ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN AYUNTAMIENTO DE CUMPLIR LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN EL QUE ES PARTE DEMANDADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 103/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ALAN CASTRO ROCHA.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veinte de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Octavo Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si tratándose del incumplimiento por parte de un Ayuntamiento del Estado de Tlaxcala, a una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil en el que figuró como parte demandada, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 y, por tanto, constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto al no ser factible embargar bienes de su propiedad.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio firmado electrónicamente el veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado Tlaxcala, con residencia en Apizaco, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 33/2016 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al resolver el recurso de queja 191/2023.
4. Trámite de la denuncia. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, el entonces magistrado presidente de este Pleno Regional radicó la contradicción de criterios dando origen al expediente 103/2024.
5. Asimismo, solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes que informaran si los criterios materia de la denuncia se encontraban vigentes y, por otra parte, que pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos relativos a los asuntos de su conocimiento, respondiendo ambos tribunales colegiados en el sentido de que aún conservaban su criterio.
6. Por otra parte, solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si en el caso existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asociada con la temática aquí planteada. Lo anterior, se atendió a través del oficio DGCCST/X/262/03/2024, ingresado vía correo electrónico oficial, el doce de marzo de dos mil veinticuatro, en el sentido de que no existía contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el solicitado.
7. Confirmación de turno. Al encontrarse debidamente integrado el expediente, en auto de presidencia de siete de junio de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno del presente asunto para la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández.
8. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el período de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
9. Nueva integración del Pleno. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
10. Aplazamiento. El asunto se presentó en sesión de doce de diciembre de dos mil veinticuatro, sin embargo, el pleno de este órgano determinó aplazar su resolución, volviéndose a listar para ser discutido en la presente fecha.
11. Nueva integración del Pleno. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Guillermina Coutiño Mata, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
12. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
II. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del propio Consejo, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, estos últimos ordenamientos reformados mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados correspondiente a esta región (vigésimo octavo circuito).
III. LEGITIMACIÓN
14. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 33/2016.
16. Demanda de amparo indirecto. Una sociedad mercantil, por conducto de su representante legal, promovió una demanda de amparo indirecto en contra de la siguiente autoridad y acto reclamado:
“III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Tiene este carácter la persona moral oficial denominada MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.
IV. OMISIÓN QUE IMPUGNO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La omisión de pagar a la persona moral ******** la cantidad de ******** en cumplimiento a la condena dictada en el resolutivo cuarto de la sentencia que obra en el expediente 321/2009-IV, relativo al juicio ejecutivo mercantil radicado en el Juzgado Primero de Distrito con residencia en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala”.
17. Radicación. De la demanda de amparo correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, cuyo titular, por auto de catorce de septiembre de dos mil quince, la radicó con el expediente 1198/2015 y previno a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado e indicara si era su deseo tener como autoridad responsable al titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
18. Admisión. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil quince, se tuvo a la promovente aclarando que no era su deseo llamar a juicio al titular del referido juzgado y que reclamaba en esencia la omisión de pago en que incurrió la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, derivado de ello, el juez de Distrito tuvo por desahogada la prevención efectuada, admitió a trámite la demanda, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención legal a la representación social de su adscripción y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
19. Sentencia de amparo indirecto. Substanciado el trámite, el veintitrés de noviembre de dos mil quince se celebró la audiencia constitucional y el tres de diciembre siguiente, el juez de Distrito dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio al estimar que la omisión reclamada no era un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.
20. Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, bajo el expediente 33/2016, cuyos magistrados integrantes, en sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, confirmaron la sentencia impugnada, con base en las consideraciones siguientes:
“OCTAVO. A. I. En el considerando sexto de la resolución constitucional recurrida, el A quo sobreseyó en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia.
(...)
II. De lo anterior, destaca que el argumento toral sobre el cual descansan los motivos de disenso del recurrente, consiste en que si bien en el Código de Comercio se prevé al embargo como figura procesal para lograr el cumplimiento de una sentencia condenatoria; lo cierto es que, tratándose de los Municipios del Estado de Tlaxcala, existe una prohibición para imponer en su contra medidas de apremio o mandamientos de ejecución forzosa; derivado del contenido de los numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, 41, 47 y 48 de la Ley del Patrimonio Público de esta entidad federativa.
(...)
IV. Al tenor de los citados precedentes, se puede establecer lo siguiente:
1. El artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, en principio, prevé una regla general de igualdad procesal, consistente en que dentro del procedimiento judicial regido bajo las disposiciones de ese ordenamiento jurídico adjetivo, cualquier institución, servicio y/o dependencia de la administración pública de la Federación o Estatales, así como los Ayuntamientos, estarán colocados en la misma situación que cualquier otra parte en el procedimiento.
2. Es decir, que la condición de ser entes públicos pertenecientes a la administración pública federal, estatal o municipal, no incide para establecer alguna distinción con las demás partes que no tengan ese carácter, para efectos de la aplicación de las reglas del proceso.
3. Dicha porción normativa, introduce una regla específica con la que se acota a la primera a través de dos excepciones, a saber.
a) No se podrá dictar en contra de los entes públicos allí referidos, mandamientos de ejecución ni providencias de embargo; y,
b) Estarán exentos de prestar las garantías señaladas en la propia codificación civil federal.
4. Conforme a dichas excepciones al principio de igualdad procesal, en los juicios sustanciados bajo las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, las partes que tengan el carácter de entes públicos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, no podrán ser conminadas a exhibir las garantías que para determinados actos procesales exige dicho ordenamiento, ni podrán ser sujetas de mandamiento de ejecución forzosa para hacer cumplir coactivamente la sentencia que en su caso se dicte; por lo que sus bienes no podrán ser embargados para ese fin.
5. El privilegio procesal de imposibilidad de trabar embargo o desplegar una ejecución forzosa de inembargabilidad de los bienes de los referidos entes públicos, previsto en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, es adicional, distinto, e independiente, de las disposiciones que en materia de embargo, deriven de las propias reglas legales que resulten aplicables a los casos concretos.
6. De ese modo, si en el procedimiento conforme al cual se dictó la sentencia condenatoria que ha de cumplimentarse por parte del ente público, se rige por un ordenamiento diverso al federal adjetivo civil, independientemente que éste sea supletorio de aquél, debe verificarse si se prevé algún procedimiento para ejecutar la sentencia; puesto que de existir, el plano de coordinación seguirá subsistiendo entre las partes.
7. Por ende, en el supuesto que de acuerdo a la legislación respecto de la cual se desplegó el procedimiento jurisdiccional de origen, se advierta una normatividad tendente a obtener el cumplimiento y ejecución del fallo que se emita, resultará evidente que no se está en presencia de una desigualdad entre las partes; lo que produciría la carencia de un acto de autoridad para efectos de la acción constitucional.
V. Precisado lo anterior, resulta indispensable establecer si, en la especie, la legislación conforme a la cual se rige el juicio ejecutivo mercantil de origen, contempla un procedimiento que permita la ejecución y cumplimiento forzoso del fallo condenatorio.
(...)
En el capítulo XXVII del aludido cuerpo normativo, denominado: ‘De la ejecución de las sentencias’, en sus artículos 1346 y 1347, se dispone lo siguiente:
(...)
Del numeral transcrito en segundo lugar, se advierte que la ejecución de la sentencia se puede obtener mediante el embargo; aspecto que, en principio, denota que el propio Código de Comercio sí contempla la posibilidad de desplegar un medio tendente a lograr coactivamente el cumplimiento del fallo condenatorio.
VI. No obstante, cabe destacar que en dichas porciones normativas no se definen o enlistan los bienes que, siendo propiedad de algún Municipio del Estado de Tlaxcala, pueden ser materia de embargo.
En tal virtud, debe acudirse al contenido del artículo 1049 del multicitado ordenamiento jurídico, que establece lo siguiente:
Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tiene por objeto ventilar y decidir las controversias que conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos de comerciales.
De ese modo, como ya quedó precisado, si el litigio de origen es un juicio ejecutivo mercantil, evidentemente en éste se involucraron actos de comercio; de ahí que, lo conducente es acudir a la normatividad supletoria, con el objeto de definir la clase de bienes considerados por la ley, según el tipo de personas a quienes pertenecen.
(...)
Establecido lo anterior, es procedente analizar el Código Civil Federal, que en la parte que interesa, dispone:
(...)
Las anteriores disposiciones legales establecen la existencia de bienes de dominio del poder público o de propiedad de los particulares; los primeros, son los que pertenecen a la Federación, a los Estados o a los Municipios, resaltándose que éstos son destinados al uso común o a un servicio público.
Asimismo, se contempla que los bienes destinados a las funciones anotadas son inalienables e imprescriptibles; ello, hasta en tanto se les desincorpore de dicha característica.
A pesar de lo anterior, cabe recordar que el argumento de la parte quejosa, consistente en que si bien en el Código de Comercio se contempla el embargo como medida para obtener coactivamente el cumplimiento de la sentencia condenatoria; lo cierto es que, tratándose de los Municipios del Estado de Tlaxcala, existe una disposición del legislador local que impide que en contra de los bienes propiedad de ese nivel de gobierno se ejecuten medidas de apremio o mandamientos de ejecución forzosa.
Por lo cual resulta indispensable corroborar tal extremo, ya que de ser cierta dicha aseveración, el Municipio demandado se ubicaría en un plano de supra a subordinación en relación con la persona moral actora, al ser beneficiario de un privilegio procesal por el único hecho de ser un ente público.
(...)
VII. En ese contexto, debe remitirse al contenido de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, que en sus numerales 3º y 4º establecen lo siguiente:
(...)
De las citadas porciones normativas se desprende, en primer lugar, el modo en que se configura el patrimonio público del Estado de Tlaxcala, respecto de los cuales los entes que constituyen a dicha entidad federativa ostenten la propiedad o posesión, o en su caso, se determine por disposición expresa en algún ordenamiento jurídico.
En segundo término, se advierte que ese patrimonio público es inalienable e imprescriptible; y, además, no puede ser materia de ningún tipo de servidumbre, ni muchos menos de emplearse en su contra alguna vía de apremio o, en su defecto, hacerse efectivas por ejecución forzosa a través de resoluciones judiciales.
Respecto de esta última porción normativa, es posible establecer –preliminarmente– que el legislador local definió expresamente una restricción en torno a los bienes que constituyen el patrimonio de esta entidad federativa, por cuanto a que no pueden ser sujetos de procedimientos de ejecución obligatoria o de apremio, con motivo de sentencias dictadas en contra de los entes públicos.
No obstante lo anterior, es necesario establecer si dicha regla general admite alguna excepción; es decir, es imperativo dilucidar si existe o no una prohibición absoluta para que cualquier bien que configure el patrimonio público de esta entidad federativa no sea materia de un cumplimiento forzoso.
VIII. Para tal efecto, es necesario precisar, de modo concreto y exhaustivo, las clasificaciones en que se configuran esos bienes, de acuerdo a la legislación relativa; por lo que es obligatorio acudir al contenido de los artículos 9º, 10 y 11, todos de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, que son del tenor siguiente:
(...)
De lo anteriormente expuesto, se estima que el patrimonio del Estado de Tlaxcala y sus Municipios se constituye por bienes de dos clasificaciones, excluyentes entre sí; los pertenecientes al dominio público y, por otra, los propios o ejercicio privado.
Como se ha descrito en párrafos precedentes, la principal característica que hace posible la diferenciación de esos dos tipos de dominio (público y privado), consiste en el uso del bien, o en su caso, el destino que se le otorgue, ya sea para la prestación de un servicio público o para el cumplimiento de una función colectiva.
En otras palabras, los bienes de dominio público participan de esa clasificación a partir de la satisfacción de un bien a favor de la colectividad, ya sea que le irroguen directamente un beneficio, o en su caso, sean empleados como un instrumento a partir del cual las instituciones o dependencias gubernamentales prestan o realizan sus actividades.
Por el contrario, los bienes que no sean destinados –de origen– a proporcionar un beneficio directo o indirecto, o sean desincorporados de ese objetivo, formarán parte de los propios del dominio privado de la entidad federativa o de sus municipios, conforme corresponda. IX. Ahora, de la interpretación del artículo 4º de la multirreferida ley, el legislador estableció, como regla general, que los bienes que constituyen el patrimonio público no pueden ser materia de enajenación ni de adquisición prescriptiva; por lo que, en vía de consecuencia, no pueden emplearse en su contra, alguna medida de apremio o de ejecución forzosa mediante sentencias.
A pesar que la aludida restricción, en principio, puede estimarse aplicable a cualquier bien que forme parte del patrimonio del Estado, ya sea de dominio público o privado; lo cierto es que no puede alcanzarse plenamente esa convicción.
Ello, en atención a lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26, de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala:
(...)
Como se advierte del primer artículo transcrito, en el caso del municipio, los inmuebles de dominio privado sí pueden ser materia de enajenación, atendiendo a los requisitos de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
Asimismo, conforme al segundo numeral, ese tipo de bienes a cargo de la municipalidad pueden ser incluidos en los contratos regulados por el derecho común, dentro de los cuales se encuentra la enajenación.
Y, además, los bienes propios del Ayuntamiento (dominio privado) pueden ser adquiridos por los particulares a través de la prescripción positiva de buena fe, tal como lo dispone el tercero de los artículos anteriormente transcritos.
Consecuentemente, de la interpretación sistemática y armónica de dichos numerales, en relación con el diverso artículo 4º de la ley en comento, se puede advertir que el legislador, al emitir la restricción general relativa a que el patrimonio del Estado o sus Municipios, es inalienable e imprescriptible, únicamente se refiere a los bienes de dominio público.
Lo anterior, sobre la base que en los dispositivos 24, párrafo segundo, 25 y 26, de la legislación en cita, tratándose de los Municipios, sus bienes de dominio privado pueden ser enajenados, incluidos en contratos regulados por el derecho común, así como de adquiridos mediante la prescripriva positiva.
Inclusive, en el artículo 22, fracción V, de la Ley del Patrimonio Público de referencia, se establece que los bienes de dominio privado, son aquellos que fueron desincorporados del público, para que puedan ser objeto de enajenación o gravamen.
Por ende, si el legislador previó esos artículos, debe estimarse que expresamente estableció una excepción a la aludida regla general, acotándola esta última exclusivamente a los bienes de dominio público.
Además, puede establecerse que ello encuentra asidero en un motivo fundamental, derivado de la característica que diferencia a los bienes de dominio público de los privados; consistente en que los primeros, son destinados al beneficio de la colectividad, ya sea que los gobernados hagan uso directamente de ellos, o en su caso, sirvan como instrumento para que la Municipalidad brinde los servicios o desarrolle sus actividades (empleo indirecto).
En efecto, en párrafos precedentes se indicó que la peculiaridad que distingue a los bienes de dominio público de los privados (o propios), deriva –precisamente en el destino, uso o funcionalidad que se otorga a aquéllos; en tanto que pueden ser aprovechados por los habitantes o enderezados a prestar un servicio en favor de la colectividad.
De ahí que, no pueden despojarse de la esfera patrimonial del ente público, pues se irrogaría un perjuicio a los gobernados (colectividad), ya sea porque se impida que sigan disfrutándolo o usándolo, o en su defecto, se imposibilite que la autoridad brinde o ejerza una función pública, la cual, en sí mismo, contiene el propósito de beneficiar a la comunidad, a través del desarrollo de las actividades del Estado.
Por tanto, es indudable que la propia característica que reviste a los bienes de dominio público actualice la restricción expuesta por el legislador, consistente en su inalienabilidad e imprescriptibilidad.
Aspecto que no acontece tratándose de los bienes de dominio privado, los cuales adquieren tal clasificación a partir que no son destinados al uso común, ni mucho menos son ejercidos para prestar una función o servicio colectivo.
Considerar que la limitación general antes mencionada también abarca a los bienes de dominio privado, implicaría el desconocimiento de la propia legislación, en tanto que sí prevé la posibilidad que la propiedad privada del municipio es susceptible de enajenación, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, así como de ser adquirida por los particulares vía prescripción positiva.
Así, el contenido del artículo 4º de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, debe ser interpretado en el sentido que la inalienabilidad e imprescriptibilidad se restringe únicamente a los bienes de dominio público; motivo por el cual son exclusivamente éstos los que no puede (sic) ser materia de una medida de apremio o de un mandamiento de ejecución forzosa.
Dicha interpretación adquiere mayor relevancia, a partir de lo dispuesto en el numeral 80, párrafo segundo y tercero, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que es del tenor siguiente:
(...)
De esa porción normativa, en sus parágrafos segundo y tercero, se dilucida con claridad, por una parte, que la inalienabilidad e imprescriptibilidad, respecto del patrimonio del Municipio, únicamente aplica para los pertenecientes a la clasificación de dominio público; y, por otra, que los inmuebles desafectados de esa característica pueden se materia de enajenación, de conformidad con los procedimientos legales correspondientes.
X. Atento a las consideraciones vertidas, se alcanza la convicción que los Municipios del Estado de Tlaxcala sí cuentan con bienes susceptibles de embargo (gravamen), los cuales pueden responder frente a una condena dictada en su contra en los juicios mercantiles.
Lo anterior, en tanto que dichos bienes son exclusivamente los pertenecientes al dominio privado, contemplados en el artículo 22 de la Ley del Patrimonio Público y el diverso numeral 81, fracción II, de la Ley Municipal, ambos del Estado de Tlaxcala.
De ese modo, la aseveración de la quejosa, consistente en la imposibilidad de trabar embargo en contra de bienes del Municipio en comento, resulta inexacta; por lo que es inconcuso que dicho órgano de gobierno no es beneficiado por algún privilegio procesal que impida obtener coactivamente las prestaciones a que se le condenó a pagar a favor de Grupo Hospital Ángeles de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable, derivado del juicio ejecutivo mercantil de origen.
Por ende, la relación de coordinación entablada en dicho procedimiento jurisdiccional subsiste; y, en consecuencia, la omisión reclamada por la quejosa no puede ser considerada como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto.
De ese modo, resultan infundados los argumentos analizados en este apartado.
(...)”.
B. Criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 191/2023.
21. Demanda de amparo indirecto. Una persona física, por conducto de su endosatario en procuración, promovió una demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos reclamados siguientes:
“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, a través de su representante legal, esto es, el H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala.
2. Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala.
IV. ACTOS RECLAMADOS:
1. La omisión de cumplir de forma voluntaria la sentencia definitiva de 20 de diciembre de 2022 y la sentencia interlocutoria de 22 de febrero de 2023 dictadas dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 487/2021 del índice del Juzgado de Distrito en materia Mercantil Federal en el Estado de Tlaxcala.
2. La omisión de pagar a mi endosante la cantidad de ********* por concepto de suerte principal a que fue condenado el Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, a través de su representante legal.
3. La omisión de pagar a mi endosante la cantidad de ******** por concepto de indemnización a que fue condenado el Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, a través de su representante legal”.
22. Desechamiento de la demanda. Del asunto correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, cuyo titular, por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, ordenó su registro con el expediente 1023/2023 y desechó de plano la demanda al estimar que el municipio demandado no era autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no existía una relación de supra a subordinación que afectara derechos de particulares, sino actos derivados de relaciones de coordinación.
23. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, la parte promovente interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el que lo radicó con el expediente 191/2023 y en sesión de ocho de febrero de dos mil veinticuatro, sus magistrados integrantes declararon fundado el recurso, con base en las consideraciones siguientes:
“SÉPTIMO. Estudio de los agravios.
(...)
Se reitera lo fundado de los agravios en estudio, pues no obstante que el Juez recurrido, para concluir la improcedencia de la demanda de garantías, invocó los citados criterios jurisprudenciales; bajo el argumento que la omisión del Ayuntamiento demandado y señalado como autoridad responsable en el juicio de garantías que dio origen a la presente queja; de no cumplir con la sentencia condenatoria y la diversa resolución que actualizó la planilla de liquidación en la etapa de ejecución de ese juicio; cuestión que no le genera el carácter de autoridad responsable al Ayuntamiento del Municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala.
Sin embargo, las omisiones reclamadas no derivan de un juicio laboral, sino de un ejecutivo mercantil, por ello l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33148-187dfbc2/acto-de-autoridad-para-efectos-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA AMPLIACIÓN O LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA DE UN JUICIO NATURAL. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE NULIDAD Y LA RESOLUCIÓN DE QUEJA POR DEFECTO, SIN QUE SEA NECESARIO UN PRO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMAN LA AFECTACIÓN A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y AL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, AL SER "DERECHOS FRONTERA" ENTRE LO SUSTANTIVO Y LO ADJETI (QUEJA)
- IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO SEGUNDO, INCISOS A) Y B), DEL ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL POR EL QUE SE OTORGAN SUBSIDIOS FISCALES PARA EL P (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. (1a./J. 103/2017 (10a.))
- DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS. (1a. LXXIV/2013 (10a.))
- TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL. (III.4o.(III Región) 6 K (10a.))
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL HECHO DE QUE EN LA LEY DE LA MATERIA SE ESTABLEZCA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PARA IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS A UN JUICIO POLÍTICO, NO SIGNIFICA Q (XXIV.2o.17 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis