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Modo: Corpus Pro

PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 373, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 26 DE OCTUBRE DE 2013, AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE APORTAR EL 10% DE LA PENSIÓN O JUBILACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO SECTORIZADO, ES INCONVENCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 207/2015. · Registro digital (IUS): 25901
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-10-16
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Pág. 3451.

AMPARO EN REVISIÓN 207/2015. 14 DE JULIO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS SIERRA LÓPEZ. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ TORRES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-La sentencia recurrida se sustenta en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO (Competencia).-...SEGUNDO Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: ‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’.-En ese sentido, se tiene que en la demanda de amparo los quejosos, sustancialmente, se duelen de lo siguiente: a) La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de las reformas y adiciones realizadas a la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, contenidas en el Decreto 373, concretamente en su artículo tercero transitorio; actos que reclaman a las autoridades que intervienen en el proceso legislativo correspondiente; y, b) De igual modo, se tiene que a la Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí reclaman el acto concreto de aplicación del artículo tercero transitorio del citado decreto, en relación con el descuento del diez por ciento de su pensión, que les fue aplicado en el primer pago de su pensión mensual correspondiente al mes de enero de dos mil quince.-Siendo que en relación a ese acto, los quejosos igualmente reclaman la omisión de la autoridad, al no aplicarles el diverso artículo cuarto transitorio de dicho decreto, el cual obliga a que su pensión sea en un cien por ciento, además de que formulan conceptos de violación por vicios propios en contra de aquel acto.-TERCERO Son ciertos los actos atribuidos al Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Gobernador Constitucional del Estado, secretario general de Gobierno y director del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 373, por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, en particular respecto al artículo tercero transitorio de la misma, toda vez que así lo manifestaron dichas responsables al rendir sus respectivos informes justificados.-Máxime que las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con el contenido de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.-Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ’PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe).-De igual forma, es cierta la aplicación que de dicho artículo se atribuye a la Dirección de Pensiones del Estado, toda vez que así lo reconoce expresamente el director general de la misma y secretario ejecutor de la junta directiva de dicha dirección, al rendir su respectivo informe justificado; además, así se advierte de las documentales que acompañó dicha autoridad a su oficio agregado el once de marzo de dos mil quince, consistente en copias certificadas de las patentes de pensión a nombre de los aquí quejosos.-Finalmente, no obstante que la autoridad de mérito haya omitido referir si resultaba cierta o no la omisión que se le atribuye, debe tenerse como cierta ésta, traducida en la falta de aplicación del artículo cuarto transitorio que refieren los impetrantes.-CUARTO Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo.-Así, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, director general de la Dirección de Pensiones del Estado, sostiene que el juicio de amparo debe sobreseerse, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los quejosos no agotaron el principio de definitividad, al no recurrir la determinación de la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones en la que se le otorga la patente de pensión con el descuento de que se duelen, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Pensiones vigente.-En efecto, la citada autoridad indica que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.-Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ...’.-El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones administrativas respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa que pueda tener por objeto revocarlas o modificarlas; sin embargo, dicha exigencia no se actualiza en el presente caso, en virtud de que las patentes de pensión, aun cuando fueron emitidas por autoridades administrativas, y no se interpuso recurso alguno en su contra, no existía obligación de ello al optar, los aquí promoventes, por combatirlas como el primer acto de aplicación de una disposición general, como lo es la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí.-En efecto, si bien del artículo 110 de ese ordenamiento se desprende, como lo cita la autoridad, que en las resoluciones tomadas por la junta directiva en las que se considere que se afectan intereses, la persona que se encuentra legitimada podrá recurrirlas en los términos que establece la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí o, en su caso, ocurrir directamente ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, cuando se controvierten las normas generales con motivo de su primer acto de aplicación, no existe necesidad de agotar los medios de defensa correspondientes en forma previa a la interposición del juicio de amparo, pues constituye una excepción al principio de definitividad, atento al contenido del artículo 61 fracción XIV, de la propia Ley de Amparo en vigor, que señala: ‘Artículo 61. ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.-No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.-Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal, contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.-Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ...’.-En tal virtud, y dado que no era obligatorio para los quejosos intentar los recursos derivados de dichas disposiciones en contra de las mencionadas resoluciones en que se les otorgó su pensión respectiva, sino optativo, lo cual no adoptaron, pues instaron directamente a este órgano de control constitucional, es de concluirse que la anotada causal de improcedencia resulta infundada.-Por otro lado, la propia autoridad hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo en vigor, en razón de que las quejosas ********** y **********, consintieron la aplicación del decreto que ahora reclaman, en virtud de que aceptaron y cobraron un bono de permanencia previsto en el transitorio sexto del mismo decreto impugnado, en el que se estipuló un bono a la permanencia por un importe de sesenta días de sueldo base cotizado ante la Dirección de Pensiones del Estado, para aquellos trabajadores que cumplan con un año más de servicio ininterrumpido, después de los derechos adquiridos para pensionarse.-Ahora bien, en primer término, cabe señalar que la causal de improcedencia aludida refiere: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; ...’.-A fin de proceder al análisis de dicha causal de improcedencia, debe decirse que de conformidad con el precepto anterior, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica, orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate.-El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo debe entenderse como la manifestación de la voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta.-Asimismo, se tiene que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; b) Que

el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y, c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea, que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento.-Las consideraciones anteriores se desprenden de la ejecutoria relativa a la jurisprudencia 2a./J. 148/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 289, Tomo XXIV, octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: ‘CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.-El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado.’.-Misma que se estima aplicable, no obstante que se haya interpretado diverso precepto de la Ley de Amparo de anterior vigencia, puesto que en relación con la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo señalada en el criterio, se tiene que es de idéntico contenido de la que aquí se analiza, prevista en el numeral 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo en vigor.-En esas condiciones, si bien en el caso se actualizan los dos primeros requisitos previstos para que los actos reclamados en el juicio tengan que ser considerados como consentidos en forma expresa, pues en primer lugar, la existencia de los actos reclamados se encuentra reconocida por las partes, además de que, por tratarse de normas generales, fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado y, por otro lado, el perjuicio que los actos causan a los quejosos se demuestra con las copias certificadas de las patentes que les fueron expedidas, en donde se especifica que a partir de que surta efectos la citada pensión será afectada con un descuento del diez por ciento para garantizar las condiciones en que se otorga la misma; lo cierto es que el hecho de que las quejosas ********** y **********, hubiesen recibido el pago por concepto de permanencia, no puede considerarse como una conducta concreta con la que se hayan sometiendo (sic) a los supuestos normativos del ordenamiento reclamado.-En efecto, los artículos transitorios del decreto impugnado señalan: ‘P.O. 26 de octubre de 2013.-Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. ... Tercero. Los trabajadores que se jubilen o pensionen a partir de la vigencia del presente decreto, harán una aportación del diez por ciento de la pensión o jubilación que reciban, para el fortalecimiento del fondo sectorizado, y que será estipulado en su reglamento.-Los jubilados y pensionados antes de la vigencia de este decreto, harán una aportación voluntaria para el fortalecimiento de su fondo sectorizado del diez por ciento de la pensión o jubilación que reciban, conforme lo estipulen en el reglamento del grupo cotizador de la Dirección de Pensiones. Lo anterior con la finalidad de obtener los mejores beneficios, además de consolidar la economía en la Dirección de Pensiones de su sector.-Cuarto. Los trabajadores del sector Sección 26, Telesecundaria del SNTE, que a la entrada en vigor del presente decreto, ya se encuentren cotizando ante la Dirección de Pensiones del Estado, se seguirán rigiendo conforme a las disposiciones de la ley del año 2001. ... Sexto. Se establece un bono a la permanencia de sesenta días de sueldo cotizado ante la Dirección de Pensiones del Estado, para aquellos trabajadores que cumplan un año más de servicio ininterrumpido, después de los derechos adquiridos para pensionarse por jubilación, el cual se les entregará anualmente, según las disposiciones del reglamento.’.-Efectivamente, de las disposiciones transcritas se evidencia la estipulación de un bono de permanencia de sesenta días de sueldo cotizado ante la Dirección de Pensiones del Estado, para aquellos trabajadores que cumplan un año más de servicio ininterrumpido, después de los derechos adquiridos para pensionarse por jubilación, el cual se entregará anualmente; sin embargo, no se advierte la relación que existe entre la aceptación de dicho beneficio y el consentimiento del descuento de la pensión a que alude el artículo tercero transitorio de mérito, sino que el derecho generado por la permanencia de más de un año posterior a la fecha de adquisición de su derecho a jubilarse, es lo que origina el pago referido, y no en modo alguno, que éste sea a consecuencia de la aceptación del descuento de la pensión que en un momento dado pueda decretarse a favor de algún beneficiario.-De ahí que no obstante que las pruebas allegadas por la autoridad tampoco se estiman suficientes para acreditar dicho pago, pues de los estados de cuenta exhibidos no se desprende en forma fehaciente que las quejosas citadas sean quienes hayan recibido dichas cantidades; aun cuando así fuera, si las mismas aceptaron permanecer en activo, no obstante que habían adquirido derechos para pensionarse por jubilación, al no encontrarse condicionada la norma que prevé dicho supuesto a la diversa que establece la reducción de su pensión -que es la que motivó el reclamo en el presente juicio-, no puede considerarse que aquélla se encuentra condicionada necesariamente a esta última, y que deba entenderse con ello que también aceptaron los efectos del artículo tercero transitorio en comento. De ahí lo infundado de esa alegación.-Finalmente, la multicitada autoridad, igualmente señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, considerando que no se afectan los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos, toda vez que los descuentos se utilizan para pagar las propias prestaciones y pensiones de los jubilados.-La misma resulta infundada por lo siguiente.-Al respecto, se estima necesario transcribir los artículos 5o., fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: ‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.-El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.-El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.-Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; la víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley.’.-‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ...’.-Conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, para la procedencia del juicio de garantías es necesario que el acto reclamado produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; señalando además en el párrafo cuarto, que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa.-Es decir, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el particular objetivo del medio de control constitucional, que actualmente consiste en la protección contra violaciones a los derechos humanos y garantías individuales, así como su consiguiente restitución.-En esta medida, la legitimación debe atender a los principios que rigen al juicio de amparo, particularmente a los de instancia de parte y agravio personal y directo.-La importancia del principio de agravio personal y directo radica desde su propia concepción, al entenderse como el daño o perjuicio, por una ofensa o violación a los derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela mediante los derechos humanos y sus garantías. Por tal motivo, cuando no se actualiza esta circunstancia, entonces la acción intentada se torna improcedente.-Razones que permiten sostener que la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente para quien resienta un agravio, con motivo de un acto de autoridad en uno de sus derechos tutelados en la Constitución Federal, legitimándolo para solicitar la restitución en el goce de la garantía violada.-Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico o legítimo debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamada, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.-En vía de consecuencia, la noción de perjuicio para que proceda el juicio de garantías, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa transgresión.-Se invoca al respecto la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 704, Tomo XIV, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ‘PERJUICIO, BASE DEL AMPARO.’ (se transcribe).-A mayor abundamiento, al respecto cabe señalar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en dos mil once, establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ‘teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo’, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto

e vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo.-En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirlo con base en presunciones.-Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad.-Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo.-Las anteriores consideraciones se contienen en el texto del criterio 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que se titula: ‘INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’.-En el caso, no queda duda de que respecto a los actos aquí reclamados, los quejosos hacen derivar la afectación personal y directa, al habérseles descontado el diez por ciento de la pensión que les fue otorgada, en aplicación del artículo tercero transitorio del decreto que reformó la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, en el mes de octubre de dos mil trece.-Siendo que la propia autoridad allegó las constancias relativas a las autorizaciones de las pensiones otorgadas a los mismos, dirigidas a los propios impetrantes, y en las que se estipula que se efectuará dicho descuento, por lo que se estiman suficientes para acreditar el interés jurídico que tienen para impugnar la ley de que se trata.-Ilustra lo anterior, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, consultable en la página 1807, Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que indica: ‘INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011.’ (se transcribe).-Máxime que las manifestaciones de la autoridad son tendientes a sostener la constitucionalidad de la reforma a la ley reclamada, cuestión que, en todo caso, atañe al fondo del asunto, por lo cual debe ser desestimada, a la par de que, como se indicó, a criterio de quien resuelve sí se encuentra acreditado el interés jurídico de los quejosos en el presente juicio.-Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XV, enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que menciona: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (se transcribe).-Por tanto, al no actualizarse las causas de improcedencia en mención, y sin que se advierta de oficio la demostración de alguna diversa, no es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, por lo que enseguida se abordará el estudio de fondo de la cuestión planteada. Máxime que los quejosos fueron notificados del otorgamiento de sus pensiones los días veintiséis y veintisiete de enero de dos mil quince, por lo que se estima que su demanda de amparo fue presentada con la oportunidad que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, al haber sido ingresado el escrito relativo el tres de febrero de dos mil quince.-QUINTO Los conceptos de violación hechos valer por los quejosos son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en la medida en que, además, son suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracciones V y VII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán.-Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.A. J/1 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2394, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas», que señala: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA E

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25901-d9c480ee/pensiones-y-prestaciones-sociales-para-los-trabajadores-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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