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Modo: Corpus Pro

AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2014. · Registro digital (IUS): 25179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-08-29
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Pág. 179.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, tercero y sexto del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que no requiere la intervención del Pleno de este Alto Tribunal. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.

1. Recurso de queja 27/2013, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito.

Origen. El recurso de queja fue interpuesto en contra del auto de veintinueve de abril de dos mil trece, emitido por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila, dentro del juicio de amparo indirecto 196/2013, mediante el cual tuvo por no cumplida la aclaración requerida a la parte quejosa, consistente en precisar, bajo protesta de decir verdad, si se había ordenado o no el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien rematado; la ubicación del inmueble rematado y los preceptos que, en términos del artículo 1o. de la Ley de Amparo, contuvieran los derechos humanos y garantías, cuya violación reclamaba. Lo anterior, al considerar, esencialmente, que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo no podía desahogar una prevención que implicara la protesta de decir verdad, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constaban, por cuanto ocurrieron antes de promover la demanda; de modo que el quejoso era el único que podía desahogar dicha prevención.

Criterio. En lo que al tema interesa, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, al resolver la referida queja, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. Para mejor entendimiento, conviene relatar brevemente algunos antecedentes del asunto, los cuales se aprecian de las constancias remitidas por el Juez Federal al rendir informe.

"En la demanda de amparo, el quejoso ********** señaló como acto reclamado la sentencia dictada por el tribunal distrital en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil doce, por el cual se declaró fincado el remate.

"Además, en los antecedentes del acto reclamado, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que los actos derivaban del juicio ejecutivo mercantil ********** incoado en su contra, cuyo resultado le fue adverso y, en el procedimiento respectivo, el remate se declaró fincado.

"En el proemio del ocurso inicial, el quejoso solicitó se tuviera al licenciado **********, por autorizado en términos del artículo 12 de la actual Ley de Amparo.

"Por su parte, en el auto de radicación, la Jueza de Distrito consideró que el promovente del amparo no había satisfecho los requisitos previstos en el artículo 108, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con fundamento en el numeral 114 del propio ordenamiento, lo requirió para que en el plazo de cinco días precisara:

"• Si ya se había ordenado o no el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien rematado.

"• La ubicación del inmueble rematado; y,

"• Los preceptos que, en términos del artículo 1o. de la Ley de Amparo, contuvieran los derechos humanos y garantías, cuya violación reclamara.

"Asimismo, la Jueza Federal tuvo por autorizado en términos amplios del artículo 12 en cita, al profesionista indicado en la demanda, por cuanto contaba con cédula registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

"Una vez realizada la notificación correspondiente, el autorizado en cita, con el fin de desahogar la materia de la prevención, presentó un escrito con su nombre y rúbrica.

"A dicha solicitud, recayó el auto recurrido de veintinueve de abril de dos mil trece, en el cual se tuvo por no cumplida la aclaración de la demanda y se dejó abierto el plazo otorgado.

"El motivo, fue porque en criterio de la a quo, el abogado autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, no podía desahogar una prevención que implicara la protesta de decir verdad, pues ello se traducía en hacer suyos hechos que no le constaban, por cuanto ocurrieron antes de promover la demanda, amén de que los derechos y obligaciones de esa autorización eran a partir de su presentación y no antes; de tal modo que el quejoso era el único quien podía desahogar la prevención.

"Por contra, el quejoso recurrente aduce que ese criterio atenta contra el espíritu y texto literal del artículo 12 de la actual Ley de Amparo, pues según explica, de acuerdo con ese precepto, el autorizado se encuentra plenamente facultado para suscribir el desahogo de la aclaración de la demanda.

"En efecto, menciona que la atribución de firmar en su nombre el escrito aclaratorio de demanda, queda subsumida en la suma de atribuciones consignadas en el artículo 12, en tanto aquél debe realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos de quien lo autoriza; luego, la aclaración de demanda iba encaminada en ese sentido.

"Además, el quejoso menciona que el numeral 12 en comento no hace excepciones ni distingos; de modo que de las facultades expresamente consignadas en su texto no puede quedar excluida la de signar el escrito de aclaración de demanda.

"El artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor dispone: (se transcribe).

"Del texto transcrito se aprecia que el quejoso y tercero interesado, en materias como la civil, podrán autorizar a personas acreditadas como licenciados en derecho o abogado, para que en los juicios de amparo realicen cualquier acto necesario para la defensa de los derechos de su autorizante.

"En un primer plano, la ley establece que tales autorizados podrán interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y remata con la expresión ‘cualquier acto necesario para la defensa’ de quien lo autoriza.

"Empero, no precisa de forma expresa cuáles podrían ser esos actos, de lo cual se concluye que la intención del legislador fue dejar abierto el margen de actuación de los autorizados, con la condición, desde luego, que su actuar esté encaminado a proteger o salvaguardar la adecuada defensa de quien lo autorizó.

"En esa medida, se concuerda con el recurrente, en el sentido de que la aclaración de demanda es un acto procesal dirigido a cuidar los intereses de la parte quejosa; de modo que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por supuesto, se encuentra facultado para ello.

"Lo anterior cobra especial relevancia si se toma en consideración que la sanción procesal por no desahogar el requerimiento del Juez, según el penúltimo párrafo del artículo 114 de la actual Ley de Amparo, será tener la demanda por no presentada.

"Entonces, el autorizado de acuerdo con aquel precepto, indudablemente, está en aptitud de signar el escrito aclaratorio, porque, al hacerlo, estaría en ejercicio de una defensa adecuada de los intereses de su representado, porque evitaría se impusiera la sanción procesal señalada y, con ello, se le daría curso al juicio.

"A propósito del ordinal 114 señalado, el legislador dispuso que el Juez de Distrito podrá requerir a la parte quejosa aclare la demanda, por lo siguientes motivos: (se transcribe).

"Por su relación, conviene traer a cuenta el ordinal 108 de la ley de la materia: (se transcribe).

"Como se ve, la ley faculta al Juez de Distrito para que, entre otros, requiera a la parte quejosa que aclare la demanda cuando no se precise con claridad el acto reclamado y no se satisfagan los requisitos del artículo 108 transcrito, entre ellos, dado el caso, los antecedentes de lo reclamado.

"Cabe mencionar, según lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, en el amparo indirecto, que los antecedentes del acto reclamado se deben expresar bajo protesta de decir verdad.

"Lo que tiene relación directa con el artículo 261 de la Ley de Amparo en vigor, de acuerdo con el cual, la manifestación de hechos falsos en la demanda constituye una conducta atípica.

"En efecto, dicho precepto dispone: (se transcribe).

"De acuerdo con el numeral en cita, a diferencia del texto anterior del artículo correspondiente en la Ley de Amparo derogada, podrán incurrir en el atípico contemplado en dicho precepto, tanto la parte quejosa como su abogado autorizado.

"En esas condiciones, no existe razón para estimar que el escrito mediante el cual se aclara la demanda, necesariamente lo tenga que signar el directamente quejoso, pues, por un lado, el autorizado debe llevar a cabo cualquier acto encaminado a defender los intereses de su autorizante.

"Y, por otro, tanto el autorizado como el quejoso se encuentran compelidos a manifestar los hechos y antecedentes del acto reclamado, acorde con los principios de honestidad, probidad y buena fe; pues, en caso contrario, podrán incurrir en el delito previsto en el artículo 261 transcrito.

"Por tales motivos, la jurisprudencia 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya no resulta aplicable.

"Se explica, dicho criterio es de tenor siguiente: (se transcribe).

"De acuerdo con su contenido, el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 27 de la anterior Ley de Amparo, no podía desahogar la prevención respecto a la protesta de decir verdad omitida en la demanda, porque ese tipo de manifestaciones incidía con la responsabilidad penal que de esa protesta derivara y puesto que se traducía en hacer suyos hechos que no le constaran, por cuanto ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda.

"Sin embargo, eso quedó atrás, porque en la Ley de Amparo vigente, el legislador decidió que la responsabilidad penal derivada de la protesta de decir verdad ya no sólo puede recaer en la persona del quejoso, sino también en su abogado autorizado.

"Por ende, en términos de los artículos 12, 114, 108, fracción V y 261 de este último ordenamiento, ambos pueden expresar manifestaciones en ese sentido; en la inteligencia que, de afirmar hechos falsos, los dos pueden incurrir en responsabilidad penal.

"Máxime si se trata de aspectos procesales y técnico jurídicos ya mencionados, a los cuales el profesional del derecho tiene completo acceso y conocimiento, por lo que resulta intrascendente que la autorización sea a partir de la demanda.

"Sirve de apoyo, en lo sustancial, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: ‘AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2010. CASOS EN LOS QUE ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES.’ (se transcribe el rubro)

"No está de más decir que habrá casos especiales en que las circunstancias o pormenores que el Juez exija sean propias de la persona del quejoso, por lo que únicamente éste las conoce, por mencionar alguno, la fecha en que el quejoso tercero extraño a juicio tuvo conocimiento del acto reclamado; así, en situaciones como ésa, el juzgador bien podría exigir que el escrito lo signe quien conoce los hechos.

"Empero, en la especie, no acontece una situación como la planteada, sino que los motivos de aclaración se refieren a aspectos propiamente procesales derivados del juicio de origen, como lo fueron si se había ordenado o no el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega del bien rematado, su ubicación y un aspecto técnico del juicio de amparo, como fueron los preceptos que contuvieran los derechos humanos y garantías cuya violación se habrá de invocar.

"Aspectos que bien puede desahogar el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque en su calidad de profesionista del derecho, bien puede acudir a las constancias judiciales y obtener tales datos, así como revisar la ley y citar los preceptos violados.

"Por lo motivos expuestos, este Tribunal Federal considera incorrecta la determinación del a quo, en el sentido de que el autorizado del quejoso no puede suscribir el escrito aclaratorio de demanda, tomada en el auto de veintinueve de abril de dos mil trece; de ahí que el recurso se estime fundado. ..."

Las consideraciones anteriores dieron lugar a la tesis aislada VIII.A.C.10 K (10a.), identificada con el rubro y texto siguientes:

"ABOGADO AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL ESCRITO ACLARATORIO DE DEMANDA, INCLUSO SI DEBE HACER MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el quejoso y el tercero interesado, en las materias civil, mercantil, laboral en el caso del patrón y administrativa, podrán autorizar a personas acreditadas como licenciados en derecho, para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante. En esa medida, dicho profesionista está facultado para suscribir el escrito aclaratorio de demanda, cuando versa en torno a aspectos procesales del juicio a los cuales tiene completo acceso, incluso si debe hacer manifestaciones bajo protesta de decir verdad, en términos del numeral 108, fracción V, de la citada ley, porque es un acto procesal dirigido a cuidar los intereses de quien lo designó. Lo anterior no contraviene la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 348, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN «BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD» REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.’, cuyo contenido expresa que el autorizado por el quejoso en términos amplios del artículo 27 de la anterior Ley de Amparo, no puede desahogar la prevención respecto de la protesta de decir verdad omitida en la demanda, porque ese tipo de manifestaciones son personalísimas de quien las hace bajo su responsabilidad; sin embargo, a diferencia del artículo 211 de la ley abrogada, que sólo aludía al quejoso como responsable del delito de falsedad de manifestaciones ante autoridad judicial, el actual artículo 261 comprende también al abogado autorizado. Entonces, según la nueva disposición, no existe razón para considerar que el quejoso es el único que puede suscribir el escrito aclaratorio, máxime si se trata de aspectos procesales a los cuales el autorizado puede acceder."(2)

2. Recurso de queja 166/2013, del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Origen. El recurso de queja fue interpuesto en contra del auto de once de noviembre de dos mil trece, emitido por la Jueza Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, dentro del juicio de amparo indirecto 937/2013-III, mediante el cual tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que el quejoso no desahogó la prevención formulada en un diverso proveído.

Criterio. En lo que al tema interesa, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Para mejor entendimiento, conviene relatar brevemente algunos antecedentes del asunto, los cuales se aprecian de las constancias remitidas por el Juez Federal al rendir informe, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo.

"1. **********, por su propio derecho, promovió demanda de amparo por la que reclamó el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil trece, dictado por el Juez Trigésimo Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; también reclamó de la autoridad administrativa allí indicada la ejecución del cobro de la multa impuesta por dicho juzgador; bajo protesta de decir verdad, manifestó que el acto reclamado fue dictado en el juicio de alimentos **********, promovido por la hoy inconforme, en favor de su menor hija **********.

"Asimismo, la quejosa solicitó se tuviera como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado **********, quien tiene su cédula profesional inscrita en el registro electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, con el número 93109.

"2. En el auto de radicación de veinticinco de octubre de dos mil trece, la Jueza de Distrito requirió a la promovente para que, dentro del término de cinco días, por escrito y bajo protesta de decir verdad, manifestara en forma cronológica los antecedentes del acto reclamado derivados de dicha controversia, indicar el tipo de juicio y transcribir los autos de diecinueve y veintinueve de agosto de dos mil trece, ya que, en opinión de dicha juzgadora, no se advertía el cobro de alguna multa, y exhibiera copias suficientes para el traslado respectivo; asimismo, se apercibió a la quejosa que, en caso de no cumplir con dicho requerimiento, se tendría por no presentada la demanda de amparo.

"Asimismo, en dicho auto se tuvo como autorizado al citado profesionista, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por haber cumplido con los requisitos previstos en el título noveno del Registro Único de Profesionales del Derecho del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

"2. (sic) Por escrito de cinco de noviembre de dos mil trece, el licenciado **********, en representación de la parte quejosa, señaló, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado y transcribió los proveídos de veintinueve de agosto, doce y veintisiete de septiembre de dos mil trece.

"3. A esa promoción le recayó el proveído de seis de noviembre de dos mil trece, por el que se consideró que tal autorizado no podía desahogar la prevención, ya que desde la perspectiva de la Juez de Distrito, la manifestación bajo protesta de decir verdad, era de carácter personalísimo, quien sólo podía realizarlo la persona que promovió la demanda de amparo, y citó la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN «BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD», REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.’

"Asimismo, en dicho auto se hizo la certificación del término para desahogar la prevención contenida en el auto de veinticinco de octubre de dos mil trece, corriendo a partir del treinta y uno de octubre al siete de noviembre del citado año.

"Tal proveído se notificó a la quejosa por lista de siete de noviembre de dos mil trece.

"4. Por auto de once de noviembre de dos mil trece, se resolvió que la parte quejosa no desahogó la vista dentro del término concedido, por lo que se le hizo efectivo tal apercibimiento, a no tener por presentada la demanda de amparo.

"Esa resolución es materia del presente recurso de queja.

"...

"Los agravios son, por una parte, infundados y, por la otra, inoperantes.

"Infundados, pues contrario a lo que pretende hacer ver la inconforme, en el caso sigue siendo aplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de dos mil seis, materia común, Novena Época, página trescientos cuarenta y ocho, que dice:

"‘DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN «BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD» REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.’ (se transcribe el rubro)

"En la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró lo siguiente: (se transcribe).

"De la tesis de jurisprudencia y de su ejecutoria en mención se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar que el autorizado por el quejoso no podía promover el escrito de aclaración de la demanda de amparo, cuando se requiriera la expresión bajo protesta de decir verdad, se apoyó fundamentalmente en lo siguiente:

"I. La exigencia de la manifestación de decir verdad, debe realizarlo forzosamente por quien promovió la demanda de amparo (sic), en términos del artículo 116, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo (vigente hasta antes del dos de abril de dos mil trece), ya que se trata de un requisito que debe ser realizado de forma personalísima, pues se trata de actos que sucedieron con anterioridad a la demanda y, por ende, debe realizarlo quien la promovió.

"II. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, sólo podrá promover la demanda de amparo a quien perjudique el acto reclamado, por sí o por conducto de su autorizado; de tal manera que si éste la suscribe, entonces, deberá expresar los hechos bajo protesta de decir verdad.

"III. El autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, no puede desahogar, en ampliación de la demanda, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones, pues se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en el que se le autoriza, porque los derechos y obligaciones procesales del autorizado nacen a partir de la demanda y no antes, de donde nace la diversidad de facultades previstas en el artículo 27 de la Ley de Amparo.

"IV. El hecho de que el artículo 27 de la Ley de Amparo autoriza a realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, no llega al extremo de realizar actos que, por su naturaleza, sólo puede desahogar en forma personal el promovente del amparo.

"V. A mayor abundamiento, la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, sólo podía recaer directamente en la parte quejosa o de quien promovió inicialmente la demanda de amparo, y no de su autorizado, en términos del artículo 211, fracción I, de dicha legislación.

"Los artículos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y que fueron citados en dicha tesis y su ejecutoria, disponían lo siguiente: (los transcribe).

"Ahora bien, en la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual resulta aplicable al presente juicio de amparo, en los artículos 6o., 12, 108 y 261, fracción I, establecen lo siguiente: (los transcribe).

"De un análisis comparativo de tales preceptos legales de la Ley de Amparo anterior y de la vigente, se advierte lo siguiente:

"a) Son similares los artículos (sic) 4o. de la Ley de Amparo anterior, con el artículo 6o. de la nueva legislación, ya que ambos prevén que la demanda de amparo puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto reclamado, quien podrá realizarlo por sí o por conducto de su representante legal.

"b) Son equivalentes los artículos (sic) 27, párrafo tercero, de la Ley de Amparo anterior, con el numeral 12 de la actual ley, ya que en ambos se prevé que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.

"c) Son similares los artículos (sic) 116, fracciones I y IV, de la anterior legislación, con el artículo 108, fracciones I y V, de la actual Ley de Amparo, ya que en ambos se establecen los requisitos que debe contener la demanda de amparo, consistentes en el nombre del quejoso o de quien promueve en su nombre y la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos u abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado.

"d) En parte difieren los artículos (sic) 211 de la anterior Ley de Amparo con el numeral 261 de la ley actual, ya que en el primero sólo se establece la responsabilidad penal a cargo del quejoso, quien al formular su demanda, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo, en tanto que en el segundo precepto citado, también se establece la responsabilidad penal a cargo del quejoso, así como de su abogado autorizado.

"Ahora bien, el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente establece lo siguiente: (los transcribe).

"Conforme a dicha disposición legal, debe considerarse que no estará vigente la jurisprudencia que contenga interpretaciones contrarias a las disposiciones contenidas en la actual Ley de Amparo; lo que significa que si existe jurisprudencia que interprete disposiciones de la anterior legislación y que sean similares a la actual Ley de Amparo, entonces, se considerará vigente la jurisprudencia.

"Ahora bien, el análisis comparativo de ambas legislaciones a que se refieren los incisos a), b) y c) anteriores, pone de relieve que contienen disposiciones similares y no contradictorias, cuyos alcances, en relación a la anterior Ley de Amparo, ya fueron determinados por la citada jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Por tal motivo, dicha jurisprudencia es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 y el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo.

"No es óbice a lo anterior que ahora la nueva Ley de Amparo establezca también una responsabilidad penal a cargo del autorizado del quejoso, ya que tal precepto legal sólo se refiere a la imposición de la pena cuando se mencionen hechos falsos en la demanda de amparo, cuya norma no prevé que tal autorizado también tenga facultades para desahogar las prevenciones bajo protesta de decir verdad.

"Lo anterior, máxime que en dicha tesis de jurisprudencia por contradicción en cita, si bien se hizo referencia a la responsabilidad penal, también lo es que la razón toral por la que gravitó aquélla consistió en que tal autorizado no se encontraba facultado para desahogar la prevención de aclarar bajo protesta de decir verdad la demanda de amparo, ya que se trataba de un acto personalísimo de quien promovió la demanda de amparo, pues el acto de autorización surtía efectos a partir de la fecha en que se había presentado la demanda de amparo y no antes, en que acontecieron los hechos que dieron origen al acto reclamado.

"Atento a lo anterior, son infundados los agravios, porque contrario a lo sostenido por la inconforme, sí resulta aplicable al presente asunto la tesis de jurisprudencia por contradicción citada, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN «BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD» REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25179-f4d9030a/autorizado-en-terminos-amplios-del-articulo-12-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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