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Modo: Corpus Pro

PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PLAZO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LAS SUSPENDE, MODIFICA O RESTRINGE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 281/2024. · Registro digital (IUS): 33452
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRI
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.1237.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 281/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO. 19 DE MARZO DE 2025. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS.

SÍNTESIS

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre su determinación y las resoluciones del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito.

Al emitir sus respectivos criterios los tribunales colegiados estudiaron asuntos jurídicamente similares, relacionados con el momento en el que válidamente se puede acudir ante las autoridades jurisdiccionales a promover juicio de amparo cuando se trate del derecho a la pensión, ya sea que se impugne una resolución o una disposición normativa concerniente a su suspensión o bien, que se relacione con su incorrecta cuantificación.

No obstante lo anterior, sus determinaciones fueron distintas, ya que, mientras el Séptimo Tribunal Colegiado consideró que deben ser aplicables los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado resolvieron que, al ser imprescriptible el derecho a la pensión, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier momento.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve la contradicción de criterios denunciada entre los sustentados por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 432/2023; el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar la queja 34/2021, y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver la queja 260/2023.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el juicio de amparo que se relaciona con el derecho a la pensión previamente otorgada, cuando ésta se encuentra suspendida o se fija de manera incorrecta su cuantificación, puede plantearse en cualquier momento por ser imprescriptible la acción o si deben atenderse a los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo.

ANTECEDENTES

1. Denuncia. Los magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano jurisdiccional y los emitidos por los tribunales mencionados en el párrafo anterior.

2. Trámite. Mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta SCJN registró la denuncia de contradicción de criterios con el expediente 281/2024, la admitió a trámite y turnó el expediente a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

3. Vigencia de criterios. Mediante acuerdos de veinticuatro de enero y doce de febrero de dos mil veinticinco, los tribunales colegiados Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero del Vigésimo Noveno Circuito, respectivamente, informaron a esta SCJN que los criterios sustentados en las ejecutorias correspondientes continuaban vigentes.

4. Posteriormente, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala dictó el avocamiento de ésta al conocimiento del asunto.

I. COMPETENCIA

5. Esta Segunda Sala es competente para resolver el presente asunto, con apoyo en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 21, fracción VII,(3) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en relación con los puntos segundo, fracción V,(4) y tercero(5) del Acuerdo General 1/2023, del Pleno de esta SCJN, en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre tribunales colegiados de diferentes regiones y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, en relación con el diverso numeral 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano colegiado que dictó una de las ejecutorias que se aducen discrepantes.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

7. Para determinar si existe contradicción de criterios, es indispensable tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes que sustentan las ejecutorias denunciadas.

• Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 432/2023.

La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

a) H. Congreso de la Unión integrado por las H. Cámaras de Diputados y Senadores de las cuales se reclama la aprobación y expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus artículos transitorios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, la cual resulta violatoria de garantías en perjuicio DEL SUSCRITO QUEJOSO e inconstitucional en los términos de los agravios más adelante expresados; (...)

b) C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de quien se reclama la promulgación y publicación del Decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus artículos transitorios en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, particularmente en los artículos y transitorios impugnados, (...)

c) Secretario de Gobernación, de quien se reclama el refrendo del Decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus artículos transitorios en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, particularmente en los artículos y transitorios impugnados, (...)

d) C. Titular de la Unidad de Gobierno dependiente de la Secretaría de Gobernación, responsable de materializar la publicación del decreto en cuestión en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2007, (...)

e) Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como autoridad ejecutora de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus artículos transitorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, en el momento en el que se concreten a futuro los actos de aplicación conforme a lo señalado en la propia ley y los conceptos de violación, aclarándose que a la fecha no hemos tenido conocimiento de que se haya dado algún acto de aplicación por parte de dicha autoridad, (...)

f) Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, LA MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO DE MI JUBILACIÓN EMITIDA EL AÑO 2012, SIN QUE EXISTIERA PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, MODIFICANDO EL PAGO A UMAS DE MI JUBILACIÓN EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DE MI PAGO del artículo Décimo Transitorio, fracción VI, de la Ley del ISSSTE vigente, y como consecuencia, también la del artículo 26 del Reglamento correspondiente.

g) Secretario de Hacienda y Crédito Público como autoridad ejecutora en el ámbito administrativo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus artículos transitorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, en el momento en el que se concreten a futuro los actos de aplicación conforme a lo señalado en la propia ley y los conceptos de violación, aclarándose que a la fecha no hemos tenido conocimiento de que se haya dado algún acto de aplicación por parte de dicha autoridad, (...)

SOLICITO DECLARAR la inconstitucionalidad del artículo Décimo Transitorio, fracción VI, de la Ley del ISSSTE vigente, y como consecuencia, también la del artículo 26 del Reglamento correspondiente.

IV. ACTOS RECLAMADOS:

a) EL ACTO RECLAMADO COMETIDO EN PERJUICIO DEL SUSCRITO: LO ES EL APLICAR EL AUMENTO ANUAL DE MI JUBILACIÓN EN BASE A "UMAS", EN FECHA DE 1 DE ENERO DEL AÑO 2017, VIOLANDO MI DERECHO DE MI JUBILACIÓN EL CUAL DESDE SU EXPEDICIÓN EN EL AÑO 2012, SE ME ADJUDICÓ EL DERECHO AL AUMENTO ANUAL EL CUAL DESDE EL AÑO DE MI JUBILACIÓN 2012, SE ORDENÓ EN BASE AL salario mínimo, ES POR ELLO QUE LAS RESPONSABLES VIOLAN EN MI perjuicio del quejoso, la seguridad social y el principio de previsión social establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, al ORDENAR LAS RESPONSABLES EL ACTO DE AUTORIDAD COMO LO ES ORDENAR MODIFICAR EL PAGO DE JUBILACIÓN AL SUSCRITO QUEJOSO.

b) RECLAMO LA MODIFICACIÓN DE FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2017, EN LA QUE SE APLICA A MI JUBILACIÓN EL ORDENAMIENTO DE LAS RESPONSABLES DEL AUMENTO EN UMAS EN CUANTO AL PAGO DE MI JUBILACIÓN VIOLANDO ASÍ MI DERECHO CON EL CUAL ME JUBILÉ DESDE EL AÑO 2012, EL CUAL ORDENA QUE LOS AUMENTOS ANUALES A MI JUBILACIÓN DEBERÁN SER EN BASE AL SALARIO MÍNIMO. POR LO QUE SE VIOLA EN MI PERJUICIO el derecho del quejoso a percibir la JUBILACIÓN DIGNA POR LA JUBILACIÓN DE prestación por mis servicios de docencia en la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO, y con pensión que recibo por parte ISSSTE, tal y como lo acredito con la concesión de pensión expedidos por el ISSSTE, con número de folio: 14000203415601, PERTENECIENTE AL SUSCRITO QUEJOSO: JOAQUÍN FERMÍN LÓPEZ, por el derecho a que tales preceptos vulneraban los derechos previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, al limitar el monto de su pensión.

c) La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se expide la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, (...)

d) Todas las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto citado en DONDE SE ORDENA QUE EL PAGO A MI JUBILACIÓN DEBERÁ SER EN BASE A "UMAS", Y DEJAR SIN EFECTO EL PAGO A MI JUBILACIÓN EN BASE A SALARIOS MÍNIMOS, ELLO SIN CONSIDERAR QUE EL SUSCRITO CUBRÍ MIS APORTACIONES EN BASE A SALARIOS MÍNIMOS, que antecede, en el entendido de que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la fecha DESDE EL AÑO 2017, CAUSÓ EFECTO EN MI PERJUICIO COMO acto de aplicación por parte de LAS autoridades RESPONSABLES en EL PAGO DE JUBILACIÓN DEL SUSCRITO, JAMÁS SE ORDENÓ POR PARTE DE LA RESPONSABLE AFECTAR AL SUSCRITO EN LA SEÑALADA FECHA "POR LO QUE SE VIOLA EL DERECHO DE NOTIFICAR AL SUSCRITO EL ACTO RECLAMADO", YA QUE SURTE EFECTO EL MISMO POR EL SIMPLE HECHO DE QUE estoy vinculado a su cumplimiento a partir de su vigencia en virtud de que crea, transforma y extingue situaciones concretas de derecho.

e) Señalo como acto reclamado, la inconstitucionalidad de la ley del ISSSTE que ordena al suscrito está sujeto respecto al régimen de la fracción VI del artículo décimo transitorio.

f) Por lo cual reclamo del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación del artículo 43, tercer párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, así como respecto al régimen de la fracción VI del artículo décimo transitorio.

g) De las Cámaras de Diputados y Senadores se reclama la discusión, votación, y aprobación, del artículo 43, tercer párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, así como respecto al régimen de la fracción VI del artículo décimo transitorio.

h) Del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en JALISCO, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE), se reclama la privación al derecho de que no me han otorgado los incrementos a los conceptos de 'bono de despensa' y 'previsión social múltiple, la promulgación del artículo 43, tercer párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, así como respecto al régimen de la fracción VI del artículo décimo transitorio.

i) Por lo tanto se reclama la privación al derecho, del ilegal acto, consiste (sic) en que no me han otorgado los incrementos a los conceptos de 'bono de despensa' y 'previsión social múltiple', causándome con ello agravio toda vez, que se autoriza un incremento general a los trabajadores en activo, esto es, a los trabajadores al servicio de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal, lo anterior con fundamento en el artículo 57, último párrafo, de la ley abrogada del ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, de igual forma con fundamento en el artículo 43 tercer párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, mismo que se señala como primer acto de aplicación, cuya ejecución resulta inconstitucional, al afectar las garantías del suscrito.

La demanda de amparo se turnó al Juez Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que la registró con el expediente 2439/2023 y la desechó de plano al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, fracción I, y 18, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente.

En contra del desechamiento, el quejoso interpuso recurso de queja, del que tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que lo registró con expediente 432/2023. Seguido el trámite procesal correspondiente, en sesión de veinte de junio de dos mil veinticuatro, el órgano colegiado confirmó el acuerdo recurrido. Las consideraciones que sustentaron su determinación son, en síntesis, las siguientes:

• En el juicio de amparo, el quejoso reclamó la inconstitucionalidad de los artículos transitorios cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo segundo, vigésimo sexto y vigésimo séptimo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como los numerales 26 y 43, tercer párrafo, ambos del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del articulo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley del instituto mencionado, difundido en dicho medio de comunicación el veintiuno de julio de dos mil nueve, todos con motivo de su entrada en vigor.

• En el auto recurrido, el juez de Distrito estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por consentimiento tácito de los actos reclamados.

• Calificó de ineficaces los agravios del recurrente encaminados a evidenciar aspectos relacionados con el fondo del asunto, a saber, que existió vulneración a sus derechos humanos de seguridad social y principio de previsión social establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a, de la CPEUM, pues –indicó– desde que le fue otorgada su pensión (dos mil doce) se ordenó que fuera conforme a salarios mínimos y que no se le otorgó audiencia ni se le permitió defenderse. Sin embargo, en el auto recurrido no se examinó tal aspecto, sino que se desechó de plano la demanda de amparo, en los términos indicados.

• Estimó ineficaces los argumentos tendientes a evidenciar que por la naturaleza del acto reclamado –orden de modificación del pago de jubilación en salarios mínimos a UMAS– era procedente el amparo indirecto de conformidad al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.

• La calificativa atendió a que el quejoso impugnó la constitucionalidad de los artículos transitorios cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo segundo, vigésimo sexto y vigésimo séptimo de la LISSSTE, publicada en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como los numerales 26 y 43, tercer párrafo, ambos del Reglamento antes mencionado, con motivo de su entrada en vigor, no derivados de una orden de modificación del pago de jubilación en salarios mínimos a UMAS, proveniente de algún tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo, fuera de juicio o después de concluido, de modo tal que pudiera ubicarse en el supuesto al que alude el precepto 107, fracción IV, de la ley de la materia.

• Calificó de ineficaz el argumento del recurrente en cuanto a que no combatía el acto reclamado con motivo de algún acto de aplicación, al tratarse de una norma de naturaleza autoaplicativa y que con su simple vigencia se genera una afectación a sus derechos en los distintos supuestos que en los propios conceptos de violación se precisaron, vinculándolo a su cumplimiento en virtud de que crea, transforma y extingue situaciones concretas.

• La calificativa derivó de que el juzgador no precisó algo diverso, es decir, que el quejoso controvirtiera las normas con motivo de un primer acto de aplicación, sino que en el auto recurrido indicó que fue derivado de su entrada en vigor; luego, tomando como punto de partida la data en que esto último aconteció, efectuó el cómputo de conformidad con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo y concluyó que transcurrió en exceso el plazo de treinta días para la presentación de la demanda.

• Esto es, el juez Federal desechó la demanda ponderando que las normas fueron controvertidas con motivo de su entrada en vigor fuera del plazo que para tal efecto prevé la ley de la materia y no por algún acto de aplicación.

• El resolutor puntualizó que no pasó inadvertido que, como consecuencia de la aplicación de las normas impugnadas, el quejoso refirió que las autoridades aplicaron en su perjuicio el aumento anual de jubilación con base en UMAS, en lugar de realizarlo con el salario mínimo, lo cual indicó también le fue aplicado desde el uno de enero de dos mil diecisiete, pues –adujo– el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin efectuar mayor cálculo también transcurrió con exceso, pues se trató de más de seis años.

• Lo anterior, pues determinó que también era extemporánea la consecuencia a la que hizo alusión el quejoso respecto de las normas controvertidas –por transcurrir en exceso el plazo de quince días al que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo–, pero no porque estimara que aquéllas hayan sido controvertidas con motivo de un acto de aplicación.

• Calificó de infundado el agravio expuesto en el sentido de que el recurrente tuvo conocimiento de las normas al momento en que se le pagó su pensión por jubilación y que, por ende, el acto de autoridad no fue consentido tácitamente.

• Resultaba acertado el cómputo con base en dicho plazo porque lo que se impugnó en el juicio de amparo fue la constitucionalidad de los diversos artículos transitorios de la LISSSTE, publicada en el DOF el treinta y uno de marzo de dos mil siete, con motivo de su entrada en vigor, por lo que la presentación de la demanda debió realizarla dentro de los treinta días siguientes en que tuvo conocimiento del mismo, en términos de los dispositivos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así se actualiza el consentimiento tácito de aquéllos. • Consideró que la imprescriptibilidad del derecho a la pensión reconocida por la SCJN, en el marco del juicio contencioso administrativo, jurídicamente no puede tener el alcance para que sea aplicada como un supuesto de excepción al plazo genérico previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo.

• Para patentizar su afirmación, se refirió a lo resuelto por la Segunda Sala de la SCJN en el amparo en revisión 915/2016, en el que, entre otros tópicos, se analizó si la aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) del artículo 129 de la Ley de Amparo –que regula cuestiones atinentes a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo– resultaba correcta, aun cuando fuera en procedimientos de su jurisdicción ordinaria. Al respecto, la mencionada Sala de la SCJN determinó que la Ley de Amparo debía aplicarse solamente en los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, y no así en un recurso de reclamación dentro de un juicio contencioso resuelto por alguna Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, porque si bien la propia Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la misma sea aplicada por operadores diversos a los que constitucionalmente están obligados a conocer del juicio de amparo, lo cierto es que no establece que las disposiciones previstas a la sección relativa a la suspensión del acto reclamado, que comprende de los numerales 125 al 169, sean aplicables al juicio contencioso administrativo.

• Lo anterior, en atención a que el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LPCA) establece que a falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre y cuando no contravenga las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo federal; máxime que, anotó la Segunda Sala, el artículo 24 de la citada ley, al momento en que el acto reclamado fue dictado, establecía que la tramitación de la suspensión se regiría por el numeral 28, sin disponer alguna aplicación supletoria de la Ley de Amparo.

• Además, la Segunda Sala resaltó, la LFPCA contiene una sección específica de medidas cautelares, en la que regula detalladamente la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad, por lo que tampoco existe una omisión o vacío legislativo que haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico de que se trate; por tanto, insistió, la ley mencionada no es supletoria a la Ley de Amparo.

• Que los anteriores razonamientos quedaron plasmados en la tesis 2a. LXIX/2017 (10a.) de rubro: “SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO LE ES APLICABLE DIRECTA NI SUPLETORIAMENTE LA LEY DE AMPARO.”

• Indicó que lo relevante del precedente era que refleja que la Segunda Sala estableció que no existe ninguna aplicación supletoria entre la LFPCA y la Ley de Amparo; además, que tratándose de la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no podrían ser aplicadas las reglas para el juicio de amparo porque no existía una omisión o vacío legislativo que haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico de que se tratara.

• En ese sentido, determinó que no resultaba jurídicamente posible que a la imprescriptibilidad del derecho a la pensión (reconocida en el marco del juicio contencioso administrativo federal) le sea aplicada como un supuesto de excepción al plazo genérico previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, habida cuenta que este último enlistó de manera limitativa aquellos supuestos de excepción al plazo genérico de quince días, sin que de éste se desprenda alguna deficiencia legislativa que conduzca a introducir una nueva hipótesis en virtud de la cual las personas puedan exceptuarse de la carga procesal consistente en promover su demanda de amparo en la oportunidad establecida.

• Es decir, que no resultaba factible una aplicación analógica de la imprescriptibilidad del derecho a la pensión construida en torno al diseño procesal del juicio contencioso administrativo federal al del juicio de amparo, al punto de considerar que, si el derecho que se pretende ventilar en el juicio constitucional es imprescriptible, entonces la demanda de amparo puede ser presentada en cualquier tiempo.

• Lo anterior, en razón de que la ley de la materia regulaba de manera especial el juicio de amparo, sin que prevenga la aplicación indistinta de reglas diseñadas en un contexto normativo diverso (como es el del proceso contencioso administrativo federal). Pensar lo contrario, implicaría dotar de eficacia en el juicio constitucional una regla diseñada para otro proceso, cuando la Ley de Amparo no contemplara esa posibilidad.

• Además, indicó que con tal determinación la quejosa no quedaba vedada en el acceso a la justicia, ya que quedaba a salvo su derecho –si así lo consideraba– de aplicar, en la vía correspondiente, la figura jurídica de la imprescriptibilidad.

• Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 34/2021.

La quejosa promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

II. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo con tal carácter a las siguientes:

El Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Subdelegado de Prestaciones en la Delegación Regional Zona Poniente de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en la Delegación Regional Zona Poniente de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN:

LA OMISIÓN DE PAGO DE LA PENSIÓN POR VIUDEZ (...) que me corresponde como cónyuge supérstite del señor (...), quien en vida fuera jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que se viene consumando desde el mes de agosto de 2019 a la fecha.

Correspondió conocer de la demanda al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que la registró con el expediente 757/2020, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y, entre otras cuestiones, se dio la intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el juez de Distrito indicó que de los informes justificados se advertía la emisión de un oficio emitido por la Encargada del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional Poniente de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el cual se comunicó a la quejosa que se encontraba en el supuesto de incompatibilidad y por esa razón se encontraba suspendida la pensión de viudez, hasta en tanto desapareciera dicho supuesto.

En virtud de lo anterior, el juez requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo en relación con el oficio mencionado y, de ser así, ajustara su escrito a lo señalado por el artículo 108 de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión precluiría su derecho para tal efecto.

Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, la quejosa amplió su demanda, respecto de los siguientes actos:

Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

• El artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Del Delegado Regional, Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, todos de la Delegación Regional Poniente en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclamó:

• La aplicación de esa norma.

En auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, el juzgador tuvo a la quejosa intentando ampliar su demanda; sin embargo, advirtió irregularidades y le solicitó que precisara los actos reclamados, para ello debía señalar si controvertía el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como norma autoaplicativa o heteroaplicativa, y debía señalar en su caso, cuál era el acto concreto de aplicación de la norma.

En escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte, la quejosa mencionó que el artículo 12 lo reclamaba en su carácter de heteroaplicativo y señaló que el acto de aplicación de dicha norma fue un oficio de treinta de enero de dos mil veinte, suscrito por la Encargada del Departamento de Pensiones de la delegación Regional Zona Poniente del ISSSTE; indicó que ese oficio fue hecho de su conocimiento el treinta de enero de dos mil veinte.

Posteriormente, por acuerdo de once de noviembre siguiente, el juez de Distrito tuvo por desahogado el requerimiento formulado a la quejosa y desechó la ampliación de demanda al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e ind

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33452-8125d77c/pensiones-otorgadas-por-el-instituto-de-seguridad-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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