AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER LA COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CUANDO NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 85/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. SECRETARIA: LAURA OLIVIA SÁNCHEZ AGUIRRE.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 85/2024, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito,(1) en la sentencia dictada en el recurso de revisión 149/2023, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en la resolución emitida en el recurso de revisión 31/2022.
El problema jurídico que debe resolver este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, consiste en establecer: Si existe contradicción y, de ser el caso, determinar si la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo en materia laboral, cuando el acto reclamado lo constituye la negativa de otorgamiento de una pensión por jubilación.
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio recibido vía electrónica el veinticinco de abril del año que transcurre, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los aludidos tribunales colegiados.
2. Trámite ante el Pleno Regional. El día siguiente, el Magistrado Héctor Lara González, presidente del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, la radicó con el número señalado al rubro, requirió a los tribunales colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica, con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en los aludidos asuntos, seguía vigente; asimismo pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Electrónico del Consejo. Ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía alguna contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituyera precedente obligatorio sobre el tema delimitado preliminarmente. Y turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a su cargo.
3. En acuerdos de dos y seis de mayo del año que transcurre, tuvo por recibidos los informes de los presidentes de los tribunales colegiados contendientes, en los que indicaron que los criterios sustentados en los recursos de revisión 149/2023 y 31/2022, continuaban vigentes, remitieron copia de las ejecutorias e informaron sobre la habilitación de la consulta de los expedientes electrónicos.
4. El catorce de mayo del año en curso, el presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que durante los últimos seis meses no fue radicada en ese alto tribunal alguna contradicción de criterios cuyo tema a dilucidar guardara relación con el que es materia de este asunto y confirmó el turno electrónico a la ponencia a su cargo.
II. AMICUS CURIAE
5. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
6. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
III. COMPETENCIA
7. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 1, del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y 1, 2 y 3, del Acuerdo General 38/2023, acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los tribunales contendientes son del Decimoctavo Circuito y la materia respecto de la que versa la contradicción de criterios es de trabajo, por lo que corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
IV. LEGITIMACIÓN
8. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 149/2023.
10. Marco procesal. Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra, entre otros, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Morelos, de quien reclamó la negativa de pensión por jubilación.
11. El juez de Distrito, quien por razón de turno conoció del asunto, lo remitió a diverso juzgado por conocimiento previo, quien la admitió a trámite; seguido el trámite respectivo, celebró audiencia constitucional en la que sobreseyó en el juicio de amparo al considerar, en lo que interesa, que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, al estimar que el acto reclamado no tenía el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que correspondía al vínculo entre patrón y trabajador, en el que actúan en un plano de igualdad.
12. Contra esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, quien, por unanimidad de votos, en lo relativo, modificó la sentencia recurrida, estableció que no se actualizaba la mencionada causa de improcedencia, reasumió jurisdicción, analizó el acto reclamado y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos precisados en tal determinación.
13. Consideraciones que sustentan el criterio. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en lo que interesa al tema de contradicción, señaló que la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos negó la pensión por jubilación solicitada por la quejosa, por lo que sí era una autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
14. Acorde a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 164/2011,(2) de rubro: “AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO” NOTAS DISTINTIVAS”, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes:
15. a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
16. Tales circunstancias permitían sostener que debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la citada Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto en los numerales 56, 57, apartado A), fracciones I, II, III y IV, 58, 65, fracción I, y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el 67 de la Ley Orgánica para dicho Congreso, pues de ellos se puede advertir que actúa con imperio para resolver las peticiones de pensiones por parte de los gobernados en un plano de supra a subordinación, en la medida que ese ente no fue patrón de la quejosa, aunado a que ejerce facultades legales creando o negando un derecho pensionario.
17. Citó en su apoyo la tesis aislada XXII.A.T. J/1 L (10a.), sostenida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, intitulada: “ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO CONSTITUYE LA NEGATIVA DE DAR TRÁMITE A LA SOLICITUD DE PREJUBILACIÓN, PREPENSIÓN, JUBILACIÓN O PENSIÓN, POR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR O SU EQUIVALENTE DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, ÓRGANOS CON AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL, MUNICIPIOS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO Y LAS CORRESPONDIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE QUERÉTARO”.
18. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 31/2022.
19. Marco procesal. Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos y otra autoridad, de quienes reclamó la negativa a otorgar la pensión por jubilación.
20. El juez de Distrito a quien correspondió conocer del juicio de amparo, admitió la demanda. Seguido el trámite respectivo, celebró audiencia constitucional en la que, en lo relativo a la mencionada Comisión responsable, sobreseyó en el juicio de amparo al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, porque el acto reclamado no podía considerarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
21. Contra esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, y por unanimidad de votos confirmó dicha decisión.
22. Consideraciones que sustentan el criterio. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en lo que interesa al tema de contradicción, estimó acertada la determinación del juez de Distrito, pues en efecto, aunque fue el Congreso por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, quien emitió el dictamen mediante el cual negó la pensión por jubilación solicitada y no propiamente en su calidad de patrón, lo cierto era que la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es la que impone el procedimiento para los órganos del gobierno estatal, de qué manera se otorgarán o negarán las pensiones, por lo que sólo cumple con las funciones que se encuentran a su cargo sin que pueda estimarse que se trata de una manifestación derivada de su potestad soberana, como ocurre cuando expide leyes.
23. De los artículos 54, fracción VII, 56 y 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado, se advierte que los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, en materia de seguridad social tienen derecho a una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, las que se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establece la ley en comento y demás ordenamientos aplicables.
24. Para disfrutar de tales pensiones, los interesados deberán presentar solicitud acompañada de los documentos descritos en el artículo 57 de la ley en cita y el citado Congreso deberá expedir el decreto correspondiente.
25. Por su parte, los preceptos 2, 53 y 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y el 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, establecen que cuando el aludido Congreso conoce de las solicitudes de jubilaciones o pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios, debe emitir por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el dictamen respectivo en el que se determine lo conducente.
26. En tanto que el numeral 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado establece que la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, viudez, orfandad y por ascendencia, se otorgarán mediante el decreto respectivo.
27. Conforme a lo anterior, en materia de seguridad social, el Estado de Morelos legalmente se encuentra obligado con sus trabajadores en otorgarles ciertas prestaciones, entre ellas las descritas en el artículo 54, fracción VII de la Ley del Servicio Civil, en el caso del promovente, una pensión por jubilación, con la particularidad de que el Congreso del Estado de Morelos es el órgano del propio Estado que conoce de las solicitudes de jubilaciones y pensiones, quien debe emitir, por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el decreto respectivo en el que determine lo conducente, pues dicha encomienda se encuentra expresamente prevista en el artículo 56 de la ley en mención, de ahí que tampoco sea obstáculo que no hubiera sido su directo patrón.
28. No constituye un ejercicio de poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del inconforme, sino de una decisión adoptada por el poder público derivada precisamente de la relación que subsistió entre el recurrente y el Gobierno del Estado de Morelos, con motivo del desempeño de las labores que aquél prestó durante cierto tiempo a éste, específicamente para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
29. Esa particularidad constituye una manifestación del propio Estado que ejerce a través de la referida legislatura, entonces, el dictamen por el que se negó la jubilación al quejoso, no constituye un ejercicio de poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del inconforme, sino de una decisión adoptada por el poder público derivada precisamente de la relación que subsistió entre el recurrente y el Gobierno del Estado de Morelos con motivo del desempeño de las labores que aquél prestó durante cierto tiempo para éste, específicamente para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
30. En ese sentido, el justiciable se encuentra en posibilidad de alegar ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, quien es autoridad competente para resolver las controversias entre las autoridades estatales y sus trabajadores, de acuerdo con los artículos 1 y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. El citado tribunal es la autoridad competente para dilucidar cualquier inconformidad que surja con motivo de lo determinado en ese dictamen, el juicio laboral es el medio ordinario para resolver cualquier inconformidad que surja, en términos de los preceptos 54 a 58 de la Ley del Servicio Civil del aludido Estado.
31. De ahí que deba establecerse que cuando los trabajadores al servicio del Estado de Morelos promueven juicio de amparo contra actos del Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en los que se niega el disfrute de la jubilación derivada de la relación de trabajo que subsistió, como acontecía en ese caso, el referido juicio resultará improcedente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo.
32. Además porque el apartado B del artículo 123 constitucional, equipara la relación del Estado y empleado con una relación laboral y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado, en ese caso actuando por conducto del Congreso, no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Esto es, tampoco actúa en su calidad de órgano legislativo, pues su actuar está limitado a determinar, conforme a la Ley del Servicio Civil, la procedencia o improcedencia de la pensión por jubilación por años de servicio.
33. No se desconoce que, si bien con la jubilación la relación de trabajo termina, lo cierto era que se inicia otra en donde las contraprestaciones que se otorgan a las partes ya no son parte del intercambio de fuerza de trabajo por salario, sino que ahora el Estado otorga una pensión en reconocimiento del desgaste que sufrió el trabajador a lo largo del tiempo mínimo acumulado de servicios durante su vida económicamente productiva.
34. En ese orden de ideas, el acto reclamado no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, pues la legislatura estatal responsable, no obró con el imperio de su soberanía (característica de los actos de autoridad), por lo que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia invocada por el juez de Distrito.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
DE CRITERIOS
35. En cuanto a la procedencia de las contradicciones de criterios, es importante señalar que la intervención de los Plenos Regionales se justifica por la necesidad de unificar criterios y dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia.
36. Así, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en alguna parte de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas.
37. Entonces, para que exista una contradicción de criterios deben verificarse las siguientes condiciones:
A. Los tribunales contendientes debieron haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún método, cualquiera que fuese.
B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se debe encontrar algún punto de toque, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes. C. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
38. Bajo estas directrices, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur concluye que existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 149/2023, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión 31/2022.
39. Ello es así, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que soportaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a continuación.
40. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Conforme a lo reseñado en el apartado quinto, se advierte con claridad que los tribunales colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, respecto a si la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo en materia laboral, cuando el acto reclamado lo constituye la negativa de otorgamiento de una pensión por jubilación.
41. Segundo requisito. Punto de diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determina que, en los ejercicios interpretativos y argumentativos realizados por los órganos colegiados contendientes, existe un punto que detona un auténtico tema de contradicción, ya que sus pronunciamientos derivaron del análisis del mismo tema, esto es, si la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando niega la pensión por jubilación.
42. Uno de los tribunales contendientes afirmó que sí, porque de lo dispuesto en los numerales 56, 57, apartado A, fracciones I, II, III y IV, 58, 65, fracción I, y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como el 67 de la Ley Orgánica para dicho Congreso, se podía advertir que actúa con imperio para resolver las peticiones de pensiones por parte de los gobernados en un plano de supra a subordinación, en la medida que ese ente no fue patrón de la quejosa, aunado a que ejerce facultades legales y niega un derecho pensionario.
43. El otro Tribunal Colegiado de Circuito contendiente sostuvo que no, porque el acto reclamado no constituía, de acuerdo con su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, pues la legislatura estatal responsable, no obraba con el imperio de su soberanía (característica de los actos de autoridad), por lo que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente.
44. Tercer requisito. Formulación de una pregunta genuina. Ante las posturas divergentes es claro que se cumple el tercero de los requisitos de una contradicción de criterios, pues da lugar a la formulación de la interrogante: ¿La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo en materia laboral, cuando el acto reclamado lo constituye la negativa de otorgamiento de una pensión por jubilación?
VII. ESTUDIO
45. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur determina que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta sentencia.
46. El acto reclamado en los juicios de amparo materia de esta contradicción de criterios, lo fue la negativa de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del citado Estado, a otorgar la pensión por jubilación solicitada.
47. A fin de responder a la interrogante planteada, es necesario precisar que artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo establece, en lo que interesa, que son partes en el juicio de amparo, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
48. Conforme al artículo citado, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo deben presentarse los siguientes supuestos: a) tratarse de un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su naturaleza formal); y b) que dicha autoridad dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral o, en su caso, que omita el acto respectivo.
49. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en diversos criterios, las características que debe revestir la autoridad para efectos del juicio de amparo. Dos de tales criterios, son los siguientes:
AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.(3)
AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.(4)
50. De lo anterior se advierte que ese Alto Tribunal a lo largo del tiempo ha definido lo que caracteriza a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado.
51. Fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado.
52. Asimismo, definió que para distinguir si se está frente a un acto de autoridad debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de las cuales se derivan las de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.
53. Estableció que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.
54. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32683-0cab0e2a/autoridad-responsable-para-los-efectos-del-amparo-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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