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Modo: Corpus Pro

INVALIDEZ DE DESCUENTOS APLICADOS A PENSIONES DERIVADOS DE NORMAS INCONVENCIONALES. ÚNICAMENTE DEBE ORDENARSE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES RETENIDAS RESPECTO DE LAS QUE NO HAYA OPERADO LA PRESCRIPCIÓN (JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE NAYARIT).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 118/2023. · Registro digital (IUS): 33154
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-04-25
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINAL
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Abril de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.425.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 118/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, Y EL PLENO DEL QUINTO CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día veinte de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 118/2023, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del primero de los mencionados, y el Pleno del Quinto Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si cuando un tribunal de justicia administrativa estatal declara la invalidez de los descuentos aplicados a una pensión por estimar que derivan de normas inconvencionales, procede ordenar la devolución de todas las cantidades que fueron retenidas con base en dichos preceptos.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio presentado electrónicamente el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver los amparos directos 420/2022 y 500/2022; por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el amparo directo 112/2022 (cuaderno de origen 13/2022), en auxilio del tribunal citado en primer término; y por el extinto Pleno del Quinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2019, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: “PENSIONADOS O JUBILADOS. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LES OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, DEBEN ACOTARSE A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS A PARTIR DEL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.”

4. Tramite de la contradicción ante el Alto Tribunal. Mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registró la denuncia de contradicción de criterios con el número de expediente 24/2023, y luego de analizarla, atendiendo al principio establecido en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de Reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, y con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la legislación orgánica en cita, así como en los diversos artículos 7, 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, y los numerales 2 y 4 del Acuerdo General 108/2022, estos dos últimos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigentes en ese momento, declaró que el Alto Tribunal carecía de competencia legal para conocer del asunto, ordenando su remisión al extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

5. Radicación de la contradicción. Mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, la presidencia del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ordenó formar y registrar el expediente con el número 118/2023; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y al extinto Pleno del Quinto Circuito, por conducto del Magistrado que fungió como último presidente, para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, informaran las causas para tenerlos por superados o abandonados; señaló que no se requería informe al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, debido a que por Acuerdo General 33/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil veintidós, se determinó la conclusión de sus funciones; y destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya había informado que no contaba con alguna contradicción de criterios que guardara relación con el tema de este asunto, por lo que consideró innecesario solicitar nuevamente el referido informe.

6. Vigencia de los criterios contendientes. Por acuerdos de presidencia de uno y de ocho de marzo de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos los oficios remitidos por el Magistrado que fungió como último presidente del Pleno del Quinto Circuito, y por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.

7. Confirmación de turno. En el auto de presidencia de catorce de julio de dos mil veintitrés, se confirmó el turno del asunto para la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, entonces adscrita al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

8. Modificación de la denominación y competencia de este Pleno Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, por la de Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.

9. Redistribución del asunto. Por acuerdo de presidencia de veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional y se confirmó el turno del asunto para la ponencia a cargo de la Magistrada Silvia Cerón Fernández.

10. Incompetencia. Mediante resolución aprobada en sesión de treinta de mayo de dos mil veinticuatro, los Magistrados integrantes de este Pleno Regional declararon su incompetencia para resolver el asunto, pues advirtieron que existía disposición expresa en el artículo segundo transitorio del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno del Alto Tribunal el diez de abril de dos mil veintitrés, que señalaba que el Alto Tribunal era el competente para resolver las contradicciones que involucraban criterios de un Pleno de Circuito y de un Tribunal Colegiado de distinto Circuito, como ocurría en el caso concreto, por lo que solicitaron al Máximo Tribunal que determinara lo conducente.

11. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la misma anualidad, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

12. Se informa cambios en la integración del Pleno. En el acuerdo de once de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

13. Resolución del Alto Tribunal. Mediante resolución aprobada en sesión de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, correspondiente a la contradicción de criterios 184/2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró improcedente la solicitud que le fue planteada, pues sostuvo que este Pleno Regional era el competente para resolver el asunto, debido a que existía un pronunciamiento previo por parte del Alto Tribunal en el que se fincó la competencia del asunto al extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, sin que la entrada en vigor del citado Instrumento Normativo, pudiera alterar o modificar la firmeza de esa determinación.

14. Se devuelven autos a la ponencia. Por acuerdo de presidencia de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y, en atención a lo resuelto por el Alto Tribunal, se ordenó la devolución de la presente contradicción de criterios a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

15. Nueva integración del Pleno. En auto de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se comunicó a las partes que con motivo de la jubilación de la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, se designó como nuevo integrante del Pleno a Guillermina Coutiño Mata, quedando en consecuencia integrado por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas (Presidente), y por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Guillermina Coutiño Mata.

16. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento especifico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y

II. COMPETENCIA

17. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 15 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; y de conformidad con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa contradicción de criterios 184/2024, en la que señaló que este Pleno Regional debía resolver el asunto, debido a que en una ejecutoria previa, el Alto Tribunal ya había determinado que el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, era el competente para conocer de la denuncia que motivó este asunto, sin que la firmeza de esta determinación se pudiera ver afectada con motivo de la entrada en vigor del artículo segundo transitorio del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno del Alto Tribunal el diez de abril de dos mil veintitrés, en el que se dispone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá las contradicciones que involucren criterios de un Pleno de Circuito y de un Tribunal Colegiado de distinto Circuito. Ello, además, porque el asunto involucra un tema que corresponde a la materia administrativa.

III. LEGITIMACIÓN

18. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

19. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A) Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 420/2022, en sesión de quince de diciembre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos.

20. Se promueve juicio de nulidad. Una persona física, por su propio derecho, promovió demanda de nulidad en contra de los actos realizados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, consistentes en los descuentos efectuados a su pensión con base en lo dispuesto en los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo, y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en los que se contempla la obligación de los pensionados de realizar aportaciones para el fondo de pensiones.

21. Trámite y resolución del juicio de origen. La demanda fue turnada a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, quien le dio el trámite correspondiente y dictó sentencia en la que determinó que los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo, y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, eran inconvencionales, como ya lo había establecido en diversos precedentes que constituyeron jurisprudencia obligatoria, por lo cual, declaró la invalidez de los actos reclamados que fueron emitidos con base en esos preceptos y, en consecuencia, ordenó a la autoridad demandada desincorporar de la esfera jurídica de la accionante los numerales en cita, puntualizando que no podían ser aplicados en el presente ni en lo futuro, además, la condenó a devolver las cantidades descontadas por concepto de aportaciones para el fondo de pensiones a partir del último acto de aplicación y hasta el momento en que se tuviera por cumplida la sentencia.

22. Juicio de amparo directo. Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con el número de expediente 420/2022, y en sesión de quince de diciembre de dos mil veintidós, sus Magistrado integrantes, por unanimidad de votos, concedieron la protección constitucional solicitada y, en cuanto al tema de esta contradicción de criterios, resolvieron lo siguiente:

“8.3. Facultad de la autoridad responsable para ejercer control difuso de convencionalidad. Del contexto referido se advierte que la autoridad responsable realizó un control difuso de convencionalidad, sin embargo es importantísimo referirnos en este apartado a la potestad de los órganos jurisdiccionales para realizar dicho ejercicio intelectivo al resolver los casos y emitir sus respectivos veredictos.

(...)

Con base en ese cúmulo contextual legal y jurisprudencial de corte nacional, es que se advierte que la autoridad responsable sí estaba en condiciones de ejercer el control difuso de inconvencionalidad, ya por concepto de invalidez, ya de oficio.

Lo anterior así se considera, dado que dicha declaratoria de inconvencionalidad en un control difuso no es una facultad sino una función inherente a la potestad que el Estado le otorga a cada juzgador –conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos– en el ejercicio de su encargo de favorecer en todo tiempo a las personas con la aplicación más amplia, con la consecuente obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Sin que lo anterior implique que siempre se deba favorecer a las personas cuando se ejerza dicho control difuso, pues ello atiende precisamente al espíritu de lo inconvencional de la norma, para que sea expulsada del orden jurídico nacional –por ser contraria a los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte– y deje de aplicarse en la esfera jurídica de los gobernados que instan la acción o pretensión a dilucidar en el juicio contencioso administrativo.

De donde se sigue que la interrogante respecto de si puede o no el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit ejercer un control difuso de convencionalidad de la norma, debe responderse de forma positiva, toda vez que –inclusive– puede hacerlo cuando dicha circunstancia sea planteada en los conceptos de validez o ex officio en el ejercicio de sus funciones.

Sobre este aspecto y a manera de abundamiento es importantísimo referir que el paradigma del control de regularidad constitucional que ejercen los distintos órganos jurisdiccionales ha evolucionado a grado tal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en conjunto con los Tribunales Colegiados de Circuito, han emitido diversos criterios en los cuales ha reconocido la función de los juzgadores de instancia para ejercer el control difuso, no sólo de los tribunales administrativos, lo cual obedece precisamente al mandato contenido en el artículo 1° de la carta fundamental, y que por supuesto resulta acorde con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto, la propia Corte Interamericana ha desarrollado un amplio bagaje interpretativo respecto al tema del control difuso de convencionalidad, empero resalta lo argumentado por el Juez Sergio García Ramírez en su voto razonado en el caso Trabajadores Cesados del Congreso VS Perú en el cual se analizó la obligación de realizar el control de convencionalidad al sistema normativo de los Estados, y del cual refirió que “si existe esa conexión clara y rotunda –o al menos suficiente, inteligible, que no naufrague en la duda o la diversidad de interpretaciones–, y en tal virtud los instrumentos internacionales son inmediatamente aplicables en el ámbito interno, los tribunales nacionales pueden y deben llevar a cabo su propio ‘control de convencionalidad’. Así lo han hecho diversos órganos de la justicia interna, despejando el horizonte que se hallaba ensombrecido, inaugurando una nueva etapa de mejor protección de los seres humanos y acreditando la idea –que he reiterado– de que la gran batalla por los derechos humanos se ganará en el ámbito interno, del que es coadyuvante o complemento, pero no sustituto, el internacional”.

8.4. Consecuencias de la declaratoria de inconvencionalidad. La declaratoria de inconvencionalidad de una norma por control difuso de los órganos jurisdiccionales ordinarios implica su expulsión del Orden Jurídico Nacional de la porción normativa que no se encuentra ajustada a los parámetros de control de regularidad en el caso de convencionalidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile sostuvo que:

(...)

También en el caso La Cantuta VS. Perú, dicho tribunal internacional sostuvo que:

(...)

Además, en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos consideró que:

(...)

Del contexto de las sentencias interamericanas referidas se advierte que la declaratoria de inconvencionalidad ve al pasado por lo que ve a las normas que desde un inicio se encuentran viciadas, es decir, no son compatibles con el orden jurídico desde su creación.

Dicha circunstancia también se constata del artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos al establecer que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en dicha, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Ese marco referencial internacional patentiza el concepto amplio en cuanto a la protección que otorga la declaratoria de inconvencionalidad de una norma por cuanto hace al control difuso que realizan los jueces ordinarios, pues en diferendo con la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, esta última no prevé efectos retroactivos.

Lo anterior no implica una restricción constitucional a la retroactividad de los efectos de la declaratoria de inconvecionalidad de las normas en concreto, pues la regla general es que los derechos humanos son progresivos y amplios; empero, por disposición expresa de la constitución puede existir cierta prohibición respecto a la aplicabilidad del control de convencionalidad, ya difuso ya concentrado.

Sin embargo, como puede verse del panorama contextual relatado, los efectos de la declaratoria de inconvencionalidad ven al pasado cuando la norma adolece de los efectos jurídicos precisamente por sus defectos que se analizan en el escrutinio de su convencionalidad.

Sobre este tópico ha de destacarse que para aplicar el control de convencionalidad de manera difusa también debe atenderse a la metodología que al efecto ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la nación, y que consiste en:

1) Identificación. Identificar el derecho humano que considere podría verse vulnerado, en atención a las circunstancias fácticas del caso, mismas que se desprenden de la narración del titular del derecho o del caudal probatorio que obre en el expediente;

2) Fuente del derecho humano. Determinar la fuente de ese derecho humano, es decir, si éste se encuentra reconocido en sede constitucional y/o convencional y fijar su contenido esencial, es decir, explicar en qué consiste, a la luz tanto de su fuente primigenia como de la jurisprudencia desarrollada por el tribunal encargado de la interpretación final de la fuente;

3) Estudio de constitucionalidad y convencionalidad. Análisis de la norma sospechosa de inconstitucionalidad e inconvencionalidad a la luz del contenido esencial del derecho humano y determinar si éste es contravenido; y,

4) Determinación. Decisión sobre la constitucionalidad y/o convencionalidad de la norma, es decir, determinar si la norma es constitucional o inconstitucional, o bien, convencional o inconvencional; la forma en cómo debe interpretarse y, en su caso, si ésta debe inaplicarse para el caso concreto.

Es puntualmente aplicable el derecho jurisprudencial de corte nacional siguiente:

(...)

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO. (se transcribe texto)

8.5. Consecuencias de la declaratoria de inconvencionalidad en el caso concreto. Como se adelantó, le asiste la razón a la parte quejosa pues la protección de la declaratoria de inconvencionalidad de los preceptos relatados debe ampliarse por lo que ve a los descuentos que se efectuaron a su pensión por el concepto 504, esto es, por las aportaciones al fondo de pensiones, y no sólo los comprendidos en el plazo de tres años a la presentación de la demanda, como se dispuso en el acto reclamado.

Lo fundado de los conceptos de violación en análisis estriba en que del contexto relatado respecto a la aplicación al pasado de la declaratoria de inconvencionalidad y también lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se estima que una norma general viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –tal como se estableció en la sentencia reclamada– el efecto de su resolución debe ser que dicha disposición nunca se aplicará al particular; de lo cual se sigue que, las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle todas las cantidades que mediante la aplicación de aquellas se hubieren enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, porque al ser inconvencional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, lo que implica que las cantidades erogadas deben restituírsele.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia (obligatoria para las autoridades del Estado Mexicano) un concepto amplio de propiedad –previsto en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. De esa definición y alcance ha establecido que el derecho de propiedad protege además los derechos adquiridos –derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas– entre los que abarca el derecho a recibir una pensión en la forma y términos previstos por la ley.

Esto es así, porque la Corte Interamericana ha sostenido que desde el momento en que un pensionista paga sus contribuciones a un fondo de pensiones y deja de prestar servicios a la institución concernida para acogerse al régimen de jubilaciones previsto en la ley, adquiere el derecho a que su pensión se rija en los términos y condiciones previstas en dicha ley y que el derecho a la pensión que adquiere dicha persona tiene “efectos patrimoniales”, los cuales están protegidos bajo el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, en el derecho internacional se tiene que la seguridad social ha sido considerada como un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia de la OIT (1944), y en su Recomendación sobre la Seguridad de los medios de vida, 1944 (Núm. 67).

Este derecho está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, y en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. Los convenios y recomendaciones de la OIT relativas a las políticas de extensión de la seguridad social incluyen:

• Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)

• Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social) 1962 (núm. 118)

• Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (Cuadro I, Lista de Enfermedades profesionales, Enmendado en 1980) (núm. 121)

• Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128)

• Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130)

• Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (núm. 157)

• Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo 1988 (núm. 168)

• Convenio sobre la protección de la maternidad (Revisado), 2000 (núm. 183)

De ahí que se considere a la seguridad social como un derecho humano, entre ellos se ubica el derecho a tener una pensión por jubilación las que se han reconocido como derecho para todos los trabajadores sin hacer distinción –siempre y cuando cumplan con los requisitos–, establecidos en dichos convenios.

De donde se sigue que si desde la segunda quincena de mayo de dos mil diez se efectuaron descuentos a la pensión de la actora por concepto de aportaciones al fondo de pensiones, con base en los preceptos legales que la autoridad responsable declaró inconvencionales, entonces dicha declaratoria debe alcanzar a proteger a la parte quejosa hasta la fecha en que comenzó a realizar esas aportaciones.

Máxime que los descuentos efectuados a la parte actora desde que se emitió el dictamen de pensión en su favor, no se tratan de hechos controvertidos, conforme a lo reclamado por aquí quejosa y a la falta de contestación de la demanda por la autoridad demandada.

En esa tesitura, si –como se ha evidenciado– la hoy quejosa reclamó todos los descuentos que se le aplicaron a partir de la segunda quincena de mayo de dos mil diez, con base en las normas declaradas inconvencionales por la Primera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit; debe considerarse que las autoridades responsables de la deducción reclamada deberán –además– reintegrarle las cantidades que le descontaron de su pensión, desde la fecha en que se llevó a cabo la primera deducción, pues se efectuaron con base en preceptos violatorios de los derechos humanos de la aquí quejosa.

Al respecto se cita –por compartirse– la tesis aislada siguiente:

(...)

‘FONDO DE PENSIONES. EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, VIOLA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL. (se transcribe texto)’

Cabe hacer mención que este órgano de control constitucional de amparo ya se ha pronunciado respecto al tópico referente a que la pensión como un elemento del derecho a la seguridad social constituye propiedad de los trabajadores al resolver los amparos directos 432/2020 y 376/2022.

8.5.1. Inválido invocar la prescripción negativa, ya expresa ya implícitamente, cuando no fue opuesta como excepción. Sin que se soslaye lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, que establece que cualquier prestación a cargo del Fondo de Pensiones prescribe en tres años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles; sin embargo, como en el juicio contencioso administrativo de origen no fue opuesta la excepción de prescripción negativa por las autoridades demandadas, resulta procedente ordenar la devolución de todos y cada uno de los descuentos efectuados desde la segunda quincena de mayo de dos mil diez.

No pasa inadvertido que la autoridad responsable estableció en el fallo reclamado que los conceptos aplicados al actor por concepto de aportaciones al fondo de pensiones, le serían devueltas a partir del pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33154-488db17b/invalidez-de-descuentos-aplicados-a-pensiones-derivados-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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