencia de la inconformidad, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la determinación inicial, a efecto de que continúe la indagatoria. La resolución del procurador sobre la improcedencia de la inconformidad podrá ser impugnada por la víctima u ofendido ante la Sala Administrativa y Electoral.’ (el subrayado es añadido)

"Se afirma lo anterior, porque si bien el recurso de inconformidad (a diferencia del previsto en el Distrito Federal) se encuentra contemplado en una ley en sentido formal y material, lo cierto es que de la lectura del propio precepto se advierte que es un medio de defensa que se tramita en la vía administrativa (precisamente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y es su titular, a través de sus auxiliares, quien lo resuelve) y no en la jurisdiccional, como lo ordena el artículo 21 de la Constitución Federal; además de que de ninguna manera se prevén los presupuestos para la suspensión del acto.

"Esto es, las mismas razones que fueron destacadas por el Alto Tribunal bajo los incisos a) y c), respecto del recurso de inconformidad previsto en la normatividad del Distrito Federal, imperan para el contemplado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, en cuanto a que del propio numeral se obtiene, por un lado, que el medio de defensa no es tramitado en la vía jurisdiccional, sino en la administrativa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y, por el otro, nada se prevé en cuanto a la suspensión del acto.

"Por ello, aunque el medio de defensa se encuentre previsto en una ley en sentido formal y material, de todas maneras no se satisfacen los otros dos presupuestos a que se refiere la jurisprudencia 1a./J. 95/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo que conduce a estimar, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, que no era obligatorio para el peticionario del amparo que antes de acudir a la instancia constitucional, agotara el recurso de inconformidad contemplado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado.

"Sin que sea obstáculo a esta conclusión, lo señalado por el a quo acerca de que si bien el recurso de inconformidad inicia en sede administrativa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero que concluye en sede jurisdiccional mediante juicio contencioso en la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado; pues de la lectura del propio artículo 33, se advierte que para que así acontezca la víctima, necesariamente, deberá promover, en primer lugar, el multicitado recurso de inconformidad y, en caso de serle desfavorable, entonces tendrá a su alcance la vía jurisdiccional ante la mencionada Sala; mas no puede acudir, desde ya y soslayando el recurso de inconformidad, ante dicha Sala a combatir la determinación de no ejercicio de la acción penal; mucho menos se prevé que la víctima pueda hacer valer, a su elección, uno u otro medios de defensa.

"Así pues, el Juez de Distrito partió de una premisa incorrecta para tener por colmados los presupuestos a que se refieren los incisos a) y c) de la jurisprudencia 1a./J. 95/2009, y que lo llevaron a concluir que en el caso el medio ordinario de defensa sí se prevé en la vía jurisdiccional (ante la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado) y que la normatividad que lo prevé (Ley del Procedimiento Contencioso para el Estado) no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión del acto; toda vez que, en todo caso, para que ello se pudiese actualizar, sería necesario que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado dispusiera que la víctima podría combatir la determinación de no ejercicio de la acción penal, a su elección, ya fuese vía recurso de inconformidad o bien, en juicio contencioso; pero, como ha quedado visto, no es así.

"De suerte que al tener la víctima la carga de agotar, como incluso lo destacó el a quo, primeramente el recurso de inconformidad de que se trata, no es jurídicamente dable que se traten de colmar o tener por satisfechos los presupuestos de exigibilidad del agotamiento de un recurso, a partir de uno que le es diverso y posterior, como lo es el juicio contencioso ante la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado.

"Por tanto, en oposición a lo resuelto por el Juez de Distrito, debe concluirse que el quejoso no incumplió el principio de definitividad para acudir a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida en la averiguación previa **********, y por ello, es que no se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia."

12. De igual forma, el propio Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión penal **********, revocó el fallo recurrido y negó el amparo, atento -en lo que interesa para la presente contradicción- a las consideraciones medulares siguientes:

"... de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que la Jueza Tercera de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo por considerar que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Para llegar a esa determinación la juzgadora esencialmente consideró:

"• Que dentro de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, existe el denominado principio de definitividad, que supone el ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de modo tal que, de existir dicho medio ordinario de impugnación, sin ser interpuesto, el juicio de amparo es improcedente.

"• Que en el caso, la parte quejosa reclama del subprocurador de averiguaciones previas del Estado, la autorización de la consulta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa número **********. Y que respecto al referido acto reclamado, no procede el estudio de la cuestión de fondo, en virtud de que se actualiza una causal de improcedencia que lo impide, la cual es invocada de oficio, de conformidad artículo 62 de la Ley de Amparo.

"• Por tanto, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en su contra procedía el recurso de inconformidad, el cual resuelve el procurador general de Justicia de Estado, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes. Aunado a que en contra de la resolución que emita el procurador general de Justicia del Estado, procede el juicio de nulidad ante la Sala Administrativa y Electoral del Estado.

"• Y sin que en el caso fuera aplicable la jurisprudencia 1a./J. 95/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INCONFORMIDAD CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN RECURSO OPTATIVO POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.’

"Contrariamente a lo determinado por la Jueza de Distrito, este Tribunal Colegiado ya se ha pronunciado al respecto, al resolver en la sesión de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, el recurso de queja penal 16/2014.

"En tal sentido, las razones que informan a la jurisprudencia citada con anterioridad, sí son aplicables en el caso concreto, y conducen a estimar que el peticionario del amparo no estaba obligado a agotar previamente a la promoción del amparo el medio ordinario de defensa contemplado por el referido artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado.

"Así es, en la jurisprudencia de mérito,(2) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que el medio de defensa sea legal y que a través de él pueda modificarse o revocarse el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión definitiva.

"A partir de lo cual, la Primera Sala concluyó que el recurso de inconformidad contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, previsto en el artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como en los diversos 63 y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal, no es obligatorio agotarlo previamente a la promoción del juicio de amparo, porque: a) es un medio de defensa que se tramita en la vía administrativa -ante la citada procuraduría- y no en la jurisdiccional, como lo ordena el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; b) no está previsto en una ley en sentido formal y material; y, c) no establece presupuestos de suspensión. Y ello, ciertamente, se actualiza en el caso del recurso de inconformidad previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, que dice:

"‘Artículo 33. Finalizada una indagatoria, si el Ministerio Público concluye el no ejercicio de la acción penal, elaborará la propuesta de determinación correspondiente, de manera fundada y motivada. Dicha propuesta será sometida a la consideración del subprocurador que corresponda.

"‘Si el subprocurador no autoriza la propuesta de determinación del Ministerio Público, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la propuesta, a efecto de que continúe con su integración.

"‘Si el subprocurador autoriza la propuesta de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la propuesta, a efecto de notificar la determinación a la víctima u ofendido, quienes contarán con diez días, a partir de la notificación, para presentar su inconformidad por escrito ante el procurador. El escrito de inconformidad deberá señalar el número de la indagatoria correspondiente, una relación sucinta de los hechos, los preceptos legales cuyo incumplimiento se reclama, los argumentos jurídicos correspondientes, así como las peticiones finales.

"‘El procurador resolverá la inconformidad a través de los auxiliares que establezca el reglamento de esta ley, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos legales, así como los méritos expuestos por las personas inconformes.

"‘Si el procurador resuelve la procedencia de la inconformidad, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la determinación inicial, a efecto de que continúe la indagatoria. La resolución del procurador sobre la improcedencia de la inconformidad podrá ser impugnada por la víctima u ofendido ante la Sala Administrativa y Electoral.’

"Se afirma lo anterior, porque si bien el recurso de inconformidad (a diferencia del previsto en el Distrito Federal) se encuentra contemplado en una ley en sentido formal y material, lo cierto es que de la lectura del propio precepto se advierte que es un medio de defensa que se tramita en la vía administrativa (precisamente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y es su titular, a través de sus auxiliares, quien lo resuelve) y no en la jurisdiccional, como lo ordena el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; además de que de ninguna manera se prevén los presupuestos para la suspensión del acto.

"Esto es, las mismas razones que fueron destacadas por el Alto Tribunal bajo los incisos a) y c) respecto del recurso de inconformidad previsto en la normatividad del Distrito Federal, imperan para el contemplado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, en cuanto a que del propio numeral se obtiene, por un lado, que el medio de defensa no es tramitado en la vía jurisdiccional, sino en la administrativa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y, por el otro, nada se prevé en cuanto a la suspensión del acto.

"Por ello, aunque el medio de defensa se encuentre previsto en una ley en sentido formal y material, de todas maneras no se satisfacen los otros dos presupuestos a que se refiere la jurisprudencia 1a./J. 95/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo que conduce a estimar, contrariamente a lo sostenido por la Jueza de Distrito, que no era obligatorio para el peticionario del amparo que antes de acudir a la instancia constitucional, agotara el recurso de inconformidad contemplado en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado.

"Sin que sea obstáculo a esta conclusión, la circunstancia de que el medio de defensa se encuentra previsto en una ley formal y material, como lo es la referida Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, y no en un reglamento o un acuerdo como se según se especifica en la jurisprudencia, y que en contra de la resolución del que emita el procurador general de Justicia del Estado, procede el juicio de nulidad ante la Sala Administrativa y Electoral del Estado; pues de la lectura del propio artículo 33 se advierte que para que así acontezca, la víctima, necesariamente deberá promover, en primer lugar, el multicitado recurso de inconformidad, y en caso de serle desfavorable, entonces tendrá a su alcance la vía jurisdiccional ante la mencionada Sala; mas no puede acudir, desde ya y soslayando el recurso de inconformidad, ante dicha Sala a combatir la determinación de no ejercicio de la acción penal; mucho menos se prevé que la víctima pueda hacer valer, a su elección, uno u otro medios de defensa.

"Así pues, no pueden tenerse por colmados los presupuestos a que se refieren los incisos a) y c) de la jurisprudencia 1a./J. 95/2009, y concluir que en el caso el medio ordinario de defensa sí se prevé en la vía jurisdiccional (ante la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado) y que la normatividad que lo prevé (Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado) no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión del acto; toda vez que, en todo caso, para que ello se pudiese actualizar sería necesario que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado dispusiera que la víctima podría combatir la determinación de no ejercicio de la acción penal, a su elección, ya fuese vía recurso de inconformidad, o bien, en juicio contencioso; pero, como ha quedado visto, no es así.

"De suerte que al tener la víctima la carga de agotar, primeramente el recurso de inconformidad de que se trata, no es jurídicamente dable que se traten de colmar o tener por satisfechos los presupuestos de exigibilidad del agotamiento de un recurso, a partir de uno que le es diverso y posterior, como lo es el juicio contencioso ante la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado.

"Por tanto, en oposición a lo resuelto por la Juez de Distrito, debe concluirse que el quejoso no incumplió el principio de definitividad para acudir a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida en la averiguación previa número **********, y por ello, es que no se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia.

"En tales condiciones, en la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida, que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo **********, dictada el veinte de febrero de dos mil catorce, por la Jueza Tercera de Distrito, y toda vez que no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo,(3) este Tribunal Colegiado de Circuito reasume jurisdicción y procede al estudio de los conceptos de violación.

"Con base en las razones expuestas, este órgano colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, el cual fue invocado por la juzgadora a quo como sustento de su resolución de sobreseimiento, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de tesis, para que el Pleno de este Trigésimo Circuito determine el criterio que debe prevalecer."

13. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión penal **********, estimó que fue correcto que el a quo haya sobreseído en el juicio de amparo respecto del acto reclamado al subprocurador de Averiguaciones Previas del Estado, relativo a la autorización de no ejercicio de la acción penal, porque no se agotó previamente el recurso ordinario previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, en base con las consideraciones que, en lo que interesa a esta contradicción, son las siguientes:

"33. Por otro lado, es cierto que las autoridades responsables, al rendir los informes justificados correspondientes no aludieron al principio de definitividad (al que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo), ni tampoco invocaron la existencia de algún motivo de improcedencia del juicio constitucional; sin embargo, los recurrentes pierden de vista que, como bien lo señaló el Juez de Distrito, el artículo 62 de la ley referida establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

"34. Además, es cierto que en la sentencia impugnada se aplicó (entre otras disposiciones) el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes y que tal norma es de menor jerarquía que la Constitución Federal; empero, debe tenerse presente que el principio de definitividad también tiene sustento en la Carta Magna, concretamente, en su artículo 107, fracción IV, que establece:

"‘IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.’

"35. A mayor abundamiento, como acertadamente lo consideró el Juez de Distrito, el principio referido se sustenta en la naturaleza misma del juicio de amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui géneris, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, se desnaturalizaría la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa.

"36. Más importante aún, es correcto el sobreseimiento decretado respecto del acto que fue reclamado al subprocurador de Averiguaciones Previas del Estado -consistente en la autorización de la consulta de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa referida- porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo,(4) pues en su contra procede el recurso de inconformidad, previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Aguascalientes, que dispone:

"‘Artículo 33. Finalizada una indagatoria, si el Ministerio Público concluye el no ejercicio de la acción penal, elaborará la propuesta de determinación correspondiente, de manera fundada y motivada. Dicha propuesta será sometida a la consideración del subprocurador que corresponda.

"‘Si el subprocurador no autoriza la propuesta de determinación del Ministerio Público, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la propuesta, a efecto de que continúe con su integración.

"‘Si el subprocurador autoriza la propuesta de no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la propuesta, a efecto de notificar la determinación a la víctima u ofendido, quienes contarán con diez días, a partir de la notificación, para presentar su inconformidad por escrito ante el procurador. El escrito de inconformidad deberá señalar el número de la indagatoria correspondiente, una relación sucinta de los hechos, los preceptos legales cuyo incumplimiento se reclama, los argumentos jurídicos correspondientes, así como las peticiones finales.

"‘El procurador resolverá la inconformidad a través de los auxiliares que establezca el reglamento de esta ley, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos legales, así como los méritos expuestos por las personas inconformes.

"‘Si el procurador resuelve la procedencia de la inconformidad, el expediente se regresará al agente que hubiere efectuado la determinación inicial, a efecto de que continúe la indagatoria. La resolución del procurador sobre la improcedencia de la inconformidad podrá ser impugnada por la víctima u ofendido ante la Sala Administrativa y Electoral.’

"...

"39. No pasa inadvertido que en el caso procede suplir la queja deficiente a favor de los quejosos-recurrentes, conforme el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, para que opere dicha institución procesal es indispensable verificar la procedencia del juicio para dar cumplimiento exacto a las normas que lo regulan, ya que tal figura jurídica no puede llegar al extremo de hacer procedente un medio de impugnación que conforme a la ley no lo es, es decir, para que opere tal beneficio no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que dicha suplencia sólo aplica respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio."

14. Corresponde ahora analizar si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer, con carácter de jurisprudencia.

15. Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25634-99909e7b/accion-penal-contra-la-resolucion-que-autoriza-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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