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Modo: Corpus Pro

ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18022
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 575.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada se hacen las siguientes transcripciones, en la parte que interesa:

• Del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el amparo en revisión administrativo 163/2003 (Quejosa: Cremería y Salchichonería San Antonio, Sociedad Anónima de Capital Variable) resuelto el diez de julio de dos mil tres:

"CUARTO. Previo a abordar el estudio de los agravios formulados por la parte quejosa, este Tribunal Colegiado advierte que en la resolución reclamada se sobreseyó en el juicio de garantías respecto de los actos reclamados del Congreso, Gobernador Constitucional, secretario de Gobierno, secretario de Planeación y Finanzas, todos del Estado de Guanajuato y del tesorero del Municipio de Celaya, Guanajuato, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del Decreto Número 73, que contiene la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, concretamente el artículo 246, así como su ejecución y cumplimiento, por estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la extemporaneidad en la presentación de la demanda de garantías, que trajo consigo el consentimiento de tales actos. Ese aspecto de la sentencia que se revisa no fue combatido por la parte a quien podría perjudicar, esto es, por la empresa peticionaria de garantías Cremería y Salchichonería San Antonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que dicha determinación no es materia del presente recurso y debe, por ello, permanecer intocada. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 471 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante su vigencia, publicada en la página 313, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: ‘REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.’ (se transcribe). QUINTO. Los agravios expuestos son fundados y suficientes para modificar la resolución recurrida en los términos que en su oportunidad se precisarán. Para demostrar lo anterior, se efectuará una breve síntesis de algunas de las consideraciones que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 136/2002-SS, entre las sustentadas por este órgano colegiado, así como el Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados, todos de este circuito, que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 158/2002, la cual puede ser consultada en la página 219, Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto íntegro es el siguiente: ‘ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO. La citada Ley de Hacienda publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve establece, en sus artículos 245, 246 y 247, estos dos últimos reformados en mil novecientos noventa y siete, la contribución por servicio de alumbrado público, pero de los elementos esenciales del tributo sólo fija los sujetos, el objeto, la base y la época de pago, mientras que para las tasas, que es el otro elemento esencial, remite a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guanajuato que, como es obvio, sólo tiene vigencia anual. Por tanto, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de tal tributo, debe tomarse en consideración que si no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Hacienda en relación con la contribución de mérito, dicha ley debe tenerse tácitamente consentida y sobreseerse al respecto, pero no cabe la misma determinación, en vía de consecuencia, respecto de la impugnación de la tasa establecida en la Ley de Ingresos, pues al ser ésta un nuevo acto legislativo cada año, es evidente que con motivo de su entrada en vigor o de su primer acto de aplicación, se dé la oportunidad de promover la acción de amparo en su contra, atendiendo a la novedad formal de la norma respectiva, pues aunque se reitere la tasa, ya es otra disposición. La oportunidad de la demanda de garantías en contra de ambas leyes, por tanto, debe examinarse por separado.’. Los razonamientos a que se hizo alusión anteriormente son los siguientes: (se transcriben). Ahora bien, la persona moral quejosa en su demanda de garantías no controvirtió el elemento ‘tasa’ del tributo cuya constitucionalidad impugnó, lo que es así porque de la lectura íntegra de ese libelo se advierte que sus conceptos de violación se encaminaron a discutir lo siguiente: I. Que los artículos 1o. y 39 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, así como el ordinal 246 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato vulneran las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque invaden facultades y atribuciones reservadas para la Federación en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), 124 y 133 constitucionales, porque crean un tributo sobre el consumo de energía eléctrica, atribución reservada en exclusiva para el Congreso de la Unión. II. Que deviene inconstitucional la aplicación del gravamen sobre el consumo de energía eléctrica, pues no puede estimarse que la carga tributaria impuesta en el artículo 39 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, constituya una contraprestación por el servicio de alumbrado público, en virtud de que el cobro de tal derecho (DAP), se realiza con base en un porcentaje sobre consumo; de lo que resulta, a criterio del quejoso, que los artículos cuya constitucionalidad impugna establecen una contribución especial sobre el consumo del fluido eléctrico, vulnerando facultades y atribuciones reservadas a la Federación. III. Que de la facturación por consumo de energía eléctrica que exhibió se advierte que, además del cobro por la utilización de ese fluido, se incluyó un gravamen por la prestación del servicio de alumbrado público conforme a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, con base a las tarifas generales aprobadas en la Ley Federal del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que se invaden facultades exclusivas del Congreso de la Unión. IV. Que al tener como base para el pago del derecho por alumbrado público el consumo de energía eléctrica se rompe la correspondencia que debe existir entre el objeto y la base de la contribución, pues sólo cubre ese derecho la persona que consume ese fluido, pese a que no sólo él se beneficia de ese servicio, sino también quien no lo paga. V. Que se transgrede el principio de supremacía constitucional consignado en el artículo 133 de la Carta Magna, que establece que la Constitución prevalece sobre cualquier norma o ley secundaria que se le contraponga, postulado que toda autoridad debe observar preferentemente a lo que establezca cualquier disposición ordinaria. VI. Que no existe proporción entre el costo del servicio prestado y la base o cuota, pues el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público lo calcula teniendo como base el consumo de energía eléctrica. Se sostiene que en los motivos de inconformidad, anteriormente sintetizados, no se controvierte el elemento ‘tasa’ del tributo que se examina, porque la persona moral quejosa dirige sus razonamientos a establecer que el cobro del derecho al alumbrado público es contrario a la Constitución, lo que así estima porque, en su concepto, no debió establecerse teniendo en cuenta el consumo de energía eléctrica y, por otra, porque el legislador local invadió atribuciones reservadas a la Federación, dado que el cobro del servicio de energía eléctrica corresponde exclusivamente a las autoridades federales, infringiendo con ello el principio de supremacía constitucional consignado en el artículo 133 de la Carta Magna, por lo que si bien en sus conceptos de violación controvirtió la tasa sobre el consumo de energía eléctrica, la ilegalidad de ese porcentaje la hizo depender de que se vulneraron facultades y atribuciones reservadas a la Federación y porque se parte de la facturación de ese fluido, lo que evidentemente se vincula con el objeto y la base de ese tributo, como se procede a demostrar: En la ejecutoria previamente destacada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el tributo que se examina el objeto consiste en la prestación del servicio de alumbrado público (artículo 245 de la Ley de Hacienda Municipal) y también dispuso que su base estriba en las tarifas generales números 1, 2, 3, O-M, H-M, H-S y H-T, aprobadas y publicadas en los términos de la Ley Federal del Servicio Público de Energía Eléctrica (artículo 246 de la Ley de Hacienda Municipal). En esas condiciones, con los aludidos elementos, se colma la hipótesis normativa o hecho generador de ese tributo, lo que es así porque las tarifas generales a que alude la Ley Federal del Servicio Público de Energía Eléctrica, es decir, los consumos de energía eléctrica que se establecen en ese ordenamiento legal, serán el sustento para realizar el cobro del impuesto estatal que se causa por la utilización del servicio de alumbrado público y, evidentemente, la tasa no es otra cosa que la unidad aritmética que se toma como sustento para efectuar la liquidación en moneda de curso legal del tributo a pagar. En efecto, existen diversas vías para establecer la tasa de un impuesto, citando entre las que ordinariamente prevén las legislaciones fiscales la denominada doctrinalmente como de ‘cuota fija’, que consiste en el establecimiento de un porcentaje específico sobre el importe global del hecho generador de la obligación tributaria; la que se conoce como de ‘cuota progresiva’ cuyo objeto estriba en establecer tasas diferenciales, cuyo impacto económico se va acrecentando en la medida en que el monto del hecho generador es mayor, decreciendo, por el contrario, cuando dicho monto es menor; y, finalmente, la denominada ‘cantidad fija’, que se actualiza cuando la tasa se determina aplicando al hecho generador del tributo una cantidad exacta expresada en moneda de curso legal y no como sucede en las cuotas fijas o en las tarifas progresivas que se expresan en porcentajes; en esas condiciones, no existe duda que el 8% y el 5% que se establece en las fracciones I y II del artículo 39 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, no es otra cosa que la unidad aritmética que en esa legislación se dispuso para realizar la liquidación del derecho sobre alumbrado público que, conforme a la clasificación doctrinaria anteriormente señalada, es una tasa por ‘cuota fija’. Precisado lo anterior y una vez demostrado que la quejosa no controvirtió la tasa que rige para el impuesto en estudio, se puntualizará el porqué asiste razón jurídica a la autoridad recurrente cuando afirma que en la sentencia impugnada el Juez Federal debió considerar la inoperancia de los motivos de inconformidad que se sometieron a su potestad. En la jurisprudencia anteriormente precisada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso que para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo en contra del tributo que se analiza debe tomarse en consideración que se haya demandado oportunamente la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, pues en esa legislación se establecieron los elementos, sujeto, objeto, base y época de pago, del impuesto que se examina y, en el caso de que la presentación de la demanda resulte extemporánea, debe tenerse tácitamente consentida esa legislación y, por consiguiente, sobreseer; determinación que no cabe efectuar, en vía de consecuencia, respecto de la impugnación de la tasa establecida en las respectivas Leyes de Ingresos pues, al ser éstas un nuevo acto legislativo anual, es evidente que con motivo de su entrada en vigor o de su primer acto de aplicación se da la oportunidad de promover la acción de amparo en su contra, atendiendo a la novedad formal de la norma respectiva. En el caso concreto, como ya se demostró, las inconformidades de la quejosa se encaminaron a impugnar los elementos objeto y base de ese tributo, sin plantear alguna inconformidad en contra del elemento tasa del impuesto y, por consiguiente, los conceptos de violación expresados son inoperantes, en atención a que en el juicio de amparo se sobreseyó en relación con los ordinales de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, cuya inconstitucionalidad impugnó la solicitante de amparo, los cuales contienen los elementos del impuesto antes precisados. Se cita en apoyo de lo anterior, el principio rector que informa la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede verse en la página 200, tesis 279, Tomo I, Materia Constitucional, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra informa: ‘AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA LEY APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA CON ANTERIORIDAD.’ (se transcribe). Por consiguiente, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por la persona moral denominada Cremería y Salchichonería San Antonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos reclamados del Congreso, gobernador, secretario de Gobierno, secretario de Finanzas y Administración, todos del Estado de Guanajuato, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo de los artículos 1o. y 39, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, ante la inoperancia de los conceptos de violación externados. SEXTO. No obstante que en el considerando anterior se demostró la inoperancia de los conceptos de violación encaminados a controvertir la constitucionalidad del tributo sobre alumbrado público, procede conceder la protección constitucional solicitada en contra de los actos concretos de aplicación de dichas disposiciones legales, aunque no se aleguen vicios propios en su ejecución respecto de la autoridad señalada como responsable, Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Importa destacar en primer término que, como se aprecia del escrito de demanda de garantías, la persona moral quejosa reclamó de la Tesorería Municipal de la ciudad de Celaya, Guanajuato, la facturación de la contribución relativa al derecho sobre alumbrado público (DAP) a razón del ocho por ciento, correspondiente a los periodos que comprenden del cinco de noviembre de dos mil dos al siete de enero de dos mil tres, del veintiuno de noviembre de dos mil dos al veintitrés de enero de dos mil tres y del trece de diciembre de dos mil dos al catorce de enero de dos mil tres, por lo que no existe duda de que reclama esos actos concretos de ejecución. De igual modo, como se patentizó al sintetizar los conceptos de violación que adujo la impetrante de la protección constitucional en su demanda de garantías, no existe motivo de inconformidad expreso que se vincule al indicado acto concreto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional; sin embargo, procede suplir la deficiencia de esos planteamientos. En efecto, la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que la propia legislación prevé, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia; en esas condiciones, basta con que el acto reclamado se haya sustentado en normas consideradas contrarias a los postulados de la Carta Magna para que proceda la suplencia de la queja a favor de la solicitante de amparo. En apoyo de lo antes externado, se cita el principio rector que informa la siguiente tesis que emitió la ahora extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que puede consultarse en la página 1892, tesis 2720, Tomo I, Materia Constitucional, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del siguiente contenido textual: ‘SUPLENCIA DE AGRAVIOS PARA REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO, CUANDO LA LEY RECLAMADA FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe). Aún más sobre el mismo tema, la aludida suplencia procede en el supuesto de que no se hubiese llamado a la autoridad responsable del acto de aplicación, tratándose de leyes de naturaleza heteroaplicativa, sin que ese proceder pudiese parar algún perjuicio a la autoridad que no se llamó al juicio de garantías, pues en su informe justificado sólo podría expresar las razones y fundamentos que estimare pertinentes para sustentar el acto que específicamente se le haya reclamado y no los de la ley que le resultan ajenos. En apoyo de la anterior aseveración, se cita la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante su vigencia, consultable en la página 1894, tesis 2722, en el tomo anteriormente referido del aludido órgano de difusión, cuyos rubro y contenido son los siguientes: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 76 BIS, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA CUANDO SE RECLAMA UNA LEY EN SU CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVA Y ÉSTA HA SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO OBSTANTE QUE NO HAYA SIDO LLAMADA A JUICIO LA AUTORIDAD RESPONSABLE APLICADORA.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, cabe referir que el Pleno del Máximo Órgano de Control Constitucional declaró contrarias a la Constitución Política todas aquellas legislaciones o códigos locales en los que se establezca el cobro de alguna cantidad por el consumo de energía eléctrica, pues esas atribuciones son propias sólo de la Federación; criterio en cita que puede verse en la página 115, tesis 84, Tomo I, Materia Constitucional, Sección Jurisprudencia, del pluricitado medio de difusión y que a la letra versa: ‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las Legislaturas Locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República.’. La jurisprudencia previamente transcrita, como se advierte de su sola lectura, es temática, pues el aludido Alto Tribunal al emitirla señaló que en la fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), del artículo 73, de la Carta Magna, se establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión fijar contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica y, en esos términos, cuando en los códigos y las leyes locales se prevea que los derechos por el servicio de alumbrado público se calculen tomando como base la cantidad sobre el consumo del indicado fluido, en realidad se está creando un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho, en atención a que no existe ninguna relación lógica entre el empleo de la energía eléctrica y la cantidad que debe satisfacerse por el servicio de alumbrado público, por lo que en esas legislaciones se está invadiendo la esfera de facultades exclusivas de la Federación. Por tanto, es claro que ese criterio estableció que todas las legislaciones locales en las que se colme el aludido supuesto serán contrarias a la Norma Fundamental. En el caso concreto, no existe duda de que las disposiciones en el juicio de garantías que se tildaron contrarias a la Constitución adolecen de la irregularidad antes apuntada y, ante ello, el acto concreto de aplicación es igualmente violatorio de prerrogativas exclusivas de la Federación, lo que es así porque en los artículos que cita la quejosa en su demanda de amparo se prevé el pago del servicio de alumbrado público con base en las cantidades que se sufraguen por la utilización del fluido eléctrico, tal como implícitamente lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: ‘ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO.’. que anteriormente se transcribió. En esas condiciones, resulta ilegal el cobro que por el derecho sobre alumbrado público se reclama del tesorero municipal de Celaya, Guanajuato, correspondiente a los periodos que abarcan del cinco de noviembre de dos mil dos al siete de enero de dos mil tres, del veintiuno de noviembre de dos mil dos al veintitrés de enero de dos mil tres y del trece de diciembre de dos mil dos al catorce de enero de dos mil tres, cuyos recibos de pago acompañó a su demanda de garantías la persona moral quejosa pues, aunque en la referida documental no se precisa que el cobro se realiza conforme a los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, es evidente que se aplicaron para exigir su satisfacción. En efecto, al realizarse el desglose de los conceptos materia de cobro en la aludida instrumental, después de que se precisan las cantidades que corresponden al consumo por energía eléctrica y al impuesto al valor agregado, en cada uno de los recibos se precisa un cobro más que se especificó como ‘derecho de alumbrado público 8.00%’ a razón de doscientos diecinueve pesos con setenta y seis centavos en el primero, trescientos veintidós pesos con veinticuatro centavos en el segundo, así como ciento noventa y tres pesos con ochenta y cinco centavos en el tercero; en esas condiciones, como la fracción I del artículo 39 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, prevé que los derechos por la prestación del servicio de alumbrado público se causarán y liquidarán sobre el 8% respecto del importe facturado que resulte de la aplicación de las tarifas 1, 2, 3, O-M y H-M a que se refiere la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus reglamentos, no cabe duda que en los actos administrativos que se examinan se aplicaron preceptos que son contrarios a la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia temática anteriormente referida, pues se estableció el cobro del servicio público con base en la utilización de la energía eléctrica ... Por consiguiente, ante lo fundado de los agravios aducidos y en suplencia de la queja de la persona moral impetrante de la protección constitucional, procede modificar la sentencia impugnada."

• Del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, el amparo en revisión administrativo 157/2003 (Quejosa: Polímeros Excelite, Sociedad Anónima de Capital Variable) resuelto el nueve de julio de dos mil tres):

"CUARTO. Los agravios transcritos son en parte infundados y fundados en otra. El Juez de Distrito actuó legalmente al sobreseer en el juicio de garantías, respecto del acto reclamado que se hizo consistir en la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, reclamándose, particularmente, la inconstitucionalidad de su artículo 146, por haber estimado actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, tal como lo ponderó el Juez Federal, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato fue consentida, en virtud de que tal ordenamiento no fue impugnado con motivo de su primer acto de aplicación, acaecido en el mes de marzo de dos mil uno, consistente en el cobro del derecho de alumbrado público, razón por la cual la impugnación derivada del cobro del propio derecho, en el mes de febrero de dos mil tres, resultó extemporánea, actualizándose con ello la causal de improcedencia antes citada. Sobre este particular, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 158/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 136/2002-SS, la cual aparece publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, enero de 2003, que dice: ‘ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO.’ (se transcribe). QUINTO. En otro aspecto, asiste razón a la recurrente cuando asevera que el Juez Federal actuó ilegalmente al declarar inatendibles e inoperantes los conceptos de violación que adujo en su demanda de garantías. En efecto, tal como se advierte de dicha demanda, la quejosa adujo, sustancialmente, que la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal de dos mil tres, establecía un derecho por la prestación y uso de alumbrado público, que se traduce en una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, al calcularse su monto tomando en cuenta la cantidad que se cobra por dicho consumo, señalado en los recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, aplicándose a dicho importe una tasa del ocho por ciento por derecho de alumbrado público. El Juez Federal debió adentrarse al estudio de tal argumento sin condicionar su análisis a la impugnación de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato pues, si bien es cierto que en ésta se regulan los sujetos, objeto, procedimiento para el cálculo de la base, lugar, forma y época de pago de la contribución especial por servicio de alumbrado público, también es verdad que a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, que contiene uno de los elementos integradores del tributo, se le atribuye un vicio propio que radica en la fijación de la tasa, tomando como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, cuya facultad, según lo dispone el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución General de la República, corresponde en forma exclusiva a la Federación. Acerca de ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 159/2002, visible en la página 151 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 136/2002-SS, sostuvo el siguiente criterio: ‘ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO EN CONTRA DE LA LEY ANUAL DE INGRESOS, QUE ESTABLECE LA TASA DE LA CONTRIBUCIÓN RELATIVA. Los elementos de este tributo están previstos en dos leyes diferentes, que son la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, donde se establecen como partes esenciales el sujeto, el objeto, la base y la época de pago, y la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado, que año con año fija la tasa, que es el otro elemento esencial. Ahora bien, cuando se otorga el amparo en contra de la Ley de Ingresos en lo que se refiere a la tasa, los efectos de la protección constitucional amparan al quejoso en contra de todo el tributo aunque no se haya impugnado la Ley de Hacienda (que estatuye los otros elementos) o se haya sobreseído respecto de ésta, pues si bien es cierto que la nueva Ley de Ingresos no da derecho a impugnar los preceptos de aquella que no fueron reformados y que ya se consintieron tácitamente, igualmente cierto resulta que en el supuesto que se examina, el otorgamiento del amparo en contra de la tasa, que es un elemento esencial de la contribución, impide que ésta subsista jurídicamente en perjuicio del quejoso.’. Luego, no estuvo en lo correcto el Juez Federal al sostener que: ‘... No pueden examinarse en este juicio de amparo los argumentos relativos a que el Congreso del Estado de Guanajuato carece de facultades para imponer contribuciones con base en la energía eléctrica, por ser ésta una facultad reservada a la Federación,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18022-86327144/alumbrado-publico-las-diversas-leyes-de-ingresos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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