APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES POR PARTE DE LOS JUBILADOS O PENSIONADOS DEL ESTADO DE NAYARIT. DEBEN DEVOLVERSE TODAS LAS CANTIDADES DESCONTADAS DESDE LA PRIMERA RETENCIÓN Y NO SÓLO LAS QUE SE LES APLICARON EN UN PERIODO RETROACTIVO DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECLAMO, SIN QUE SEA FACTIBLE LA DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN NEGATIVA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SI NO SE OPUSO COMO EXCEPCIÓN POR LAS AUTORIDADES DEMANDADA.
AMPARO DIRECTO 9/2023. 29 DE JUNIO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN GARCÍA OROZCO. SECRETARIO: LUIS ALBERTO ESCUDERO SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Síntesis de la sentencia reclamada. El tribunal responsable, una vez que desestimó las causas de improcedencia y sobreseimiento propuestas por la Secretaría de Administración y Finanzas y el director general del Fondo de Pensiones, ambos del Gobierno del Estado de Nayarit, se pronunció sobre el fondo del asunto en los siguientes términos:
4.1. El actor se inconformó del descuento realizado a su pensión por concepto de aportación al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (clave 506), dada la inconvencionalidad de los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado. Acto por el que ya existía pronunciamiento en diversos expedientes del propio tribunal en el sentido de declarar su inconvencionalidad.
4.2. Las cuotas efectuadas durante el periodo de trabajo activo son las que permiten gozar al operario de una pensión conforme a los años de servicio prestados, lo que significa que los descuentos que se le realicen en su pensión pueden traducirse en un beneficio en su persona, por cuanto a que ya contribuyó; además, que la subsistencia del trabajador jubilado depende de ese ingreso.
4.3. La citada disposición legal resulta inconvencional, al violar el derecho a la igualdad, ya que impone por igual a los trabajadores y pensionados el pago de la cuota del 3.28 % con cargo a sus salarios y pensiones mensuales, adicionado anualmente a razón del 0.4 % hasta por treinta años, no obstante, las diferencias esenciales existentes entre los trabajadores activos y los pensionados.
4.4. La norma es inconvencional porque equipara a los trabajadores pensionados con aquellos que se encuentran en activo, cuando los primeros ya agotaron su vida laboral, y no existe razón jurídica o práctica para que éstos sigan aportando al fondo de pensiones, en tanto que ya tienen el carácter de jubilados o pensionados.
4.5. Por ende, las autoridades demandadas deben abstenerse de aplicar, en el presente y futuro los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la ley relativa al actor.
4.6. En mérito de lo anterior, se invocaron como hechos notorios los expedientes **********, **********, **********, ********** y **********, que se tuvieron a la vista para sustentar el mismo sentido y se desincorporara de la esfera jurídica del actor lo previsto en dichos numerales; esto es, para que no se apliquen en el presente ni en el futuro hasta tanto sean modificados; también, para que se devuelvan las cantidades descontadas por concepto de deducción con clave 506, a partir del último acto de aplicación reflejado en el talón de pago con folio **********, de quince de agosto de dos mil veintidós, así como los subsecuentes que se hubieren hecho hasta la fecha en que se tenga totalmente cumplida la sentencia.
4.7. En diverso aspecto, se absolvió a la parte demandada del pago retroactivo de los descuentos en la pensión por tratarse de actos consentidos, pues lo contrario daría lugar a prorrogar sin sustento legal el plazo para la presentación de la demanda.
Siendo esta última consideración, la que constituye la materia de reclamo dentro de la presente instancia constitucional.
QUINTO.—Conceptos de violación. El quejoso aduce –en esencia– lo siguiente:
5.1. La sentencia reclamada es violatoria de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución General, en esencia, porque la autoridad responsable no fundó ni motivó su determinación en lo relativo al reclamo de la devolución retroactiva del descuento por el concepto de aportaciones al fondo de pensiones, desde la primera quincena de noviembre de dos mil dieciocho.
5.2. El hecho de presentar la demanda exhibiendo el último recibo de nómina que se le otorgó, no implica que la devolución sea procedente a partir de tal recibo, pues se entiende que desde el primer pago como pensionado el descuento por concepto de fondo de pensiones estaba activo, hasta la fecha actual, como lo adujó la autoridad demandada; de ahí que con la resolución reclamada se violenta el derecho humano a gozar de una pensión plena, dado que se refleja en una deducción injustificada a su pensión, pese a que no es un trabajador en activo, lo que restringe su potencial económico e impacta en su calidad y proyecto de vida, lo que se enmarca en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tiene como base la dignidad humana.
5.3. Contrario a lo resuelto, son fundadas sus pretensiones y debe determinarse el cese definitivo del descuento por concepto de aportaciones al fondo de pensiones desde el primer descuento que se realizó del aludido concepto, y no a partir del recibo que se exhibió como prueba, por lo que es procedente el pago retroactivo de los descuentos realizados en su pensión desde aquella fecha.
5.4. Concluye aduciendo que este Tribunal Colegiado de Circuito en los amparos directos 117/2021, 237/2021 y 236/2021, ha analizado los temas de legalidad e inconstitucionalidad como el que hoy es planteado, en los que determinó resolver en pro de los derechos de los trabajadores pensionados.
SEXTO.—Estudio del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan fundados, aunque para arribar a tal determinación deban ser suplidos en su deficiencia, conforme al artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo(10); además, que por cuestión de técnica jurídica y con apoyo en el precepto 76 de la referida ley, serán abordados en conjunto,(11) analizando –en su justa dimensión– la litis dilucidada en el acto reclamado, sin modificar la cuestión efectivamente planteada, como así lo permite el segundo numeral mencionado.(12)
6.1. Punto litigioso en el juicio contencioso administrativo. Para justificar dicha decisión anticipada, es preciso destacar que la parte actora del juicio de origen –aquí quejoso– demandó al director general y al Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado y al secretario de Administración y Finanzas, todos del Estado de Nayarit, las prestaciones siguientes:
"I. El pago de mi pensión de manera íntegra, es decir, sin el descuento de cuotas o aportaciones concernientes al concepto de aportación al fondo de pensiones y, en vía de consecuencia:
"...
"IV. El cese definitivo del descuento que por concepto de aportación al fondo de pensiones se realiza al pago de mi pensión desde la primera quincena de noviembre de 2018.
"El pago retroactivo de los descuentos que por concepto de aportación al fondo de pensiones se realiza a mi salario de pensionada, desde la primera quincena de noviembre de 2018 (primer descuento como pensionada) y, hasta la fecha del cumplimiento de la sentencia definitiva."
De lo cual se desprende que reclamó el pago retroactivo de los descuentos que por concepto de aportación al fondo de pensiones –con clave 506– se realizaron a su pensión por jubilación desde la primera quincena de noviembre de dos mil dieciocho (primer descuento como pensionado).
En el punto dos de los hechos de la demanda indicó:
"Sin embargo, mi disconformidad estriba en el hecho de que mi pensión no se me paga de manera íntegra, es decir, en el primer pago como pensionado se me realiza el descuento por concepto de aportación al fondo de pensiones, pese a que ya no soy trabajador activo, sino pensionado."
Ahora, de autos se aprecia que se tuvo por contestada la demanda por las autoridades señaladas como responsables director general y Comité de Vigilancia, ambos del fondo de pensiones, así como de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Gobierno del Estado de Nayarit.
Por su parte, la primera autoridad mencionada expuso:(13)
"... el accionante confesó en su escrito de demanda recibir el primer pago como pensionado por retiro por edad y tiempo de servicios en la primera quincena del mes de noviembre de dos mil dieciocho
"...
"En ese orden de ideas, se desprende con base en el artículo 35 de la ley de pensiones, la ahora actora contaba con 30 treinta días para inconformarse o 15 días para interponer su demanda ante ese H. Tribunal, de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, sin que lo haya realizado; por tanto, precluyó su derecho, por ello es improcedente ..."
En otro contexto, la segunda autoridad citada argumentó:(14)
"Son totalmente improcedentes las pretensiones que se deducen por la parte actora, pues al ser improcedente el acto impugnado, lo son también sus pretensiones, tal y como se ha demostrado, se deriva del descuento realizado a la pensión de la actora por concepto de las aportaciones al fondo de pensiones, aportaciones con las que se le seguirá efectuando su pago de pensión en calidad de pensionada.
"..."
Por otra parte, la última de las autoridades citadas argumentó:(15)
"... no existe el acto impugnado a mi representada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 224 y 225 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en virtud de que la parte actora, como lo estipula en su escrito de demanda, es actualmente pensionada y por ende es improcedente entrar al estudio del presente conflicto, derivado que mi representada, la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, carece de facultades para realizar modificaciones a un dictamen de pensión tal y como se aprecia en el artículo 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial el 10 de diciembre de 2020."
Manifestaciones de las autoridades demandadas que conforme a lo previsto en el artículo 216 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit(16) hacen prueba plena en su contra, pues se trata de hechos propios aseverados en sus escritos de contestación.
Aunado a ello, en la sentencia reclamada(17) se determinó:
"... no es dable a condenar a la devolución de anteriores descuentos en razón de que atendiendo a la temporalidad de la presentación de la demanda respecto del acto de aplicación sólo se condenará a la devolución del que se aplicó a la parte actora mediante el recibo de nómina con número de folio **********, visible a foja 11, el cual tiene fecha de pago quince de agosto de dos mil veintidós, así como los que se verifiquen después de esa fecha.
"Para considerarlo así, este órgano jurisdiccional aborda, en lo general, la aplicación de los presupuestos procesales que rigen la función jurisdiccional, entre los que destaca el de ‘oportunidad en la presentación de la demanda’ (temporalidad) que se contiene en el artículo 120 de la Ley de Justicia Administrativa
"...
"... esta Primera Sala Administrativa considera que, a partir de que se admite la demanda (uno de septiembre de dos mil veintidós), oportunamente se integra la litis ..."
6.2. Consideraciones respecto de la litis planteada y resolución de la autoridad responsable. En la sentencia reclamada se determinó que los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit -en los que se sustentaron los descuentos impugnados por la parte actora, aquí quejosa- eran inconvencionales como ya lo había determinado la autoridad responsable con anterioridad, en los diversos juicios –**********, **********, **********, ********** y **********, los cuales invocó como hecho notorio.
En ese contexto argumentativo fue que la autoridad responsable determinó que:
I. El director general y el Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado de Nayarit, deberían desincorporar de la esfera jurídica de la parte actora lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo y 46 de la ley de pensiones; esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito y,
II. Devuelvan a la parte actora las cantidades descontadas por concepto de deducción con clave 506 (fondo de pensiones) a partir del último acto de aplicación que se refleja en su talón de pago con número de folio **********, de quince de agosto de dos mil veintidós, así como los subsecuentes que se hubieren hecho hasta la fecha en que se tenga por cumplida la sentencia.
Sobre el particular, la autoridad responsable indicó que no era dable condenar a la devolución de anteriores descuentos –en atención a la temporalidad de la presentación de la demanda respecto del acto de aplicación– por lo que sólo condenó a la devolución de los que se aplicaron a la actora mediante el recibo de nómina folio **********, indicado.
Por lo que ve a este aspecto -que es a lo que se constriñen los motivos de disenso de la parte quejosa- se advierte de la demanda de amparo que el actor reclamó la devolución de todas las cantidades que le fueron descontadas por concepto de aportaciones al fondo de pensiones, desde el primer descuento –realizado en la primera quincena de noviembre de dos mil dieciocho– que se le hizo en su calidad de pensionado.
Cantidades que, con apoyo en las normas que se declararon inconvencionales, le fueron descontadas de su pensión.
6.3. Facultad de la autoridad responsable para ejercer control difuso de convencionalidad. Del contexto referido se advierte que la autoridad responsable realizó un control difuso de convencionalidad; sin embargo, es importantísimo referirnos en este apartado a la potestad de los órganos jurisdiccionales para realizar dicho ejercicio intelectivo al resolver los casos y emitir sus respectivos veredictos.
En ese sentido, de acuerdo con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se adicionaron tres párrafos al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(18) para acotar que todas las autoridades en el ámbito de su competencia interpretarán las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales en la materia, procurando favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia, con la consecuente obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.(19)
El precepto constitucional transcrito también recoge de manera directa el principio pro homine o pro persona, consistente en ponderar ante todo la fundamentalidad de los derechos humanos a efecto de estar siempre a favor de la persona, lo que implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trate de establecer límites para su ejercicio.
Dicho artículo tiene estrecha vinculación con lo dispuesto por el numeral 133 de la propia Constitución General, conforme al cual la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
Tal panorama contextual revela que a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once –en vigor desde el once del mismo mes y año– los Jueces de todo el sistema jurídico mexicano,(20) en sus respectivas competencias, deben adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate y, al margen de los medios de control de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General de la República, todos los juzgadores deben ejercer un control difuso de convencionalidad del orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(21)
Además, deberán adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona, también lo es que los gobernados no se encuentran exentos del cumplimiento y respeto a las reglas previstas por las leyes que rigen al acto.
Es decir, no se puede dejar de aplicar un precepto o interpretarse conforme a la pretensión de quienes acuden a las instancias respectivas a hacer valer sus derechos, pues se tienen que ajustar al marco legal que los rodea, debiendo precisarse que la aplicación del principio de que se trata no supone que se deberá acordar de conformidad todo lo que se solicite, pues se podría llegar al absurdo de que los promoventes impongan sus propias reglas, siendo esto contrario a las citadas normas jurídicas nacionales e internacionales.(22)
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –al resolver la contradicción de tesis 336/2013– consideró, respecto del control difuso que ejercen los tribunales administrativos, que:
(i) El control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, sí y sólo sí, encuentran mérito para ello, escudándose en el imperio del cual están investidos para juzgar conforme a la Constitución.
(ii) El control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, su competencia específica, se constriñe a dilucidar un conflicto en materia de legalidad –con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes– dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí en el que el juzgador ordinario, al aplicar la norma puede realizar de oficio un contraste entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (es decir, llevar a cabo un control difuso) en ejercicio de una competencia genérica. Esta reflexión que realiza el Juez común no forma parte de la disputa entre actor y demandado, es decir, no forma parte de la litis; el control de constitucionalidad y convencionalidad difuso nace de la obligación derivada del criterio interpretativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó sobre el contenido y alcances del artículo 1o. de la Carta Magna.
(iii) Ello es así, porque los mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional deben entenderse en armonía con el diverso 133 del mismo cuerpo normativo, para determinar el marco dentro del cual debe realizarse tal cometido, el que resulta esencialmente distinto al control concentrado que tradicionalmente opera en nuestro sistema jurídico, y explica que en las vías indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir en aspectos de constitucionalidad, pues ello sería tanto como equiparar los procedimientos ordinarios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que fueron creados por el Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución con el propósito fundamental de resguardar el principio de supremacía constitucional.
(iv) La diferencia toral entre ambos medios de control (concentrado y difuso) estriba, esencialmente, en que en el juicio de amparo es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda; en el control difuso, en cambio, tal tema no integra la litis que se limita a la materia de legalidad, pero por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el Juez ordinario puede desaplicar la norma que a su criterio no resulte acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. (v) El control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta más en su importante labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, es decir, por razón de su oficio jurisdiccional y sin que medie petición alguna de parte; sin embargo, es factible que en el juicio de nulidad el actor formule argumentos en los que solicite al juzgador que ejerza control difuso respecto de una norma determinada.
(vi) En ese caso, al existir un argumento de nulidad expreso pueden suceder dos posibilidades: una, que el órgano jurisdiccional opine de manera coincidente con el actor y considere que ha lugar a inaplicar la norma y, otra, que no coincida con lo solicitado; en este último supuesto, si el tribunal considera que la norma no es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle toda una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas de nuestro sistema.
(vii) No puede imponerse al tribunal contencioso la obligación de contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, ya que tal proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado, desvirtuándose con ello la distinción entre los dos modelos de control que están perfectamente diferenciados en nuestro sistema.
(viii) En el ejercicio del control difuso, es al propio juzgador, en la vía ordinaria, a quien le compete en exclusiva emitir, en su caso, un juicio de inaplicación de una determinada disposición legal, cuando advierta que para poder decidir con respeto a la Constitución General, tiene que dejar de observar aquélla.
(ix) El ejercicio del control difuso, si bien se autoriza a las autoridades jurisdiccionales a realizar un análisis de constitucionalidad o de convencionalidad de normas, tal estudio es ajeno a la litis ordinaria, por lo que en el caso de considerar que la ley no es contraria a la Constitución ni a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no puede exigirse al juzgador que desarrolle toda una justificación en ese sentido, pues esto equivale a convertir el control difuso en control concentrado de constitucionalidad, y sólo en los casos en que, motu proprio, considere la necesidad de inaplicar una norma de jerarquía inferior, podrá hacerlo.
(x) La posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación; por ello, el ejercicio del control difuso en el caso de que el órgano jurisdiccional considere que no existe mérito para inaplicar la ley no implica que los juzgadores desarrollen en su sentencia el estudio de la constitucionalidad de las normas que revisen, pues para cumplir con el principio de exhaustividad basta con que el concepto de nulidad sea declarado inatendible o inoperante.
Dicha arquitectura argumentativa es génesis del derecho jurisprudencial doméstico siguiente:
"Suprema Corte de Justicia de la Nación
"Registro digital: 2006186
"Instancia: Segunda Sala
"Décima Época
"Materias: Común, administrativa
"Tesis: 2a./J. 16/2014 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 984
"Tipo: Jurisprudencia
"CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado."
Con base en ese cúmulo contextual legal y jurisprudencial de corte nacional, es que se advierte que la autoridad responsable sí estaba en condiciones de ejercer el control difuso de inconvencionalidad, por concepto de invalidez, o de oficio.
Lo anterior así se considera, dado que dicha declaratoria de inconvencionalidad en un control difuso no es una facultad sino una función inherente a la potestad que el Estado le otorga a cada juzgador –conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– en el ejercicio de su encargo, de favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia, con la consecuente obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Sin que lo anterior implique que siempre se deba favorecer a las personas cuando se ejerza dicho control difuso, pues ello atiende precisamente al espíritu de lo inconvencional de la norma, para que sea expulsada del orden jurídico nacional –por ser contraria a los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es Parte– y deje de aplicarse en la esfera jurídica de los gobernados que instan la acción o pretensión a dilucidar en el juicio contencioso administrativo.
En la que se sigue que la interrogante respecto de si puede o no el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit ejercer un control difuso de convencionalidad de la norma, debe responderse de forma positiva, toda vez que –inclusive– puede hacerlo cuando dicha circunstancia sea planteada en los conceptos de validez o ex officio en el ejercicio de sus funciones.
Sobre este aspecto y a manera de abundamiento es import
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31710-1d5f89f0/aportaciones-al-fondo-de-pensiones-por-parte-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INVALIDEZ DE DESCUENTOS APLICADOS A PENSIONES DERIVADOS DE NORMAS INCONVENCIONALES. ÚNICAMENTE DEBE ORDENARSE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES RETENIDAS RESPECTO DE LAS QUE NO HAYA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO IMPLICA QUE DEBA EJERCE (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO. (1a./J. 84/2022 (11a.))
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE (2a./J. 15/2022 (11a.))
- LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD PUEDE DERIVARSE DE LA CONTRADICCIÓN CON OTRA LEY, A TRAVÉS DE LA DEMOSTRACIÓN DE TRANSGRESIÓN A LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA POR LA NORMA APLICA (I.3o.C.377 C)
- CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN L (1a./J. 103/2022 (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis