CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO. AL SER UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO, ANTE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO, TRATÁNDOSE DE DERECHOS PATRIMONIALES, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR LA COMPARECENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN U ORDENAR AL MINISTERIO PÚBLICO HACER LA DENUNCIA DE LA SUCESIÓN, PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE.
RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 5/2023. 17 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: OMAR CASTRO ZAVALETA BUSTOS, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ AGUILAR.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Reposición del procedimiento. Se estima que ********** carece de legitimación para interponer el presente recurso, pero de oficio debe resolverse el presente asunto. Previo a exponer las razones que lo sustentan, se trae el contexto del caso:
Juicio de amparo indirecto **********/2021
• Demanda. El trece de mayo de dos mil veintiuno, ********** promovió juicio de amparo indirecto contra el subdelegado de Prestaciones y la Delegación Estatal en Nuevo León, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les reclamó:
- La resolución interlocutoria dictada en la instancia de queja de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno y el cumplimiento a la sentencia de siete de septiembre de dos mil veinte, dictadas en el juicio contencioso administrativo 6556/19-06-03-6, del índice de la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Informes justificados. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 06-3-3-26430/21, el Magistrado presidente y la secretaria de Acuerdos, ambos de la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, rindieron el informe justificado en el que señalaron lo siguiente:
"Se informa que en fecha 16 de marzo de 2021, se resolvió el recurso de queja interpuesto por la parte actora por supuesto defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva de 7 de septiembre de 2020, en el cual resultó improcedente la queja intentada por la parte actora, puesto que no ha transcurrido el término de 4 meses concedido a la autoridad demandada para cumplimentar los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva de 7 de septiembre de 2020, con fundamento en lo establecido en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; máxime que la parte actora señaló en la instancia de queja que en la resolución contenida en el oficio número DNL/SP3761/2019, de 29 de noviembre de 2019, emitida por el C. Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del ISSSTE en Nuevo León, la autoridad demandada no cumplió con lo ordenado en la sentencia antes mencionada; sin embargo, del análisis realizado al oficio de 29 de noviembre de 2019, se advierte que fue emitido en respuesta a una petición realizada por la actora, por lo cual esta juzgadora no consideró dicha resolución como la emitida en cumplimiento a la sentencia definitiva de 7 de septiembre de 2020."
• Expediente administrativo. Acompañó las siguientes constancias en copia certificada:
a) Sentencia definitiva de 7 de septiembre de 2020.
b) Escrito del recurso de queja con fecha de presentación ocho de enero de dos mil veintiuno y sus anexos relativos al oficio DNL/SP/3761/2019 y su cédula de notificación, así como 41 recibos de pago de los meses de enero 2016 a abril 2019 y diciembre 2020.
c) Auto de admisión del referido recurso.
d) Sentencia interlocutoria de queja de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
• Asimismo, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado rindió su informe justificado en el cual manifestó que era cierto el acto reclamado, toda vez que emitió el oficio UJ/254/2021, de fecha nueve de febrero de dos mil veintiuno y lo remitió a la Subdelegación de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales de dicho instituto, mismo que allega con sello de acuse de recibo de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.
• Audiencia y resolución constitucional. El trece de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León llevó a cabo la audiencia constitucional y el quince de diciembre del año en cita, la Jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, terminó de engrosar dicha resolución en auxilio del juzgado de origen, en la que, por una parte, sobreseyó en el juicio, por otra, negó sobre el desechamiento de la queja interpuesta contra la respuesta de solicitud de devolución de diferencias y, por otro lado, concedió el amparo solicitado sobre el cumplimiento de la sentencia de nulidad, para el siguiente efecto:
"De inmediato, realicen las acciones legales correspondientes dentro de sus respectivas atribuciones, para lograr el cumplimiento total de la sentencia definitiva pronunciada el siete de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente 6556/19-06-03-6."
• Fallecimiento de la quejosa. Por escrito de diez de marzo de dos mil veintidós, la autorizada en términos amplios comunicó que la quejosa había fallecido el treinta de enero anterior. Lo cual se tuvo acordado.
• Ejecutoria. El nueve de noviembre de dos mil veintidós se consideró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria y se requirió el cumplimiento de la misma.
• Auto recurrido. El diez de marzo de dos mil veintitrés, en atención a la solicitud del ISSSTE de dejar insubsistentes los requerimientos de cumplimiento ante el fallecimiento de la quejosa, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León dictó proveído en el que declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo ante el fallecimiento de la quejosa.
• Problema jurídico. En el auto recurrido se planteó como problema a resolver si había o no imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Su solución se hizo depender de una cuestión principal:
• 1. Cuestión principal. Se cuestionó si los derechos materia del amparo eran estrictamente personales o no. La respuesta fue que sí, en los siguientes términos:
• 1.1. Se consideró el fallecimiento de la quejosa. Asimismo, que los efectos del amparo consistían en que la autoridad responsable diera respuesta a una solicitud de la quejosa, por lo que en su concepto, se trataba de derechos estrictamente personales. Por ende, se consideró que había imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia.
• 2. Solución. Con base en dichos argumentos, en el auto recurrido se resolvió el problema jurídico planteado, en el sentido de que había imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de amparo.
Inconformidad 5/2023
• Agravios. La autorizada de la quejosa interpuso este recurso.
¿Ante el fallecimiento de la quejosa, su autorizada en términos amplios tiene legitimación para interponer el recurso de inconformidad?
A **********, quien firmó el escrito de agravios, se le reconoció su calidad de autorizada en términos amplios en el juicio de origen.
No obstante, ante el fallecimiento de la quejosa, dicha persona dejó de tener la autorización que se le otorgó. De autos se advierte que la quejosa falleció (30/01/2022) después de dictada la sentencia de amparo. Durante la etapa de cumplimiento de la sentencia, en el expediente de origen se emitió el auto recurrido que declaró la imposibilidad jurídica de cumplirla, dado su fallecimiento y determinó innecesario llamar a algún representante legal. Y ahora se recibe el recurso de inconformidad firmado por la autorizada en términos amplios de la quejosa.
De esa forma, se estima que la autorizada no tiene legitimación para interponer este recurso, dado que ante el fallecimiento de la quejosa, el único con legitimación para continuar el juicio de amparo es el representante legal o el representante de la sucesión, en términos del artículo 16 de la Ley de Amparo.(2)
Es aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone que el autorizado no puede continuar el juicio de amparo ante el fallecimiento de la persona quejosa. En ese precedente, resaltando que la ejecutoria prescindió de los datos fácticos y se quedó con las posturas jurídicas, uno de los tribunales contendientes consideró que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo debía interpretarse como el representante legal para continuar el juicio de amparo ante el fallecimiento del quejoso, para no dejar inauditos sus derechos. El otro tribunal consideró lo contrario, que no podían equipararse sus facultades, por lo que el autorizado no era el representante. El Pleno coincidió con esta última postura, considerando que el autorizado no puede equipararse al representante legal, quien tiene regulaciones más claras sobre las consecuencias de su actuar frente a los herederos de los derechos materia del amparo:
"Registro digital: 2022486
"Instancia: Pleno
"Décima Época
"Materia común
"Tesis: P./J. 15/2020 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, noviembre de 2020, Tomo I, página 14
"Tipo: jurisprudencia
"REPRESENTACIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO NO PUEDE SER EQUIPARADO AL REPRESENTANTE LEGAL DEL FALLECIDO.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo puede considerarse como ‘representante legal’ para los efectos del artículo 16 de la propia legislación, llegaron a soluciones contrarias.
"Criterio jurídico: El autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo no puede equipararse al representante legal a que hace referencia el artículo 16 de la propia legislación, para efectos de la representación del quejoso que fallece.
"Justificación: El representante legal tiene originariamente las facultades y obligaciones para instaurar el procedimiento, por lo que esa figura no es equiparable a la del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, entre otras razones, porque los requisitos previstos para la representación legal o el otorgamiento del mandato no pueden tenerse por satisfechos con la sola presentación de una promoción como en el caso de las autorizaciones que se otorgan en términos amplios, aun cuando puedan acompañarse de facultades para intervenir en el juicio en el que se le autoriza. Por tanto, el representante legal del fallecido es el único que puede continuar con el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, no así el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la propia legislación."
¿Ante el fallecimiento de la quejosa, el Tribunal Colegiado de Circuito debe estudiar de oficio el auto que declaró la imposibilidad jurídica de cumplir la sentencia de amparo?
No obstante, este tribunal de oficio debe revisar el auto recurrido. En el caso hay una sentencia de amparo, incluso, ejecutoriada que concedió el amparo a la quejosa fallecida. Entonces, se trata de un aspecto de orden público, pues ante la ejecutoria de amparo deja de ser un asunto meramente particular para ser de interés de la sociedad, lo que exige la intervención de los tribunales de amparo. En términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, no puede archivarse el juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia de amparo:
"Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada."
Tanto el Pleno como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que el dictado de las sentencias de amparo es de orden público, lo que exige que de oficio los tribunales de amparo deban velar por el cumplimiento de las sentencias de amparo:
"Registro digital: 192836
"Instancia: Pleno
"Novena Época
"Materia común
"Tesis: P./J. 133/99
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 36
"Tipo: jurisprudencia
"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele."
"Registro digital: 160315
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia común
"Tesis: 1a./J. 4/2012 (9a.)
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, página 383
"Tipo: jurisprudencia
"EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado. Ahora bien, si en una sentencia que concede el amparo se precisan efectos que no son consecuencia directa de la ineficacia de la ley declarada inconstitucional, se está ante una incongruencia externa, toda vez que los efectos del amparo tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según su naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo que los efectos del amparo son una consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su determinación depende de la naturaleza del acto reclamado, o de la interpretación y alcance de la norma declarada inconstitucional, según se trate. En esas condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia de los efectos precisados por el juzgador de primer grado, en relación con la pretensión del quejoso, según la naturaleza del acto reclamado y en atención, en su caso, a la interpretación de la norma declarada inconstitucional, debe prevalecer el sentido general de la parte considerativa, a fin de que los derechos, obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o prerrogativas que no sean consecuencia directa de la ineficiencia del acto declarado inconstitucional; de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista agravio al respecto."
Además, el objeto del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales:
"Registro digital: 2014333
"Instancia: Primera Sala
"Décima Época
"Materia común
"Tesis: 1a./J. 36/2017 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, página 260
"Tipo: jurisprudencia
"RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de las sentencias protectoras, por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), ha establecido que si se declara la imposibilidad jurídica para cumplir una sentencia de amparo, el Juez de Distrito debe esperar el plazo de quince días para la interposición del recurso de inconformidad y si no se interpone, debe abrir el trámite del incidente de inejecución y remitir los autos al Tribunal Colegiado para que de oficio revise dicha resolución:
"Registro digital: 2017828
"Instancia: Pleno
"Décima Época
"Materia común
"Tesis: P./J. 23/2018 (10a.)
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, página 274
"Tipo: jurisprudencia
"RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella."
En esos términos, si por jurisprudencia obligatoria la resolución que declara la imposibilidad jurídica de cumplir la sentencia de amparo debe revisarse de oficio aun cuando no se interponga el recurso de inconformidad, se estima que, entonces, con mayor razón debe revisarse de oficio dicha resolución cuando sí se interpone el recurso de inconformidad, para no dilatar más el asunto de origen.
En consecuencia, al tratarse la sentencia de amparo de una cuestión de orden público, este Tribunal Colegiado debe resolver de oficio el presente recurso.
Estudio del acto recurrido.
Por tanto, este Tribunal Colegiado procede a analizar la resolución recurrida. De oficio se advierte que en esa resolución se declaró la imposibilidad jurídica de cumplir la sentencia ante el fallecimiento de la quejosa e igualmente se determinó no hacer comparecer o no dar oportunidad a algún representante legal o albacea de la sucesión sino que, incluso, se determinó innecesario llamarlo en los términos del artículo 16 de la Ley de Amparo,(3) declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia.
¿Se trataba de derechos estrictamente personales o de derechos patrimoniales?
De autos se advierte que la pretensión del amparo es sobre el pago de diferencias de incremento de pensión. Se advierte que la quejosa era una persona pensionada con dos pensiones: una de riesgo de trabajo y otra de invalidez. Ante la baja de una de sus pensiones por parte del ISSSTE, bajo el argumento de tener dos pensiones, en dos mil once promovió un primer juicio contencioso administrativo 8485/11-06-02-9, en donde se declaró la nulidad de la baja para el efecto de que se emitiera otra resolución en la que se hicieran los cálculos de ambas pensiones y se otorgara el pago de las diferencias. Ante el incumplimiento de la sentencia, previa queja y juicio de amparo indirecto, el ISSSTE entregó dos cheques a la quejosa por concepto de pago de diferencias de sus pensiones.
Posteriormente, en dos mil diecinueve, la quejosa consideró que de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve había diferencias en los incrementos de sus pensiones, por lo que solicitó el pago de las diferencias y, ante la omisión del subdelegado de Prestaciones del ISSSTE, promovió un segundo juicio contencioso administrativo 6556/19-06-03-6 resuelto el siete de octubre de dos mil veinte por la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y se declaró la nulidad para el efecto de que emitiera otra resolución en la que fundada y motivadamente señalara el cálculo anual de incrementos de sus pensiones con base en la legislación aplicable, siendo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor o con los incrementos de trabajadores en activo, lo que fuera más benéfico.
Aunado a eso, la quejosa solicitó al ISSSTE el pago de diferencias y, en respuesta, emitió la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve en la que concretamente señaló que no había diferencias por pagar.
Ante eso, la quejosa interpuso queja por incumplimiento, y el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la Sala fiscal la declaró improcedente, al no haber transcurrido en exceso el plazo de cuatro meses para cumplir la sentencia de nulidad. Contra esa resolución y la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, la quejosa promovió el juicio de amparo indirecto 527/2021 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, de donde deriva el presente recurso.
En la sentencia de veinte de diciembre de dos mil veintiuno se consideró, por una parte, que la queja sí era improcedente, básicamente porque no había transcurrido el plazo para cumplir la sentencia de nulidad y la resolución que le negó el pago de diferencias no era un acto en cumplimiento, sino que era una respuesta a una diversa petición de la quejosa de pagarle las diferencias, negando el amparo por dicho acto. Por otro lado, se consideró que sí había una falta de cumplimiento a la sentencia de nulidad, por lo que concedió el amparo para que de inmediato se realizaran las gestiones para el cumplimiento de la misma.
De los autos se advierte que esa sentencia de nulidad de siete de octubre de dos mil veinte, declaró la nulidad de la falta de respuesta al pago de diferencias de incremento anual de pensiones de 2016 a 2019, ordenando emitir otra resolución en la que fundada y motivadamente se determinara el cálculo correcto del incremento de sus pensiones. Lo que implica, se estima, el pago de diferencias que resulten.
De esa forma, ese pago de diferencias que puede resultar del cumplimiento de la sentencia de nulidad, se trata de dinero y, por ende, de derechos patrimoniales de la difunta quejosa y, en consecuencia, no son derechos estrictamente personales. No sólo se ordenó emitir otra resolución dando respuesta como se señaló en el auto recurrido, sino que al ordenar el cálculo del incremento correcto anual, de haber diferencias, necesariamente habrá que pagar el dinero faltante, lo cual puede ser otorgado a los herederos de la quejosa. Se trata, entonces, de derechos patrimoniales. Es ilustrativa la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se establece que si son derechos patrimoniales, entonces, no sólo se afecta a la persona quejosa:
"Registro digital: 173879
"Instancia: Primera Sala
"Novena Época
"Materia común
"Tesis: 1a. CLXXI/2006
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 190
"Tipo: Aislada
"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA DEL MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. Conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que el quejoso fallezca durante su tramitación, si los actos reclamados no son de índole meramente personal y, por consiguiente, existe la posibilidad de que se afecten sus intereses económicos. Lo anterior es así, porque si bien el artículo 74, fracción II de la referida Ley sostiene que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, dicha disposición coincide con el citado artículo 15, al señalar co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31877-99b2306a/cumplimiento-de-las-ejecutorias-de-amparo-al-ser · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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