AGUINALDO. PROCEDE SU PAGO, AL EXISTIR CONDENA DE REINSTALACIÓN.
AMPARO DIRECTO 371/2017. 1 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ. SECRETARIO: MIGUEL BARRIOS FLORES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Previo al estudio de los conceptos de violación que fueron propuestos, se hace del conocimiento que la tramitación del juicio laboral se realizó conforme a la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del treinta de noviembre de dos mil doce (sic), ya que la demanda laboral fue promovida el ocho de marzo de dos mil trece, ello como se advierte del sello que obra a folio uno vuelta del sumario laboral.
SEXTO.-Por cuestión de orden y método, los conceptos de violación propuestos se estudiarán de manera diferente a como fueron planteados.
Así, en el segundo de ellos argumenta que se absolvió al demandado del pago de la compensación garantizada bajo el argumento de que la actora no acreditó haberlos percibido; determinación que estima es ilegal, ya que con la presunción que derivó del desahogo de la prueba de inspección se demuestra que gozó de dicho beneficio, por lo cual estima que debe ser parte integrante del salario y condenarse al pago de ella, al no haberse estimado así, considera que el laudo es ilegal.
Para un mejor estudio del argumento antes sintetizado, resulta conveniente tener presente lo que demandó la actora en la prestación "i)" de su escrito de demanda, en la que estableció:
"...i) El pago de los conceptos de compensación garantizada, despensa y seguro de separación individualizada, por el periodo que comprende del 1 de enero del 2013 y hasta un día previo al despido injustificado del que fui objeto por parte de los demandados..."
La responsable, al resolver respecto de dicha prestación, estableció:
"...Por cuanto hace al reclamo de los conceptos de compensación garantizada, despensa, seguro de separación individualizada del 1 al 30 de enero de 2013, resulta procedente absolver al demandado de dicho pago en virtud de que la accionante no acredita haberlo percibido y en atención a la jurisprudencia I.1o.T. J/56, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, No. 69, septiembre de 1993, página 29, que lleva por rubro: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU PROCEDENCIA.’..."
Cabe decir que el concepto de compensación garantizada no tiene su fundamento en la Constitución General de la República, ni en ninguna de las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 de dicha Constitución, así como tampoco en otros ordenamientos legales, sino en el acuerdo de voluntades de patrones y trabajadores, por tanto, se puede afirmar que se trata de una prestación de tipo extralegal.
Tratándose de una prestación extralegal, quien la invoque a su favor tiene no sólo el deber de probar la existencia de la misma, sino los términos en que fue pactada, debido a que se trata de una prestación que rebasa los mínimos contenidos en la ley y que deriva lógicamente de un acuerdo de voluntades entre las partes contratantes.
Por ende, es conveniente analizar si en el caso se aportó a juicio elemento probatorio alguno que demuestre los presupuestos de la acción ejercitada, es decir, que se le liquidaba el concepto de compensación garantizada.
Así, la diligencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se celebró el veintiocho de noviembre de dos mil trece, en la que se estableció y acordó:
"...En uso de la palabra, el apoderado de la parte actora, dijo: Que ofrece como pruebas de su parte las contenidas en un escrito de fecha 28 de noviembre del año en curso, misma que hago mía por estar suscrito por diverso apoderado legal, firmándolo al margen y al calce para los efectos legales a que haya lugar, haciendo notar a esta H. Junta que el mismo contiene 1 anexo, lo anterior para los efectos legales conducentes, corriéndole traslado con copia del mismo a mi contraparte.
"...
"La Junta acuerda: Se tiene por iniciada la audiencia en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene a la parte actora ofreciendo las pruebas de la parte que representa en términos de un escrito de fecha 28 de noviembre del año en curso y un anexo, mismo que se agrega a los autos para los efectos legales a que haya lugar..."
En su escrito de ofrecimiento de pruebas, el actor propuso las que a continuación se citan:
Instrumental pública de actuaciones;
Presuncional en su doble aspecto: legal y humana;
Confesional a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte;
Confesional como demandado y para hechos propios a cargo de **********;
Confesional para hechos propios a cargo de **********;
Confesional para hechos propios a cargo de **********;
Confesional para hechos propios a cargo de **********;
Testimoniales a cargo de **********, ********** y **********;
Documental consistente en copia simple del oficio **********, de dieciséis de enero de dos mil trece;
Del material probatorio antes referido no se advierte que la ahora quejosa haya aportado a juicio la prueba de inspección y menos aún que haya derivado una presunción de su desahogo; por lo que es incorrecto lo argumentado en el sentido de que del desahogo de la prueba de inspección exista la presunción de que se le liquidó el concepto de compensación garantizada.
Por otro lado, es de señalar que con el material probatorio aportado a juicio por la propia actora con éstos, tampoco demuestra que haya recibido el beneficio de compensación garantizada.
De manera que, si la compensación garantizada es una prestación de tipo extralegal y si la parte actora no demostró que la recibió, es correcta la determinación de la autoridad laboral de absolver respecto de dicha prestación, por lo que resulta infundado lo alegado.
Refiere en su cuarto motivo de inconformidad, que si bien se condenó al pago de salarios caídos derivado del despido injustificado del que fue objeto, lo cierto es que la base salarial con la que integró la cuantificación de ellos es incorrecta, pues debió tomar en consideración todos y cada uno de los conceptos que señaló en su escrito de demanda, como lo es la compensación garantizada, la despensa y el seguro de separación individualizada y, al no haberse considerado así, el laudo es ilegal.
Referente al salario que percibía, en el hecho tres del escrito de demanda estableció:
"...3. A cambio de la prestación de mis servicios para las demandadas percibía un salario que a finales ascendía a la cantidad de $**********, como salario base mensual integrado, compuesto por el concepto sueldo, compensación garantizada, despensa y seguro de separación individualizada, importes a los que debe agregarse el valor de la parte proporcional de prima vacacional y la parte proporcional del aguinaldo para los efectos de la integración salarial correspondiente, en la inteligencia de que el pago de mis percepciones se me hacía por vía electrónica a la cuenta bancaria de la cual soy titular..."
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en lo que interesa, señaló:
"...3. Este hecho se contesta de la siguiente manera:
"Efectivamente, mi representada pagaba a la actora la cantidad bruta mensual de $********** (**********), cantidad a la que se le aplicaban los descuentos de ley, por contratación de seguro de vida, de gastos médicos y de préstamos adquiridos por la misma, y la cantidad líquida se le depositaba en una cuenta bancaria..."
La autoridad, al pronunciar el laudo, estableció:
"...Ahora bien, como se aprecia de la audiencia confesional (sic) ofrecida por la demandada a cargo de la actora, se advierte que la actora percibía como salario mensual la cantidad de $**********, que dividido entre 30 días se obtiene $**********, como salario diario.
"A efecto de cuantificar el concepto de salarios caídos a partir del día del despido, 30 de enero de 2013 al 30 de enero de 2014, son 365 días, tomando en cuenta que el trabajador señala que su salario mensual fue de $**********, que dividido entre 30 días se obtiene un salario diario de $**********, que multiplicados por los 365 días resulta $********** (**********), por concepto de salarios caídos..."
De la anterior transcripción se advierte que la autoridad condenó al pago de salarios caídos a razón de un salario mensual integrado de $********** (**********), que dividido entre treinta días da un salario diario de $********** (**********), monto que corresponde al que el actor señaló percibía, aspecto que quedó corroborado con el desahogo de la prueba confesional a su cargo.
Entonces, si la autoridad, al cuantificar el pago de los salarios caídos lo hizo a razón del salario que el actor aceptó percibía, debe considerarse que no existió violación alguna, por lo que resulta infundado lo alegado.
En el concepto de violación marcado como tercero, alega que al haber sido despedida de manera injustificada de su empleo se debió haber condenado al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por todo el tiempo que transcurrió desde el cese hasta el dictado del laudo e, inclusive, los que se siguieran generando hasta el cumplimiento del laudo, ya que tienen la misma suerte que el pago de salarios caídos, al ser prestaciones que dejó de percibir por el hecho de encontrarse separado, de manera que, al no haberse considerado así, estima que el laudo es ilegal.
La actora en la prestación "e)" de su escrito de demanda reclamó:
"...El pago de los salarios caídos a razón del salario integrado y que se llegue a generar en el juicio, desde la fecha del injustificado despido del que he sido objeto, hasta la total conclusión del presente juicio con la materialización de la reinstalación en mi puesto de trabajo, prestación que desde luego deberá incluir los incrementos legales y contractuales que al salario y las prestaciones correspondan y que se lleguen a generar durante el tiempo que dure la tramitación del juicio..."
Cabe precisar que las vacaciones son un derecho que los trabajadores adquieren por el transcurso del tiempo en que prestan sus servicios, cuya finalidad es el descanso continuo de varios días para reponer la energía gastada con la actividad laboral desempeñada.
La condena a reinstalar al actor a su fuente de empleo derivado de un despido injustificado, trae como consecuencia que se restituya al trabajador en sus derechos como si la relación laboral nunca se hubiera interrumpido.
Entonces, cuando el trabajador es despedido de su fuente de empleo de manera injustificada y se condena al pago de salarios caídos y éstos son cuantificados con un salario integrado en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, ello hace improcedente el pago de vacaciones y prima vacacional durante el tiempo que el empleado permanezca separado de su fuente de empleo, ya que de no estimarse así, se estaría en presencia de un doble pago.
Ahora bien, es el caso que la actora en el hecho tres de su escrito de demanda señaló que su salario integrado era a razón de $********** (**********), mismo que estaba constituido por diversos conceptos, de los que se destacan vacaciones y prima vacacional, y si la autoridad laboral al cuantificar el pago de salarios vencidos lo hizo a razón de dicho salario, consecuentemente no se pueden cuantificar de manera autónoma las prestaciones de vacaciones y prima vacacional pues, de hacerlo así, se insiste, se estaría en presencia de un doble pago; lo que es incorrecto.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 604, pronunciada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia de Trabajo, Parte SCJN, página 401, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"VACACIONES. SU PAGO NO ES PROCEDENTE DURANTE EL PERIODO EN QUE SE INTERRUMPIÓ LA RELACIÓN DE TRABAJO.-De conformidad con el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho a las vacaciones se genera por el tiempo de prestación de servicios, y si durante el periodo que transcurre desde que se rescinde el contrato de trabajo hasta que se reinstala al trabajador en el empleo, no hay prestación de servicios, es claro que no surge el derecho a vacaciones, aun cuando esa interrupción de la relación de trabajo sea imputable al patrón por no haber acreditado la causa de rescisión, pues de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, del rubro ‘SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO.’, ello sólo da lugar a que la relación de trabajo se considere como continuada, es decir, como si nunca se hubiera interrumpido, y que se establezca a cargo del patrón la condena al pago de los salarios vencidos, y si con éstos quedan cubiertos los días que por causa imputable al patrón se dejaron de laborar, no procede imponer la condena al pago de las vacaciones correspondientes a ese periodo, ya que ello implicaría que respecto de esos días se estableciera una doble condena, la del pago de salarios vencidos y la de pago de vacaciones."
También sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 142/2012 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, página 1977, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL DEVENGADAS Y NO DISFRUTADAS. CUANDO EL TRABAJADOR HAYA SIDO REINSTALADO Y TENGA DERECHO A SU PAGO, ÉSTE DEBE HACERSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, por una parte, que aunque en principio la reinstalación deriva de la existencia de un despido injustificado, la causa directa de las prestaciones adicionales es la propia relación laboral y, por otra, que el salario a que se refiere el precepto aludido es válido para todos los días de trabajo, incluso los de descanso, y no sólo para efectos indemnizatorios. Así, toda vez que las vacaciones son un derecho que los trabajadores adquieren por el transcurso del tiempo en que prestan sus servicios, cuya finalidad es el descanso continuo de varios días para reponer la energía gastada con la actividad laboral desempeñada, es claro que el salario que debe servir de base para pagarlas, cuando se ha reinstalado al trabajador que, adicionalmente, demandó su pago, es el integrado, previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, que comprende los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Lo mismo ocurre respecto de la prima vacacional pues, conforme al artículo 80 de la legislación citada, consiste en un porcentaje fijado a partir de los salarios que corresponden al trabajador durante el periodo vacacional. Ahora bien, este criterio está vinculado con la reclamación de vacaciones y prima vacacional devengadas y no disfrutadas, pero no con las que se reclaman concomitantes a un despido injustificado pues, en este caso, la condena al pago de salarios caídos hace improcedente su pago durante el tiempo que el trabajador permaneció separado del trabajo. En este último supuesto debe considerarse, además, que no podría incluirse el monto que por estos conceptos sea motivo de condena en el juicio laboral dentro del salario integrado, porque ello daría como resultado un doble pago, ya que en éste se incluirían el pago de las vacaciones y la prima vacacional y, a la vez, sería la base para cuantificar las propias prestaciones, lo que, evidentemente, duplicaría la condena."
Referente al pago de aguinaldo, este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al emitir la tesis I.6o.T.90 L, estableció que cuando se declare procedente la reinstalación procede también el pago de los aguinaldos que se venzan durante la tramitación del juicio laboral.
La tesis I.6o.T.90 L, corresponde a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, mayo de 2001, página 1073 y cuyos rubro y texto dicen:
"-Cuando la Junta declare procedente la reinstalación procede también el pago de los aguinaldos que se venzan durante la tramitación del juicio laboral, porque si de la interpretación armónica de los artículos 48, 87 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el aguinaldo es una prestación que integra el salario base para calcular el monto de los salarios caídos, con mayor razón procede el pago de los que se hubieren vencido durante la tramitación del juicio, pues en este supuesto se debe considerar que las prestaciones económicas deben cubrirse como si la relación laboral nunca se hubiera interrumpido, porque el despido le es imputable al patrón."
Entonces, si la autoridad condenó a reinstalar a ********** en los mismos términos y condiciones en que lo venía haciendo previo al despido del que fue objeto; consecuentemente, se debe condenar al pago del concepto de los aguinaldos que se venzan durante la tramitación del juicio e, inclusive, hasta que se dé cumplimiento al laudo; por lo que resulta fundado lo alegado.
Sostiene, en una parte de su primer concepto de violación, que se absolvió al demandado del pago de horas extras bajo el argumento de que al ser trabajador de confianza no tiene que registrar su entrada ni salida; determinación que estima es ilegal, pues la autoridad no apreció que la parte actora no es trabajadora de confianza, por lo que se debió haber condenado al pago de dicha prestación.
Continúa argumentando que el laudo se dictó sin atender a los principios de exhaustividad, verdad sabida y buena fe guardada, ya que se eximió al demandado de sus cargas probatorias, dejando de analizar que en ningún momento se acreditó con prueba alguna el horario de labores que desempeñaba la empleada, ya que tenía la obligación de demostrar que siempre se desempeñó en una jornada legal; de ahí que estime que la determinación de la responsable es contraria a derecho.
Para un mejor estudio de los argumentos antes sintetizados, resulta conveniente tener presente lo que demandó ********** en la prestación h) del escrito de demanda, en la que estableció:
"...h) El pago de horas extras que me corresponden por todo el tiempo que presté mis servicios para los demandados, ya que no obstante que en reiteradas ocasiones les reclamé específicamente a los demandados, en especial a los Sres. **********, ********** y **********, quienes hasta donde es de mi conocimiento los mismos se ostentan con el cargo de director de Planeación y Tecnologías de la Información, director de Desarrollo Humano y director general, respectivamente, del organismo público descentralizado y, por consecuencia, desempeñan funciones de dirección y administración para la misma por ser representantes del organismo público en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, me contestaron reiteradamente que mi actividad era la de un empleado de confianza y que por esa razón no tenía derecho a ellas, haciendo la manifestación de que con una de las demandadas se pactó una semana laboral de 40 horas, pero esa jornada laboral pactada con una de las sociedades demandadas,(sic) jamás se respetó ya que siempre presté mis servicios en una jornada laboral comprendida de las 9:00 a las 20:00 horas diariamente de lunes a viernes de cada semana, contando diariamente, de lunes a viernes de cada semana con 60 minutos para tomar mi descanso y alimentos, pero el tiempo para tomar alimentos y descanso lo disfrutaba dentro de las instalaciones de los demandados, por lo que dicho tiempo deberá computarse como integrante de la jornada de trabajo, lo anterior con fundamento en el texto de la jurisprudencia siguiente:
"‘SALARIO POR PERIODO DE DESCANSO EN JORNADA CONTINUA DE TRABAJO. DEBE CUBRIRSE COMO TIEMPO EXTRAORDINARIO SI EL TRABAJADOR, EN LUGAR DE DESCANSAR, LABORÓ DURANTE DICHO PERIODO.’ (Citó texto y datos de identificación)
"En consecuencia directa de lo anterior, las horas extras que se reclaman, deben computarse a partir de aquellas que rebasaron las 48 horas semanales pactadas contractualmente, por lo cual se reclama el pago de las horas extras en razón de que en ningún momento me fueron pagas (sic) no obstante haberlas devengado..."
El demandado señaló que el actor carece de acción y derecho para demandar el pago de horas extras, ya que es un hecho notorio y por todos conocido que en la administración pública los empleados desempeñan su jornada en un horario de las nueve a las dieciocho horas, es decir, cuarenta y cinco horas a la semana, por lo que rechazó que haya laborado quince horas extras semanales; no obstante lo anterior, no debe perderse de vista que ocupó una plaza de confianza, al ocupar el puesto de subdirectora con funciones de dirección, inspección y vigilancia en términos del numeral 11 de la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto, jamás contó con un horario establecido.
Una vez establecido lo anterior, debe tenerse presente que la autoridad determinó que la demandada no demostró que ********** debía ser considerada como trabajadora de confianza, ya que no acreditó las actividades que desempeñaba.
Ahora bien, el artículo 784,(1) fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo establece que corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre la jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales, bajo el apercibimiento que en caso de no demostrarlo se presumirán como ciertos los hechos alegados.
La autoridad, al resolver lo concerniente al pago de horas extras, determinó:
"...En cuanto a la prestación consistente en el pago de horas extras que le corresponden por todo el tiempo en que prestó sus servicios al demandado, prestación h) del escrito de demanda, resulta procedente absolver al demandado de dicha reclamación, siendo aplicable al presente caso la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero 1993, Tribunales Colegiados, página 339, con el título (sic) ‘TIEMPO EXTRAORDINARIO. SU IMPRECISIÓN HACE IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DE.’ (Se transcribió texto)..."
De lo antes transcrito se advierte que la autoridad absolvió a la demandada del pago de horas extras por estimar que el reclamo fue impreciso.
El artículo 842(2) de la Ley Federal del Trabajo dispone que los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, su contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.
El principio de congruencia de los laudos consiste en que la autoridad laboral, al resolver la controversia, debe ser coherente con la litis planteada, lo que significa que debe atender lo reclamado por la parte actora y demandada, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, es decir, debe ocuparse de resolver las pretensiones deducidas por las partes en su demanda y en la contestación.
Acorde con lo anterior, se puede afirmar que la determinación de la Junta de absolver al demandado del pago de horas extras bajo el argumento de que su reclamo es impreciso, es contrario a lo previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, dicha determinación es incongruente, pues la autoridad responsable no apreció que la actora señaló que trabajó de lunes a viernes de las nueve a las veinte horas, contando con una hora para tomar sus alimentos dentro de la fuente empleo.
Entonces, si la actora afirmó que su jornada de trabajo era de lunes a viernes de las nueve a las veinte horas, contando con una hora para tomar sus alimentos dentro de la fuente empleo, se puede afirmar que con dichos elementos la autoridad está en posibilidad de resolver lo que en derecho corresponda respecto del reclamo de horas extras, y si ello no fue atendido, consecuentemente el laudo no es congruente con el escrito de demanda; por lo que resulta fundado lo alegado.
Al haber resultado así, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal demandada por **********, para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje deje sin efectos el laudo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis y dicte otro en el que:
a) Condene al pago de los aguinaldos que se vencieron durante la tramitación del juicio e, inclusive, los que se sigan venciendo hasta que se cumplimente el laudo; y,
b) Se pronuncie respecto del reclamo de horas extras, debiendo tener presente que la actora señaló que su jornada de trabajo era de lunes a viernes de las nueve a las veinte horas, contando con una hora para tomar sus alimentos dentro de la fuente empleo, sin perjuicio de reiterar lo que no es materia de concesión.
La concesión de amparo se hace extensiva al presidente de la Junta Especial Número Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, cuenta habida que forma parte integrante de la misma Junta señalada como responsable.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 78/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, Tomo XXVII, mayo de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"PRESIDENTES DE LAS JUNTAS FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE O DE LAS JUNTAS ESPECIALES. CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO UN LAUDO O RESOLUCIÓN PRONUNCIADOS POR AQUÉLLAS Y COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A SUS PRESIDENTES, NO ES MOTIVO PARA NO RECONOCER A ÉSTOS TAL CARÁCTER NI PARA DECLARAR INEXISTENTES DICHOS ACTOS.-De acuerdo con lo establecido en los artículos 123, apartado A, fracción XX, constitucional, 609, 617, fracción IV, 618, fracción II, 623 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, los presidentes de las Juntas, ya sean Federales o Locales, de Conciliación y Arbitraje o de sus Juntas Especiales, tienen doble carácter, como integrantes de las propias Juntas, esto es, cuando las presiden y emiten los laudos y resoluciones como parte de un órgano colegiado, así como cuando actúan individualmente en ejercicio de las facultades propias concedidas en dicha ley; por ello, cuando cumplen con su obligación de rendir los informes justificados en los juicios de garantías en términos de los numerales 617, fracción VII y 618, fracción VI, de la Ley invocada actúan en su doble carácter y están en aptitud de defender el acto reclamado, independientemente de que se trate de una resolución emitida por la Junta como órgano colegiado, pues el presidente de una Junta no puede desconocer un acto en cuya emisión participó como miembro de la misma, en virtud de que actúa como integrante del órgano colegiado, lo conoce como presidente, por tratarse de una misma persona física. Por tanto, cuando se señalen como actos reclamados un laudo o resolución emitidos por la Junta relativa, en funciones de órgano colegiado y como autoridad responsable, el presidente de la misma, a éste no se le debe desconocer el carácter de autoridad responsable, porque de acuerdo a lo establecido en los preceptos 610, 618, fracción I, 888, 889, 839 y 890 de la ley precitada está obligado a intervenir en su emisión y a firmarlos una vez que se voten, esto es, es copartícipe en el pronunciamiento de los actos de la Junta que presida, circunstancia que innegablemente lo inviste del carácter de autoridad responsable en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, y evidencia la existencia del acto reclamado, razón por la cual no existe motivo alguno para sobreseer en el juicio por inexistencia del acto reclamado."
Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, 184 y 188 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y su presidente, consistente en el laudo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral **********, seguido por la propia quejosa en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y otro. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución a la autoridad responsable, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran la Magistrada presidenta Herlinda Flores Irene y los Magistrados Genaro Rivera y Jorge Alberto González Álvarez, siendo relator el último de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; II. Antigüedad del trabajador; III. Faltas de asistencia del trabajador; IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; V. T
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27365-ae7f73ba/aguinaldo-procede-su-pago-al-existir-condena-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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