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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 415/2013. · Registro digital (IUS): 24874
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-02-28
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Pág. 1224.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 415/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 8 DE ENERO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, de los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. Legitimación de quien promueve. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, órgano que emitió uno de los criterios en posible contradicción.

TERCERO. Criterios materia de la contradicción. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes:

I. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el veintinueve de agosto de dos mil trece, el amparo en revisión 246/2013, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente (fojas 13 a 35 del expediente):

"TERCERO. Resulta innecesario transcribir y analizar la sentencia recurrida, así como los agravios formulados por el presidente y tesorero, ambos del Municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato, toda vez que carecen de legitimación para interponer el presente recurso de revisión, por lo que debe desecharse.

"Ello es así, pues constituye un presupuesto de procedencia del recurso de revisión examinar, de oficio, si fue interpuesto por parte legítima, ya que es de orden público en el juicio de garantías, analizar si quien promovió el recurso está legitimado para hacerlo.

"Apoya lo expuesto, la tesis P. LIV/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:

"‘REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO.’ (se transcribe)

"Ahora bien, el artículo 87 de la Ley de Amparo vigente, establece:

"‘Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente al acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional.’

"De la disposición legal transcrita, se desprende qué autoridades responsables son las que únicamente podrán ocurrir en revisión, a saber:

"a) A las que les afecte directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado (amparo legalidad).

"b) Los titulares de los órganos de Estado, a los que se encomiende su emisión o promulgación o quienes los representen (amparo contra normas generales).

"De esto se sigue, que para estar en condiciones de determinar si una autoridad está o no en aptitud de interponer recurso de revisión, lo primero que debe hacerse, es determinar cuál es el tipo de acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, pues de esta manera, es factible establecer bajo qué supuesto de legitimación han de examinarse los requisitos de la autoridad, ya que se advierte del artículo en cita, cuando se trata de lo que comúnmente se conoce como ‘amparo legalidad’ -que es el que se promueve en contra de cualquier acto de autoridad-, únicamente está legitimada, aquella cuyo acto haya sido directamente afectado con la concesión del amparo; sin embargo, cuando estamos ante un ‘amparo contra normas generales’, que como su propio nombre lo indica, es aquel que se promueve en contra de una ley, reglamento o disposición de observancia general, la autoridad legitimada para interponerlo es la encargada de su emisión o promulgación.

"Sentado lo anterior, de la demanda de garantías se advierte que, la parte quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes:

"‘III. Autoridades responsables. 1) Legislatura del Estado Libre y Soberano de Querétaro, con domicilio conocido en el edificio del Poder Legislativo en esta ciudad de Querétaro. 2) El C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, con domicilio conocido en el edificio del Poder Ejecutivo de esta ciudad de Querétaro. 3) El C. Secretario general de Gobierno, con el mismo domicilio que el inciso anterior. 4) El C. Director del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Querétaro, «La Sombra de Arteaga», con domicilio conocido en esta ciudad de Querétaro. 5) El C. Secretario de Economía y Finanzas y tesorero municipal del Municipio de El Marqués, Qro., con domicilio conocido en el palacio municipal de dicho Municipio. 6) El C. Secretario de Economía y Finanzas y tesorero municipal del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., en su caso, con domicilio conocido en el palacio municipal de dicho Municipio.’

"‘IV. Actos reclamados. 1. De la Legislatura del Estado de Querétaro, la aprobación y expedición de la «Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2013», publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro «Sombra de Arteaga» el día 19 de diciembre de 2012, la cual, entró en vigor el día 1 de enero de 2013, específicamente sus artículos 5 y 27, así como la «Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro»; específicamente sus artículos 117, 118, 119 y 120. Es importante señalar, que en el aviso recibo con número de servicio 078 050 400 807, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, se señala como domicilio de mi representada, el correspondiente al Municipio de Pedro Escobedo (siendo el correcto el del Municipio de El Marqués, Querétaro), por lo que si fuera el caso de que la ley que le es aplicada para el cobro de la contribución que en esta vía se combate, sea la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2013, igualmente se reclama dicho acto específicamente sus artículos 5 y 25. 3. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro, la expedición, promulgación y publicación de la «Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2013», publicada en el Periódico Oficial del estado de Querétaro «Sombra de Arteaga», el día 19 de diciembre de 2012, la cual entró en vigor el día 1 de enero de 2013, específicamente sus artículos 5 y 27, y, en su caso, la expedición, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2013, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro «Sombra de Arteaga» el día 19 de diciembre de 2012, la cual entró en vigor el día 1 de enero de 2013, específicamente sus artículos (sic) y 25, así como la «Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro», específicamente sus artículos 117, 118, 119 y 120. 4. Del secretario general de gobierno, el refrendo de la «Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, para el ejercicio fiscal 2013», publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro «Sombra de Arteaga», el día 19 de diciembre de 2012, la cual entró en vigor el día 1 de enero de 2013, específicamente sus artículos 5 y 27, y en su caso, la expedición, promulgación y publicación de la «Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2013», publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro «Sombra de Arteaga», el día 19 de diciembre de 2012, la cual entró en vigor el día 1 de enero de 2013, específicamente sus artículos 5 y 25, así como la «Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro», específicamente sus artículos 117, 118, 119 y 120. 5. Del director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Querétaro «La Sombra de Arteaga», la publicación de la «Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, para el ejercicio fiscal 2013», publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro «Sombra de Arteaga» el día 19 de diciembre de 2012, la cual entró en vigor el día 1 de enero de 2013, específicamente sus artículos 5 y 27, y en su caso, la publicación de la «Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2013», publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro «Sombra de Arteaga», el día 19 de diciembre de 2012, la cual entró en vigor el día 1 de enero de 2013, específicamente sus artículos 5 y 25, así como la «Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro», específicamente sus artículos 117, 118, 119 y 120. 6. Del secretario de Planeación y Finanzas, tesorero municipal y director de Ingresos del Municipio de El Marqués, los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de las leyes antes mencionadas, y que se refieren a la «Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal de 2013», específicamente sus artículos 5 y 27, y en su caso, del secretario de Planeación y Finanzas, tesorero municipal y director de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de las leyes antes mencionadas, y que se refieren a la «Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el ejercicio fiscal de 2013», específicamente sus artículos 5 y 25, así como de la «Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro de Arteaga», específicamente sus artículos 117, 118, 119 y 120; a través de la Comisión Federal de Electricidad, organismo que realizó, la inconstitucional recaudación del derecho de alumbrado público, como se consigna en la facturación correspondiente emitida por dicha comisión. De la propia tesorería municipal responsable o Dirección de Ingresos, a través de la Comisión Federal de Electricidad, también se reclama, la recaudación del derecho de alumbrado público hecho a través de los recibos de consumo de energía eléctrica con número de servicio: 079 981 200 778, 078 080 104 447 y 078 050 400 807, establecido en la facturación del periodo comprendido, del 31 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2013, lo cual consta, en los recibos que se acompañan en el capítulo de pruebas de esta demanda, mediante los cuales se le aplica a la quejosa el 8% sobre el consumo de energía eléctrica por concepto del derecho de alumbrado público. 7. No obstante que la facturación expedida por la Comisión Federal de Electricidad, en el recibo con número de servicio 078 050 400 807, señala erróneamente que el domicilio de mi representada corresponde a el Municipio de Pedro Escobedo, bajo protesta de decir verdad manifiesto que dicho domicilio corresponde a la circunscripción del Municipio de El Marqués, Querétaro; sin embargo, para el caso de que ese H. Juzgador llegue a considerar que quien efectúa el inconstitucional cobro del derecho de alumbrado público, sea el C. Secretario de Economía y Finanzas y tesorero municipal de Pedro Escobedo, igualmente se le reclama los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución del decreto señalado, y que se refieren a la «Ley de Ingresos del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, para el ejercicio fiscal de 2013», específicamente sus artículos 5 y 25, así como de la «Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro de Arteaga», específicamente sus artículos 117, 118, 119 y 120; a través de la Comisión Federal de Electricidad, organismo que realizó el inconstitucional cobro de derecho de alumbrado público, como se consigna en la facturación correspondiente emitida por dicha comisión. De igual manera, y en especial se reclaman todos los actos tendientes a la notificación y cobro, ya sea en la vía administrativa o económico coactiva y todos sus efectos, y consecuencias consiguientes principalmente la suspensión del servicio de energía eléctrica, embargo y demás acciones que se ejecuten en contra de la quejosa derivadas del supuesto derecho por «servicio de alumbrado público». Según sea la responsable, de la propia Tesorería Municipal, tanto del Municipio de El Marqués, Querétaro o de Pedro Escobedo, Querétaro, o dirección de ingresos, a través de la Comisión Federal de Electricidad, también se reclama la recaudación del derecho de alumbrado público, hecho a través de los recibos de consumo de energía eléctrica, con números de servicio 079 981 200 778, 078 080 104 447 y 078 050 400 807, establecido en la facturación del periodo comprendido del 31 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2013, lo cual consta en los recibos que se acompañan en el capítulo de pruebas de esta demanda, mediante los cuales, se le aplica a la quejosa el 8% sobre el consumo de energía eléctrica, por concepto del derecho de alumbrado público. Como se puede observar, las cantidades por concepto del citado derecho como se indica en las leyes reclamadas legalmente, se suma a las facturas antes detalladas, en la inteligencia, de que como ya se dijo la lectura corresponde al mes de enero pasado.’

"En relación con la naturaleza del primero de los actos reclamados, es necesario precisar que se trata de una disposición de observancia general, con efectos generales y abstractos.

"Con base en lo expuesto, se concluye que nos encontramos ante un amparo contra leyes, caso en el cual las únicas autoridades legitimadas para interponer el recurso de revisión, son los titulares de los órganos de Estado que hubiesen intervenido en el proceso legislativo, ya sea en su emisión o promulgación, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 80/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 14, Tomo XXVII, mayo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU EXPEDICIÓN ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN SU INCONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe)

"Jurisprudencia que interpreta el artículo 87 de la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción es similar al diverso 87 de la Ley de Amparo vigente; por lo cual, se considera que continúa en vigor y es aplicable al caso que nos ocupa, al no oponerse a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expide esta última, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

"De ahí que el presidente y tesorero, ambos del Municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato (autoridades recurrentes), carezcan de legitimación para acudir en revisión contra la sentencia que concedió la protección federal a la parte quejosa respecto de las porciones normativas declaradas inconstitucionales, en la especie, el artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato, ya que no intervinieron en el proceso de creación de dicho normativo (emisión o promulgación); aunado a que la Juez de Distrito no examinó la legalidad del acto de ejecución que se le atribuye y, por tanto, no se está ante una afectación directa al acto atribuido a ésta.

"De lo cual se desprende, que la Juez Federal declaró la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato, y como consecuencia, otorgó el amparo solicitado para los efectos siguientes: 1) Se le desincorpore de la esfera jurídica de la obligación tributaria contenida en dicho precepto y por ende, no se le aplique la norma declarada inconstitucional en turno, durante el lapso de su vigencia; 2) Las autoridades responsables, presidente y tesorero municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, deberán restituir a la parte solicitante de amparo, el monto que pagó por el derecho del servicio de alumbrado público, respecto al cargo que se efectuó en el aviso recibo con número de servicio 078 080 104 447, correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil doce al treinta y uno de enero de dos mil trece, y 078 050 400 807 correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil doce al treinta y uno de enero de dos mil trece; únicamente respecto del cargo que se efectuó en los días relativos al mes de enero de este año, y no lo concerniente a los días de los recibos que abarcan del mes de diciembre del año próximo pasado; y, para el caso de que el disconforme ya hubiese pagado alguna otra cantidad por el concepto arriba aludido con motivo de la aplicación de la norma controvertida, deberá restituírsele la misma, en el entendido que la obligación de gestionar ante las instituciones correspondientes la devolución aludida, compete al Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato.

"Lo cual indica, que en la sentencia recurrida, no se examinó la legalidad el acto atribuido a la autoridad aquí recurrente sino, solamente, la inconstitucionalidad de los preceptos legales ya indicados; por lo cual, se concluye que el presidente y tesorero municipal, ambos de Apaseo El Alto, Guanajuato, carecen de legitimación para interponer el presente recurso de revisión y, por ende, procede desecharlo.

"Aplica al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en la página 316, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que se lee:

"‘REVISIÓN INTERPUESTA POR AUTORIDAD QUE CARECE DE LEGITIMACIÓN. DEBE DESECHARSE.’ (se transcribe)

"Sin que pase inadvertido para este cuerpo colegiado, que en una hipótesis idéntica a la aquí analizada, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, adopta una postura antagónica, pues ese órgano jurisdiccional, estimó en esencia, que en el amparo contra leyes, la autoridad ejecutora tiene legitimación para interponer el recurso de revisión, cuando controvierta el exceso en el efecto dado al fallo protector, que le ocasiona un perjuicio económico y jurídico, al vincularla a la devolución de cantidades, que afirma, no fueron pagadas por el quejoso.

"Así, el criterio contra el cual se discrepa por parte de este cuerpo colegiado, se contiene en la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de publicación en el medio oficial de difusión del Poder Judicial de la Federación (sic), se transcriben a continuación:

"‘REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EXCESO EN EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR, QUE LE OCASIONA UN PERJUICIO ECONÓMICO Y JURÍDICO.’

"Así, si bien en el caso se está en presencia de un amparo contra leyes, lo cierto es que las inconformes en una parte de sus agravios controvierten que se les vincule al cumplimiento tendente a reparar el acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, por afirmar que quien administra el monto de lo recaudado por tal concepto, es el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración; lo cual, se considera puede generarles un perjuicio jurídico y económico, que les otorga legitimación para acudir a la presente instancia."

II. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el diecinueve de octubre de dos mil doce, el amparo en revisión 356/2012, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente: (fojas 133 y 134 del expediente)

"SEGUNDA. Legitimación y oportunidad. El Gobernador Constitucional y el secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos, están legitimados para interponer el presente recurso de revisión por haber figurado como autoridades responsables dentro del juicio de amparo indirecto de origen, en tanto que Carlos Alberto Figueroa Vázquez y Enrique Márquez Valle, cuentan con personalidad para hacer valer dicho medio de impugnación en su nombre, por tener el carácter de delegados de las autoridades recurrentes.

"Con relación a lo anterior, es necesario precisar que no se soslayan las jurisprudencias de rubro: ‘REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA INTERPONERLA, EN RELACIÓN AL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.’, ‘REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SÓLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.’ y ‘REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA.’

"Sin embargo, tales criterios se estiman inaplicables al caso concreto en el que el secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos sí tiene legitimación para inconformarse contra la sentencia constitucional, aun cuando se trata de un amparo contra leyes. Ello, porque la recurrente no controvierte los motivos y fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, sino el exceso en el efecto dado al fallo constitucional que la vinculó al pago de unas cantidades que aduce no fueron pagadas por el quejoso, lo cual le genera a la inconforme el perjuicio económico y jurídico necesario para acudir a la presente instancia.

"Al respecto, idéntico criterio ha adoptado este Tribunal Federal dentro de los amparos en revisión 296/2012, 314/2012 y 329/2012, resueltos, respectivamente, en sesiones de fechas trece y veintisiete de septiembre de dos mil doce, y del once de octubre también de esta anualidad, así como en el amparo en revisión 353/2012, resuelto el día de hoy.

"Asimismo, el recurso es oportuno, en virtud que fue interpuesto dentro del término de diez días que para tal efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución impugnada se notificó a los recurrentes, el veintiuno de agosto de dos mil doce, surtiendo sus efectos ese mismo día, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción I, de la invocada ley; por tanto, el término para interponerlo transcurrió del veintidós de agosto al cuatro de septiembre del presente año, sin contar los días veinticinco y veintiséis de agosto, así como el uno y dos de septiembre todos de ese mismo año, por haber sido inhábiles al ser sábados y domingos, conforme con lo dispuesto por el numeral 23 de la Ley de Amparo y «el» 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo que si el recurso de revisión se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, el cuatro de septiembre de dos mil doce, es claro que fue oportuno."

CUARTO. Determinación de la existencia de la contradicción de criterios. Esta Segunda Sala determina que, existe la contradicción de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados involucrados se ocuparon de la misma cuestión jurídica, tomaron en consideración elementos similares y llegaron a conclusiones distintas, con lo que están satisfechos los requisitos para que exista contradicción de criterios.

El propósito para el que fue creada la figura de la contradicción de tesis, es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Esta Suprema Corte de Justicia ha determinado que se precisa de la reunión de los siguientes supuestos, para que exista contradicción de tesis:

a. La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,

b. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o en sus respectivas interpretaciones jurídicas.

Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyos rubro y datos de identificación se reproducen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7)

Pues bien, como se advierte de las transcripciones hechas en el considerando anterior, en los casos que analizaron los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se presentan los siguientes hechos comunes:

- Un particular impugnó la inconstitucionalidad de una ley que establece el cobro de una contribución (en un caso de derecho por alumbrado público en el Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato y, en el otro, derechos de registro de una compraventa inmobiliaria).

- En las demandas de amparo, se señalaron como autoridades responsables a las que intervinieron en el proceso legislativo de creación de las leyes y se formularon conceptos de violación encaminados a demostrar la inconstitucionalidad de las normas.

- Asimismo, se designaron como "autoridades ejecutoras" a las responsables de realizar el cobro o retener la contribución (secretario de Finanzas y tesorero municipal del Municipio de Apaseo el Alto y secretario de Finanzas y subsecretario de Ingresos del Estado de Morelos). Respecto de los actos atribuidos a estas autoridades, no se formularon conceptos de violación específicos, sino que la ilegalidad de su actuación, se hizo depender de la aplicación concreta de normas que el quejoso considera contrarias a la Constitución Federal.

- Al resolver, en los dos asuntos, los Jueces de Distrito declararon fundados los conceptos de violación que les fueron propuestos y, en consecuencia, determinaron otorgar la protección constitucional solicitada, que hicieron extensiva a los actos de aplicación de las normas, precisando la forma en que, en cada caso, las autoridades ejecutoras debían proceder: en una de las sentencias, el Juez determinó que la concesión del amparo obliga a las autoridades municipales a devolver al quejoso las cantidades, que por concepto de derechos por alumbrado público éste había entregado a la hacienda municipal y, en el otro, se ordenó restituir al particular las cantidades que le fueron retenidas "menos la tarifa menor que prevé el artículo 77, fracción II, de la ley."

Efectivamente, en el juicio de amparo en revisión administrativa 246/2013, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Juez en su sentencia precisó lo siguiente:

"Toda vez que la parte quejosa acudió a este juicio con motivo de un acto concreto de su aplicación, a efecto de restituirle en el uso y goce del derecho fundamental violado; igualmente procede el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión en su contra, teniendo como efecto, que las autoridades responsables presidente y tesorero municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, a la parte solicitante de amparo (sic) el monto que pagó por el derecho del servicio de alumbrado público, respecto al cargo que se efectuó en el aviso recibo con número de servicio 078 080 104 447, correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil doce al treinta y uno de enero de dos mil trece, y 078 050 400 807, correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil doce al treinta y uno de enero de dos mil trece, únicamente respecto del cargo que se efectuó en los días relativos al mes de enero de este año, y no, lo concerniente a los días de los recibos que abarcan del mes de diciembre del año próximo pasado; y, para el caso de que el disconforme ya hubiese pagado alguna otra cantidad por el concepto arriba aludido con motivo de la aplicación de la norma controvertida, deberá de restituírsele la misma, en el entendido que la obligación de gestionar ante las instituciones correspondientes la devolución aludida, compete al Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato.

"Lo expuesto encuentra apoyo, en el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, página 353, que a la letra dice:

"‘ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991).’." (se transcribe)

En el juicio de amparo en revisión 356/2012, del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el Juez determinó:

"Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada, sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de entregar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24874-2fd7abeb/revision-en-amparo-contra-leyes-la-autoridad-ejecutora · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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