CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA NORMA MÍNIMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO. RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN LIMITADA SOBRE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO, Y GRAVAR POR EL EXCEDENTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA RETENCIÓN PARA INGRESOS QUE EXCEDEN UN MONTO DETERMINADO, NO DESATIENDE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, EN RELACIÓN CON EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, NI EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA RETENCIÓN POR INGRESOS QUE EXCEDEN UN MONTO DETERMINADO, NO DESATIENDE EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO NI EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y, POR ENDE, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN LIMITADA A DETERMINADO MONTO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS PROVENIENTES DE PENSIONES, JUBILACIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO, Y GRAVAR POR EL EXCEDENTE, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).
CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, RELATIVO A LA NORMA MÍNIMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO, PARTICULARMENTE EN MATERIA DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO.
RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA EXENCIÓN LIMITADA SOBRE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO, Y GRAVAR POR EL EXCEDENTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).
RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA RETENCIÓN PARA INGRESOS QUE EXCEDEN UN MONTO DETERMINADO, NO DESATIENDE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, EN RELACIÓN CON EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, NI EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).
RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER UNA RETENCIÓN POR INGRESOS QUE EXCEDEN UN MONTO DETERMINADO, NO DESATIENDE EL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO NI EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y, POR ENDE, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 133 CONSTITUCIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012).
AMPARO EN REVISIÓN 32/2011. 13 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS. AUSENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIOS: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE, RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ Y FRANCISCO GORKA MIGONI GOSLINGA
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del punto Tercero, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio de dos mil uno,(2) en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, así como la adición de un segundo párrafo a la referida fracción, mediante decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el treinta de diciembre de ese mismo año, subsistiendo en la presente instancia el problema de constitucionalidad, siendo necesario en el caso la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que la resolución del asunto reviste trascendencia e interés excepcionales.
SEGUNDO. Oportunidad. De los autos que integran el toca **********, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se desprende que no se hizo pronunciamiento alguno respecto a la oportunidad del recurso de revisión hecho valer por **********, a través de su autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, por lo que ante dicha omisión, este Alto Tribunal debe resolver al respecto.
Apoya lo anterior, la tesis aislada de rubro, contenido y datos de localización siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI NO EXISTE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA OPORTUNIDAD DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y SE TRATA DE UN ASPECTO NECESARIO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE HACERLO EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001). Cuando los jueces de distrito remitan directamente una revisión de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, en términos del punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Plenario 5/2001, dicho órgano jurisdiccional deberá pronunciarse, de oficio o a petición de parte y entre otros aspectos, sobre la oportunidad en la presentación del recurso; sin embargo, si después de remitidos y analizados los autos en el Alto Tribunal se advierte que sobre dicho tópico no existe pronunciamiento del órgano colegiado -ni en el auto de admisión de su presidencia ni en la sentencia colegiada que abrió la revisión- y se trata de una cuestión donde resulta necesaria una decisión explícita jurisdiccional por lo peculiar o dudoso del caso, entonces, ante tal ausencia y para no retrasar la solución del asunto, previa declaratoria de la omisión en que incurrió el Tribunal Colegiado de Circuito y sin que fuere necesario devolverle los autos, la Suprema Corte podrá pronunciarse y resolver sobre dicho aspecto en ejercicio de su competencia originaria." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Materia común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 460, tesis 1a. CLXI/2009)
La sentencia recurrida fue notificada personalmente al quejoso el miércoles veintiuno de julio de dos mil diez, como se desprende de la razón actuarial que obra en la foja 217 del cuaderno de amparo; por tanto, el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del viernes veintitrés de julio al jueves cinco de agosto de ese año, descontándose de dicho cómputo los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de julio, así como primero de agosto, por ser inhábiles -sábados y domingos, respectivamente-, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, si el recurso fue presentado en el Juzgado de Distrito del conocimiento, el día jueves cinco de agosto de dos mil diez, esto es, el último día del plazo previsto legalmente para tal efecto, es inconcuso que su presentación es oportuna.
TERCERO. Síntesis de los agravios. El quejoso recurrente hace valer, medularmente, los siguientes argumentos:
Primero. La sentencia recurrida viola los artículos 77, fracción II, 78 y 79 de la Ley de Amparo, ya que contrario a lo que resolvió la Juez de Distrito, el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí viola los artículos 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, 66 y 67, inciso b), del Convenio sobre Seguridad Social (norma mínima) 1952 (número 102) de la Organización Internacional del Trabajo, ya que el legislador mexicano dejó de observar los requisitos a que se refieren dichos numerales para poder gravar, reducir o suspender el pago de pensiones.
El artículo 67, inciso b), del referido convenio establece que las pensiones podrán gravarse siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:
a) Cuando los demás recursos de la familia del pensionado excedan de sumas apreciables prescritas o fijadas por autoridades competentes.
b) La reducción al monto de las pensiones deberá efectuarse en términos de lo establecido en reglas prescritas.
Ahora bien, el artículo 26 del multicitado convenio, establece que las pensiones podrán reducirse o suspenderse en los siguientes casos:
a) Se podrán suspender si la persona que tiene derecho a la pensión ejerce ciertas actividades remuneradas.
b) Se podrán reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito.
c) Se podrán reducir las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente excedan de un valor previamente establecido.
No obsta a lo anterior, el hecho de que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establezca que el monto diario que no exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente es la cantidad que el legislador consideró como el mínimo de subsistencia para los contribuyentes.
Al respecto, no debe confundirse lo que es el "mínimo de subsistencia" (mínimo vital) para el beneficiario o pensionado, con el requisito establecido en el inciso b) del artículo 67 del Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima) 1952 (número 102), que exige considerar "los demás recursos de la familia del beneficiario".
Ello es así, ya que el concepto de "mínimo de subsistencia" (mínimo vital) sólo ha quedado definido en las tesis de jurisprudencia emitidas por este Alto Tribunal, las cuales no pueden considerarse como "reglas prescritas", porque no constituyen una norma jurídica de carácter general equiparable a la ley, debido a que no cumplen con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción.
Aunado a lo anterior, resulta incorrecto lo resuelto por la Juez de Distrito, en el sentido de que el Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima) 1952 (número 102), resulta inaplicable al caso concreto, ya que prevalece lo que dispone el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, conforme al cual, todos los mexicanos estamos obligados al pago de contribuciones, lo que no se desconoce por el quejoso, sino que debe ponderarse que conforme al diverso artículo 133 constitucional los tratados internacionales se ubican por encima de las leyes federales, entre ellas, la Ley del Impuesto sobre la Renta, por tanto, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena, un Estado contratante no puede invocar su derecho interno como excusa para eludir las obligaciones contraídas en el ámbito internacional. Además de que conforme a los artículos 26 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales establece que los tratados obligan a las partes y deben ser cumplidos de buena fe (pacta sunt servanda).
Segundo. La sentencia recurrida viola los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, ya que la Juez omitió estudiar la cuestión efectivamente planteada en el primer concepto de violación de la demanda, en el que medularmente se adujo que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en tanto que el importe de la exención contenida en dicho numeral no respeta el "mínimo de subsistencia" de una persona de la tercera edad que incluso tiene dependientes económicos.
Ello es así, ya que la pensión de vejez que recibe el quejoso conforme a la Ley del Seguro Social debe ser una percepción que le permita subsistir en forma digna y decorosa, considerando que por la edad del derechohabiente tendrá mayores gastos en salud. De tal forma que el haber de pensión por el seguro de vejez que se otorga a las personas que se encuentran en la "tercera edad", debe garantizar un mínimo de subsistencia.
Por lo anterior, al ser el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, la Juez a quo, debió emitir una resolución clara, precisa y congruente en donde no variara la litis efectivamente planteada en el primer concepto de violación de la demanda de garantías, respecto la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que dicho precepto limita injustificadamente la pensión de vejez y con ello, se transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues al no hacerlo así, indebidamente dejó de aplicar lo dispuesto por los artículos 77, fracciones II y III, 78 y 79 de la Ley de Amparo.
Tercero. La sentencia recurrida viola los artículos 77, fracción II, 78 y 79 de la Ley de Amparo, porque la Juez interpretó incorrectamente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hacer un indebido análisis del acto reclamado, dejando con ello de estudiar la cuestión efectivamente planteada.
Lo anterior es así, toda vez que la a quo apreció incorrectamente las pruebas documentales ofrecidas por el quejoso en el juicio de amparo, en específico; la resolución para el otorgamiento de pensión de cesantía conforme a la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, de la cual se advierte que, no tenía cuenta individual de ahorro para el retiro ya que el régimen financiero con el cual se integró su pensión era diferente al que estimó la Juez.
El seguro de cesantía previsto en la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, se conformaba de una manera distinta a la que se encuentra vigente a partir del uno de julio de mil novecientos noventa y siete. Conforme a los artículos 176 y 177 del primer ordenamiento en cita, dicha prestación se integraba por aportaciones realizadas por el patrón, los trabajadores y el Estado, las cuales constituían reservas técnicas de las cuales, se obtienen los recursos para el pago de las pensiones por concepto de seguro de cesantía.
En ese orden de ideas, los pagos que realizaban los trabajadores como aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, eran retenidos por los patrones una vez que ya habían pagado el impuesto sobre la renta y posteriormente enterados al instituto quien a su vez conformaba un fondo de reserva técnica para el pago de las pensiones correspondientes.
Es por ello que la a quo, partió de premisas incorrectas al considerar que los ingresos que recibe el quejoso por concepto de pensión por cesantía derivan de una cuenta individual abierta a su nombre e integrada por las aportaciones realizadas durante su vida laboral, semejándose a un ahorro que constituye una fuente de riqueza distinta para efectos del pago del impuesto sobre la renta.
En efecto, las aportaciones (que ya habían sido sujetas al impuesto sobre la renta) realizadas por el quejoso al Instituto Mexicano del Seguro Social eran destinadas a la constitución de un fondo o reserva técnica gubernamental, con base en la cual se realizaba el pago de las pensiones, a efecto de recibir una pensión vitalicia una vez que se cumpliera con los requisitos que marcaba la propia ley.
De esta forma, el pago de la pensión lo constituye el propio salario del trabajador y, por tanto, la fuente de ingresos es la misma para el pensionado, pues se trata de una prestación a la que se hizo acreedor por el pago de sus aportaciones derivadas de su salario realizadas durante su vida laboral.
Esto es, la aportación que realiza el trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social paga impuesto por primera vez cuando le descuentan de su salario el impuesto sobre la renta durante su vida laboral; y lo paga por segunda ocasión cuando se le paga su pensión en donde de nueva cuenta vuelve a pagar el impuesto respectivo.
Así se evidencia, que el salario del trabajador se ve afectado en dos ocasiones en momentos diferentes pero por un mismo impuesto y sobre una misma fuente de riqueza, lo cual, es totalmente desproporcional de conformidad con lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tales términos debió declararlo la a quo.
Finalmente, debe considerarse que el pago de una pensión no puede considerarse como manifestación de capacidad contributiva, toda vez que dicho ingreso tiene su origen en el salario del trabajador por el cual ya pagó impuesto sobre la renta.
CUARTO. Aspecto que no es materia de la revisión
Del análisis del recurso de revisión interpuesto por el representante del quejoso, se advierte que no se formuló agravio alguno para combatir el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito del conocimiento, en el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida, regido por el considerando tercero, respecto de las autoridades y actos que ahí se precisan. En consecuencia, tal determinación debe quedar firme por falta de impugnación.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que lleva el rubro, texto y datos de publicación siguientes:
"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente." (Octava Época. Núm. Registro IUS: 207035. Instancia: Tercera Sala. Materia común. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, marzo de 1991, tesis 3a./J. 7/91, página 60)
QUINTO. Análisis de los planteamientos en que se aduce que las pensiones y jubilaciones no son reveladoras de capacidad contributiva. Proporcionalidad tributaria.
Por otro lado, alega la parte quejosa que la pensión no es reveladora de capacidad contributiva.
Aduce que el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, porque si los ingresos por jubilación o pensión tienen como origen que una persona dejó de trabajar, los montos respectivos no son reveladores de capacidad contributiva, por lo que no deben ser gravados, en tanto que toda su vida contribuyó al gasto público con el impuesto sobre el producto de su trabajo, además de que las pensiones o jubilaciones no incrementan su patrimonio por constituir el derecho a una prestación de seguridad social.
Son infundados los argumentos de referencia.
Lo incorrecto de tales afirmaciones atiende a que, la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí, que uno de los principios que legítima la imposición de las contribuciones es, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados.
De lo anterior se desprende que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción.
Corroboran lo anterior, las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señalan:
"Novena Época
"Registro IUS: 192849
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo X, noviembre de 1999
"Materias: constitucional y administrativa
"Tesis: P./J. 109/99
"Página: 22
"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto."
"Novena Época
"Registro IUS: 194970
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo VIII, diciembre de 1998
"Materia: administrativa
"Tesis: P. LXXIX/98
"Página: 241
"CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones no es precisamente el de generalidad, sino el de la identificación de la capacidad contributiva de los gobernados, por lo que no existe obligación de contribuir si no existe la relativa capacidad contributiva, y consecuentemente, habrá de pagar más quien tiene una capacidad mayor, y menos el que la tiene en menor proporción; todo lo cual descarta la aplicación del principio de generalidad en la elección del objeto del tributo.
"Amparo en revisión 2695/96. ********** y coags. 31 de agosto de 1998. Mayoría de diez votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván."
En este mismo sentido, puede apreciarse que las consideraciones anteriores fueron sintetizadas por este Tribunal Pleno en la jurisprudencia que señala:
"Novena Época
"Registro IUS: 184291
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XVII, mayo de 2003
"Materia: administrativa
"Tesis: P./J. 10/2003
"Página: 144
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción."
Por tanto, el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada; esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.
Con base en lo anterior, si el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece la obligación de los contribuyentes que perciben ingresos por concepto de jubilaciones y pensiones, de pagar el impuesto relativo sobre la cantidad cuyo monto diario exceda de nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, se concluye que respeta el principio de proporcionalidad tributaria porque recae sobre una auténtica y real manifestación de capacidad contributiva de los sujetos obligados.
Ello es así, ya que lo que se grava es el incremento positivo del patrimonio, sin que represente obstáculo a lo anterior, el hecho de que el ingreso gravado provenga del pago de jubilaciones o pensiones, en tanto que no hay disposición constitucional que impida establecer tributos sobre tales conceptos, aun cuando se encuentren regulados como prestaciones de seguridad social en términos de la normativa aplicable, máxime que el tributo no recae sobre la totalidad del monto obtenido, sino sólo sobre una parte de éste.
Lo anterior, ya que el objeto del impuesto sobre la renta para personas físicas es la obtención de ingresos, que son aquellos que modifiquen positivamente el patrimonio, y siempre que no estén excluidos por el legislador.
En tales términos, dado que los ingresos por concepto de pensiones y jubilaciones efectivamente modifican de manera positiva el haber patrimonial del sujeto pasivo, se concluye que el tributo recae sobre una manifestación de riqueza susceptible de ser gravada en la magnitud en que aquéllos sean percibidos (considerando al monto exento).
De ello, se sigue que el esquema analizado representa capacidad suficiente para cubrir el tributo y contribuir proporcionalmente al gasto público.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa es infundado.
SEXTO. Análisis de los planteamientos en que se aduce que el precepto reclamado no respeta el derecho al mínimo vital. Proporcionalidad tributaria.
El agravio del quejoso recurrente es fundado.
Ello es así, toda vez que como lo señala, la Juez de Distrito dejó de analizar la cuestión planteada en su primer concepto de violación, consistente en que el importe de la exención contenida en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del año dos mil tres, no respeta un mínimo de subsistencia de una persona de la tercera edad que además tiene dependientes económicos; y, tampoco atendió el argumento de proporcionalidad a la luz de los argumentos expuestos en el primer concepto de violación de la demanda de amparo.
En efecto, de la lectura del fallo constitucional emitido en fecha dieciséis de julio de dos mil diez (páginas 30 a 37), se desprende que la Juez de Distrito del conocimiento desatendió la cuestión originalmente planteada por la parte quejosa en su primer concepto de violación, al señalar que sustentaba premisas falsas, toda vez que no es posible considerar que estén en igualdad de circunstancias las personas que reciben ingresos por jubilación hasta por el límite máximo que fija la ley como cantidad exenta, de quienes lo rebasan y respecto del cual, sólo se realizará el pago por el excedente, pero no de toda la percepción.
Asimismo, la Juez Federal adujo que la base gravable del impuesto debatido era sólo la cantidad que se origina como resultado de la resta del importe de la pensión con el monto, y no de la manera que pretende la parte quejosa; en ese sentido concluyó que los demás argumentos eran incorrectos, toda vez que el mecanismo del impuesto no era el que describía en su demanda. Además, señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 298/2004, determinó que el artículo tildado de inconstitucional no transgredía el principio de proporcionalidad tributaria.
Como puede advertirse, la Juez de Distrito analizó el planteamiento relativo al principio de proporcionalidad sin considerar el argumento relativo al mínimo de subsistencia (mínimo vital), por lo que alteró la litis planteada al realizar el examen de proporcionalidad a la luz de argumentos distintos a los que se hicieron valer.
De acuerdo con lo anterior, tal como lo sostiene el quejoso recurrente, la sentencia de amparo no otorga una respuesta concreta a su planteamiento y, por ende, es fundado el agravio aquí examinado.
Ahora bien, a efecto de contestar el primer concepto de violación hecho valer en la demanda de amparo, conviene tener en consideración los argumentos que ahí planteó el quejoso:
a) La exención prevista en el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del año de dos mil tres, contiene una norma violatoria al principio de proporcionalidad tributaria, ya que el importe de la exención que contiene no respeta el mínimo de subsistencia (mínimo vital) de una persona de la tercera edad, que incluso tiene dependientes económicos.
b) La pensión que recibe una persona conforme a la Ley del Seguro Social, debe ser una percepción que permita subsistir de manera digna y decorosa, más aún tratándose de aquellas que se encuentran dentro de la llamada tercera edad, ya que tendrán un gasto mayor por cuestión de salud.
c) El mínimo de subsistencia (mínimo vital) no se alcanza, toda vez que es disminuido por la aplicación de un impuesto sobre la renta a partir de un límite muy bajo; esto es, conforme a la tarifa contenida en el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como con el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24623-9448d841/convenio-numero-102-de-la-organizacion-internacional-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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