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Modo: Corpus Pro

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO IMPLICA QUE DEBA EJERCERSE SIEMPRE, SIN CONSIDERAR PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES INTENTADAS. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2283/2013. · Registro digital (IUS): 30708
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-17
Promovente: ROBERTO ESTEBAN CHÁVEZ SALINAS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, Pág.4032.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2283/2013. ROBERTO ESTEBAN CHÁVEZ SALINAS. 23 DE MARZO DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE APARTA DE ALGUNOS PÁRRAFOS, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE APARTA DE ALGUNOS PÁRRAFOS, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ Y FERNANDO SOSA PASTRANA.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2283/2013, interpuesto por Roberto Esteban Chávez Salinas contra la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil trece, por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

El problema que la Primera Sala debe resolver consiste en analizar las siguientes preguntas:

• ¿Asiste la razón al recurrente cuando afirma que el Tribunal Colegiado debió analizar el concepto de violación relativo a que la Sala responsable estaba constreñida a ejercer un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio? y

•¿Es correcta la aseveración del quejoso cuando sostiene que la autoridad responsable debió inaplicar el artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, porque una interpretación literal de dicha norma –como la que llevó a cabo el tribunal de alzada– la torna violatoria del artículo 5o. constitucional?

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Gustavo David Guzmán Martínez demandó en la vía ordinaria civil a Roberto Esteban Chávez Salinas y otros, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales, entre otras prestaciones, con el argumento de que, en términos del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, los abogados no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan ni podrán ser cesionarios de los derechos que tengan sobre esos bienes.

2. El Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada Baja California, a quien correspondió el conocimiento del asunto, registró la demanda con el número de expediente **********, emplazó al demandado quien, además de contestar la demanda, reconvino el otorgamiento y firma de la escritura pública de cesión de derechos respecto del inmueble que fue objeto de dicho acuerdo de voluntades sobre prestación de servicios.

3. Sustanciado el juicio, el Juez a quo dictó sentencia el trece de junio de dos mil once, en la que absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas, sin entrar al estudio de los elementos constitutivos de la reconvención, sobre lo cual dejó a salvo los derechos del reconventor para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente.

4. En contra de dicha resolución, las partes interpusieron recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con el número de toca **********, en donde se dictó la sentencia definitiva el diecisiete de febrero de dos mil doce por la cual se modificó la sentencia recurrida, se acogieron las pretensiones de la actora, se confirmó lo resuelto respecto de la reconvención y se condenó al pago de gastos y costas. No conforme con el fallo, el demandado en lo principal promovió juicio de amparo directo, cuya demanda fue presentada el quince de marzo de dos mil doce en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California.

5. Resolución del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con residencia en esa entidad, cuyo presidente registró la demanda con el número ********** y en sesión de diez de mayo de dos mil trece resolvió negar el amparo.

6. Interposición del recurso de revisión. El recurso de revisión interpuesto contra tal fallo fue presentado el cuatro de junio siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito.

7. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, por auto de presidencia de tres de julio de dos mil trece se admitió el recurso de revisión, se registró con el número 2283/2013; asimismo, se ordenó su turno al Ministro José Ramón Cossío Díaz y, por ende, su radicación a la Primera Sala del propio órgano, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad.

8. La Primera Sala avocó el asunto por auto de nueve de julio posterior y ordenó el envío de los autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

9. Por auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, se ordenó el avocamiento de este asunto al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su resolución.

10. Previo dictamen del Ministro Cossío Díaz en el que estimó que no era el caso de someter el presente asunto a la consideración del Tribunal Pleno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el expediente en que se actúa a la Primera Sala para su radicación.

11. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decretó el avocamiento del asunto, así como su devolución al Ministro José Ramón Cossío Díaz, para la elaboración del proyecto de resolución.

12. Finalmente, con motivo de la conclusión del cargo del Ministro José Ramón Cossío Díaz, mediante proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Primera Sala Juan Luis González Alcántara Carrancá returnó el recurso en el que se actúa a su ponencia, para la elaboración del proyecto correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece. Esto, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en un asunto que si bien es de carácter civil, su resolución involucra la interpretación de normas constitucionales aplicables a otras materias, como es la verificación de que las autoridades responsables realicen el control de convencionalidad ex officio, lo que en el caso llevaría al análisis sobre la posible inaplicación del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, por transgredir los derechos humanos prescritos en el artículo 5o. constitucional.

14. Al respecto, el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece dispone, en relación con su entrada en vigor, que los juicios de amparo iniciados con anterioridad al tres de abril de la referida anualidad, seguirán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transitorio citado y toda vez que la demanda de amparo fue presentada el quince de marzo de dos mil doce ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, el presente recurso de revisión será resuelto de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.

II. OPORTUNIDAD

15. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, pues la sentencia se notificó a la parte quejosa por medio de lista de veinte de mayo de dos mil trece; surtió efectos al día hábil siguiente (martes veintiuno de mayo), por lo que el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión, corrió del veintidós de mayo al cuatro de junio del mismo año, con exclusión del cómputo de los días veinticinco y veintiséis de mayo y uno y dos de junio al ser inhábiles, en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el recurso de revisión fue presentado el cuatro de junio de dos mil trece ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Quinto Circuito, puede concluirse que esa interposición fue oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

16. Este recurso de revisión principal fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que fue suscrito por el quejoso en el juicio de amparo directo ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito; sentencia que se recurre a través del medio de impugnación que ahora se resuelve.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

17. Esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia. De conformidad con las reglas establecidas en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal; la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y la fracción III del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que un recurso interpuesto contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los amparos directos sea procedente es necesario que las mismas decidan sobre la inconstitucionalidad de normas legales (entendidas en un sentido amplio que alcanza no sólo las reglas contenidas en leyes federales y locales, sino también en los tratados internacionales y en ciertos reglamentos federales y locales) o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o bien que dichas resoluciones omitan hacer un pronunciamiento al respecto, cuando se hubieran planteado en la demanda. Además, es necesario que la cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. En todos los casos, la decisión de la Corte en vía de recurso debe limitarse a la resolución de las cuestiones propiamente constitucionales.

18. En cuanto a dichos requisitos de importancia y trascendencia previstos en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el punto primero del Acuerdo General Plenario Número 5/1999, que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de dicho año, éstos se satisfacen siempre que se reúnan los siguientes supuestos:

• Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y

• Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

19. Por lo que se refiere al segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo en cita señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o bien, en casos análogos.

20. En este sentido, debe decirse que el presente recurso sí cumple con los requisitos mencionados, en virtud de que, por lo que hace al primero de ellos, en la demanda de amparo se hizo valer el concepto de violación a través del cual se planteó la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California. Esto, además de que el recurrente atribuye al tribunal de amparo la omisión de realizar un control de regularidad constitucional y/o convencional ex officio.

V. ESTUDIO DE FONDO

21. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Por tratarse de elementos necesarios para solucionar este recurso, a continuación, se sintetizan los conceptos de violación, la resolución del Tribunal Colegiado y los agravios expresados por la quejosa.

22. Conceptos de violación. En la demanda de amparo presentada el quince de marzo de dos mil doce en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, al expresar el tercer concepto de violación, intitulado "Inaplicación del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California" el quejoso sostuvo, en síntesis, que:

a) El acto reclamado es violatorio de derechos humanos, en virtud de que la autoridad responsable omitió observar lo ordenado en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y realizar un control de constitucionalidad ex officio de derechos humanos, antes de aplicar lo dispuesto en el numeral 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, ya que al haber interpretado de manera literal esa norma (sin hacer una interpretación pro persona) transgredió los derechos contenidos en el artículo 5o. constitucional, relativos a la libertad de trabajo, y a la justa retribución.

b) En opinión del quejoso, una interpretación armónica de los artículos 133 y 1o. constitucionales, permite afirmar que el control de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe realizarse ex officio, de manera que los juzgadores deben analizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en contraste con las normas que ha de ser aplicadas, antes de que se verifique tal aplicación.

c) Ante el nuevo paradigma constitucional, todas las autoridades del país, entre ellas, las autoridades jurisdiccionales, se encuentran obligadas a realizar oficiosamente una interpretación conforme de los preceptos legales a aplicar en los casos concretos, para optar por aquella de la que derive un resultado acorde a la Constitución Política.

d) La interpretación literal del artículo transcrito da noticia de que los abogados no pueden comprar ni ser cesionarios de los bienes que son objeto de los juicios en los que intervengan (lo que no significa que no tengan derecho a recibir un pago justo por el trabajo realizado).

e) Tal precepto no puede ser interpretado sólo de forma literal, sino que la autoridad debe atender a su teleología, para conocer cuál es el derecho que se pretendió tutelar con dicha disposición y cuáles son los derechos que se podrían vulnerar con su aplicación y que, en el caso, es brindar protección a las personas cuya libertad de disposición de sus bienes en términos justos se podría ver mermada por el apremio o la angustia de la amenaza de la posibilidad de perderlos en un juicio en el que esos bienes sean el objeto del pleito; es decir, evitar que el abogado aprovechándose de su posición y premura de sus clientes pudiera adquirir a bajo precio el bien litigioso.

f) Antes de aplicar el precepto en un contrato de prestación de servicios profesionales como el que ahora se analiza, debe acreditarse que su aplicación sea idónea y necesaria para cumplir con la finalidad buscada por dicho precepto; pero, con una interpretación como la que realiza la autoridad responsable, le priva del derecho a recibir la justa retribución por el trabajo realizado, cuando es evidente que en la fijación de sus honorarios jamás aprovechó su posición de abogado y menos aún se valió del "apremio" o la "angustia" del actor para fijarlos, tan es así que el actor en lo principal, nunca, en ninguna parte de su demanda, lo hace valer de esa forma.

g) Entonces, la aplicación literal del precepto mencionado, por virtud de la cual se resolvió la nulidad de la totalidad del contrato de prestación de servicios, da lugar a que se legitime la transgresión del derecho al trabajo y a su justa retribución, tutelados por el artículo 5o. constitucional.

h) Para la aplicación del precepto mencionado no sólo debió demostrarse que, con lo previsto en las cláusulas segunda y sexta del contrato en cuestión se actualizó la prohibición prevista en la ley, sino también que se celebró de forma abusiva por el abogado litigante, ante el apremio o angustia del contratante, o bien, por un precio menor al correspondiente, pues sólo entonces se justificaría la aplicación que de dicho precepto hace la Sala responsable. Sin embargo, en autos no se demostró ese abuso.

i) Que al evidenciarse que lo pactado en las cláusulas segunda y sexta, no se sujetó a un abuso ni aprovechamiento por parte del quejoso frente a las circunstancias particulares del actor, es inconcuso que en el caso, no se puede tener por actualizada la prohibición establecida en el aludido artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, en el entendido de que, en su caso, de dichas cláusulas sólo es nula la parte que supone una cesión de derechos de la superficie de terreno establecida como pago, en virtud de que lo único que está prohibido es que obtenga la propiedad de los mismos, pero al aplicarse en los términos en que lo hizo la autoridad responsable, se transgrede en perjuicio del amparista los derechos tutelados por el dispositivo 5o. constitucional, sin que sea el caso de acudir a la Ley de Aranceles para el estado de Baja California.

23. Sentencia recurrida. Tal como se advierte en las constancias remitidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito al resolver el juicio de amparo directo ********** –sin realizar control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio–, emitió decisión en torno a la inconstitucionalidad planteada, la que fue desestimada sobre la base de las siguientes consideraciones:

"Por otro lado, es infundado el tercer concepto de violación.

"...

"Al efecto, contrario a lo que alega el garante, la autoridad responsable no violó los derechos humanos previstos en el mencionado precepto de nuestra Carta Magna, pues si bien es cierto, en el sumario civil se declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios profesionales, por advertir la resolutora, que lo pactado para el pago de honorarios era ilícito por contravenir lo dispuesto en la enumeración 2150 del Código Civil del Estado; también lo es que tal determinación no vulnera el derecho tutelado en el precepto constitucional a que alude el impetrante, toda vez que se resolvió en ese sentido por considerar ilícito el acuerdo de voluntades respecto al pago de honorarios por los servicios profesionales, decisión que no coarta el derecho a reclamar una justa retribución por los servicios profesionales prestados en un juicio diverso, habida cuenta que se le dejaron al amparista a salvo sus derechos al respecto para que los haga valer en la vía y forma correspondiente.

"En esa tesitura, si en el caso, como se ha dicho, existe la prohibición para que el abogado compre los bienes materia de los procesos en que brinda la asistencia legal, o sea cesionario de los derechos que se tengan sobre los mismos; la voluntad de los contratantes no puede predominar ante la disposición que establece dicha prohibición conforme a lo estatuido en el artículo 6o. del referido código sustantivo que reza: "‘Artículo 6o. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.’

"De igual manera, se actualiza la ineficacia de lo esgrimido por el quejoso, en el sentido de que para la aplicación del artículo 2150 del Código Civil del Estado, en favor del actor aquí tercero perjudicado, no sólo debió demostrarse que con (sic) lo dispuesto en las mencionadas cláusulas segunda y sexta del contrato base de la acción, se actualizaba la prohibición a que refiere dicho numeral, sino que también debió probarse que lo establecido en ellas se realizó de manera abusiva por el abogado litigante; toda vez que esta afirmación no se establece en dicho precepto como requisito o elemento para que se configure esa limitante, amén de que tampoco se demanda la nulidad del pacto por lesión, sino que se hizo porque lo establecido en él, en cuanto a la forma de pagar honorarios, no es permitido por el multialudido precepto legal.

"Al margen de lo anterior, no se soslaya que con la petición de inaplicación del numeral 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, derivado de una interpretación convencional, acorde al principio pro persona, se hacen valer cuestiones ajenas a las planteadas en el juicio natural, lo cual se trata de un elemento novedoso a la litis, respecto de lo cual la Sala del conocimiento no se encontraba en aptitud de estudiarlas, máxime si a su criterio sostenía que no era dable un análisis convencional oficioso, acorde analógicamente al reciente criterio emanado de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"‘INCONVENCIONALIDAD DE LEYES. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE LA EXPONEN CUANDO SON AJENOS A LA LITIS PLANTEADA EN PRIMERA INSTANCIA. Si en el escrito de agravios se exponen planteamientos sobre la inconvencionalidad de leyes, sin haberlos planteado ante el a quo, ello implica la introducción de elementos novedosos a la litis planteada en primera instancia, por lo que dichos agravios resultan inoperantes, toda vez que son ajenos a la materia litigiosa y, por ende, no tienen por objeto combatir los fundamentos y motivos establecidos en el fallo recurrido, con lo que sus consideraciones continúan rigiendo su sentido.’. Décima Época. Registro digital: 2002807. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, materia: común, tesis: 1a. XLV/2013 (10a.), página: 821".(1)

24. Agravios. La recurrente aduce que:

a) El Tribunal Colegiado fue omiso en realizar una interpretación correcta de la constitucionalidad solicitada en la demanda de amparo, en cuanto a fijar el alcance del derecho humano previsto en el artículo 5o. constitucional (derecho al pago de una justa retribución por el trabajo) en relación al contrato de prestación de servicios profesionales.

b) También dejó de realizar un análisis de constitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, en relación con el derecho humano contenido en el artículo 5o. constitucional, pues se limitó a realizar una interpretación literal del artículo mencionado, incurriendo con ello en "la violación a una petición de principio".

c) Lo anterior, porque fue precisamente la interpretación literal realizada por la Sala responsable, lo que se dijo en la demanda de amparo que causó agravio al quejoso; no obstante ello, el Tribunal Colegiado también dejó de hacer una interpretación conforme como se solicitó a fin de determinar si en el caso se debió inaplicar dicho precepto con base en un control de constitucionalidad ex officio de derechos humanos.

d) El Tribunal Colegiado no examinó los argumentos respectivos a los temas sobre la inaplicación de la norma, interpretación constitucional, interpretación pro persona y control de convencionalidad ex officio. Al respecto, dice el recurrente, las razones expresadas en su demanda de amparo pasaron inadvertidas para la autoridad de amparo, en su mayoría, y otras no fueron comprendidas en la forma en que se expusieron.

e) La falta de entendimiento de los argumentos planteados en la demanda, se advierte cuando el Tribunal Colegiado desestima su alegato relativo a que el actor debió probar que hubo abuso del abogado, con el argumento de que ese requisito no se encontraba previsto en el artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, esto, no obstante que la petición era que dicho requisito se desprendía de la finalidad para la que fue impuesto el precepto por el legislador.

f) Aplicar la ley porque es la ley, con independencia del bien o los bienes jurídicos que se pretenden tutelar, llevaría a emitir sentencias carentes de lógica y justicia e impediría que la ley en sí misma sirviera para su función principal que es regular las relaciones sociales para encontrar la solución más justa.

g) Es equivocada la consideración relativa a que la inaplicación del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, se trató de un tema novedoso. La inexactitud de tal razonamiento estriba en que el Tribunal Colegiado pasó por alto que tales argumentos no podían formar parte de la litis natural, en virtud de que en la fecha en que se encontraba en trámite el juicio de origen, no había la posibilidad de exponer tales argumentos ante la autoridad local, al encontrarse expresamente prohibido por la jurisprudencia de la Corte, que establecía que el control de la Constitución era atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación.

Hasta aquí las cuestiones necesarias para resolver el asunto.

V.1. Primer problema jurídico

25. La primera cuestión constitucional que debe resolver esta Suprema Corte consiste en analizar ¿Asiste la razón al recurrente cuando afirma que el Tribunal Colegiado debió analizar el concepto de violación relativo a que la Sala responsable estaba constreñida a ejercer un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio?

26. A fin de responder la pregunta que marca el inicio de este apartado, es importante recordar que los conceptos de violación relativos a la obligación a cargo de la Sala responsable de inaplicar el artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, a partir de un control ex officio de constitucionalidad (sic), fueron desestimados por el Tribunal Colegiado con el argumento de que se trataba de una cuestión novedosa; de ahí que deba resolverse si era o no necesario que el quejoso, desde el juicio de origen, planteara esos temas ante las autoridades responsables y, en su caso, explicar la manera en que la autoridad responsable puede dejar constancia de que ha llevado a cabo ese ejercicio que deriva del imperativo ordenado no solamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en diversas resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculantes para el Estado Mexicano.

27. En este sentido, esta Primera Sala estima que, de la lectura cuidadosa y exhaustiva de la demanda, así como del recurso de revisión, lo efectivamente reclamado por la parte recurrente es si existe una obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales –en este caso federales– de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio.

28. Precisión que realiza esta Primera Sala sin que ello represente cambio alguno en los hechos expuestos en la demanda de amparo;(2) y cuya fijación encuentra su fundamento en la obligación que tiene de reparar la incongruencia de las sentencias recurridas,(3) de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo abrogada.(4)

29. Reparación y precisión que, además, se torna necesaria en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia abrogada,(5) ya que conforme a la técnica que rige al dictado de las sentencias de amparo, previo al examen de la certeza de los actos reclamados, y para posterior análisis de las causales de improcedencia y en su caso del fondo del asunto, es indispensable su adecuada fijación, pues de lo contrario se podría llegar a confirmar una sentencia incongruente.

30. Ahora bien, precisado lo anterior, es importante destacar que en el ámbito internacional el llamado control de convencionalidad fue ejercido por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Almonacid Arellano Vs. Chile.(6) En esta resolución, en los párrafos 123 y 124, la Corte Interamericana sostuvo lo siguiente:

"123. La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la convención tiene también la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana.(7)

"124. La Corte es consciente que los Jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30708-5943c0ad/control-de-constitucionalidad-y-convencionalidad-ex-officio-metodologia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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