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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 268/2012. · Registro digital (IUS): 23831
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: CONTRALORA INTERNA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Pág. 2011.

AMPARO EN REVISIÓN 268/2012. CONTRALORA INTERNA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 3 DE MAYO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. SECRETARIA: HELENA CARIÑO MELLÍN.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Firmeza de actos. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en términos de lo establecido por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, reflejado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida, en cuanto se rige por el considerando tercero, en relación con el acto reclamado al director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, relacionado con la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de cuatro de mayo de dos mil cinco, dictada en el juicio de nulidad número I-621/2003, así como la diversa resolución de queja de veintisiete de abril de dos mil once, emitida en el expediente 294/2007, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dado que la quejosa no demostró la existencia del acto atribuido a dicha autoridad.

Lo anterior, tomando en cuenta que las consideraciones correspondientes del fallo no fueron impugnadas por la parte a la que perjudica.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 7/91, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, marzo de 1991, página 60, cuyos rubro y texto dicen:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmase la sentencia recurrida en la parte correspondiente."

QUINTO. Análisis de los agravios planteados en el recurso de revisión. La contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sostiene en su recurso de revisión, que la sentencia emitida por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal le causa agravio, por una incorrecta aplicación de lo establecido por los artículos 77, fracción I y 149 de la Ley de Amparo, ya que omitió apreciar debidamente las pruebas para tener por demostrado el acto que se le atribuyó.

Ello, porque no ha existido omisión de su parte en cumplir con la sentencia de cuatro de mayo de dos mil cinco, dictada en el juicio de nulidad I-621/2003; así como la diversa resolución de queja, de veintisiete de abril de dos mil once, emitida en el expediente 294/2007, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dado que el diecinueve de diciembre de dos mil cinco se emitió un acuerdo en el que se dejó insubsistente la resolución emitida el diez de enero de dos mil tres, en el expediente administrativo QC/0018/SEP-98 y PA/0139/SEP-98, por lo que corresponde al quejoso Aristeo Sangrador Angoa.

Este Tribunal Colegiado estima que es inoperante el argumento propuesto.

Ello es así, porque en el considerando cuarto de la sentencia recurrida se demuestra que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al precisar sobre la certeza del acto reclamado atribuida a la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, relacionado con la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad de cuatro de mayo de dos mil cinco, dictada en el juicio de nulidad I-621/2003, así como a la resolución de queja de veintisiete de abril de dos mil once, emitida en el expediente 294/2007 por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sostuvo que la negativa que hizo la autoridad de mérito en el informe justificado se desvirtuaba en términos de las constancias en copia certificada del juicio mencionado, a las que les otorgó pleno valor probatorio en términos de lo establecido por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2o. de la Ley de Amparo.

De las pruebas citadas, el a quo determinó que existía una obligación de hacer por su parte, y que al tratarse de un acto de carácter omisivo, le correspondía a ella la carga de la prueba; esto es, demostrar que no incurrió en la omisión que le imputó el quejoso, por ello, estimó que debía tenerse como cierto el acto en comento.

Además, en el considerando quinto el juzgador de amparo precisó que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la resolución de veintisiete de abril de dos mil once, emitida en la instancia de queja 294/2007, folios 25 a 33 del sumario, determinó que el cumplimiento de la obligación, consistente en cubrir los sueldos caídos, no se agotaba por el mero ofrecimiento de pago, esto es, mediante la exhibición de una planilla provisional y el informe de estar realizando los trámites internos entre autoridades para el pago de la indemnización constitucional, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna.

Por lo cual, el juzgador de amparo estimó que en el auto dictado el diecinueve de diciembre de dos mil cinco, folios 139 a 141 del juicio de amparo, en el expediente QC/0018/SEP-98 y PA/0139/SEP-98, por la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por el que dejó sin efectos la resolución de diez de enero de dos mil tres, y remitió copia de dicho acuerdo al oficial mayor y al director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que atendieran a lo establecido en el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no se acataba el cumplimiento del fallo dictado en el juicio de nulidad.

En razón de que no exhibió constancia alguna con la cual haya acreditado haber establecido el monto exacto de los sueldos caídos, tomando en cuenta el periodo de pago a partir del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, fecha en que se notificó al actor la resolución de dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que decretó su destitución en el puesto que desempeñaba, la que finalizaría hasta el día en que le fueran efectivamente cubiertos.

Con lo que concluyó que, al no haber sido exhibida documental alguna de la que se advirtiera que la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, acató lo resuelto tanto en la sentencia ejecutoria como en la resolución de queja, emitidas por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, resultaba evidente que se violentó en perjuicio del peticionario de amparo lo establecido por el artículo 17 constitucional, al no haberse cumplido con el principio de una justicia pronta y expedita.

Lo anterior lleva a concluir que el Juez de Distrito no incurrió en la indebida apreciación que le atribuyó la recurrente, en el sentido de que no valoró debidamente las pruebas para tener por demostrada la existencia del acto atribuido, en virtud de que, dada la naturaleza de lo reclamado (acto omisivo) y de un análisis que realizó de los medios probatorios ofrecidos en el sumario, arribó a la conclusión de que se tenía como cierto el acto atribuido a la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dado que no demostró con medio probatorio idóneo que estableció el monto exacto de los sueldos caídos, tomando en consideración el inicio del periodo de pago el que fenecería hasta el día en que le sean efectivamente enteradas las cantidades respectivas; máxime que a ella le correspondía la carga de la prueba, en términos de lo establecido por el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2o. de la Ley de Amparo.

Además, el Juez de Distrito estimó en el fallo recurrido que no se acataba el cumplimiento del fallo dictado en el juicio de nulidad, con la emisión del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil cinco, en el expediente QC/0018/SEP-98 y PA/0139/SEP-98, por la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por el que dejó sin efectos la resolución de diez de enero de dos mil tres, y remitió copia de dicho acuerdo al oficial mayor y el director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que atendieran a lo establecido en el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en razón de que no se colmaba el presupuesto relacionado con la determinación del monto exacto del pago de los salarios caídos.

Con lo cual se estima, que el juzgador de amparo sí valoró debidamente los medios probatorios ofrecidos en el juicio de mérito, en relación con el acto reclamado en el mismo, para determinar la certeza del acto reclamado atribuido a la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En otro orden de ideas, sostiene que el a quo se excedió en la sentencia de mérito al pretender obligarla a dar cumplimiento a una sentencia de nulidad, sin tomar en consideración que en el ámbito de su competencia la acató; esto es, en términos de las facultades que se encuentran asignadas en los artículos 15, fracción XV y 34, fracciones XXVI y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con el precepto 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, ya que dejó insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil tres, dictada en el expediente QC/0018/SEP-98 y PA/0139/SEP-98, que fue objeto de impugnación en el juicio de nulidad.

A efecto de dar contestación al planteamiento anterior, es necesario tomar en consideración los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados en el juicio de amparo, del que deriva la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 951/2011, objeto de nuestro estudio, los cuales son:

1. Aristeo Sangrador Angoa presentó demanda de nulidad el diez de febrero de dos mil tres, en la que impugnó la resolución emitida el diez de enero de dos mil tres, suscrita por la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el expediente PA/0139/SEP-98, folios 1 a 9 del legajo de pruebas que obra por cuerda separada de los presentes autos.

2. El Magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal emitió un acuerdo el once de febrero de dos mil tres, en el cual admitió a trámite la demanda instaurada y la radicó con el número de expediente I.621/2003, folio 38 del referido medio probatorio.

3. La contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio contestación a la demanda instaurada en su contra a través del escrito que presentó en la oficialía de partes de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, folios 41 a 82 del sumario.

4. Los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal emitieron sentencia en el juicio el veintitrés de agosto de dos mil cuatro, cuyos resolutivos fueron los siguientes:

"Primero. No se sobresee en el presente juicio de nulidad, por las razones que quedaron precisadas en el considerando primero de este fallo.

"Segundo. Se declara la nulidad con todas sus consecuencias legales del acto combatido, mismo que ha quedado detallado en el resultando primero de esta sentencia; debiendo la autoridad demandada restituir a la parte actora en el goce del derecho indebidamente afectado, de conformidad con lo asentado en la parte final del considerando tercero de este fallo ...", folios 732 a 736 del juicio de amparo.

5. En contra de dicha resolución, la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el cuatro de mayo de dos mil cinco, en el expediente 7174/2004, en los términos que a continuación se citan:

"Primero. En términos de lo expuesto en el considerando III de este fallo, se declaran fundados los agravios expuestos en el recurso de apelación para revocar la sentencia impugnada.

"Segundo. Se revoca la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil cuatro emitida por la Primera Sala de este tribunal en el juicio de nulidad I-621/2003.

"Tercero. No se sobresee el juicio en atención a los razonamientos expuestos en el considerando V de esta resolución.

"Cuarto. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa en términos de lo argumentado en el considerando último de esta sentencia y para los efectos allí fijados ...", folios 748 a 758 del juicio de mérito.

6. La contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuso recurso de revisión en términos de lo establecido por el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el cual, una vez sustanciado, correspondió al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolverlo en sesión de doce de septiembre de dos mil cinco, en el expediente identificado con el número RCA-86/2005, quien determinó desecharlo en sus términos, folios 759 a 781 del sumario.

7. El actor presentó recurso de queja por incumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, folio 748, el cual se admitió el treinta y uno de marzo de dos mil seis, foja 792; y, con motivo de la falta de cumplimiento de la sentencia de nulidad, la Primera Sala del referido tribunal emitió un auto el once de abril de dos mil siete, en el que impuso una multa a la autoridad demandada y ordenó el envío del expediente a la Sala Superior, para los efectos establecidos en el artículo 83 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; esto es, para que resolviera si procedía solicitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que obligara a la autoridad a cumplir con la sentencia.

8. La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal emitió resolución el ocho de agosto de dos mil siete, en la cual determinó que era procedente y parcialmente fundada la queja 294/2007; por ello, solicitó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en su calidad de superior jerárquico conminara a la contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que diera cumplimiento a la sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil cinco.

La Sala estimó en dicha resolución, que no procedía la reinstalación del actor como agente del Ministerio Público, dado que había sido inhabilitado en resolución firme emitida en el procedimiento PA/0316/MY-99, y el entonces vigente artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, exigía para poder ingresar y permanecer en el cargo mencionado, el no haber sido inhabilitado por resolución firme como servidor público; pero, estimó que sí procedía el pago de la indemnización previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna y el pago de los sueldos caídos por estar vinculados a la acción de reinstalación que no resultaba procedente.

9. El actor presentó demanda de amparo en contra de la determinación que antecede, de la que conoció, por razón de turno, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 1252/2007, quien concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal dejara insubsistente la resolución de ocho de agosto de dos mil siete, dictada en la queja I-621/2003 y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva en la que precisara el tiempo de la inhabilitación impuesta al quejoso y a partir de qué momento empezó a transcurrir la sanción, y de esa manera determinara si ya había sido cumplida la misma.

10. La contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, del cual correspondió el conocimiento al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien determinó, en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil ocho, en el R.A. 75/2008, confirmar en sus términos la sentencia recurrida.

11. La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal emitió una resolución de cumplimiento al juicio de amparo de mérito el veintitrés de abril de dos mil ocho; pero, el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determinó que con ello no se acataba el fallo constitucional, dado que no se había dejado sin efectos la resolución de ocho de agosto de dos mil siete, que había sido reclamada en el juicio de amparo. Con base en esto, declaró parcialmente cumplida la sentencia y requirió a la Sala Superior el cumplimiento de la misma.

12. La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal emitió una resolución el diecinueve de junio de dos mil ocho, con la cual el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal tuvo por cumplido el fallo ejecutoriado.

13. Por su parte, Aristeo Sangrador Angoa presentó demanda de amparo en contra de las determinaciones emitidas el veintitrés de abril y diecinueve de junio, ambas de dos mil ocho, correspondiendo conocer de la misma al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 1348/2008, quien decretó el sobreseimiento en el juicio.

14. Inconforme con dicha determinación, el quejoso presentó recurso de revisión del que correspondió el conocimiento al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el toca R.A. 347/2009 y resolvió, en sesión de ocho de febrero de dos mil diez, en el sentido de modificar la sentencia impugnada; decretó el sobreseimiento en el juicio, en relación con la resolución de veintitrés de abril de dos mil ocho, y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de la resolución de diecinueve de junio del referido año, para el efecto de que la Sala se pronunciara por la procedencia o improcedencia del pago de los salarios caídos.

15. La Sala Superior emitió una nueva resolución el diez de marzo de dos mil diez, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

"Primero. En acatamiento a lo fallado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo indirecto en revisión 347/2009, se deja sin efecto legal alguno la resolución a la queja 294/2007, de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, emitiéndose una nueva atendiendo a lo razonado en la ejecutoria de mérito.

"Segundo. Es procedente y fundada la queja 294/2007, formulada por los ciudadanos Magistrados de la Primera Sala Ordinaria relacionada con el cumplimiento de la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil cinco, emitida en el juicio número I-621/2003.

"Tercero. Ha lugar a solicitarse al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de superior jerárquico, conmine al ciudadano contralor interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a cumplir la sentencia de fecha cuatro de mayo de dos mil cinco emitida por esta Sala Superior en el expediente de nulidad número I-621/2003 ..."

16. Inconforme, el quejoso interpuso juicio de amparo indirecto, del cual tuvo conocimiento el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el expediente 652/2010, el que se resolvió el siete de septiembre de dos mil diez, en términos de los resolutivos siguientes:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Aristeo Sangrador Angoa, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por los motivos expuestos en el último considerando de la presenten sentencia constitucional ..."

17. En contra de dicha determinación se interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el R.A. 364/2010, quien lo resolvió en sesión dictada el veintiocho de marzo de dos mil once, en el sentido de revocar el fallo recurrido y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos que a continuación se exponen:

"... Como se ve de lo transcrito, la Sala responsable precisó que procedía a constatar si la autoridad demandada había cumplido o no enteramente con las pretensiones esgrimidas por el actor en su demanda inicial, en particular el pago de los sueldos que dejó de percibir desde el momento en que se ejecutó la destitución.

"La Sala determinó que de las constancias del expediente de queja se advertía que, hasta esa fecha, la autoridad responsable no había provisto medida alguna para cubrir al entonces actor aquí quejoso dichas cantidades, por lo que, es en esa parte de la sentencia, la que estimó incumplida.

"Y sobre esa base, la Sala precisó que una consecuencia de la declaración de nulidad, era necesariamente, la de que todo lo actuado en el procedimiento relativo era nulo de pleno derecho, por lo que -aseveró- entre dichas consecuencias se encontraba la de haber privado al entonces actor de los sueldos que dejó de percibir a partir del momento en que se le notificó la destitución, esto es, del mes de enero de dos mil tres, por lo que -concluyó- el pago de sueldos caídos sí resultaba ser una consecuencia de la sentencia de nulidad y debería cubrirse al actor la indemnización a la que se refería el normativo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

"Tal determinación resulta violatoria de la garantía de debida y suficiente motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, habida cuenta de que la Sala responsable no precisó con claridad desde cuándo se dejaron de pagar los salarios devengados al entonces actor, aquí quejoso, con motivo de la destitución de la que fue objeto, atendiendo a las pretensiones esgrimidas en su demanda inicial, no obstante que la autoridad responsable precisó que procedía a constatar si la autoridad demandada había cumplido o no enteramente con las pretensiones esgrimidas por el actor en su demanda inicial, en particular, el pago de los sueldos que dejó de percibir desde el momento en que se ejecutó la destitución.

"Cierto, la Sala Superior no determinó de manera exacta a partir de cuándo se debía cubrir el pago de los salarios que dejó de percibir el entonces actor, aquí quejoso, con motivo de la destitución de que fue objeto, atendiendo a las pretensiones que esgrimió en la demanda inicial.

"Y si bien, en la resolución reclamada la Sala precisó lo siguiente: ‘... a partir del momento en que se le notificó la destitución, esto es, del mes de enero de dos mil tres ...’; lo cierto es que no se justificó argumentativamente por qué lo es desde esa fecha, siendo que como ya se acotó, al pronunciarse sobre este aspecto, estableció que procedía a examinar si la autoridad demandada había cumplido o no enteramente con las pretensiones procesales esgrimidas por el actor en su demanda inicial y desde el momento en que se ejecutó la destitución.

"Lo anterior era indispensable analizar en el contexto expuesto por el quejoso, dado que el pago de los salarios caídos era parte de los efectos de la sentencia de nulidad y debe quedar precisada tal circunstancia a fin de que la autoridad dé debido cumplimiento a la sentencia de nulidad.

"Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que reitere lo relativo a la imposibilidad jurídica para reinstalar al quejoso en el puesto que venía desempeñando, el derecho a la indemnización que refiere el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal y, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie con relación a la fecha desde la cual se debe considerar el pago de los salarios devengados que el actor tendría derecho a recibir, considerando las pretensiones esgrimidas en su demanda inicial y el momento en que se ejecutó la destitución por ser parte de los efectos de la sentencia de nulidad ..."

18. En acatamiento a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal emitió una nueva determinación el veintisiete de abril de dos mil once, en el expediente de queja 294/2007, cuyas consideraciones dicen:

"... De lo antes narrado puede concluirse que, por virtud de la primera resolución por la cual se impuso la destitución del actor, a saber, la emitida el día dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se le impuso la destitución del puesto que ocupaba como agente del Ministerio Público. Esta destitución surtió sus efectos en el momento de la notificación de la resolución de diciembre de mil novecientos noventa y ocho al enjuiciante, lo cual tuvo lugar en el mes de febrero del año mil novecientos noventa y nueve. Ha de tenerse en cuenta, al respecto, lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en concreto: ‘... La suspensión, destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden público’. La norma anteriormente citada, vinculada al contenido del acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil dos, permiten concluir que la destitución surtió sus efectos desde el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve. A esta conclusión se arriba estimando que, en los términos del recurso de revocación presentado por el actor, afirmó haber sido notificado de la destitución en la fecha indicada, tal como se aprecia en la foja doscientos sesenta y cuatro del principal. Ahora bien, a pesar de haber anulado la resolución al recurso de revocación y repuesto el procedimiento la autoridad administrativa no ordenó la restitución en el goce de los derechos del actor, lo que ciertamente comprende el pago de los sueldos caídos.

"Por virtud de lo anterior, y siendo que no existe constancia en los autos del juicio principal como tampoco en los de la instancia de queja en que se actúa de que la autoridad responsable haya cumplido con el deber de cubrir los sueldos caídos, es claro que no se ha cumplido con la sentencia de cuatro de mayo de dos mil cinco emitida por esta Sala Superior en el juicio número I-621/2003 al reasumir jurisdicción. Así, la autoridad debe establecer el monto exacto de los sueldos teniendo en cuenta que el periodo de pago comienza a partir del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, momento en que se notificó al actor la resolución de dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho por la cual se le impuso la destitución del puesto, y finalizará el día en que le sean efectiva y enteramente cubiertos. Ha de puntualizarse que el cumplimiento de la obligación consistente en cubrir los sueldos caídos no se agota por el mero hecho del ofrecimiento de pago la exhibición de una planilla provisional, el informe de estar realizando trámites internos entre autoridades ni mucho menos a través del pago de la diversa indemnización a la que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

"V. Finalmente, y por ser una consecuencia lógica-jurídica de la sentencia emitida el cuatro de mayo de dos mil cinco por esta Sala Superior al resolver el juicio de nulidad, deberá cubrirse al actor la indemnización a la que se refiere el normativo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, la cual literalmente establece: (se transcribe)

"Esta Sala Superior enfatiza que la mera exhibición de planillas de liquidación de la indemnización constitucional no constituye una prueba definitiva de haber dado cumplimiento al deber de su pago. En ese tenor, en tanto no se acredite que el actor ha recibido el pago correspondiente conforme a derecho, no puede válidamente concluirse que haya sido cumplida la sentencia en todos sus términos.

"En análogo tenor, ni en los autos del expediente de queja ni en los del expediente de nulidad, se aprecia que la autoridad responsable haya ordenado el borrado de la sanción impuesta al actor en el expediente administrativo abierto a su nombre y menos aún que tal medida se haya efectuado actualizando los registros correspondientes. En tal sentido, es procedente y fundada la instancia de queja ..."

De la relación de antecedentes que ha quedado anteriormente precisada, se advierten, medularmente, las circunstancias siguientes:

a. La contralora interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue emplazada al juicio de nulidad I-621/2003, en su carácter de autoridad demandada, a quien se le atribuyó la emisión de la resolución de diez de enero de dos mil tres, en el procedimiento administrativo PA/0139/SEP-98.

b. Una vez que dio contestación a la demanda instaurada y se sustanció el p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23831-bee69682/sentencias-ejecutoriadas-para-lograr-su-cumplimiento-los-organos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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