APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES POR PARTE DE LOS JUBILADOS O PENSIONADOS DEL ESTADO DE NAYARIT. PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES RETENIDAS DESDE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN II, 13, PÁRRAFO SEGUNDO Y 46 DE LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ABROGADA, ANTE SU INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 1439/2022. 25 DE MAYO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DANIEL JÁUREGUI QUINTERO. SECRETARIO: RAFAEL ROBERTO TORRES VALDEZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Estudio y resolución del asunto. Es esencialmente fundado el primero de los agravios que hace valer la parte recurrente, suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte inconforme se trata de una persona a la cual se le otorgó una pensión por jubilación conforme a la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit.
Sobre el tema tratado es aplicable la tesis aislada 2a. XCV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 1106, con número de registro digital: 2007681, la cual es del tenor siguiente:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables."
Ahora, como se dejó establecido en el considerando segundo de la sentencia controvertida, el Juez de Distrito precisó que los actos reclamados consisten en:
• Del Congreso y gobernador, ambos del Estado de Nayarit, en sus respectivas competencias constitucionales, el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, publicada el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete en el Periódico Oficial del propio Estado, específicamente los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo y 46 de la mencionada legislación.
• Del director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, el acto de aplicación de los aludidos preceptos normativos, desde el primer acto de aplicación (quince de diciembre de dos mil veintiuno) al quince de diciembre de dos mil veintidós, consistente en el descuento de $********** (**********) sobre los recibos de nómina de la parte quejosa, como trabajadora pensionada, por el concepto identificado con la clave "504".
• El acto de aplicación de las mencionadas normas jurídicas, con fecha de conocimiento del primer acto de aplicación el treinta de septiembre de dos mil veintidós, atinente al descuento de $********** (**********) sobre los recibos de nómina de la parte quejosa, como trabajadora pensionada, por el concepto con clave "504".
De igual forma, como se evidenció, respecto del acto reclamado descrito en segundo orden, determinó procedente sobreseer en el juicio de amparo, al considerar que la presentación de la demanda relativa era extemporánea, porque –dijo– el primer acto de aplicación de las normas impugnadas se realizó desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en la que la parte quejosa refirió que comenzó a recibir los pagos quincenales, en los cuales apareció el descuento denominado concepto "504", "Fondo de P."; lo cual, consideró el a quo, constituía una confesión por parte de la peticionaria de amparo en cuanto a que tuvo conocimiento de los actos reclamados desde esa data, lo que adminiculó con el dictamen de pensión, de quince de septiembre de dos mil diecisiete; de todo lo cual –acotó– se colige que el primer descuento se efectuó el quince de diciembre de dos mil veintiuno.
Por ende –precisó el Juez de Distrito– que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de octubre de dos mil veintidós) había transcurrido en exceso el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relativa a los actos tácitamente consentidos, derivado de la presentación extemporánea de la demanda.
Sin embargo, como de igual forma se dejó establecido en párrafos precedentes, el primero de los agravios formulado por la disconforme, en el cual controvierte esa decisión del Juez de amparo, resulta esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, porque del análisis integral que se realiza de la demanda y de los documentos anexos a ella se desprende que contrario a lo estimado por el juzgador federal, para efectos de determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, no puede considerarse válidamente que el primer acto de aplicación de las normas impugnadas se hubiere realizado desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno, por haber referido la parte quejosa en su libelo inicial que a partir de esa fecha comenzó a recibir los pagos quincenales, y en el recibo aportado al sumario de origen aparece el concepto "504 Fondo de P."
En efecto, si bien la aludida quejosa afirmó, bajo protesta de decir verdad, que desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno comenzó a recibir sus pagos quincenales por cuenta del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado de Nayarit, también lo es que de esa expresión no se desprende que hubiese tenido conocimiento de que el referido descuento tuviera fundamento en dichos preceptos normativos, reclamados en el presente juicio de amparo, pues tampoco puede desconocerse que la peticionaria de amparo destacó que fue hasta el treinta de septiembre de dos mil veintidós (con motivo del descuento que aparece en el recibo de nómina **********) cuando la propia autoridad responsable ejecutora le informó que tales descuentos eran en aplicación de lo estatuido en los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit.
De igual forma, tal conocimiento no se advierte del dictamen de pensión, ni aun siquiera del recibo de pago que exhibió anexo a su demanda de amparo (visibles a fojas trece y catorce del expediente de origen, respectivamente) de manera que pudiera considerarse que tuvo conocimiento de que el descuento obedecía a la aplicación de las normas reclamadas.
En ese contexto, considerando que una causal de improcedencia debe estar plenamente acreditada y no inferirse con base en presunciones, se estima que la sola manifestación de la peticionaria de amparo en relación con el descuento en el pago de su pensión por el concepto "504 Fondo de P.", es insuficiente para considerar que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de la ley.(8)
A lo anterior se agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que para computar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, debe considerarse el momento a partir del cual el quejoso tuvo conocimiento cierto y completo del acto reclamado.
Así se advierte de la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, cuyo tenor señala:
"DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."(9)
No obsta para concluir en tales términos, que de conformidad con las reglas de procedencia del amparo administrativo contra leyes, específicamente cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito deba analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, esto es, que constituya el primero que concrete en perjuicio del impetrante la hipótesis jurídica controvertida y si con relación a él no se actualiza una diversa causa de improcedencia y que en caso de que no sea el primer acto de aplicación, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada.
Lo anterior, porque cuando la norma o disposición general es reclamada con motivo del primer acto de aplicación, la verificación de que efectivamente se trate del primer acto de aplicación tiene por objeto constatar que no se actualice su consentimiento, de manera que por ese motivo resulte improcedente el juicio de amparo.
De ahí que el análisis del primer acto de aplicación de la norma reclamada no puede desvincularse del momento en el cual la parte quejosa adquirió el conocimiento pleno y a partir del cual estuvo en aptitud legal de incoar el juicio de amparo.
Así se desprende de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor señala:(10)
"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (Énfasis añadido)
En el caso a estudio, la aplicación de las normas reclamadas se traduce –en esencia– en la carga de aportar de manera quincenal al fondo de pensiones el 3.28 % (tres punto veintiocho por ciento) de su pensión mensual, incrementándose anualmente el 0.4 % (cero punto cuatro por ciento) hasta por treinta años; con lo cual, se restringe a la disconforme el derecho que tiene a disfrutar íntegramente el monto de su pensión.
Debido a ello es válido afirmar que si la parte quejosa presentó su demanda de amparo el once de octubre de dos mil veintidós, es inconcuso que lo hizo dentro del término de quince días siguientes a la data en que tuvo conocimiento del acto reclamado; pues su último recibo de pago en el cual aparece el descuento por el concepto "504 Fondo de P.", que atribuye a la aplicación de las normas reclamadas, ocurrió el treinta de septiembre de dos mil veintidós, siendo con motivo de ese descuento que la propia autoridad responsable ejecutora le informó que era en aplicación de las normas reclamadas, sin que hubiese quedado acreditado que con anterioridad a ello tuviera conocimiento de su aplicación en los términos en que lo consideró el Juez de Distrito.
Se estima lo anterior, porque –como incluso así lo advirtió el Juez de Distrito– en el apartado relativo a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
"1. Pensión. El día diez de diciembre de dos mil veintiuno, fue expedido por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones (con efectos a partir de su emisión) el dictamen de pensión por edad y tiempo de servicios, por virtud del cual se me autorizó una pensión por el equivalente al cien por ciento de las prestaciones que percibía cuando me encontraba en activo en la categoría de trabajador(a) social, a razón de ********** ($**********).
"2. Descuento. El día treinta de septiembre de dos mil veintidós, se extendió el comprobante número **********, en el que se observa se me aplica un descuento a mi cuota pensionaria por la cantidad de mil doscientos veintidós pesos con cincuenta y dos centavos moneda nacional ($**********) en concepto de aportación al fondo de pensiones, que según me fue informado por dicha autoridad, se me aplicó en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de pensiones.
"En virtud de lo anterior, mi pensión se ve disminuida y realmente no me es enterada en la proporción en que me fue autorizada (cien por ciento) ya que indebidamente se ve disminuida con motivo de que se me aplica la disminución automática anteriormente indicada, por lo que me veo en la necesidad de ejercitar acción constitucional para obtener la protección y el amparo de la Justicia Federal.
"Pues, según tengo entendido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en multiplicidad de criterios jurisprudenciales y aislados que el derecho de los pensionados y jubilados a que nos sea pagada nuestra cuota pensionaria de forma íntegra es imprescriptible."
De lo transcrito se advierte que la parte quejosa señaló que trabajó al servicio del Gobierno del Estado de Nayarit, y una vez reunidos los requisitos para acceder al beneficio de una pensión por jubilación, previos los trámites legales y administrativos necesarios, le fue otorgado dicho beneficio; lo cual se infiere del dictamen de diez de diciembre de dos mil veintiuno que acompañó a su demanda de amparo, precisando también en diversa parte de su libelo constitucional, como en forma correcta lo advirtió el juzgador federal, que desde el quince de diciembre de ese año comenzó a recibir el pago de su pensión y desde esa fecha se le ha realizado el descuento por el "Concepto 504 Fondo de Pensiones", en cada uno de sus talones de pago, incluso hasta la quincena correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veintidós (el cual consta en el recibo de nómina **********, que de igual forma acompañó a su demanda de amparo).
En relación con lo anterior, refirió también la peticionaria de amparo que su inconformidad estriba en el hecho de que los numerales 11, fracción II, 13 segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, vulneran sus derechos humanos de igualdad jurídica y social, porque la aportación para el fondo de pensiones se le siguió aplicando después de haberle sido otorgada su pensión, esto es, que a pesar de haber causado baja como trabajadora en activo se continuó aplicando el descuento en cuestión, como si aún estuviera en activo.
Lo cual estima violatorio del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 25, 26, punto 3 y 67 del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Norma Mínima de Seguridad Social, porque si bien las normas mencionadas autorizan topes a los beneficios salariales en materia de seguridad social, la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas indicadas, traduciéndose en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria para constituir un fondo monetario con el cual se cubrirá aquélla, lo que se traduce en la inconvencionalidad de las normas controvertidas, al imponerle la obligación de seguir contribuyendo al fondo de pensiones, cuando al adquirir el derecho a pensionarse completó las condiciones requeridas para obtener dicha prestación.
Esto es, de acuerdo con el planteamiento de la parte quejosa, al encontrarse en una situación legal diferente a la de un trabajador en activo, por haber aportado durante toda su vida laboral las cuotas correspondientes al fondo de pensiones, no existía razón para que continuara aportando determinada cantidad de su pensión a dicho fondo. En esas condiciones, aunque la determinación de la cuota pensionaria se realizó desde la emisión del dictamen de pensión de diciembre de dos mil veintiuno, y el primer descuento se realizó en la primer quincena de ese mes y año, esto es, el quince de diciembre del indicado año, como lo refirió la parte quejosa, lo cierto es que –se insiste– opuesto a lo sostenido por el Juez de Distrito, no existe constancia fehaciente en autos de la cual se infiera que tuvo conocimiento pleno de la aplicación de las normas cuestionadas desde aquella data, porque del contenido del dictamen en que le otorgó la pensión, ni en el recibo de pago de ésta se contiene la cita de aquellas normas jurídicas, pues en este último sólo se hace mención a la clave: "504", "Concepto Fondo de P." (fondo de pensiones) lo que de manera alguna conlleva determinar que a través de esa referencia conocía la aplicación de los preceptos reclamados, pues al cuestionar su constitucionalidad, se entiende que es hasta ese momento en que tuvo conocimiento pleno de su aplicación a través del descuento en mención.
En ese orden de ideas, se puede válidamente establecer que la ahora recurrente, a la fecha en que promovió el juicio de amparo reclamando la inconvencionalidad de los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con motivo del descuento a su pensión por el "Concepto 504 Fondo de Pensiones", mismo que se actualiza en el recibo de pago que acompañó a su libelo inicial, como lo es el correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veintidós, con número de folio **********, sí se encontraba en aptitud y tiempo para pedir la inaplicación de las normas en cuestión y que, en función de ello, se determine su indebida aplicación de la cuota pensionaria.
Por consiguiente, si la parte quejosa señala que el descuento por el "Concepto 504, Fondo de Pensiones", se actualizó en cada recibo de pago desde el momento en que le fue otorgada su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, hasta el último descuento realizado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, al momento de recibir el talón de pago correspondiente a esa quincena, entonces, el cómputo de quince días para presentar la demanda de amparo, en términos del artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, inicia a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de dicha circunstancia, conforme se establece en el diverso dispositivo legal 18 de la ley de la materia.
Máxime que en las constancias de autos no obra prueba alguna que demuestre que hubiere tenido conocimiento previo de la aplicación de las normas que reclama a los descuentos en su pensión, ni la autoridad responsable exhibió algún documento del cual se advierta esa circunstancia.
Por ende, dado que la parte quejosa exhibió como dato único el recibo de pago de la pensión correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veintidós, se considera que a partir de ese momento tuvo conocimiento de la aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, ya que –incluso– en su demanda de amparo precisó que en relación con dicho recibo de pago, le fue informado por la autoridad responsable ejecutora que el descuento reflejado en el mismo era en aplicación de los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit; por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo transcurrió del tres al veintiuno de octubre de dos mil veintidós, descontándose los días ocho, nueve, quince y dieciséis de ese mes y año, por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo.
Entonces, si la demanda de amparo indirecto se presentó el once de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, según se observa de la hoja de turno de la demanda de amparo que consta en la foja uno del expediente del juicio constitucional **********; es inconcuso que fue presentada en tiempo, pues el ejercicio de esa acción tuvo lugar al séptimo día.
En esa tesitura, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, advertida por el Juez de Distrito.
En consecuencia, al resultar esencialmente fundado el primero de los agravios hechos valer por la parte recurrente, suplido en su deficiencia, con fundamento en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, se levanta el sobreseimiento dictado en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en cuanto a dicho acto reclamado, por las razones expresadas en párrafos precedentes.
OCTAVO.—Análisis de la procedencia o improcedencia del pago de los descuentos efectuados a la parte quejosa por el periodo comprendido del quince de diciembre de dos mil veintiuno, al treinta de septiembre de dos mil veintidós.
Como se evidenció en el considerando cuarto de esta ejecutoria de amparo, el Juez de Distrito declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas reclamadas, pues –dijo– transgreden los artículos 1o. y 123 constitucionales, así como las disposiciones de seguridad social previstas en el Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de Seguridad Social, entre otros, ya que se imponía la carga de aportar de manera quincenal al fondo de pensiones un porcentaje de su pensión mensual, incrementándose anualmente hasta por treinta años, lo cual le restringía su derecho a disfrutar íntegramente el monto de la pensión que tiene por jubilación.
Lo cual –agregó– debía aplicarse al descuento efectuado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, por el monto de $********** (**********) contenido en el recibo de nómina ********** de esa data, identificado con la clave "504", así como los subsecuentes que se le hubieren realizado con base en los aludidos preceptos.
En tal orden de ideas, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que como lo refiere la peticionaria de amparo en sus conceptos de violación, tales efectos deben hacerse extensivos a todas las deducciones que le fueron efectuadas con base en dichas normas jurídicas, desde la primera de ellas.
Se sostiene lo anterior porque de la atenta lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no sólo reclamó la inconvencionalidad de las aludidas normas, sino también los actos de aplicación de éstas, los cuales atribuyó al director general del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, solicitando que le sean reintegradas las cantidades que con apoyo en aquéllas, le fueron descontadas de su pensión.
Así se colige de la parte en la cual expuso en su libelo inicial en esencia que:
"Actos reclamados:
"...
"2. Las deducciones automáticas que por concepto de aportación al fondo de pensiones se han realizado con cargo a mi cuota pensionaria que desde el diez de diciembre de dos mil veintiuno en que me fue aprobada mi pensión por retiro por edad y tiempo de servicios, los cuales se han hecho identificándolos bajo el concepto ‘504’ por el cual se ha visto reducida mi pensión por el descuento de dicho rubro, en virtud de que son inconstitucionales e inconvencionales los preceptos legales en que la autoridad responsable sustenta su actuación para disminuir mi pensión."
En tanto que en el apartado de conceptos de violación precisó, en lo que al caso importa:
"... debe decirse que conforme al criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al amparo contra leyes fiscales, se ha determinado que cuando una norma de esa naturaleza sea declarada inconstitucional, el efecto reparador debe consistir en ordenar que sean devueltas al particular aquellas cantidades que hubiere pagado con motivo de la aplicación del precepto relativo.
"Lo anterior se ve demostrado con la cita de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 188/2004, cuyo rubro y texto literalmente disponen:
"‘AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.’
"En ese sentido, resulta jurídicamente viable que se condene a la autoridad responsable a devolver el total de las cantidades que fueron enteradas como aportación al fondo de pensiones bajo los conceptos ‘52’ y/o ‘504’ y/o ‘506’ y cualquier otro por el que se haya visto disminuida mi pensión por la retención de tal rubro, toda vez que resultaron inconvencionales los preceptos en que las autoridades sustentaron su actuación para disminuir mi cuota pensionaria.
"Sin que obste en contrario que el artículo 18 de la ley de pensiones establezca que todas aquellas prestaciones que no se reclamen en un plazo de tres años prescribirán en favor del fondo, toda vez que los descuentos relativos serán invalidados precisamente por virtud de la sentencia que recaiga en la especie."
Es decir, la hoy inconforme no sólo reclamó la inconvencionalidad de las aludidas normas jurídicas, ni los descuentos que se le aplicaron a partir del treinta de septiembre diciembre (sic) de dos mil veintidós; sino todos aquellos que se le aplicaron desde la emisión de su dictamen de pensión, así como en los subsecuentes (futuros) con base en las normas que en la sentencia de amparo se declaró su inconstitucionalidad.
Ahora bien, el artículo 78 de la Ley de Amparo(11) establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos de la tutela se extenderán a todas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31711-4919d6c9/aportaciones-al-fondo-de-pensiones-por-parte-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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