REPRESENTACIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO NO PUEDE SER EQUIPARADO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL FALLECIDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 323/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 28 DE ABRIL DE 2020. ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintiocho de abril de dos mil veinte emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Mediante la cual se analizan los autos relativos a la contradicción de tesis 323/2019, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.
I. ANTECEDENTES
2. Denuncia. El Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el propio órgano y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 507/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, correspondiente al expediente auxiliar 1056/2018 y el recurso de queja 157/2017, respectivamente.(1) La resolución que recayó al recurso de queja 157/2017, dio origen a tesis aislada V.2o.C.T.5 K (10a.), de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTADES PARA CONTINUAR EL JUICIO AL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO QUE LO DESIGNÓ, PUES ESTA ENCOMIENDA RECAE EN EL REPRESENTANTE LEGAL HASTA EN TANTO INTERVIENE LA SUCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA PROPIA LEY."(2)
II. TRÁMITE
3. El Ministro presidente admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y la registró con el número 323/2019, consideró que se surtía la competencia del Tribunal Pleno al tratarse de la materia común, y toda vez que se suscita entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diverso Circuito y especialización, turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek para su estudio(3) y, una vez que el expediente fue debidamente integrado, envió los autos al ponente.(4)
III. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN
4. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que los criterios contendientes versan sobre materia común y fueron sustentados por Tribunales Colegiados pertenecientes a diversos Circuitos.
5. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentó uno de los criterios contendientes.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios de este Tribunal Pleno de rubros y textos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello, que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(6)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(7)
7. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido tanto la Primera Sala(8) como este Tribunal Pleno,(9) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y (iii) tal disputa interpretativa pueda ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
9. Por otro lado, no es obstáculo para que este Tribunal Pleno se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que ninguno de los criterios contendientes constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001, de este Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(10) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(11) de este mismo Tribunal Pleno.
10. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
IV.1. Primer requisito: Ejercicio interpretativo.
11. Este Tribunal Pleno considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial, al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, ambos Tribunales Colegiados realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
A. Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, al resolver el amparo directo 507/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, correspondiente al expediente auxiliar 1056/2016.(12)
12. En la parte que interesa al presente asunto, el Tribunal Colegiado Auxiliar consideró que:
a) Con apoyo en la tesis aislada 2a. LXIV/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA.", interpretó que el artículo 16 de la Ley de Amparo, al establecer que el representante legal del fallecido continuará con el trámite en el juicio de amparo hasta en tanto interviene la sucesión, siempre que no se trate de actos que afecten derechos estrictamente personales, debe entenderse que se trata del representante procesal a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo.
b) Sostuvo que la intención del legislador es que no se deje inaudita a quien en su caso afrontará las resultas del juicio, lo que evidentemente no sucede si el juicio de amparo continúa hasta su resolución con la representación procesal del autorizado.
c) Finalmente, señaló que los autorizados del quejoso pueden continuar en el desempeño de su cometido hasta en tanto intervenga la sucesión en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Amparo.
B. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja 157/2017.(13)
13. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado citado sostuvo lo siguiente:
a) Dado que el artículo 16 de la Ley de Amparo expresamente dispone que cuando fallezca el quejoso, sólo el representante legal (entendido como el mandatario o apoderado), es la persona legitimada para continuar con el juicio de amparo en el que se ventilen derechos que no son estrictamente personales, ello implica que cuando no exista tal designación, el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al ser un representante procesal no cuenta con atribuciones para continuar con la sustanciación del juicio.
b) Así, como el ejercicio de la acción constitucional es un derecho que corresponde únicamente al interesado o a sus representantes legales, entonces, a la muerte de aquél, también se extinguen las designaciones que para efectos procesales hubiera hecho, pero subsisten las que cobraron vida jurídica a través del mandato.
c) La figura del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene lugar cuando la parte interesada (por sí, o por conducto de su representante legal o apoderado), en su primer escrito o en alguno posterior, designa a un abogado no sólo para oír notificaciones, sino para que actúe en su nombre, acuda a las audiencias, presente todos aquellos escritos y participe en todas las diligencias y actos judiciales que puedan estimarse necesarios para la defensa de sus derechos; por lo que a la muerte de la parte quejosa, el señalamiento de autorizados se extingue.
14. De la ejecutoria resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTADES PARA CONTINUAR EL JUICIO AL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO QUE LO DESIGNÓ, PUES ESTA ENCOMIENDA RECAE EN EL REPRESENTANTE LEGAL HASTA EN TANTO INTERVIENE LA SUCESIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 16 DE LA PROPIA LEY. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 105/2015 (10a.), de título y subtítulo: ‘AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO.’, determinó que el apoderado en los términos indicados está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; además, distinguió entre ambas figuras, y estableció que el primero es un mandatario o representante legal que interviene mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar en nombre y representación del poderdante, mientras que el autorizado es sólo un representante procesal encargado de llevar a cabo todos los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, mas no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado. Por otra parte, la Primera Sala del propio Tribunal, en la diversa jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), cuyos título y subtítulo son: ‘AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, ‘BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD’, ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.’, estableció, entre otras cuestiones, que los derechos y obligaciones del autorizado no pueden equipararse a un mandato judicial. En este sentido, si el artículo 16 de la propia ley dispone expresamente que en caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado (siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte derechos estrictamente personales), es el ‘representante legal’ del fallecido el que continuará la sustanciación hasta en tanto interviene la sucesión; entonces, cuando no exista esa designación, el autorizado en términos amplios del artículo 12 referido, carece de facultades para intervenir en el juicio. Esta conclusión se corrobora en tanto el artículo citado únicamente hace referencia a que tal encomienda corresponde al representante legal y, en ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha determinado que ambas figuras son de naturaleza diversa porque, precisamente, de acuerdo con esa distinción, debe concluirse que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, su prosecución, es un derecho que corresponde únicamente al interesado o a sus representantes legales, no así al autorizado designado por uno u otros, por lo que es dable afirmar que a la muerte del quejoso, se extingue dicha designación."(14)
15. De lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte concluye que el primero de los requisitos se encuentra cumplido, ya que los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de resolver si un juicio de amparo debía continuar o suspenderse por el fallecimiento de la parte quejosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para determinar el contenido y alcance del artículo 16, en relación con el artículo 12, ambos de la Ley de Amparo.
IV.2. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos.
16. Este Tribunal Pleno considera que el segundo requisito también se cumple en el presente caso, pues ambos Tribunales Colegiados en sus respectivos ejercicios interpretativos analizaron un mismo problema jurídico, esto es, si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, puede ser considerado como representante legal para efectos del artículo 16 de la propia ley, esto es, para determinar si el autorizado en los términos mencionados puede continuar con el juicio de amparo en tanto interviene el representante de la sucesión en caso de fallecimiento del quejoso o tercero interesado.
17. En ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región sostuvo que, por representante legal debe entenderse que "se trata del representante procesal" a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo. Además, sostuvo que la intensión del legislador es que no se deje inaudita a quien en su caso afrontará las resultas del juicio, lo que evidentemente no sucede "si el juicio de amparo continúa hasta su resolución con la representación del autorizado".
18. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito consideró que, dado que el artículo 16 de la Ley de Amparo expresamente dispone que cuando fallezca el quejoso sólo el representante legal (entendido también como el mandatario o apoderado), es la persona legitimada para continuar con el juicio de amparo en que se ventilen derechos que no son estrictamente personales, ello implica que "cuando no exista tal designación, el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al ser un representante procesal, no cuenta con atribuciones para continuar con la sustanciación del juicio".
19. Luego, como los Tribunales Colegiados contendientes no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos, sino que sus ejercicios interpretativos y conclusiones resultaron opuestos, el Pleno de este Alto Tribunal sostiene que se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis y, por ende, es necesario que este Tribunal Pleno defina la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.
IV.3. Tercer requisito: Elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.
20. Los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados contendientes reflejan una discrepancia relacionada con la interpretación del artículo 16, en relación con el 12 de la Ley de Amparo, específicamente respecto de la porción normativa que señala que "el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión".
21. En ese sentido, la pregunta a responder para solucionar la presente contradicción es: ¿El autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, puede considerarse como "representante legal" para efectos del artículo 16 de la legislación en cita?
22. Previo a la fijación del criterio que debe prevaler, es necesario aclarar que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte no emitirá ningún pronunciamiento respecto de la porción normativa del artículo 16 de la Ley de Amparo, que refiere a la afectación de derechos estrictamente personales del quejoso o el tercero interesado, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes no se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para resolver alguna cuestión planteada a través de algún ejercicio interpretativo. De modo que no existe desacuerdo interpretativo que pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina respecto de dicho tema.
V. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER
23. Una vez descritos los criterios en contradicción y sentada la existencia de la misma, se procede a resolver la presente contradicción de tesis, siendo que para dicho propósito será necesario: (1) tener presente el texto de las disposiciones legales que serán objeto de interpretación y (2) determinar si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, puede considerarse como representante legal para efectos del artículo 16 de la legislación en cita.
1. Contenido de los artículos 12 y 16 de la Ley de Amparo, que serán objeto de interpretación.
"Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.
"En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior."
"Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión.
"Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el Juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate.
"Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto."
24. De la transcripción se advierte que el artículo 16 de la Ley de Amparo contempla que en caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Asimismo, el segundo párrafo prevé el caso de que si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente una vez que se tenga conocimiento de la defunción.
25. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que la porción normativa que refiere al "representante legal" del artículo 16 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el mismo sentido que la representación en términos generales, es decir, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 78/2006-SS,(15) esto es, como una facultad "en virtud de la cual una persona llamada representante realiza actos jurídicos en nombre de otra llamada representado", en forma tal que "el acto surte efectos en forma directa en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él", por lo que los derechos y obligaciones emanados del acto jurídico de que se trate se imputan directamente al representado.
26. Dicho en otras palabras, por representante legal a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Amparo, debe entenderse como quien tiene facultad para actuar, obligar y decidir en nombre del representado.
27. Luego de que el Pleno de esta Suprema Corte haya clarificado cómo es que debe interpretarse el término "representante legal" contenido en el artículo 16 de la Ley de Amparo, es necesario determinar si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, puede considerarse como un verdadero representante legal para efectos del artículo 16 de la legislación en cita.
3. (sic) Interpretación de la figura del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a efecto de determina
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29904-515ab6f4/representacion-en-caso-de-fallecimiento-de-la-parte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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