DESCUENTO DE LA CUOTA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD A LOS PENSIONADOS O PENSIONISTAS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA P./J. 27/2016 (10a.)].
AMPARO EN REVISIÓN 108/2020. 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO ANDRADE DEL CORRO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26, PÁRRAFO SEGUNDO Y 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES. SECRETARIO: CARLOS VERDUGO PARTIDA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Debe señalarse que, en la especie, procede la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que el recurso de revisión deriva de un juicio de amparo en materia administrativa en el que la parte quejosa, aquí recurrente, tiene el carácter de pensionada y reclama un descuento del monto de su pensión.
En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. XCV/2014 (10a.), señaló lo siguiente:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables."(2)
Del contenido del criterio invocado se advierte que el referido Alto Tribunal señaló que conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo.
De igual manera, en la referida tesis se señala que si bien el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo se refiere a las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y a las personas que las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o en el orden administrativo; sin embargo, el referido tribunal concluyó que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en favor del trabajador, "no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador", ya que las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa se mantienen e, incluso, se agudizan al adquirir el carácter de pensionistas, debido a que habitualmente sus ingresos se reducen al ingresar a esa categoría, lo que disminuye la posibilidad de que cuenten con una asesoría legal adecuada.
Derivado de lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose de juicios de amparo promovidos en asuntos laborales o contencioso-administrativos "en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquier otra prestación derivada de éstas", el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones.
En esas condiciones, en atención al criterio invocado, la suplencia de la queja deficiente no solamente resulta aplicable en los juicios de amparo laborales o administrativos en los que exista una relación entre el trabajador y su empleador sino, además, dicho beneficio también debe aplicarse en los juicios en los que se controvierta el otorgamiento y los ajustes de una pensión, así como de cualquiera otra prestación derivada de ésta, como acontece en la especie, en que la parte promovente reclama el descuento por servicio médico al monto de su pensión, correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecinueve, al igual que los descuentos subsecuentes.
Precisado lo anterior, como antecedentes del asunto cabe destacar que el quejoso en su demanda de amparo reclamó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, el acto que hizo consistir en:
"IV. Acto reclamado:
"Se reclama el acto administrativo consistente en el descuento practicado en el mes de noviembre de dos mil diecinueve, sobre la jubilación mensual que me paga ISSSTESON, relativo a la Clave #25, que corresponde al concepto de ‘servicio médico’. De igual manera reclamo los descuentos subsecuentes que, bajo ese mismo concepto, se van a efectuar de manera futura e inminente sobre el pago de mi jubilación." (foja 3 del amparo)
En la resolución recurrida, el secretario en funciones de Juez negó el amparo y protección de la Justicia Federal, esencialmente, por considerar inoperante el único concepto de violación hecho valer por el quejoso.
Al efecto, señaló que el quejoso adujo violación a los derechos humanos de igualdad en materia de seguridad social y a los principios de previsión social y equidad, que dijo se contemplaban en los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; y que la inconstitucionalidad del descuento a su pensión por jubilación, referente al "servicio médico", obedecía a:
a) La falta de justificación de que los pensionados o jubilados sigan pagando cualquier tipo de cuota que tenga como objetivo costear los gastos de seguridad social del régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, puesto que tienen una posición pasiva, por virtud de la cual deben estar exentos en forma absoluta de seguir aportando a dichos regímenes.
b) Que los pensionados o jubilados, así como los trabajadores en activo, tienen igual obligación de aportar para los gastos de los servicios de salud que les brinda el instituto, no obstante que se ubican en condiciones diferentes y, por ende, pertenecen a categorías distintas, máxime que no existe disposición constitucional que justifique dicho trato; y
c) Que las razones anteriores eran las mismas que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, en cuyo punto resolutivo tercero hizo extensiva la invalidez de diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, concluyendo que los pensionados y jubilados no tienen ninguna obligación de seguir efectuando aportación alguna al régimen de seguridad social de dicho instituto, las cuales son obligatorias, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Enseguida, el juzgador precisó que el acto reclamado lo constituía el acto administrativo que se tradujo en el descuento por concepto de "servicio médico" de la pensión por jubilación que la autoridad responsable cubría al quejoso y "que el control constitucional de ese tipo de actos, cuando se combate por vicios constitucionales propios, se traduce en su escrutinio a la luz de los principios que deben regir la actividad administrativa, que se cumplan las normas de procedimiento y motivación, la exactitud material de los hechos frente al régimen normativo, la falta de error manifiesto de apreciación, y que no exista desvío de poder".
Sin embargo, dijo, en sus conceptos de violación el quejoso derivó la inconstitucionalidad del acto administrativo reclamado (relativo al descuento por concepto de "servicio médico"), de la inconstitucionalidad que le atribuía a la norma que lo rige, esto es, el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aun cuando el quejoso no lo expresó de forma abierta en su demanda, ni lo señaló como acto destacado en la misma, ni hizo ampliación en ese sentido, no obstante que se le previno para tal efecto.
Añadió que el acto de autoridad reclamado se rige por lo que estatuye el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y el quejoso vertió sus argumentos encaminados a sostener la inconstitucionalidad de dicha norma; empero, en nuestro sistema jurídico toda ley goza de la "presunción de constitucionalidad", misma que es preciso desvirtuar o vencer, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten y el sistema de control constitucional intrínseco al proceso de creación normativa.
Luego, era inconcuso que si el quejoso hizo derivar la inconstitucionalidad del acto del régimen normativo que lo establece, era necesario que atacara de forma específica o destacada la norma sobre la que se erige el acto que reclamó, en términos de lo que señala el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, máxime que al descuento referido el quejoso no le atribuyó vicios propios, sino que lo hizo derivar de la atribuida inconstitucionalidad del sistema jurídico que sirvió de base a la autoridad responsable para ejecutar el descuento.
Agregó que resultaba "inatendible" lo expuesto por el quejoso, en relación con que los argumentos que sirvieron de base al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver en un contexto idéntico la acción de inconstitucionalidad 19/2015, eran aplicables al caso.
En una parte del agravio único, la parte recurrente sostiene que el juzgador omitió interpretar el escrito de demanda en su integridad y tergiversó la intención de su planteamiento, habida cuenta que el acto reclamado era el descuento practicado en el mes de noviembre de dos mil diecinueve, sobre la jubilación mensual que le paga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, relativo a la Clave #25, que corresponde al concepto de "servicio médico", y los descuentos subsecuentes que bajo ese mismo concepto se iban a efectuar de manera futura e inminente sobre el pago de su jubilación. Acto de naturaleza administrativa y no se trataba de un amparo contra leyes.
Que el juzgador no se percató que su intención de combatir los descuentos era que por sí solos vulneraban su derecho humano a la igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad.
En una reiteración de su concepto de violación –el cual no fue atendido en el fondo por el juzgador por considerarlo inoperante–, el disconforme aduce, en esencia, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, decretó la invalidez, por extensión, de diversos preceptos en los que entre otras cuestiones se contemplaba la obligación de los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de aportar un porcentaje de sus haberes de retiro como cuota para cubrir los gastos de los "servicios médicos" relativos a los seguros de enfermedades no profesionales y de maternidad; descuento que era idéntico al reclamado y que sólo se diferenciaban en el porcentaje.
Que, además, sustentó que los pensionados y jubilados se encuentran en condiciones distintas a los trabajadores en activo, a quienes también se les descuenta el concepto de "servicio médico", y que no existía justificación constitucional que permita que se les dé un trato similar, descontando a aquéllos un porcentaje adicional de su haber por ese mismo concepto.
Los argumentos de agravio son sustancialmente fundados, suplidos en su deficiencia.
Así es, se considera incorrecta la apreciación del juzgador, debido a que, como bien lo adujo el recurrente, no se estaba en un supuesto de amparo contra leyes, donde se debiera impugnar el precepto legal que le da origen al descuento reclamado por concepto de "servicio médico", en este caso, el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aplicado en el pago de la pensión mensual, así como los descuentos subsecuentes que, bajo ese mismo concepto, se van a efectuar de manera futura e inminente sobre el pago de su jubilación.
Lo anterior, partiendo de la base de que el pago de los montos periódicos de una jubilación se emite atendiendo a la situación jurídica del quejoso y conforme a las resoluciones administrativas que señalan su monto, lo que pone en evidencia que los descuentos que se efectúen al cobro de una pensión son de tracto sucesivo y de ejecución inminente, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada en el amparo en revisión 841/2018.
"... Asimismo, partiendo de la base de que el pago de los montos periódicos de pensión se emite atendiendo a la situación jurídica de la quejosa y conforme a las resoluciones administrativas que señalan su monto, es posible advertir que los descuentos impugnados son de tracto sucesivo y de ejecución inminente."(3)
Por tanto, contrario a lo sostenido en la resolución recurrida, el quejoso aquí impugnante, sí se encontraba en posibilidad de combatir el descuento de noviembre de dos mil diecinueve, sin estar constreñido a reclamar la normatividad de la que aquél deriva.
Al efecto, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 555/2018, sostuvo que era un hecho notorio que en sesión de veintisiete de octubre de dos mil quince, el Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 19/2015 y declaró la invalidez, entre otros, de los artículos 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el diecisiete de febrero de dos mil quince, así como el artículo 7 de la Ley que Regula a los Trabajadores que Refiere la Fracción II, Apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social.
Señaló que, en relación con la invalidez del artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la ley del referido instituto, la votación fue la siguiente:
"Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos con salvedades, Franco González Salas con salvedades, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán por un argumento de falta de razonabilidad y presidente Aguilar Morales, respecto del considerando cuarto, en cuanto al segundo concepto de invalidez, consistente en declarar la invalidez del artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas y Presidente Aguilar Morales anunciaron sendos votos concurrentes."
Respecto al artículo 7 de la ley que regula a los trabajadores de la fracción II, apartado B, de la Constitución Local mencionada, la votación fue la siguiente:
"Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena con voto parcial en contra de la fracción I de ambos preceptos, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I., Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Aguilar Morales, respecto del apartado de efectos, consistente en declarar la invalidez, en vía de consecuencia, de los artículos 9 de la Ley que Regula a los Trabajadores que Refiere la Fracción I, Apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social y 7 de la Ley que Regula a los Trabajadores que Refiere la Fracción II, apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra."
Luego, estableció que no existe duda de que las disposiciones mencionadas fueron expulsadas del ordenamiento, al haberse aprobado esa determinación por la votación calificada exigida por el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(4)
Las disposiciones cuya invalidez fue decretada por el Tribunal Pleno tienen el siguiente contenido:
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.
"Artículo 16. Todo trabajador comprendido en el artículo 1o. de este ordenamiento, deberá aportar al instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
"Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes:
"I. Para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, y
"II. Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las fracciones III a XI y XIII a XIV del artículo 4o.
"Los pensionados y pensionistas cubrirán al instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones.
"Dichas cuotas serán las que se establezcan en las leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California." (El texto subrayado corresponde a los párrafos que se invalidaron)
Ley que Regula a los Trabajadores que Refiere la Fracción II, Apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social.
"Artículo 7. Los pensionados y pensionistas cubrirán al instituto, previo descuento que se realice, el 5% de la pensión que disfrute destinada de la manera siguiente:
"I. 4% para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, y
"II. 1% para la reserva técnica para el régimen de pensiones y jubilaciones."
Señaló la Segunda Sala que la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución del Estado de Baja California, se refiere a aquellos trabajadores de la educación, su personal docente de educación básica, el personal con funciones de dirección y supervisión en el Estado y Municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la educación básica que imparta el Estado, su personal de apoyo y asistencia a la educación y el personal administrativo.(5)
Por otra parte, precisó que la aportación a cargo de los pensionados al seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, sin referir porcentaje, se encuentra en el artículo 25 de la ley vigente, el cual no fue declarado inválido por el Tribunal Pleno. Dicha disposición legal establece:
"Artículo 25. Las cuotas y aportaciones del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este capítulo en favor del pensionado y familiares derechohabientes, así como del pensionista, se cubrirá en la siguiente forma:
"I. Un porcentaje a cargo del pensionado o pensionista, sobre la pensión que disfrute y cuyo descuento será hecho por el instituto;
"II. Un porcentaje de la pensión a cargo del instituto;
"III. Un porcentaje de la misma pensión a cargo del Estado, Municipios o de los organismos públicos incorporados correspondientes.
"En caso de que se trate de pensiones mínimas, el pago de la cuota íntegra se distribuirá por partes iguales entre el Estado, Municipios y organismos públicos incorporados correspondientes y el instituto.
"Para el efecto establecido en la fracción III, el instituto remitirá el día quince de cada mes, la nómina de los pensionados y pensionistas al Estado, Municipios y a los organismos públicos incorporados, a fin de que éstos entreguen en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportaciones. La misma cuota dará a los pensionados y pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta ley. El cobro de dichas cuotas y aportaciones podrá hacerse exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal del Estado de Baja California, en términos del artículo 22 de la presente ley.
"Los porcentajes señalados en las fracciones anteriores serán establecidos en las leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, Apartado B, artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California."
De acuerdo con lo expuesto, señaló la Sala del Tribunal Supremo que, en materia de seguridad social, se invalidaron las normas que exigían a los pensionados que habían laborado como docentes, la aportación mediante descuento a la pensión del cinco por ciento: cuatro por ciento para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad y uno por ciento para la reserva técnica para el régimen de pensiones y jubilaciones.
Como consecuencia de ese fallo, precisó que se fijó con carácter vinculante el criterio de que no está autorizado ningún descuento a las pensiones regidas por las leyes referidas, por los dos conceptos mencionados.
Luego, estableció la Segunda Sala, que la cuestión planteada en ese asunto implicaba determinar si las consideraciones de la sentencia emitida en la acción de inconstitucionalidad 19/2015 son aplicables, de manera vinculante, a los descuentos a las pensiones fundados en la ley abrogada.
Para dilucidar tal cuestión, señaló que resultaba relevante lo establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se desprende que las consideraciones que funden los resolutivos de las acciones de inconstitucionalidad son obligatorias, siempre que se aprueben por cuando menos ocho votos.
Con base en lo anterior, indicó que las consideraciones de la declaración de invalidez de los artículos 16, párrafos tercero y cuarto, de la ley del citado instituto y la del 7 de la ley que regula a los trabajadores de la fracción II citados, superan el mínimo de ocho votos, aun descontando a quienes formularon reserva respecto de las consideraciones.
Así, concluyó que en términos del artículo 43 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, constituyen consideraciones vinculantes para esa Sala, para los Tribunales Colegiados de Circuito y para los Juzgados de Distrito.
Las consideraciones torales que rigen la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la ley del mencionado instituto de seguridad social, se encuentran resumidas en la tesis P./J. 27/2016 (10a.):
"APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, al obligar a los pensionados y pensionistas, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, toda vez que la obligación se impone a categorías de trabajadores diversas, cuyas características y prerrogativas son distintas pues, a diferencia de los pensionados y pensionistas, los trabajadores en activo perciben un salario y poseen determinadas expectativas de derecho, entre las cuales se encuentra la jubilación, mientras que el ingreso del pensionado depende de lo fijado por la ley y de los índices establecidos para su actualización, sin que subsistan los elementos que componen una relación de trabajo subordinada. Es así que al desvirtuar el carácter solidario del sistema de retiro, además de vulnerar el derecho de igualdad, la referida obligación resulta contraria a la racionalidad del propio sistema."(6)
Dicho criterio fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación el viernes catorce de octubre de dos mil dieciséis «a las 10:24 horas», por lo que en términos del punto séptimo del Acuerdo General 19/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) es obligatorio a partir del lunes diecisiete de octubre de ese año.
Por otra parte, la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 19/2015 fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes diecinueve de febrero de dos mil dieciséis «a las 10:15 horas», de manera que las consideraciones en que se funda se consideran de aplicación obligatoria para los órganos jurisdiccionales federales a partir del lunes veintidós de febrero de ese año, de conformidad también con el punto séptimo del Acuerdo General 19/2013.
En el caso particular, el criterio y la acción de inconstitucionalidad de referencia son plenamente aplicables y obligatorios para este órgano jurisdiccional, en la medida en que las fechas de su publicación –a partir de la cual inicia su obligatoriedad–, son anteriores a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el doce de junio de dos mil diecinueve, por lo que no hay duda de su aplicación vinculante para la resolución de este asunto.
En ese sentido, resulta necesario destacar las consideraciones que sustentan la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 19/2015, que se desprenden de las siguientes consideraciones que fundaron la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley del mencionado instituto:
a) A nivel constitucional, al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. Por otro lado, al pensionado ya no se le atribuyen ninguna de estas características.
b) La estructura del sistema de pensiones del Estado de Baja California, al ser de beneficio definido, de conformidad con las fórmulas que determine la ley, hace que sea muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuentos sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión que se fijaron de forma previa. En ese tipo de sistemas, los costos para sostener los servicios, pensiones, gastos administrativos, entre otros, deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo.
c) No se justifica la medida por los problemas financieros en que se encuentra el instituto estatal y la necesidad del establecimiento de un porcentaje de aportación por parte de los jubilados para el fondo de pensiones, con el fin de asegurar su viabilidad económica y el cobro futuro de las pensiones.
d) La norma reclamada aplica deducciones tanto a los trabajadores en activo como a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constituci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29665-1a59a909/descuento-de-la-cuota-del-seguro-de-enfermedades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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