PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA ABOGACÍA O PROCURADORES. LA PROHIBICIÓN DE COMPRAR LOS BIENES EN LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGAN Y LA PROHIBICIÓN DE SER CESIONARIOS DE LOS DERECHOS QUE SE TENGAN SOBRE ELLOS NO VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2397/2020. 9 DE JUNIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JESÚS IRAM AGUIRRE SANDOVAL.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2397/2020 interpuesto por el tercero interesado **********, en contra de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en los autos del juicio de amparo directo **********.
La cuestión jurídica por resolver en esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar, en caso de que se cumplan los requisitos de procedencia correspondientes, si el artículo 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actual Ciudad de México, es inconstitucional al prohibir a los abogados comprar o ser cesionarios de los bienes objeto de los juicios en los que intervengan.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos.(1) En mil novecientos setenta y cuatro ********** e ********** ambos de apellidos ********** contrataron verbalmente al abogado ********** para tramitar los juicios y procedimientos legales necesarios para la obtención de la herencia que les correspondiera de su padre ********** y de su abuela paterna **********. Como pago de honorarios acordaron entregar al citado profesionista la tercera parte de todo lo que se obtuviera en los juicios sobre la masa hereditaria. En ejecución de ese contrato, en principio, le otorgaron poderes para pleitos y cobranzas y posteriormente un poder para actos de dominio.(2)
2. El veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, ********** e **********, ambos de apellidos ********** y el abogado ********** asentaron por escrito que por concepto de honorarios, los primeros cederían al segundo el treinta y tres punto tres por ciento (33.3%) de los bienes que a ellos correspondieran de la masa hereditaria en las sucesiones de ********** ********** y **********.
3. En ejercicio del contrato de servicios profesionales y mandatos conferidos, el abogado ********** los representó en los juicios sucesorios ********** a bienes de ********** radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar, el juicio sucesorio ********** a bienes de **********, del índice del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México,(3) entre otros.(4)
4. Posteriormente, el veinte de marzo del año dos mil ********** en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ********** suscribió un documento en el cual reconoció adeudar al abogado ********** $********** (********** en moneda nacional) por concepto de gastos de litigio de un juicio ejecutivo mercantil, que ésta era con independencia del treinta y tres punto tres por ciento (33.3%) que dijo corresponderle al citado profesionista por concepto de honorarios de todo lo que se obtenga del citado litigio y que culminó con su trámite.
5. Juicio ordinario civil (**********). El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, ********** demandó a las sucesiones de ********** y de **********, así como a ********** el pago de la tercera parte a precio de avalúo actual del valor de los ocho inmuebles que integran la masa hereditaria.(5) En sus hechos afirmó, en lo que interesa, que es propietario de la tercera parte de los ocho bienes que integran la masa hereditaria por concepto de honorarios pactados con los demandados, indicó que la cantidad en dinero que se recibió de los juicios que tramitó ya la recibió, pero falta el pago de la tercera parte del valor de los inmuebles recuperados y que los demandados están realizando transacciones para disminuir la masa hereditaria, sobre la cual tiene derecho al 33.33%.
6. Contestación. El siete de mayo de dos mil diecinueve ********** por su propio derecho y en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de ********** dio contestación a la demanda y opuso como excepciones las siguientes:
a) Falta de acción y derecho e inexistencia jurídica de las prestaciones pretendidas.
b) Falta de legitimación e interés jurídico.
c) Prescripción de la acción.
d) La derivada del artículo 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, porque el actor en su carácter de abogado se ostenta cesionario de los bienes de la masa hereditaria en una proporción del 33.3%.
e) Exceso en la pretensión (plus petitio).
f) Incumplimiento de contrato (Non adimpleti contractus)
g) Las derivadas de diversos preceptos del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y las que se desprendieran del propio escrito.
7. Asimismo, reconvino a ********** las prestaciones siguientes:
a) La rescisión del contrato de prestación de servicios por incumplimiento.
b) La nulidad de los poderes que le fueron conferidos.
c) La nulidad del documento de cesión de veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y ocho y de reconocimiento de adeudo de veinte de marzo del año dos mil por contravenir lo previsto en el artículo 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México.(6)
d) La restitución de la cantidad indebidamente recibida por el abogado en una tercería excluyente de dominio el once de marzo de mil novecientos noventa y dos, y el pago de los intereses correspondientes.
e) Daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y abandono de los juicios sucesorios.
f) Gastos y costas.
8. Durante la tramitación del juicio, ********** interpuso recurso de apelación preventiva contra el auto de once de julio de dos mil diecinueve en el que se desecharon las pruebas que ofreció relativas al reconocimiento e inspección judicial sobre los juicios sucesorios; la negativa a solicitar informes a diversos juzgados sobre expedientes de sus índices; y la prevención de exhibir dichos informes.
9. Rebeldía y sentencia de primera instancia. Seguido el juicio, en audiencia de once de junio de dos mil diecinueve, se declaró la rebeldía de la sucesión a bienes de ********** y el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve el Juzgado Septuagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México dictó sentencia en la que resolvió:
a) El actor no acreditó las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción principal de pago de honorarios reclamados porque no exhibió su cédula profesional;
b) El señor ********** por propio derecho y como albacea de la sucesión a bienes de ********** no acreditó su acción reconvencional, en lo que interesa, por considerar que no tenían legitimación para demandar la nulidad del contrato de prestación de servicios, porque al haber pactado el pago de la tercera parte de la masa hereditaria a pesar de saber de la prohibición en que basaron su pretensión, no podían prevalerse de su propio dolo;
c) Dejó a salvo los derechos de cobro de honorarios del señor ********** y lo absolvió de las prestaciones reconvenidas.
d) Absolvió en costas.
10. Apelación (**********). Inconforme, ********** por su propio derecho y en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de ********** interpuso recurso de apelación el cual se radicó con el número de expediente citado al rubro ante la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el veinte de enero de dos mil veinte confirmó, tanto el acuerdo apelado preventivamente, como la sentencia definitiva, asimismo, condenó a ********** al pago de las costas causadas en ambas instancias.
11. Juicios de amparo directo (********** y **********). Contra la sentencia anterior, ********** por su propio derecho y en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de ********** promovió dos juicios de amparo directo, pero en uno de ellos reclamó lo resuelto en torno a la apelación preventiva y en el otro la apelación contra la sentencia definitiva del juicio.
12. De las demandas conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se registraron con los números ********** y **********. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Magistrada presidenta del Tribunal Colegiado admitió a trámite sólo la radicada con el número **********, enderezada contra la decisión definitiva del juicio de origen, pues la diversa demanda la tuvo como una ampliación de aquélla y dio de baja el expediente **********. Lo anterior, porque la resolución de la apelación preventiva debe ser analizada como una violación procesal.
13. En sesión de cinco de agosto de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la cual, por una parte, declaró inoperantes los argumentos contra la resolución de la apelación preventiva porque el desechamiento de las pruebas para justificar sus excepciones no trascendió al resultado del fallo. Por otra parte, declaró infundado que el abogado ********** no fue quien firmó el contrato e inoperantes el resto de los argumentos relacionados con la acción principal, porque el citado accionante no recurrió la determinación de no tener por demostrada su acción principal y, por ende, todo lo vinculado con ello no fue parte de la sentencia de segunda instancia.
14. Sin embargo, consideró fundado que la Sala debió declarar nula la cláusula del contrato sobre la forma del pago de honorarios mediante la cesión de los bienes objeto de los juicios en que el abogado representó a los accionantes reconvencionales, porque es contraria a la norma prohibitiva contenida en el artículo 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. En consecuencia, concedió el amparo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dictara otra, declarando nula la citada cláusula.
15. Recurso de revisión. En desacuerdo, el veintinueve de agosto de dos mil veinte, el señor ********** interpuso recurso de revisión en el que, fundamentalmente, argumentó que el artículo 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, es inconstitucional por transgredir los derechos a la igualdad y a la no discriminación.
16. Admisión y turno. Por acuerdo de presidencia de este Alto Tribunal de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el recurso de revisión, se radicó en el toca **********, y se turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución.
17. Avocamiento. El veinte de enero de dos mil veintiuno, la Ministra presidenta de esta Primera Sala tuvo por recibido el expediente, se avocó al conocimiento del asunto y envío los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.
II. COMPETENCIA
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme al punto primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.(7)
III. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD
19. Conforme al artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo el recurso de revisión se hizo valer por parte legitimada, pues en el juicio de amparo directo se reconoció a ********** la calidad de tercero interesado.(8)
20. Por otro lado, en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, el plazo de diez días para la presentación del recurso de revisión transcurrió del veintiuno de agosto al tres de septiembre de dos mil veinte.(9) Dado que el escrito del recurso de revisión se presentó el veintinueve de agosto de dos mil veinte, su interposición fue oportuna.
IV. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
21. A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es necesario hacer referencia a los conceptos de violación, a las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios planteados.
22. Demanda de amparo. El quejoso expresó, en síntesis, los siguientes argumentos en sus conceptos de violación:
a) Fue ilegal el desechamiento de la inspección judicial y la solicitud de informes, así como la prevención hacia el quejoso de exhibir esa información, a practicarse sobre las constancias de los juicios sucesorios ********** y ********** de los Juzgados Quinto y Vigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México, porque se le impidió demostrar que el actor dejó de tener intervención en esos juicios, así como que no se han adjudicado los bienes que se demandaron como prestaciones de pago de los servicios profesionales; inclusive, que ha prescrito la acción intentada.
b) La sentencia vulnera los derechos de petición y de audiencia, en virtud de que se omite dar contestación completa a los agravios en detrimento de los principios de completitud, congruencia y exhaustividad, al no estudiar las excepciones planteadas, la reconvención, omitir valorar los hechos y pruebas ofrecidas.
c) Existe una indebida fundamentación porque el Juez de origen fue omiso en señalar los fundamentos en que se sustentó para determinar que son improcedentes las objeciones al convenio y reconocimiento de adeudo, consistente en que la vigencia del albaceazgo empezó a partir del dos de junio de dos mil diez y ********** falleció el veintidós de noviembre de dos mil ocho.
d) La Sala resolvió injustificadamente que carecen de legitimación para demandar la nulidad del contrato de prestación de servicios, pues por ello se absolvió de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en la reconvención y al encontrarse en el supuesto de la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, se les condenó indebidamente al pago de costas en ambas instancias.
e) No es válido condenar al cliente a pagar al profesionista el monto total de los honorarios pactados en un contrato de prestación de servicios profesionales, cuando el negocio para el que se contrató no culminó con el dictado de una sentencia definitiva, por lo que el juzgador debe atender a los servicios realmente prestados, pues cuando los juicios para cuya defensa fue contratado no concluyen con la emisión de una sentencia de fondo reflejan el incumplimiento del prestador de servicios.
f) El actor en el juicio de origen no tiene derecho a pago total del arancel porcentual, ya que sólo intervino en una parte del procedimiento, debido a ello los honorarios debían calcularse en función de los servicios prestados en aplicación de las tasas previstas en el artículo 129 o 145 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México.
g) Debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 1,161 del código sustantivo civil en cita, porque dadas las características del juicio intentado quedó extinta por prescripción la acción de pago exigido por el actor, pues han pasado diez años desde que dejó de prestar sus servicios, lo cual no fue considerado por la autoridad responsable.
h) La Sala dejó de valorar que el actor se constituye como cesionario de los derechos sobre los bienes materia de los litigios en los que intervino como abogado, lo que actualiza la prohibición del numeral 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México y, por ende, el contrato de prestación de servicios es nulo e inexistente en el mundo jurídico, según lo disponen diversos preceptos de la propia legislación.
i) La responsable omitió pronunciarse y dar contestación a la totalidad de los agravios sometidos a su consideración, específicamente las excepciones, las prestaciones de la reconvención y los agravios de la apelación.
j) No se otorgó una tutela jurisdiccional efectiva, al omitirse los agravios sobre la reconvención con transgresión a su derecho humano de acceso a la justicia.
k) La Sala fue omisa en realizar un control de convencionalidad en la sentencia reclamada, por lo cual solicita se haga oficiosamente.
l) El pago de costas al que se le impone no cumple con los supuestos a los que aduce el artículo 140, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, pues no existe sentencia condenatoria en el juicio de origen.
23. Sentencia del Tribunal Colegiado. Las consideraciones del Tribunal Colegiado fueron las siguientes:
a) Calificó infundadas las violaciones procesales, porque el desechamiento de las pruebas que refiere no trascendió al resultado del fallo, pues con ellas pretendía justificar sus excepciones contra la acción principal, pero ésta fue desestimada porque el actor no exhibió su cédula profesional y, por ende, se dejaron a salvo sus derechos; en consecuencia, a nada práctico conduciría reponer el procedimiento para recabarlas.
b) Consideró infundado lo relativo a que la voluntad expresada en la celebración del contrato no es la del señor **********, porque el abogado es quien exhibió ese documento como prueba y, por tanto, se convalidaba cualquier posible vicio del consentimiento al suscribir esa documental; máxime que no se desahogó pericial alguna sobre la veracidad de la rúbrica.
c) Declaró infundados los argumentos en torno a la nulidad de los poderes otorgados, pues se le atribuyó sólo como consecuencia de la del contrato de prestación de servicios y aquéllos fueron desestimados, porque sí existió dicho pacto.
d) Evaluó inoperantes los conceptos de violación relativos al incumplimiento del contrato, la negligencia en que presuntamente incurrió el actor en lo principal que darían lugar a la rescisión del contrato, el exceso e improcedencia del cobro de honorarios, y la prescripción de la acción intentada. Esto, porque el Juez de primera instancia determinó que el actor en lo principal no acreditó su acción por no haber exhibido su cédula profesional, lo que no fue recurrido y, por tanto, esa parte de la sentencia de primera instancia quedó firme y no fue materia del recurso de apelación.
e) Finalmente, en cuanto a la reconvención hecha valer para lograr la nulidad del contrato de prestación de servicios profesionales cuyo pago se demandó en lo principal, el Tribunal Colegiado declaró fundado que la cláusula del contrato en la cual se pactó que los honorarios se pagarían a través de la cesión de los bienes inmuebles materia de los juicios gestionados por el abogado está afectada de nulidad absoluta, porque es contraria a una norma prohibitiva, la cual podía ser invocada por cualquier interesado, no es convalidable y es imprescriptible.
Explicó que el artículo 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, prohíbe al abogado ********** ser cesionario de los derechos sobre los bienes que fueron objeto de los juicios en los que representó a los quejosos y, por ende, la cláusula del contrato debió declarase nula. Apoyó dicha determinación en la tesis de la Tercera Sala de este Alto Tribunal de rubro: "ABOGADOS. PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR BIENES OBJETO DE LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGAN. NULIDAD DEL CONTRATO RELATIVO."(10)
Razonó que, contrario a lo fallado por la Sala, ********** no se prevalecía de su propio dolo con la acción de nulidad, porque el alcance de ésta no es destruir el pago de honorarios, sino únicamente la forma en que dicha prestación debe satisfacerse por haberse pactado en contravención a una norma prohibitiva. Insistió que con esto no resolvía sobre la improcedencia del pago pretendido, sino únicamente con la forma de cumplirlo, al estar probado que los quejosos sí se beneficiaron de los servicios profesionales prestados por el abogado y por ese motivo existe la obligación de retribuirlos, pero justa y equitativamente, en la medida que la propia legislación aplicable dispone para estos casos, y no a través de la cesión de los bienes litigiosos, prohibida por la norma.
Argumentó que aun cuando los quejosos se beneficiaron de los servicios profesionales del abogado derivados del contrato cuya nulidad demandaron, ello no autorizaba a su contraparte a desconocer una norma prohibitiva, pues en todo caso debía efectuar el cobro conforme a la legislación aplicable y según las pruebas correspondientes. Advirtió que seguía sin resolverse la acción de pago de honorarios, dado que se dejaron a salvo los derechos del actor.
Concluyó que en atención al principio de conservación de los contratos y dado que la parte quejosa se benefició de la ejecución del celebrado con su contraparte, éste debía subsistir, pero no el pacto sobre la forma de pago de los honorarios, el cual, al no ser un elemento esencial sólo implicaba la nulidad de la cláusula por estar afectada de nulidad.
f) Finalmente, declaró inoperante la solicitud de realizar oficiosamente el control de convencionalidad, porque no se proporcionaron los elementos mínimos para realizarlo.
24. Recurso de revisión. En su escrito de revisión, el recurrente expuso, medularmente, lo siguiente:
a) El artículo 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, aplicado por primera vez en la sentencia reclamada es contrario a los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Además, transgrede los artículos 1o., 5o. y 14 de la Constitución Federal, 2, 5 y 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
b) Su inconstitucionalidad deriva de la prohibición en él contenida ya que establece una discriminación por motivo de ocupación para poder convenir en términos de igualdad con el resto de las personas con respecto a su actividad profesional.
c) El Tribunal Colegiado determinó que el propósito de la norma es el de evitar que los abogados hagan abuso sobre los bienes de sus representados, lo cual por sí mismo es una discriminación apriorística en la cual se supone que todo trato de los representantes legales con sus clientes son, en sí mismos, un abuso de confianza. Lo cual es contrario a lo sostenido por los artículos 2.5 y 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
d) Se debe atender a cada caso en concreto para determinar si existe un abuso de poder y no establecer una prohibición en la ley que estigmatice a un grupo impidiéndole ejercer los mismos derechos que cualquier otro grupo, por su ocupación o profesión, pudiera tener en forma análoga, porque el legislador debe limitarse a supuestos que evidencien un abuso y no partir de un prejuicio, privando al gobernado de sus facultades o derechos con base en una suposición generalizada con base en su ocupación o cualquier otra característica personal. Además, esto agravia su honra y honorabilidad.
e) El precepto impugnado es inconstitucional porque le otorga menos libertades civiles (de convenir) que a otros grupos de ciudadanos, en detrimento de su dignidad humana y lo priva del fruto de su labor en violación al artículo 5o. constitucional.
f) Es falaz el razonamiento del Tribunal Colegiado sobre la racionalidad del precepto, porque en todo género de servicios profesionales pueden realizarse actos de forma dolosa, abusiva y perniciosa en perjuicio de sus clientes por su ignorancia, apremio o angustia que dependiendo de sus circunstancias resientan. Incluso, de manera superlativa se puede hablar de un médico, o de un agente de bolsa o de cualquier profesionista del que dependa en mayor o menor grado el cliente. Por ende, la prejuiciosa privación de igualdad en sus derechos civiles que impone la norma combatida resulta contraria a los principios de igualdad y no discriminación.
g) La prohibición de pactar en forma libre e igualitaria a los profesionistas del derecho, lejos de evitar un abuso, impide pactar sobre las resultas de un pleito judicial en perjuicio de aquellos clientes que al inicio del litigio no cuentan con recursos para sufragar los gastos y tramitación correspondientes.
h) Si la ley pretende evitar que los abogados puedan pactar con sus clientes sobre el pago de honorarios derivado de la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, en igualdad de circunstancias debería de impedir también que cualquier profesionista, o cualquier persona en su totalidad, pudiera convenir un pago a base de las resultas de cualquier negocio. Con lo cual, ciertamente se evitarían abusos, pero se impediría la realización de negocio alguno y lo torna en un abuso mayor por el legislador.
i) Se debe respetar la libertad y soberanía de los individuos para pactar libremente sobre sus bienes materiales y, en todo caso, atender en un juicio particular si se han cometido o no abusos, sin decidir prejuiciosamente que un grupo, por su profesión, es previa y particularmente abusivo, lo que es transgresor de sus derechos como abogado.
j) El artículo impugnado transgrede el artículo 14 constitucional, pues sin la tramitación de un juicio previo se le priva de sus derechos civiles y de los frutos de su labor, pactados de manera libre y soberana entre adultos capaces y en uso de sus facultades mentales.
V. PROCEDENCIA DEL RECURSO
25. De conformidad con la Ley de Amparo, el recurso de revisión en amparo directo se distingue por ser un medio de impugnación extraordinario, el cual sólo es procedente cumplidos los requisitos señalados expresamente por la Constitución Federal y la Ley de Amparo, motivo por el cual éstos deben ser analizados antes del estudio de fondo en toda revisión en amparo directo.
26. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, 83 y 96 de la Ley de Amparo, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se actualiza cuando en la sentencia de amparo se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales o la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional que reconozca un derecho humano, o bien, se omita decidir sobre tales planteamientos de haberse hecho valer por el quejoso, siempre que tales aspectos sean de importancia y trascendencia para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
27. Además, esta Primera Sala ha sustentado que por regla general, no es posible introducir cuestiones de constitucionalidad en los agravios del recurso de revisión contra las sentencias de amparo directo si tales planteamientos no se hicieron valer en la demanda de amparo, porque implicaría una variación de la litis. Sin embargo, esta regla se sustenta en el presupuesto lógico de que el recurrente haya estado en posibilidad de hacer valer tales planteamientos pues de lo contrario, lo que sucede, entre otros supuestos, cuando el planteamiento de constitucionalidad deriva de la resolución del Tribunal Colegiado por ser dicha sentencia el primer acto de aplicación de la norma combatida.(11)
28. Por su parte, el segundo punto del Acuerdo General Número 9/2015, emitido por el Pleno de esta Suprema Corte, indica que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia cuando, una vez que se surta el requisito relativo a la existencia de un tema de constitucionalidad:
a) Se advierta que aquél dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,
b) Lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
29. Sobre esas bases, en el presente caso se cumple el primer requisito, pues ********** hace valer la inconstitucionalidad del artículo 2,276 del Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, en el presente recurso de revisión, el cual le fue aplicado por primera vez en la sentencia por el Tribunal Colegiado, lo que actualiza el supuesto de excepción descrito en líneas previas para incorporar el tema de constitucionalidad hasta esta instancia. Máxime que al tener el carácter de tercero interesado no estuvo en posibilidad de hacerlo valer en la demanda de amparo y dado que el precepto no le fue aplicado por la autoridad responsable, tampoco podía proponerlo en otro amparo directo.
30. Por su parte, el requisito de importancia y trascendencia también se encuentra satisfecho en el presente caso, porque no existe criterio de esta Suprema Corte sobre la constitucionalidad desde la perspectiva de transgresión a los derechos a la igualdad y a la no discriminación sobre el precepto que se impugna.
31. No se soslaya que existen dos tesis aisladas de la extinta Tercera Sala de esta Suprema Corte en las que se explica la racionalidad de la misma prohibición contenida en el artículo 2,276 del entonces Código Civil para el Distrito y los Territorios Federales, sin embargo, además de que dichos criterios son aislados y corresponden a la Quinta y Séptima Épocas del Semanario Judicial de la Federación, el estudio en ellas contenido es de mera legalidad y no desde la perspectiva de constitucionalidad, mucho menos, a la luz del derecho a la igualdad y no discriminación propuesto en el presente caso.(12)
VI. ESTUDIO DE FONDO
32. Son infundados los agravios.
33. El artículo 2,276 del entonces Código Civil para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, que el señor ********** considera inconstitucional establece lo siguiente:
"Artículo 2,276. Los Magistrados, los Jueces, el Ministerio Público, los defensores públicos, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes."
34. Esta Primera
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30112-a443d095/personas-que-se-dedican-a-la-abogacia-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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