AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA RECOGER EL TÍTULO DE CRÉDITO EXPEDIDO A NOMBRE DEL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 255/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 14 DE JULIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: JAVIER EDUARDO ESTREVER RAMOS.
II. Competencia
8. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año y vigente a partir del veintidós siguiente en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
9. Lo anterior, bajo el contexto del contenido del artículo quinto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno.(2)
III. Legitimación
10. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima porque fue formulada por el autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa en los autos del juicio de amparo 577/2018 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Acapulco y del que derivó el recurso de queja 9/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Primer Circuito.
11. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación prescrito en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) así como 226, fracción II,(4) y 227, fracción II,(5) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
IV. Existencia de la contradicción
12. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de idéntico punto de derecho, aunque no provengan de cuestiones fácticas exactamente iguales.(6)
13. La existencia de la contradicción no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos se opongan, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
14. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
15. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios,(7) a saber:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a idéntico tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
16. En el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción de tesis. A continuación, se explicitan las razones de esa conclusión.
17. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los órganos colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
18. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en sesión de cinco de marzo de dos mil veinte, emitió resolución en el expediente del recurso de queja 9/2020 con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
• Grupo Inmobiliario Itai Pacific, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra diversos actos emitidos por múltiples autoridades del Estado de Guerrero. En dicho escrito, el apoderado designó autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (entre ellos el denunciante de la presente contradicción) y señaló que a esas personas las autorizaba, incluso, para recibir el título de crédito que en su caso se exhibiera para dar cumplimiento a la ejecutoria.
• El dos de julio de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito, entre otros aspectos, radicó la demanda y la admitió a trámite, tuvo por designados a los autorizados y respecto de la petición acordó: "... dígase que si bien los autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a efecto de que realice todos los actos procesales atinentes al presente asunto, ello en términos amplios para actuar en defensa de la parte quejosa dentro del procedimiento, por virtud de tal designación, también es verdad que tal dispositivo legal no los legitima para recibir valores, como si fueran sus mandatarios ..."
• Seguidos los trámites procesales el Juez de Distrito dictó sentencia en la que al declarar la inconstitucionalidad de los preceptos combatidos de la ley catastral respecto al cálculo del impuesto predial concedió el amparo y protección a la parte quejosa para los siguientes efectos: a) la inaplicación presente y futura de dichos preceptos y b) la restitución a la quejosa del total del numerario consignado en los recibos de pago del referido impuesto y su correspondiente actualización.
• Posteriormente, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento de la sentencia y adjuntó el título de crédito expedido a nombre de la sociedad mercantil quejosa. Mediante comparecencia, el apoderado de ésta tuvo por recibido el cheque y posteriormente hizo del conocimiento de la autoridad judicial que fue cobrado satisfactoriamente y los recursos depositados en la cuenta de la empresa. Consecuentemente, el juzgador emitió un acuerdo por el que declaró cumplida la sentencia de amparo.
• Inconforme con esa decisión, por conducto de su autorizado, la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad. Medio de impugnación que se declaró fundado en atención a que la cantidad devuelta por la autoridad responsable no contempló las actualizaciones correspondientes por el tiempo transcurrido y sólo así podría considerarse que se restituyó al quejoso en el pleno goce de las garantías infringidas.
• Lo anterior, dio origen a que el delegado de las autoridades municipales responsables exhibiera diverso título de crédito a nombre de la persona moral por una cantidad por concepto de actualización del pago del impuesto predial y sus accesorios.
• Así, el órgano jurisdiccional requirió a la quejosa para que, por conducto de su apoderado legal con poder bastante para el particular, acudiera a recoger el título de crédito. Es el caso que el autorizado de la persona moral presentó escrito a través del que hizo del conocimiento del juzgador la imposibilidad del apoderado para acudir al recinto judicial para tales efectos y solicitó autorización para que él pudiera recogerlo con la encomienda que posteriormente exhibiría el original del comprobante de depósito en la cuenta de la quejosa.
• El Juez de Distrito negó tal petición bajo el argumento de que esa actuación es de carácter personalísimo y sólo puede realizarla el apoderado legal de la moral quejosa. Tal determinación es la que dio origen el recurso de queja.
• En vía de agravios, el inconforme destacó que es autorizado en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, que en la demanda se le autorizó para recibir el título de crédito correspondiente; que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público por lo que la decisión impugnada es rigorista. Que el apoderado legal no reside en la ciudad sede del juzgado y ello genera dificultad y un gasto para el apoderado legal aunado a que el documento contiene la leyenda "para abono a cuenta del beneficiario" por lo que el juzgador inobservó el contenido del artículo 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Incluso, abundó, la cantidad amparada no es exorbitante y finalmente, el Juez podía imponer la obligación de exhibir el comprobante de depósito con apercibimiento de multa para el caso de incumplimiento.
• Motivos de inconformidad que fueron calificados como fundados por el Tribunal Colegiado.
• Indicó que, el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público y estudio oficioso de cuya observancia está interesada la sociedad y que en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, ningún expediente puede archivarse sino hasta tanto quede enteramente cumplida la sentencia amparadora sin excesos ni defectos. Posicionamiento que está respaldado jurisprudencialmente por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia.
• Abundó en el sentido de que tanto la parte quejosa como el tercero interesado están facultados para designar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (regulado en forma similar en el ordinal 24 de la ley abrogada), quienes conforme a los criterios jurisprudenciales de este Alto Tribunal tienen facultades enunciativas y no limitativas.(8)
• Con base en ello, concluyó, es procedente proveer favorable la petición del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para efectos de que le sea entregado el título de crédito emitido por la responsable en cumplimiento del fallo protector con el objeto de que sea depositado en la cuenta bancaria a nombre de la moral quejosa.
• Lo anterior, puesto que su autorización dentro del juicio de amparo fue hecha por el apoderado y representante de la empresa quejosa quien acreditó sus facultades en términos del instrumento notarial relativo. De lo que se sigue que el mandante de la quejosa demostró fehacientemente contar con facultades legales para designar autorizados e inclusive para sustituir y delegar esa representación.
• Para tales efectos, el Tribunal Colegiado consideró orientador el criterio jurisprudencial de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO."
• Asimismo, ponderó, que desde el escrito inicial de demanda aparece el nombre del autorizado y la solicitud para tenerlo autorizado para recoger títulos de crédito. Aunado a que el documento de valor analizado contiene la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" lo que impide que pueda hacerse mal uso del numerario dado que únicamente puede ser abonado en la cuenta del impetrante.
• Debido a ello, el juzgador tenía que considerar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia de amparo y en atención a esa exigencia debía tomar decisiones y acciones con ese objetivo y no, por el contrario, propiciar dificultades o imposibilidades.
19. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en sesión de quince de diciembre de dos mil dieciséis, al resolver el recurso de queja 132/2016, analizó un caso con las siguientes particularidades:
• Una persona física solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra diversos actos de autoridades del Estado de Querétaro. En su escrito inicial, autorizó en términos amplios para oír y recibir notificaciones y para ser representado durante el trámite del juicio a diversas personas y expresamente para recibir todo tipo de documentos y cheques.
• La autoridad jurisdiccional admitió parcialmente la demanda y en lo que aquí cobra relevancia, tuvo por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a las personas indicadas toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
• Sustanciado el procedimiento, el juzgador concedió la protección constitucional al considerar inconstitucionales diversos artículos de la norma impugnada y sus relativos actos de aplicación. Razón por la que determinó como efectos del fallo protector la inaplicación presente y futura de las disposiciones normativas, la cuantificación del total a pagar por el quejoso y el reintegro de la cantidad restante entre el pago mínimo de los derechos registrales y lo consignado en los actos de aplicación respectivos. Posteriormente, la autoridad responsable hizo del conocimiento que el cheque relativo estaba a disposición de la parte quejosa; por su parte, el juzgador emitió pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo.
• Es el caso que, a través de un escrito, el autorizado de la parte quejosa hizo del conocimiento que acudió a las instalaciones de la responsable para recibir el cheque expedido a nombre del quejoso, pero le negaron su entrega con el argumento de que sólo lo podían hacer al directo impetrante. Por ende, solicitó al Juez se le tuviera reconocida la facultad, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para recibir el documento de valor en comento.
• Al respecto, el Juez señaló que la entrega de numerario o cheque debe ser exclusivamente al directo quejoso o a su representante legal; salvo que el tercero que comparezca para su recepción acredite contar con poder con cláusula especial para la recepción de valores; esto, en virtud de que la figura del autorizado prevista en la Ley de Amparo es únicamente para efectos procesales.
• Inconforme con dicho proveído, el autorizado del quejoso interpuso recurso de queja. Los argumentos de agravio formulados se decantaron en el sentido de que lo resuelto limita la voluntad del quejoso para que los autorizados en términos amplios puedan recoger dicho título de crédito. La potestad para recibir documentos de valor no se encuentra en la Ley de Amparo y erróneamente aplicó el Código Federal de Procedimientos Civiles para nulificar la voluntad del quejoso.
• Consideró que si el artículo 12 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que el autorizado lleve a cabo actos vinculados con la defensa de los derechos del autorizante, no pueda recoger un documento de valor expedido a nombre del quejoso (lo que conlleva que es intransferible) y esa decisión es contraria al derecho fundamental de acceso a la justicia.
• Agregó que, si bien el artículo referido no contempla la entrega de valores, no existe prohibición para que el quejoso pueda delegar esa facultad a su autorizado; en este sentido, respaldó sus afirmaciones con los criterios de rubros: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." y "AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO NO CONDICIONA EL RECONOCIMIENTO DE SU AUTORIZACIÓN Y SU PLENA EFICACIA A LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LA ADMITA EXPRESAMENTE EN EL PRIMER AUTO QUE PRONUNCIE, ANTE LO CUAL LA NOTIFICACIÓN ENTENDIDA CON AQUÉL ES LEGAL."
• El Tribunal Colegiado calificó los agravios como inoperantes e infundados.
• Lo primero debido a que el Juez en ningún momento fundó su decisión en el contenido del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Civiles y tampoco sobre el razonamiento de que la autorización reconocida desde el auto admisorio haya caducado; es decir, el recurrente partió de premisas falsas.
• Lo infundado es consecuencia de que es desacertado estimar que por el hecho de admitir la demanda debe entenderse que el Juez le reconoció esa facultad al autorizado; lo único que reconoció son sus facultades procesales para intervenir en el juicio de amparo, esto es, para interponer los recursos que procedan, ofrezca y rinda pruebas, alegue en las audiencias, solicite su suspensión o diferimiento; o bien, cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del quejoso.
• Esa autorización que se le otorgó no conlleva una total delegación de los derechos del justiciable, sino que es una figura procesal con el objeto precisamente de que una persona represente al quejoso en la defensa de sus intereses.
• Para abundar en su decisión, el Tribunal Colegiado aludió al contenido de la ejecutoria emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/98 en la que se dijo que las facultades otorgadas al autorizado en materia de amparo no deben entenderse de manera limitativa sino enunciativa; asimismo, tendentes a lograr la defensa de los derechos del autorizante de conformidad con la tesis de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA."
• Por ello, dijo, no es posible extender la autorización en los términos que lo pretendió el recurrente, es decir, ante la ausencia de prohibición ya que, insistió, las facultades resultan enunciativas y deben entenderse en congruencia legal con la finalidad de establecer la defensa de los derechos del quejoso.
• Por tanto, de extender la autorización para que, en nombre del quejoso, se reciba dinero, cheque o cualquier valor con motivo de la protección constitucional, ya no tiene el cariz de representación procesal de intereses, sino el de la disposición del derecho defendido y protegido dentro del juicio constitucional.
• Por ende, aun cuando el cheque es intransferible e identificado para el quejoso no puede estimarse que la facultad otorgada es concomitante con su representación procesal, ya que la entrega implica necesariamente un acto mediante el cual de forma personal se restituye al quejoso en el goce y disfrute del derecho violado; lo anterior, constituye un beneficio exclusivo del quejoso en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.
• Consecuentemente, de la interpretación conjunta de los artículos 12 y 77, fracción I, del ordenamiento invocado se desprende que los efectos de una concesión de amparo deben implicar, necesariamente, de forma directa y sin intermediarios al solicitante de amparo, para que sea éste quien, consciente del beneficio constitucional que obtuvo, pueda gozar de la restitución de sus derechos.
• Razonamiento que además consideró parte del principio de instancia de parte agraviada, pues aquella persona que ha resentido una afectación directa o indirecta en su esfera de derechos debe recibir el beneficio constitucional de manera directa sin que exista de por medio alguna persona en su nombre.
• Agregó, conforme a lo determinado en la contradicción de tesis 103/2015 de este Alto Tribunal la autorización procesal prevista en el numeral 12 de la Ley de Amparo no constituye una representación, sino una autorización, la cual puede acompañarse de facultades amplias para intervenir en el juicio en el que se le autoriza que se circunscriben al trámite y resolución del proceso y no puede equipararse a una delegación de facultades en sentido amplio como si se tratara de un nuevo poder general para pleitos y cobranzas, puesto que con la autorización no se otorgó la capacidad de accionar ante cualquier autoridad, ya que sólo dotó de la facultad para actuar en un juicio y llevar a cabo cualquier impulso procesal para que el procedimiento llegue a un término favorable.
• En ese sentido destacó que conforme a lo sostenido por esta Sala en la tesis de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO.", el autorizado puede llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte que lo designó y no aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado.
• Línea argumentativa que el Tribunal Colegiado sostuvo es acorde con el principio pro persona visto a la luz del derecho de acceso a la justicia previstos en los artículos 1o. y 17 constitucionales, en relación con los 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como a la tesis 1a. CCLXXVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala, pues al considerar que el juicio de amparo es un mecanismo efectivo en el acceso a la justicia; por ende, interpretar que el autorizado en materia de amparo no tiene la facultad reconocida de comparecer en nombre del quejoso para recibir el cheque o numerario destinado en su beneficio, en cumplimiento al fallo protector; es acorde con el diseño constitucional del principio pro persona en relación con el derecho de acceso a la justicia.
• Lo anterior, dijo, sin desconocer que ante la naturaleza de determinados actos reclamados o derechos en pugna la parte quejosa pueda mediante instrumento o poder facultar a un tercero para que en su nombre reciba o gestione lo necesario para ver satisfecha la protección constitucional.
• Consideraciones anteriores que dieron origen a la tesis aislada de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTAD PARA RECIBIR DINERO, CHEQUE O VALOR QUE DEBA ENTREGARSE AL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."
20. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes sí existió un punto de toque con respecto a la resolución de idéntico tipo de problema jurídico.
21. En efecto, se advierte que cada uno de los órganos jurisdiccionales involucrados en la controversia analizaron, en la etapa de cumplimiento y ejecución del juicio de amparo, si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y con solicitud expresa, está facultado para recibir el título de crédito expedido a favor del directo quejoso con motivo de la concesión de amparo.
22. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, arribó al convencimiento de que en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y estudio oficioso, el juzgador debe ponderar las circunstancias particulares del caso y si advierte que el quejoso otorgó al autorizado facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo que son enunciativas mas no limitativas y expresamente le encomendó recoger títulos de crédito; aunado a que en el documento de valor se inscribió la leyenda "para abono a cuenta", debe tomar decisiones y acciones que faciliten el cumplimiento de la sentencia y no, por el contrario, propiciar dificultades o imposibilidades.
23. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, resolvió en distinto sentido, esto es, consideró que aun cuando las facultades otorgadas por el artículo 12 de la Ley de Amparo son enunciativas y no limitativas, su interpretación debe ser bajo la óptica de que las diligencias que lleve a cabo el autorizado deben estar encaminadas a la defensa de sus intereses dentro de ese juicio; por ende, no puede recibir, en nombre del quejoso, el cheque que se expide a favor de éste en cumplimiento de una sentencia de amparo, ya que estaría disponiendo del derecho defendido y protegido dentro del juicio constitucional.
24. Lo anterior, dijo, sin soslayar que la autorización se haya formulado desde el escrito inicial de demanda y aunque el documento de valor resulte intransferible ya que es imperioso que el directo quejoso reciba, en diligencia formal, el título de crédito para que en forma directa y sin intermediarios esté consciente del beneficio constitucional que obtuvo y con ello goce de la restitución de sus derechos. Máxime que la autorización en comento no puede equipararse a una delegación de facultades en sentido amplio como si se tratara de un poder general para pleitos y cobranzas.
25. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba al convencimiento de que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicciones en sus razonamientos, da lugar a la formulación de una pregunta genuina en los siguientes términos: ante la solicitud expresa del quejoso en el sentido de que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo pueda recoger títulos de crédito y valores expedidos a favor del impetrante, la autoridad jurisdiccional en la etapa de cumplimiento y ejecución de sentencia, como consecuencia de la concesión de amparo, ¿debe estimar que esa autorización tiene el alcance de facultarlo para tales efectos y, por ende, entregarle el documento de valor respectivo?
26. Para dar contestación a esa interrogante, se estima oportuno recordar la línea argumentativa que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expuesto en relación con diversos tópicos.
27. En principio,(9) de conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o. y 6o. de la Ley de Amparo,(10) el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada" que implica que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que es Parte el Estado Mexicano.
28. Se abundó en el sentido de que, en el contexto constitucional, sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarlo.
29. Ahora en los referidos ordenamientos de la Ley de Amparo se regula la legitimación para promoverlo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5o., fracción I, de ese ordenamiento, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
30. Cierto es que el derecho subjetivo de acción, en principio, corresponde directamente a la persona –física o moral– titular de un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales que se consideran vulnerados, derivado de contar con un interés ya sea jurídico o legítimo; la Ley de Amparo en sus artículos 10 y 11(11) autoriza que la persona afectada(12) pueda ser representada, ya sea por su representante o por su apoderado legal, cuya personalidad en el juicio puede justificarse en la forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, estarse a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.
31. Dichas figuras jurídicas entendidas como la calidad procesal para actuar en un juicio a nombre de otro constituyen la expresión de un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30178-e298fdc5/autorizado-en-terminos-amplios-del-articulo-12-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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