PENSIÓN POR VIUDEZ. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU RECONOCIMIENTO ES APLICABLE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 399/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante el oficio suscrito por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el propio tribunal al resolver el amparo en revisión 30/2023 y el diverso sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito al resolver el recurso de queja 101/2020, que dio origen a la tesis aislada XVIII.2o.P.A.6 A (10a.).
2. SEGUNDO.—Trámite del asunto. La Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de doce de diciembre de dos mil veintitrés, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de criterios 399/2023 y dar trámite a la denuncia respectiva.
3. En ese acuerdo solicitó a los tribunales colegiados de circuito implicados que informaran si los criterios materia de la denuncia se encuentran vigentes; adicionalmente, solicitó a los contendientes la versión digitalizada de los escritos que les dieron origen a sus respectivas ejecutorias. Además, se turnó el expediente a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales y, por consiguiente, a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. Mediante auto de doce de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala tuvo por recibido el proveído a través del cual la Presidenta de este Alto Tribunal admitió a trámite la contradicción de criterios 399/2023; señaló que esta Sala se avocaba al conocimiento del asunto y tuvo por recibidos los documentos remitidos por los tribunales contendientes. Asimismo, al encontrarse debidamente integrado el asunto, se ordenó remitir la contradicción de criterios a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. Competencia
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del artículo segundo(1) transitorio del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, por el que se modifica el rubro y se adiciona un punto cuarto y, en consecuencia, se recorre la numeración; y se modifican los puntos segundo, tercero, quinto (antes cuarto), noveno (antes octavo), décimo (antes noveno), décimo primero (antes décimo), décimo segundo (antes décimo primero), décimo tercero (antes décimo segundo), décimo cuarto (antes décimo tercero), y décimo quinto (antes décimo cuarto), del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre tribunales colegiados de distintos circuitos y regiones, para cuya resolución se considera innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.
II. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por magistrados de circuito.
III. Criterios denunciados
7. Para determinar si existe la contradicción denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es necesario conocer las particularidades de cada uno de los asuntos.
8. Primer criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, conoció del recurso de queja 101/2020, asunto que dio origen a la tesis aislada XVIII.2o.P.A.6 A (10a.),(2) que en su rubro y texto reza lo siguiente:
"PENSIÓN POR VIUDEZ. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) A OTORGARLA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO, MÁXIME SI SE FUNDAMENTA EN UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
"Hechos: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) negó al quejoso el otorgamiento de una pensión por viudez; contra ese acto promovió amparo indirecto, el cual se desechó de plano, al estimarse que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por considerar que su presentación fue extemporánea.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que niega otorgar una pensión por viudez al quejoso no se actualiza la causal de improcedencia citada, pues el derecho a obtenerla es imprescriptible y, en consecuencia, el juicio de amparo indirecto puede promoverse en cualquier tiempo, máxime si se fundamenta en una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/2007-SS, determinó que la acción para reclamar el derecho al otorgamiento inicial de una pensión es imprescriptible, en atención al principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan. Por otra parte, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 66/2009, la Primera Sala del Alto Tribunal declaró que el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, al restringir el derecho de recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador, viola la garantía de seguridad social. En consecuencia, los efectos de la negativa a otorgar una pensión a quien tiene ese derecho se reiteran en el tiempo, porque día a día se le priva de ese beneficio que, como se dijo, es imprescriptible; además, dicho acto se traduce en una pena trascendental y grave, al privársele de su medio principal de subsistencia, poniendo en riesgo no sólo su salud, sino también su vida."
9. El criterio en cita sostiene que al reclamarse por la vía del juicio de amparo la negativa de otorgar una pensión por viudez, por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no debe estarse a un término fijo que la demanda resulte oportuna, dado que el derecho a acceder a una pensión es imprescriptible; de ahí que en dichos supuestos no se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por considerar que su presentación fue extemporánea.
10. Segundo criterio contendiente. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver el amparo en revisión 30/2023, sostuvo que sí se actualiza la causa de improcedencia de extemporaneidad, contemplada en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, puesto que la imprescriptibilidad en comento opera respecto de las acciones ordinarias para exigir el derecho a una pensión y no en relación con el juicio de amparo que, como medio extraordinario de defensa, se rige por las reglas establecidas en la Ley de Amparo, en el caso en concreto, lo concerniente a los plazos previstos en el artículo 17, para promover la acción constitucional.
IV. Existencia de la contradicción
11. En primer término, es necesario establecer si, en el caso que se analiza, se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.
12. Al respecto, es importante destacar que para que se configure la contradicción de criterios se requiere que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito, Plenos Regionales o los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de denuncia, hayan:
a. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean y,
b. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
13. Por tanto, se genera contradicción de criterios cuando se satisfacen los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un idéntico punto de derecho no sean idénticos en torno a los hechos que los sustentan.
14. En ese sentido se pronunció el Pleno de este Alto Tribunal en el criterio jurisprudencial P./J. 72/2010, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(3)
15. Del análisis de los asuntos implicados en este asunto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que existe la contradicción de criterios.
16. Es así pues, como se expuso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito concluyó que no existe un término para promover el juicio de amparo contra la negativa de otorgar una pensión, dado que se trata de una prestación imprescriptible; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito determinó que se debe de atender al plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, con independencia de que el acceso a una pensión sea imprescriptible, pues tal calificativa se refiere a acciones ordinarias.
17. No pasa inadvertido que uno de los tribunales contendientes (Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito) al fijar su criterio atendió también a la circunstancia de que, en el caso que analizó, se encontraba involucrada una ley declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, en tanto que este aspecto no fue tomado en consideración por parte del otro tribunal. Sin embargo, del análisis integral al asunto que originó la tesis emitida por dicho tribunal se advierte que el argumento relacionado con la existencia de una norma declarada inconstitucional no es el que define su criterio, sino que éste se sostiene toralmente en la imprescriptibilidad del derecho a recibir la pensión, aunado a que la negativa de pensión, a decir de ese órgano, se traduce en una pena trascendental y grave, al privarse al beneficiario de su medio principal de subsistencia, poniendo en riesgo no sólo su salud, sino también su vida.
18. En esos términos, como se observa, las condiciones fácticas y las cuestiones jurídicas analizadas por cada uno de los tribunales colegiados son similares, además de que en dichos asuntos se arribaron a conclusiones antagónicas en relación con el tema consistente en si el juicio de amparo indirecto promovido contra la negativa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a otorgar una pensión por viudez puede plantearse en cualquier momento por ser imprescriptible la acción, o si deben atenderse los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo.
V. Análisis de fondo
19. Se estima que el criterio que debe prevalecer es el sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
20. Previo a exponer las razones que sostienen esta conclusión, conviene precisar que la litis en la presente contradicción de criterios, conforme a lo expresado en el apartado anterior, consiste en determinar si el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución en la que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado niega el reconocimiento del derecho a una pensión por viudez puede plantearse en cualquier momento por ser imprescriptible la acción, o si deben atenderse los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo.
21. Para resolver esta interrogante, es necesario remitirse a las instituciones jurídicas de los presupuestos procesales, plazos para presentar una demanda de amparo, así como imprescriptibilidad del derecho para acceder a una pensión.
22. En principio, resulta necesario abordar el tema de presupuestos procesales, en concreto, el relativo al término para impugnar un acto, para luego contrastar tales conclusiones con la legislación aplicable (Ley de Amparo); todo ello, a la luz de la imprescriptibilidad del derecho de acceso a una pensión.
23. De forma general, los presupuestos procesales son los requisitos o condiciones que deben cumplirse para la iniciación o desarrollo válido de un proceso.
24. Tales instituciones jurídicas tienen entre sus objetivos dotar de solemnidad todo proceso, lo que se traduce en brindar certeza y seguridad jurídica, pues se garantiza que el gobernado conozca las bases a través de las cuales todo procedimiento estará sujeto, evitando con ello actos de arbitrariedad o restricción; aspectos que tienen sustento constitucional en el artículo 17 de la Carta Magna, y a nivel internacional estos derechos están reconocidos en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
25. Dentro de tales presupuestos se encuentra el referente a la regulación de los plazos para presentar una demanda; requisito procedimental con el que se pretende que las actuaciones de la administración pública gocen de cierta estabilidad en beneficio de la seguridad jurídica del gobernado, materializando ello con la firmeza de los actos, originando que éstos ya no puedan ser impugnados. Dicha cuestión también trae aparejada la presunción de legalidad y ejecutividad propia de los actos.
26. Por su parte, la Ley de Amparo, en su artículo 17, prevé el presupuesto en cita al establecer lo siguiente:
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."
27. De la cita anterior se advierte que la Ley de Amparo establece un término genérico de quince días para promover una demanda de amparo, con excepción de casos específicos previstos expresamente en la norma, como es el previsto en la fracción IV de dicho precepto, que establece que cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. 28. En relación con el supuesto que prevé como plazo para promover amparo en cualquier tiempo, es decir, sin un plazo perentorio, debe mencionarse que éste ya se encontraba previsto desde la Ley de Amparo anterior; sin embargo, al promulgarse la Ley de Amparo de dos mil trece se replantearon los plazos que habían venido rigiendo a la presentación de las demandas de amparo y si bien, como se dijo, se conservó la excepción "en cualquier tiempo" para actos que de suyo se consideraban ilegales, lo cierto es que la acotación a la que hace referencia la parte conducente del artículo 17 "fuera de procedimiento", requirió de una interpretación particular.
29. Al respecto, conviene destacar la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis) 248/2014, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.", el Pleno de esta Suprema Corte señaló que no hay obligación alguna para el legislador de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario.
30. Lo anterior revela la intención tanto del legislador como de los intérpretes de la ley de dar contenido a esa porción normativa "fuera de procedimiento", de cuyos esfuerzos se hace patente la tendencia de establecer un nuevo paradigma para estos actos. De ahí que en la exposición de motivos de la nueva Ley de Amparo se indicó, entre otros aspectos, lo siguiente:
"... Plazos de promoción del juicio de amparo. El tema relativo a los plazos de promoción del juicio de amparo es de suma importancia, pues se modifican por completo los supuestos de la ley en vigor. En términos generales se busca ampliarlos, lo cual resulta paradójico con el sentir general de que es necesario lograr la más pronta tramitación y resolución de los juicios. La ampliación obedece, sin embargo, a razones mucho más complejas e instrumentales que la rápida tramitación por virtud de la disminución de los plazos.
"Debe sostenerse que una correcta impartición de justicia requiere de una colaboración amplia y constante entre el juzgador y las partes, debido a que son éstas las que, en principio, presentan los argumentos y fijan los hechos y puntos de derecho sobre los que aquél habrá de resolver. En ese sentido, existen argumentos de peso para considerar la ampliación de los plazos que rigen el juicio de amparo.
"La Comisión coincidía con las mismas preocupaciones, por ello explica que ampliar los plazos permite ‘otorgar el tiempo necesario que haga factible que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones. Lo anterior logrará que la calidad de los litigios se eleve y, con ello, se facilite la función del juzgador sobre los puntos de derecho que habrá de resolver. Asimismo, la ampliación de los plazos, no sólo para la presentación de la demanda sino de aquéllos establecidos para la tramitación del juicio, permitirá un cabal acceso a la justicia y que la calidad de ésta se incremente.
"Éstas son razones contundentes que soportan la intención de ampliar los plazos.
"En cuanto a los plazos en lo particular, la regla general consistió en aumentarlo de quince a treinta días y se establecieron como excepciones las siguientes: de cuarenta y cinco días tratándose del amparo contra normas generales autoaplicativas; de dos años naturales cuando se trate de sentencias condenatorias en un proceso penal o de actos de privación de los derechos agrarios, y en cualquier tiempo, cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Además de la simple ampliación de los plazos, la innovación más relevante tiene que ver con las sentencias condenatorias en materia penal. La razón de su previsión es, ante todo, por el hecho de que en el país han cambiado las circunstancias que hacían necesaria su falta de fijación, sobre todo en lo que hace a la dificultad de obtener defensor o contar con las defensas adecuadas en el juicio de amparo. En adelante, se contará con un plazo de dos años naturales para la promoción de amparo, mismo que se estima más que suficiente para permitir una debida defensa, pero también, para lograr una adecuada definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal."
31. En la iniciativa remitida a las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXI Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión, en su dictamen de cinco de octubre de dos mil once, se señaló:
"... En cuanto a los plazos en lo particular, la regla general consistió en aumentarlo de quince a treinta días y se establecieron como excepciones las siguientes: de cuarenta y cinco días tratándose del amparo contra normas generales autoaplicativas; en cualquier tiempo cuando se trate de sentencias condenatorias en un proceso penal; de cuatro años en actos de privación de derechos agrarios, y en cualquier tiempo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales."
32. Posteriormente, al discutirse en el Senado de la República, como Cámara de Origen, el dictamen de la segunda lectura a la Ley de Amparo, el once de octubre de dos mil once, se sostuvo lo siguiente:
"... En principio a nadie se le antoja razonable e irracional, de que fuéramos en contra de las adecuaciones en la Ley de Amparo a reformas tan importantes como las de derechos humanos realizadas por este mismo Congreso. Es decir, si la cobertura, si la materia de protección constitucional de los derechos humanos se amplía, la Ley de Amparo, debe ser adecuada y los avances en derechos humanos son una expresión de luchas democráticas y expresión también de las fuerzas más progresistas ...
"Creo, sin embargo, compañeras y compañeros Senadores, de que hicimos una propuesta que fue abordada y, por ello, tengo el deber ético y político de mi reconocimiento a los Senadores Jesús Murillo Karam, Alejandro González Alcocer, Alejandro Zapata Perogordo, en el esfuerzo, en la discusión de su iniciativa. Avanzamos en mucho, avanzamos particularmente y debo de reconocerlo también, en el apartado relativo a la preservación de los derechos humanos fundamentales que tienen que ver con libertad personal, que tienen que ver con la restricción de la libertad personal, con los ataques a la libertad personal dentro y fuera del procedimiento judicial, poniéndola en equilibrio con los intereses de otras partes y de otros sujetos de la comunidad ...
"La Ley de Amparo debe ser una disposición que armonice y que ayude a equilibrar la función pública, la actividad cotidiana y lo más importante en tutela de los derechos humanos de los gobernados ...
"El C. Senador Pedro Joaquín Coldwell: Gracias, señor Presidente; Senadoras y Senadores:
"... Ante el dramático embate de la violencia y de la inseguridad, han surgido en nuestro país tentaciones autoritarias de dar una respuesta al combate de estos flagelos a partir de la construcción de un estado policíaco.
"Gana adeptos, no lo suficiente, pero los gana, la tendencia de que, para combatir la inseguridad, tenemos que reducir las garantías judiciales y los derechos humanos, o por lo menos, restringirlos.
"El mensaje que contiene esta minuta es un compromiso de la nación con la seguridad, pero en democracia. Es un mensaje profundamente garantista. Es un compromiso con el estado democrático, de derecho, y un rechazo a la policialización de la República.
"Pocas veces en este Senado se han aprobado leyes tan garantistas, como las que hoy estamos discutiendo y espero que aprobemos.
"Y por si estos avances no fueron suficientes, la legislación que ahora discutimos, amplía la posibilidad de proteger a las personas, cuando particulares que ejerzan actos unilaterales contenidos en una norma general, violen derechos humanos.
"Se supera definitivamente, si lo aprobamos, el criterio de que solamente las autoridades pueden defender, pueden afectar o vulnerar derechos humanos.
"Por todas estas circunstancias, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hacemos un reconocimiento al trabajo de las comisiones; a los autores de la iniciativa, al Senador Jesús Murillo Karam, al Senador Alejandro Zapata Perogordo, y hacemos públicamente nuestra adhesión, en lo general, a este profundo avance que hoy estamos gestando para la construcción y consolidación en nues
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32528-3bd727f1/pension-por-viudez-contra-la-resolucion-que-niega · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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