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Modo: Corpus Pro

ABOGADOS. LA PROHIBICIÓN PARA COMPRAR BIENES QUE SON OBJETO DE LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGAN ESTÁ LIMITADA POR EL OBJETO DE LA COMPRAVENTA Y NO POR LA VIGENCIA DE LOS JUICIOS (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 236/2012. · Registro digital (IUS): 24219
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Pág. 323.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 236/2012. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. SECRETARIO: ROBERTO LARA CHAGOYÁN.

III. Competencia

11. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

IV. Legitimación del denunciante

12. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, fue realizada por **********, en su carácter de quejoso y tercero perjudicado en los juicios de amparo directo números ********** y **********, respectivamente, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

V. Existencia de la contradicción

13. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, y que son los siguientes:(1)

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

14. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia.

15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

16. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, resolvió los amparos directos ********** y **********, cuyos antecedentes son los siguientes:

17. El **********, las hermanas **********, en su carácter de herederas, celebraron un contrato de prestación de servicios con **********, para que les llevara de principio a fin el juicio sucesorio, que quedó radicado con el número **********. Como pago de honorarios, se pactó un 7% sobre el valor comercial de los bienes que se adjudicaran a las solicitantes. Sin embargo, mediante auto emitido el **********, fue acordada de conformidad la petición de las herederas de revocar el nombramiento del citado abogado para actuar en el juicio, y la designación de un distinto abogado. A partir de esa fecha, ********** dejó de actuar en el juicio.

18. Con posterioridad, el **********, las herederas celebraron y ratificaron ante presencia judicial un contrato de cesión onerosa de derechos hereditarios a favor de **********, a quien -según se desprende de la sentencia- le vendieron todos los derechos que pudieran haberles correspondido en el juicio sucesorio **********.

19. Años después, las herederas demandaron la nulidad absoluta del contrato de cesión onerosa de derechos hereditarios, con fundamento en el artículo 2194 del Código Civil del Estado de Jalisco, que prohibía a los abogados comprar los bienes objeto de los juicios en que intervengan.

20. El Juez natural dictó sentencia en la que determinó no resolver el fondo del asunto, bajo el argumento de que no quedó configurado el litisconsorcio activo necesario, por lo que la parte actora interpuso recurso de apelación. La Sala Superior revocó la sentencia de primera instancia, y absolvió al demandado de la totalidad de las prestaciones solicitadas por las actoras.

21. La parte actora promovió juicio de amparo, el cual fue registrado con el número **********, del cual conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien les concedió el amparo a las actoras con base en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer.

"Asiste razón a las quejosas en cuanto alegan que el tribunal de alzada realizó una interpretación incorrecta del artículo 2194 del Código Civil anterior del Estado de Jalisco.

"Dicho numeral consigna: ‘Los Magistrados, Jueces, agentes del Ministerio Público y defensores oficiales, no podrán comprar bienes que sean objeto de juicio que se tramite dentro de su jurisdicción; ni los abogados, procuradores, o peritos, de aquellos que fueren de juicios e (sic) que intervengan. Tampoco podrán unos ni otros, ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes.’

"Ahora bien, opuesto a lo sostenido por el tribunal de alzada, la prohibición que el precepto en cita impone, entre otras personas, a los abogados, se actualiza en todos los juicios en que los que éstos hayan intervenido, estén interviniendo o vayan intervenir, es decir, subsiste en todo tiempo y no únicamente rige para el presente; lo que se afirma porque el artículo en comento en forma clara consigna que no podrán comprar bienes que sean objeto de los juicios en que intervienen ni ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los mismos bienes, es decir, si un abogado tiene intervención en un juicio, ya no podrá adquirir bienes que hayan sido materia del mismo ni tampoco ser cesionario de los derechos que se tengan sobre esos bienes, aunque después deje de serlo, en caso contrario, de haber sido otra la intención del legislador se hubiera establecido de otra forma, precisándose que los mencionados profesionistas no podrían comprar bienes de los juicios en los que estuvieran interviniendo, pues sólo así se podría afirmar, como lo hizo la Sala responsable, que se comprende sólo al tiempo presente, pero como el legislador no lo consignó de esa forma puede deducirse que no fue esa su intención.

"Además, al establecer la prohibición en cita, lo que se pretendió fue proteger a los clientes contra el abuso que de su ignorancia o su necesidad pudieran hacer los abogados, por lo que si se considerara que la prohibición sólo opera en los juicios en los que estén interviniendo y no en los que ya atendieron, se haría nugatoria esa finalidad, cuenta habida que al haber tenido intervención en el juicio el abogado conoció la situación de los bienes objeto del mismo y al celebrar el contrato pudo aprovecharse de las ventajas que hubiere conocido en perjuicio de las ahora quejosas.

"Sobre lo expresado es aplicable por las razones que la informan la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diez del tomo LXVIII, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: ‘ABOGADOS. PROHIBICIÓN PARA COMPRAR LOS BIENES OBJETO DE LOS JUICIOS EN QUE INTERVENGAN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ). En rigor gramatical, del texto del artículo 2209 del Código Civil del Estado de Veracruz (igual al artículo 2276 del vigente en el Distrito Federal), la prohibición a los abogados de adquirir bienes, no reza únicamente para los de los juicios en que están interviniendo, sino también para los bienes objeto de los juicios en que van a intervenir, en cumplimiento del mandato judicial que se les ha otorgado, pues tal interpretación encuentra apoyo en la finalidad que persigue tal prohibición, y que es la de evitar que se aprovechen de las ventajas, en perjuicio de sus clientes, que, por su ignorancia del derecho, no pueden percibir y lo cual no se obtendría si se constriñera la prohibición, sólo a los juicios que están atendiendo y no a los que van a atender por virtud del mandato aceptado.’, así como la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que con el número II.2o.C.127 C aparece publicada a fojas quinientos doce del Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que preceptúa: ‘COMPRAVENTA NULA DE PLENO DERECHO SI EL ABOGADO ADQUIRIÓ BIENES QUE FUERON OBJETO DE UN JUICIO QUE PATROCINÓ, Y ADEMÁS SE CELEBRÓ EN CONTRAVENCIÓN AL TEXTO LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 2130 del Código Civil vigente para el Estado de México estatuye que: «Los Magistrados, los Jueces, el Ministerio Público, los defensores oficiales, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes». Por su parte, el diverso precepto 2136 del propio código señala que: «Las compras hechas en contravención a lo dispuesto en este capítulo, serán nulas, ya se hayan hecho directamente o por interpósita persona». Ahora, de la correcta interpretación de tales dispositivos, relacionados entre sí, se sigue que existe una prohibición de orden público a los abogados o litigantes para la adquisición de los bienes que sean objeto de los juicios en que intervienen. Por tanto, si se demuestra que existió un vínculo contractual de prestación de servicios profesionales entre el abogado defensor y su patrocinado, y que respecto del bien relativo posteriormente celebraron un contrato de venta de derechos posesorios; es indiscutible que conforme a lo establecido por los preceptos citados debe considerarse que la referida compraventa fue celebrada en contravención a dichos preceptos y, por ende, que está afectada de nulidad absoluta, pues no puede ser susceptible de convalidación ni confirmación, en tanto la finalidad que persigue dicha prohibición es evitar que los litigantes se aprovechen de ventajas en perjuicio de sus clientes o de algún tercero.’

"Aun cuando el primero de los relatados criterios refiere el supuesto de que la prohibición a los abogados de adquirir bienes, implica a los de los juicios en que están interviniendo y para aquellos en los que van a intervenir, sin hacer alusión a los procedimientos en los que hayan dejado de tener ese carácter, lo cierto es que sí es aplicable como se dijo, por las razones que la informan, además de que pone en evidencia que el Más Alto Tribunal ha interpretado el numeral 2276 del Código Civil para el Distrito Federal, cuyo concordante en la ley civil sustantiva anterior jalisciense es el 2194, en un sentido amplio, considerando que la susodicha prohibición no sólo rige para el presente, sino también para el futuro, por lo que por mayoría de razón debe estimarse que aplica para los casos en que el abogado ya dejó de tener esa calidad; lo que se corrobora con lo dispuesto en la segunda de las tesis invocadas, en la que se refiere precisamente a la hipótesis de que al dejar de ser abogado celebró un contrato de derechos posesorios respecto del bien que había sido materia del juicio en el que intervino, el que por consecuencia se consideró afectado de nulidad absoluta.

"Se afirma que la nulidad que padece la referida cesión de derechos es absoluta, debido a que los numerales 2151, 2152 y 2153 del Código Civil anterior del Estado de Jalisco, establecen la posibilidad de que se convalide el acto nulo, pero solamente para los casos en que quien ha padecido el vicio de la voluntad, ha sido incapaz o no observó las formalidades legales, con conocimiento de tales circunstancias, renuncia a ejercitar la acción de nulidad y confirma el acto irregular, sin incurrir, en el mismo vicio; tan es así que el citado precepto 2153 dispone que cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cesa el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación, mientras que para el caso de inobservancia de la forma, el numeral 2152 exige que se otorgue nuevamente el acto jurídico cumpliendo con la formalidad legal; de lo que se desprende que la confirmación para producir el efecto de convalidar el acto, debe referirse a un vicio que puede eliminarse a voluntad del interesado, y al ser confirmado el nuevo ya no se incurre en el mismo vicio; sin embargo, tratándose de la prohibición impuesta a los abogados y demás personas enumeradas en el artículo 2194, no depende de la voluntad del interesado eliminar la ilicitud en la que se incurrió al adquirir bienes en contravención a dicho numeral, tomando en cuenta que el artículo 6o. de la ley sustantiva anterior dispone que: ‘Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.’, es decir, si se celebró un acto en contravención a dichos numerales, debe considerarse que la ilicitud queda consumada para siempre y no podrá ser objeto de ratificación, puesto que con ésta se ratificaría la ilicitud en la que se hubiere incurrido, lo que no puede ser posible.

"Asimismo, debe precisarse que tratándose de nulidad del acto por violencia, incapacidad y error, los artículos 2156 y 2157 del ordenamiento legal en consulta establecen un término para la prescripción, lo que no ocurre para la nulidad por ilicitud, por lo que puede aseverarse que la acción es imprescriptible; además de que todo interesado puede prevalecerse de dicha nulidad, ya que se trata de la infracción de preceptos de interés público y, consecuentemente, no sólo las partes directamente interesadas podrán pedir la nulidad, sino todos aquellos que resulten directa o indirectamente perjudicados por el acto ilícito.

"Es aplicable la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 294 aparece publicada en la página doscientos cuarenta y siete del Tomo IV del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA. La nulidad absoluta y la relativa se distinguen en que la primera no desaparece por confirmación ni por prescripción; es perpetua y su existencia puede invocarse por todo interesado. La nulidad relativa en cambio no reúne estos caracteres. Sin embargo, en ambas el acto produce provisionalmente sus efectos, los cuales se destruyen retroactivamente cuando los tribunales pronuncian la nulidad.’

"Por otro lado, son inexactas las aseveraciones del tribunal de alzada emitidas en la sentencia reclamada, en relación al mencionado numeral 2194, en el sentido de que: ‘... ya que en estricto apego a las reglas de la gramática, la redacción del artículo alude a tiempo presente, y no al pasado ni al futuro, lo cual es corroborado por el criterio jurisprudencial sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito bajo la voz: ‘CESIÓN GRATUITA CELEBRADA POR QUIEN ES PARTE Y SU ABOGADO, CON RELACIÓN A LOS DERECHOS QUE EMANAN DEL MISMO JUICIO. ES UN ACTO PROHIBIDO POR LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’

"Se afirma lo anterior, primeramente porque es una tesis aislada y no un criterio jurisprudencial al que la Sala responsable hizo referencia y, por otra parte, éste alude a que el artículo 1869, fracción II, del Código Civil del Estado de Jalisco (que es similar al 2194 del código sustantivo anterior), no hace distinción sobre si la cesión que prohíbe es la onerosa o la gratuita, por lo que debe considerarse que comprende ambas, mas no es verdad que corrobore lo afirmado por la Sala responsable acerca de que la redacción del multicitado numeral 2194 comprenda sólo al tiempo presente, mas no al pasado ni al futuro.

"Por consiguiente, si el tribunal de alzada decidió que con las pruebas aportadas se demostró que la cesión de derechos hereditarios cuya nulidad se demanda fue onerosa y no gratuita; que el tercero perjudicado ya no fungía como abogado patrono de aquéllas en el juicio sucesorio 284/85, cuando se celebró dicha cesión, porque aproximadamente tres años antes de que se verificara ese acto jurídico las quejosas le revocaron ese cargo, designando a otro profesionista y desde entonces ya no intervino a favor de las actoras, es inconcuso que debió declarar la nulidad de la cesión de derechos, con independencia de si ésta fue onerosa o gratuita o de si las impetrantes justificaron o no que al firmar la referida cesión fueron sorprendidas por el demandado, toda vez que al haber actuado como su abogado tenía la prohibición impuesta por el citado artículo 2194 y, en consecuencia, la mencionada cesión está afectada de nulidad absoluta como antes se precisó."

22. Por otro lado, el mencionado Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el diverso amparo directo **********, promovido por el demandado en contra de la misma sentencia emitida por la Sala Superior, se limitó a contestar los conceptos de violación del abogado quejoso, relativos a los derechos que éste reconvino a las actoras en el juicio natural, en torno a la prescripción positiva de los derechos hereditarios en controversia, y la prescripción negativa de la acción de nulidad promovida por la actora.

23. El Tribunal Colegiado le negó el amparo solicitado, tomando en cuenta esencialmente los siguientes argumentos:

24. Por un lado, confirmó la decisión de la Sala responsable, en cuanto a que no se actualizaba en su favor la prescripción positiva que reconvino a las actoras, respecto de los derechos hereditarios que le fueron cedidos, porque su acción debió ejercitarla en contra de quien aparecía como titular en el Registro Público de la Propiedad, puesto que al no estar consolidado el derecho de las demandadas en la reconvención por estar en trámite el juicio sucesorio acumulado a bienes de sus padres, carecían de legitimación pasiva.

25. Asimismo, señaló que tampoco prosperaba la excepción de prescripción de la acción de nulidad, opuesta por el actor en la reconvención, puesto que no expuso cuáles eran las obligaciones que las actoras en el juicio natural debieron ejercitar dentro del término de cinco años para evitar la prescripción, y aun suponiendo que lo que el actor en la reconvención pretendiera, fuera que se declarara que había prescrito el derecho de las demandadas en la reconvención para ejercitar la acción de nulidad de contrato, no le asistía la razón, porque de los artículos 6o. y 2194 del Código Civil de Jalisco aplicable al asunto, se desprende "la prohibición para los abogados para adquirir bienes que sean objeto de los juicios en que intervienen o cesionarios de los derechos que se tengan sobre los mismos bienes, así como que será nulo el acto jurídico que se celebre en contravención a esa prohibición."(2)

26. A continuación, el Tribunal Colegiado reiteró las consideraciones contenidas en el amparo directo **********, que ya fueron transcritas, en relación con la procedencia de la "nulidad absoluta" en el caso concreto.

27. En esta sentencia, el Tribunal Colegiado no toca el tema de esta contradicción de tesis, relativo a si la prohibición a los abogados para comprar los bienes objeto de los juicios en que intervienen, opera a tiempo presente, pasado y futuro, motivo por el cual, no se transcriben las consideraciones de la sentencia que resolvió el amparo directo **********.

28. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, resolvió los amparos directos ********** y **********, cuyos antecedentes son los siguientes:

29. Los padres de los actores adquirieron un inmueble conocido como **********. Al fallecer el padre, se denunció el juicio sucesorio intestamentario y resultó que el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aducía ser propietario de dicho inmueble, motivo por el cual, los herederos contrataron los servicios profesionales de los abogados **********, para demandar la declaración judicial de que tenían un mejor derecho sobre el inmueble. Se acordó que los honorarios de los abogados serían por el 20% (veinte por ciento) del valor del inmueble.

30. El juicio ordinario civil correspondiente se radicó en el expediente **********, del índice del Segundo Juzgado de Distrito, de Ciudad Victoria.

31. El **********, se dictó sentencia favorable a sus pretensiones en el referido juicio y el **********, se declaró que la misma causaba ejecutoria.

32. Asimismo, en ********** se dictó sentencia en el juicio sucesorio mediante la que se adjudicaron a los actores en forma proindiviso los bienes inmuebles que heredaron de sus padres, incluyendo el bien en controversia, lo cual quedó protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

33. Tiempo después, el **********, los actores celebraron con los abogados un contrato de compraventa, mediante el cual les vendieron a estos últimos un 20% (veinte por ciento) proindiviso del inmueble que había sido objeto del juicio, fijando como precio la cantidad de **********, el cual se protocolizó ante notario público y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad.

34. En **********, el Infonavit promovió un amparo indirecto en el que reclamó el emplazamiento que se le hizo en el juicio ordinario civil **********, el cual se resolvió a favor del Infonavit, por lo que se ordenó reponer el procedimiento a partir del emplazamiento. El nuevo emplazamiento se le hizo en **********, y se dictó sentencia en **********, declarando improcedente la acción intentada en contra del Infonavit.

35. El tribunal de apelación que conoció de la misma, revocó dicha sentencia para declarar la incompetencia del tribunal que conoció en primera instancia, al considerar que la competencia para conocer del asunto correspondía a los tribunales del fuero común.

36. El **********, los actores celebraron un convenio modificatorio al contrato de compraventa antes mencionado, mediante el cual las partes acordaron disminuir del 20% (veinte por ciento) al 15% (quince por ciento) el porcentaje de los inmuebles cuya propiedad fue transmitida a los abogados, devolviéndose la parte del precio correspondiente, lo cual también fue protocolizado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

37. En el año ********** falleció el abogado **********, por lo que se denunció su sucesión y se designó a su viuda, **********, como albacea. Con posterioridad, los actores demandaron del abogado **********, de la sucesión intestamentaria de **********, representada por **********, así como de esta última por su propio derecho, la nulidad absoluta o de pleno derecho del contrato de compraventa, celebrado con fecha **********, así como de su convenio modificatorio, por haberse celebrado en contravención a los artículos 9, 15, 1522, 1606 y 1612 del Código Civil del Estado de Tamaulipas.

38. El Juez natural dictó sentencia en la que declaró procedente el juicio ordinario civil, decretó la nulidad del contrato de compraventa celebrado **********, así como de su convenio modificatorio, condenándose a los notarios públicos demandados, a la cancelación de los instrumentos públicos en los que intervinieron, también se ordenó la devolución a los demandados de la cantidad que señalaron los actores fue el precio fijado para la operación de compraventa y, por otra parte, se les condenó al pago de los gastos y costas del juicio natural.

39. Inconformes los demandados interpusieron recurso de apelación. La Sala Superior modificó la sentencia de primera instancia, para absolver a la codemandada ********** de las prestaciones reclamadas, al considerar que en el juicio no se acreditó que dicha codemandada haya actuado por su propio derecho como abogada, litigante o asesora de los actores, ni que haya participado por su propio derecho en el contrato de compraventa y su modificación, por lo que resolvió que no tenía legitimación pasiva en el juicio en el que se reclamó la nulidad absoluta del contrato de compraventa, dejando firme e intocada en todas sus demás partes la sentencia apelada.

40. ********** promovió juicio de amparo, en el que se dolió de que la responsable no haya condenado a los actores al pago de gastos y costas judiciales en su favor. El juicio de amparo referido fue registrado con el número ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, quien consideró que "la Sala se encontraba obligada a resolver lo procedente respecto a los gastos y costas" y, por tanto, le concedió el amparo para que la responsable emitiera una nueva sentencia resolviendo respecto de los gastos y costas originados en la tramitación de la segunda instancia, en favor de la quejosa en lo personal.

41. No se transcriben las consideraciones del juicio de amparo **********, puesto que sólo versan sobre el tema de costas, y no están relacionados con el tema de la presente contradicción de tesis, según se desprende de la síntesis realizada en el párrafo anterior.

42. Por otra parte, **********, por su propio derecho, y **********, como albacea de la sucesión intestamentaria de **********, promovieron también un juicio de amparo en contra de la misma sentencia emitida por la Sala Superior, el cual fue registrado con el número ********** relacionado con el amparo directo **********, arriba citado, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, quien también les concedió el amparo con base en las siguientes consideraciones:

"Por otro lado, sostienen los quejosos que de la redacción del precepto, que prohíbe a los abogados adquirir en perjuicio de sus clientes, los bienes objeto de litigio en que intervienen, es inconstitucional, ya que no precisa el tiempo anterior y posterior en que subsiste el impedimento, pues aplica tanto para adquirir bienes previamente a la existencia del asesoramiento, como para aquellos en los que ya concluyó.

"Que tal exigencia es violatoria de los principios fundamentales que rigen la propiedad privada y el libre comercio, a que se refieren los artículos 27 y 5o. constitucionales, pues conforme a las reglas del último precepto, no puede impedirse a ninguna persona se dedique al comercio que le acomode, siendo lícito.

"Que la prohibición indefinida que deriva del artículo 1606 del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas, atenta contra ese postulado, precisamente por el hecho de intervenir en un asunto concluido, al continuar la prohibición de adquirir el bien, cuando en cualquier otra circunstancia es legal la operación.

"Que si alguien es dueño, tiene el derecho de vender y, obviamente, alguien tiene el de comprar; que el hecho de participar como abogado en un juicio que ya concluyó, no deja en desventaja al cliente. Luego, al prohibir al profesionista adquirir bienes en esos términos, constituye una restricción a las apuntadas garantías.

"Que en el caso, el legislador no precisó cuándo iniciaría, ni en qué momento desaparece esa incapacidad para adquirir, como sí lo hizo en el caso del tutor y su pupilo, con lo cual transgrede las garantías citadas. Además el diverso artículo 27 de la Constitución General de la República, es muy claro al establecer: ‘La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada’; precepto que permite la propiedad privada; por tanto, el legislador común mediante la ley secundaria, no puede impedir a los abogados, adquirir bienes inmuebles de los juicios en los que haya participado; al ser así, el artículo 1606 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas resulta inconstitucional.

"Son infundados e inoperantes tales argumentos. Lo primero, porque no es verdad, como lo sostienen los impetrantes, que el artículo 1606 del Código Civil de Tamaulipas esté redactado en tiempo pasado, presente y futuro, en relación a la prohibición ahí contenida, para que los sujetos que se detallan en el mismo, puedan adquirir los bienes que son objeto de los juicios en que intervienen. Para ello, resulta oportuno transcribir el contenido del numeral en cuestión, mismo que reza:

"‘Art

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24219-528e2f2a/abogados-la-prohibicion-para-comprar-bienes-que-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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