AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR AUTORIZADOS PARA ACTUAR EN EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 103/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 17 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, pues se refiere a la posible contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue presentada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, lo cual encuentra fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
TERCERO.-Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito
Ese Tribunal Colegiado de Circuito, el ocho de abril de dos mil diez, al resolver el amparo en revisión administrativo **********, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO.-Resulta innecesario analizar la sentencia recurrida a la luz de los agravios vertidos por la parte recurrente, en virtud de que el presente recurso de revisión es improcedente.
"De inicio, es conveniente traer a cuento, en lo que aquí interesa, los antecedentes del juicio de amparo indirecto fuente del presente toca.
"El diecisiete de julio de dos mil nueve, **********, a través de su apoderado jurídico **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas éstas y aquéllos en el resultando primero de esta ejecutoria.
"A fin de justificar su calidad de apoderado jurídico, ********** allegó a la demanda de amparo copia certificada de la escritura pública doscientos dieciséis, de veintitrés de noviembre de dos mil seis, a cargo del notario público número **********, con ejercicio en la ciudad de Monclova, Coahuila, que contiene poder general para pleitos y cobranzas que otorgó la empresa quejosa, y en la cláusula primera, entre otras cosas, se pactó:
"‘Limitación. Los apoderados no podrán suscribir, endosar o avalar títulos y operaciones de crédito, en los términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no podrán tampoco (sic) otorgar fianzas ni avales ni otorgar poderes generales o especiales ni revocar unos ni otros, en ningún caso los apoderados podrán realizar actos de dominio.’
"A su vez, en la demanda de amparo, solicitó al Juez de Distrito que tuviera como autorizados en términos amplios del artículo 27 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, entre otros, a **********, lo cual, mediante proveído de veinte de junio de dos mil nueve, se acordó favorablemente.
"Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/2007, sostuvo que al autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, a partir de su reforma de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se le dio la investidura de un verdadero mandatario judicial, lo cual se estableció con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos de las partes, en este caso del agraviado y del tercero perjudicado en el juicio de amparo, siempre que se cumpla con la condición de que los actos que ejecute estén dirigidos a la defensa de los derechos de su autorizante, esto es, que el legislador creó un mandato judicial de tipo especial al disponer que el autorizado estará facultado para realizar los actos que específicamente se determinan en dicho precepto, así como para ‘realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante’.
"De ese criterio surgió la jurisprudencia P./J. 195/2008, consultable en la página cinco del Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESISTIR DEL RECURSO DE REVISIÓN.-Aun cuando el artículo 27 de la Ley de Amparo, al disponer que el autorizado en los términos amplios de ese precepto, está facultado para «realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante», está otorgando una diversidad importante de facultades de representación procesal, dentro de ellas no puede considerarse inmersa aquella que permita al autorizado desistirse del recurso de revisión en el juicio de amparo, lo anterior, porque no obstante que en virtud de la reforma a ese precepto se instituyó al autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en un verdadero mandatario judicial, dicho autorizado no puede ir más allá de lo establecido en la regla general contenida en el diverso numeral 14 de la Ley de Amparo, que rige al mandato judicial en materia de amparo, en la que se señala una restricción al mandatario para ejercer actos de desistimiento. Además, tratándose del desistimiento del juicio de amparo y los procedimientos y recursos que de él deriven, es necesario que el órgano judicial constate de manera indubitable que el interesado de manera personal, libre y auténtica desea renunciar a la continuación de una acción intentada en contra de un determinado acto en la instancia constitucional.’
"Como se ve de todo lo antes expuesto, el apoderado jurídico de **********, está impedido, entre otras cosas, para otorgar poderes generales o especiales; asimismo, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, se considera un auténtico representante judicial, esto es, un mandatario judicial de tipo especial, al disponer que estará facultado para realizar los actos que específicamente se determinan en dicho precepto, así como para ‘realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante’.
"Ahora, si bien es cierto que el quejoso y el tercero perjudicado pueden designar autorizados para oír notificaciones en su nombre y facultarlo para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o prescripción y realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, también lo es que cualquiera de las partes puede estar representada en juicio a través de sus apoderados o por virtud de alguna figura prevista en la ley del acto reclamado, tal y como sucede en el caso a estudio, por lo que si de los autos del juicio de amparo se advierte que el apoderado jurídico de la parte quejosa está limitado en el encargo de su ejercicio, como lo es el impedimento para otorgar poderes generales o especiales, es inconcuso que el recurso que interponga dicho autorizado debe desecharse por improcedente.
"Sentado lo anterior, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que **********, en su carácter de apoderado jurídico de la empresa quejosa, no está facultado para autorizar en este juicio de amparo a licenciados en derecho en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, por estar impedido para otorgar poderes generales y especiales, según se advierte del instrumento público que acompañó a su escrito de demanda, esto es, la sociedad mercantil quejosa quiso que la representación de sus intereses estuviera a cargo precisamente de su apoderado, y no permitió que éste delegara esa representación, lo que indebidamente hizo en el caso, pues, como ya se vio, dicha autorización se equipara a un auténtico representante judicial, esto es, un mandatario de tipo especial, sin que pueda llegar al extremo de justificar tal designación bajo el argumento de que lo realizó como un acto necesario para la defensa de su poderdante, razón por la cual, debe desecharse por improcedente el recurso de revisión que nos ocupa.
"Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 113/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos veintidós del Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"‘SÍNDICO. AL CARECER DE FACULTADES PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL AYUNTAMIENTO, NO PUEDE COMPARECER AL JUICIO LABORAL POR CONDUCTO DE APODERADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-De conformidad con el artículo 52, fracción III, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el síndico debe representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte, y si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 121 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, las partes podrán comparecer al juicio laboral directamente o por conducto de apoderado legalmente autorizado, también lo es que el demandado no es el síndico, por lo que no es parte en el juicio, sino el Ayuntamiento, de manera que es precisamente aquel quien comparece en representación de éste, por estar legitimado y obligado a ello o, en su caso, la comparecencia se hará por conducto de los apoderados designados por el propio Ayuntamiento, toda vez que el referido artículo 52, fracción III dispone «sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados»; por lo que no puede inferirse que el síndico tenga facultades para delegar la representación del Ayuntamiento en favor de otras personas; es decir, en todo caso, corresponde al propio Ayuntamiento designar apoderados o procuradores especiales que, además del síndico, puedan representarlo en las controversias en que aquél sea parte.’
"No pasa inadvertido a este Tribunal Colegiado que el Juez de Distrito, previa solicitud del apoderado jurídico de la empresa quejosa, facultó a ********** para intervenir en esta acción constitucional como autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, y que tal determinación no fue impugnada por los terceros perjudicados; sin embargo, como se advierte del juicio de amparo indirecto de origen, la contraparte de la quejosa es el **********, por lo que se surten las hipótesis previstas en los artículos 212 y 227 de la Ley de Amparo, que dicen:
"‘Artículo 22. Con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, se observarán las disposiciones del presente libro segundo en los siguientes juicios de amparo:
"‘I. Aquellos en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los núcleos de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, lo mismo si las entidades o individuos mencionados figuran como quejosa que como terceros perjudicados.
"‘II. Cuando los actos reclamados afecten o puedan afectar otros derechos agrarios de las entidades o individuos a que se refiere la fracción anterior, sea que figuren como quejosos o como terceros perjudicados.
"‘III. Aquellos en que la consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos que hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidatarios o comuneros.’
"‘Artículo 227. Deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, en los juicios de amparo en que sean parte como quejoso o como terceros, las entidades o individuos que menciona el artículo 212; así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios.’
"De tal suerte que, aunque, como se tiene dicho, el **********, no haya impugnado aquella determinación ante el Juez de Distrito de origen ni en este toca de revisión, nada impide a este órgano jurisdiccional realizar este estudio, pues la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la suplencia de la queja en materia agraria, es uniforme en señalar que la misma es absoluta y sin restricciones.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos setenta y siete del Tomo III, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"‘AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA CUANDO LAS PARTES EN EL JUICIO SON NÚCLEOS DE POBLACIÓN.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo, cuando en los amparos en materia agraria una de las partes sea un núcleo de población, el juzgador está obligado no sólo a recabar oficiosamente las pruebas documentales suficientes para precisar los derechos agrarios de dicho núcleo así como la naturaleza y los efectos de los actos reclamados, sino también a acordar las diligencias necesarias para el mismo fin, entre las que se encuentra el desahogo oficioso de la prueba pericial; con mayor razón si las partes quejosa y tercero perjudicada están constituidas por núcleos de población, dado que la finalidad primordial de la tutela específica de que son objeto éstos por parte de las disposiciones del libro segundo de la Ley de Amparo, es la de resolver, con conocimiento pleno (mediante el cumplimiento de aquellas obligaciones) de los hechos controvertidos, los problemas en los que se vean involucrados los propios núcleos, y no únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de garantías. De tal manera que en los casos en que tanto el quejoso como el tercero perjudicado sean sujetos de la mencionada acción tutelar, el juzgador no deberá dictar sentencia mientras no cuente con todas las constancias y elementos indispensables para resolver, con pleno conocimiento de los hechos debatidos, los problemas planteados en la controversia constitucional.’
"Asimismo, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dos mil novecientos noventa, Parte II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del tenor:
"‘AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA, OPERA AUN ANTE LA FALTA DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA.-La suplencia de la queja en el juicio de garantías en materia agraria prevista en el cuarto párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Federal, y tratándose del recurso de revisión en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Amparo, procede no sólo cuando los agravios son deficientes, sino también cuando no se expresa agravio alguno en el escrito de revisión, que debe conceptuarse como la máxima deficiencia, porque el amparo agrario constituye un régimen protector de la garantía social agraria, para la eficaz defensa del régimen jurídico creado por las resoluciones presidenciales dotatorias o restitutorias de tierras, que son de interés público nacional.’
"Por último, no representa obstáculo el hecho de que la presidencia de este órgano de control constitucional haya admitido a trámite el presente recurso de revisión, pues cabe establecer que no cuenta con el tiempo suficiente para analizar profundamente todas esas cuestiones, en virtud de que el numeral 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, le otorga un término de veinticuatro horas para acordar los escritos recibidos, de ahí que resulte inconcuso que sea el Pleno de este Tribunal Colegiado quien realice una reflexión exhaustiva a fin de resolver el asunto conforme a derecho; máxime que los proveídos de esa naturaleza no causan estado.
"Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en la página cuatrocientos cuarenta y nueve del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente:
"‘AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO LOS.-Los autos de presidencia no causan estado, por ser determinaciones tendientes a la prosecución del procedimiento, para que finalmente se pronuncie la resolución correspondiente, por lo que el tribunal no está obligado a respetarlos si se admite a trámite un juicio de amparo, y del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias de autos, se advierte que el órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto, en términos del artículo 46 de la ley de la materia’."
Del asunto en comento se derivó la tesis aislada VIII.A.C.9 K,(1) que a continuación se transcribe:
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. EL APODERADO CON LIMITACIÓN PARA DELEGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNARLO.-El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/2007-PL, sostuvo que al autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo se le otorga un verdadero mandato judicial de tipo especial, al quedar facultado para realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del quejoso. En estas condiciones, el apoderado con limitación para delegar poderes generales o especiales no está facultado para designar a licenciados en derecho en tales términos, ya que el mandante limitó expresamente la representación de sus intereses para que se lleve a cabo por su apoderado y no por terceros, sin que se justifique dicha autorización bajo el argumento de que se hizo como un acto necesario para la defensa de su poderdante pues, se insiste, hay limitación expresa para esa delegación."
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito
El citado órgano colegiado, al resolver, el cuatro de marzo de dos mil quince, el recurso de queja **********, sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
"SEXTO.-... Como se adelantó, son infundados los argumentos que propone la parte recurrente en su único agravio.
"En efecto, no asiste razón jurídica a la parte tercero interesada, porque en opinión de quienes resuelven, fue correcto que el Juez de Distrito desestimara la solicitud de la parte tercero interesada, pues no es verdad que con la autorización de **********, con el carácter de abogado autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no implica que se estén delegando las facultades que le fueron conferidas únicamente a los apoderados para pleitos y cobranzas de la persona moral **********, asociación civil.
"Es así, porque los abogados autorizados en términos del (sic) amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, constituyen solamente una representación judicial cuya intervención en el proceso no importa una delegación de facultades en sentido amplio, pues aquél sólo puede intervenir en los casos que dispone la ley, y en tanto se trate de defender la defensa de su autorizante dentro del juicio de amparo, pero no le permite concurrir a nombre de éste en procedimientos diversos al de amparo o de otra índole, pues es aquí donde sólo el apoderado para pleitos y cobranzas puede intervenir.
"En este contexto, la figura del apoderado legal se efectúa mediante mandato, en los términos que establezca el Código Civil; mientras que la de abogado autorizado, se hace mediante escrito presentado al juzgador, y con el solo hecho de su designación, lo que les faculta para llevar a cabo todos los actos que correspondan a la parte que los designó, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la persona del interesado.
"De esto se pone de manifiesto que la parte recurrente confunde los términos de delegación y autorización, ya que los señala como sinónimos; sin embargo, cada uno tiene una connotación distinta.
"Al respecto, debe atenderse que la Real Academia Española, consultable en su portal electrónico http://www.rae.es, define la acción de autorizar y delegar como sigue:
"‘Autorizar. tr. Dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo. 2. tr. Dicho de un escribano o de un notario: Dar fe en un documento. 3. tr. Confirmar, comprobar algo con autoridad, texto o sentencia de algún autor. 4. tr. Aprobar o abonar. 5. tr. permitir. 6. tr. Dar importancia y lustre a alguien o algo.’
"‘Delegar. 1. tr. Dicho de una persona: Dar a otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio, para que haga sus veces o para conferirle su representación.’
"De acuerdo con lo anterior, la distinción estriba en que el apoderado legal interviene mediante poder general para pleitos y cobranzas para actuar en representación de la empresa y el abogado autorizado únicamente con la designación mediante ocurso presentado ante el juzgador, por aquel que tiene facultades conferidas en el poder; esto es, el primero es un mandatario o representante legal, y los segundos sólo tienen el carácter de autorizados o representantes procesales para llevar todos los actos en juicio que correspondan a la parte que los designó.
"Dicho en otras palabras, el citado apoderado legal cuenta con la capacidad para accionar el juicio de amparo y puede facultar a un tercero para que continúe con los actos procesales inherentes al mismo, lo que no implica que se le otorga legitimidad procesal; sin embargo, al autorizado sólo se le permite realizar actos únicamente en el juicio para el que se le confiere las facultades y siempre en pro de la defensa de su autorizante.
"Ahora bien, en el caso concreto, el apoderado legal de **********, esto es, **********, quien tiene poder para pleitos y cobranzas contenido en la escritura pública nueve mil novecientos ochenta y ocho, ‘sin facultades para delegar’, expedido en términos del artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal, señaló en su demanda de amparo como abogados autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, entre otros, a **********.
"Lo expuesto se advierte de la parte conducente, que dice: (foja 31 del cuaderno de queja)
"‘Notaría Pública No. **********
"‘**********
"‘Libro **********.-Escritura pública número **********.-En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, al día 1-uno del mes de abril del año 2014-dos mil catorce. ... Primera: **********, por conducto de su apoderado general el señor **********: Designa como apoderado general de esta asociación al ********** (a quien en lo sucesivo en esta cláusula se le denominará como el «apoderado general»).-Confiere a favor del apoderado general, los siguientes poderes y facultades mismos que podrán ser ejercidos en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, actuando en forma individual el apoderado general, sin facultades para delegar, otorgar ni sustituir poder o facultad alguno.-I) Poder general para actos de administración, en los términos del segundo párrafo del artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil para el Estado de Nuevo León, su correlativo el 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal de sus correlativos en los Códigos Civiles del Distrito Federal y de los Estados de la República, con las limitaciones siguientes: el apoderado general no podrá comprar ni vender inmuebles, no podrá ejercer actos de administración ante instituciones financieras y/o de crédito, tales como bancos, casa de bolsa, casas de cambio, sociedades de inversión, instituciones de seguros y fianzas y/o cualquier otra entidad legal de naturaleza similar (todas ellas nacionales o extranjeras) y sólo otorgará contratos de garantía, cuando esta garantía sea a favor de **********.-II) Poder general para pleitos y cobranzas, para representar a **********, ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, de los Municipios, de los Estados, del Distrito Federal y de la Federación, así como ante autoridades del Trabajo, Juntas Federales y Locales de Conciliación, Juntas de Conciliación y Arbitraje o de cualquier otra índole, o ante árbitros, con el poder más amplio para pleitos y cobranzas en los términos del primer párrafo del artículo 2448 (dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho) del Código Civil para el Estado de Nuevo León, su correlativo artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles del Distrito Federal y de los Estados de la República, incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme la ley, incluidas en el artículo 2481 (dos mil cuatrocientos ochenta y uno) del Código Civil para el Estado de Nuevo León ...’
"De lo expuesto se tiene que el artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal dispone, en lo que interesa:
"‘Artículo 2554. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
"‘...
"‘Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.
"‘Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.’
"Del precepto en comento se desprende que al otorgarse un poder para pleitos y cobranzas en los términos más amplios, se le confiere al apoderado todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna; debiéndose hacer constar las limitaciones en el caso de existir.
"De esto se sigue que entre esas facultades generales puede nombrar a cualquier persona con capacidad legal y autorizarla en el juicio a efecto de que puedan procurar su defensa en el juicio de amparo, exigiéndose en la materia administrativa, únicamente que ejerza la profesión de licenciado en derecho.
"En efecto, el artículo 12 de la Ley de Amparo dispone que:
"‘Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá subsistir o delegar dichas facultades en un tercero.
"‘En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior.’
"De lo expuesto, se tiene que aun cuando el representante legal tiene originalmente las facultades y obligaciones para instaurar el procedimiento, esa figura no es equiparable al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que aquel mandato requiere de la satisfacción de requisitos especiales, como lo es la escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los Jueces o autoridades administrativas correspondientes.
"Requisitos éstos que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo.
"Esto es, en el caso de la autorización procesal prevista por el legislador en amparo, destaca que, lejos de conferirse al autorizado una representación, únicamente se le confiere el carácter de persona autorizada, pues aun cuando tal autorización pueda acompañarse de ‘facultades amplias’ para intervenir en el juicio en el que se le autoriza, es relevante que el destinatario de las mismas sólo cuenta con una autorización en la que el legislador no previó que sea un representante legal, por lo que el alcance de las facultades procesales respectivas necesariamente se circunscribe al trámite y resolución del proceso en el que se le autoriza, sin que el autorizado cuente con representación de los intereses del autorizante, pues, se reitera, con motivo de la autorización, lejos de constituirse un poder o un mandato judicial, solamente se confieren al autorizado facultades orientadas a facilitar la realización de los actos procesales necesarios para la defensa de los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25821-3b0bd6e7/autorizado-en-terminos-amplios-del-articulo-12-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DEMANDA DE AMPARO. PARA SUSCRIBIRLA, EL APODERADO GENERAL JUDICIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2207 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, DEBE CONTAR CON TÍTULO DE ABOGADO O LICENCI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 25 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTORIZADO EN TÉRMINOS DE LA PRIMERA PARTE DEL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PERSONA AUTORIZADA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. GOZA DE FACULTADES AMPLIAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA DEFENSA DEL AUTORIZANTE, S (XXX.4o.1 K (12a.))
- APODERADO LEGAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. CUENTA CON FACULTADES PARA RECONOCER, EN NOMBRE DE SU MANDANTE, LA FIRMA QUE CALZA LA PROMOCIÓN CON LA QUE ÉSTE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO (VII.2o.C.16 K (11a.))
- AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO NO CONDICIONA EL RECONOCIMIENTO DE SU AUTORIZACIÓ (VI.2o.C.266 K)
- DEMANDA, ACLARACION DE LA, CONFORME AL ARTICULO 27, REFORMADO, DE LA LEY DE AMPARO, EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL O ADMINISTRATIVA, EL AUTORIZADO PARA OIR NOTIFICACIONES QUE ACR (III.2o.A. 24 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis