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SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA A FAVOR DEL PATRÓN. ATENTO AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 213 DE LA LEY AMPARO, TRATÁNDOSE DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE AMPARO DEBE APLICAR ESTA FIGURA JURÍDICA.

Tipo de asunto: RECURSO DE INCONFORMIDAD 5/2018. · Registro digital (IUS): 27770
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-04-27
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Pág. 1845.

INCONFORMIDAD 5/2018. 8 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: SILVIA VALESKA SOBERANES SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Estudio del asunto.

Los agravios formulados por el organismo recurrente son infundados en parte, e inoperantes en otra, sin que la suplencia de los argumentos planteados en este recurso, que autoriza a ejercer el artículo 213 de la Ley de Amparo, permita estimar fundada la inconformidad.

Al respecto, se estima pertinente señalar que si bien el caso se trata de un asunto en materia laboral, en el que, dentro de la controversia originaria de la que emanó el acto reclamado, el órgano aquí recurrente figuró como parte patronal demandada, resulta inaplicable el artículo 79 de la Ley de Amparo, que limita la suplencia de la queja en favor del trabajador y, respecto del patrón, únicamente al supuesto en que el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, o cuando se ubique en una condición de vulnerabilidad social o económica que le dé la calidad de categoría sospechosa, en términos de sus fracciones I, V y VII.

Ello es así, cuenta habida que, tratándose del recurso de inconformidad, existe disposición especial que impone la obligación a los órganos jurisdiccionales de amparo de suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente, con el fin de desentrañar la verdadera intención de los recurrentes, para lo cual debe considerarse el escrito en su integridad, entre otros aspectos, sin distinguir la calidad del promovente ni la materia de derecho, es decir, se aplica a cualquier persona que interponga este recurso (previa verificación de su procedencia), de modo que no obstante la calidad de patrón, es deber del tribunal de amparo suplir la deficiencia de sus agravios, en términos de lo dispuesto por el numeral 213 de la ley de la materia, que resulta ser la norma especial y, por ende, la que debe ser aplicada sobre la norma general, bajo el principio interpretativo de especialidad.

Es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 119/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 759, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas», de título, subtítulo y texto:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO QUE CONOZCA DEL MISMO, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA VÍA Y DE LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR EL PROMOVENTE. Del artículo 213 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, deriva que en el recurso de inconformidad, el órgano jurisdiccional de amparo debe suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente, con el fin de desentrañar la verdadera intención de los recurrentes. Lo anterior es así, toda vez que los juzgadores deben interpretar el sentido de las promociones presentadas por los justiciables para determinar con precisión su voluntad, para lo cual deben considerar el escrito presentado en su integridad, tomando en cuenta la norma que, en su caso, funde su promoción, lo aducido en su escrito respecto de la vía que intentan, así como lo esgrimido en los puntos petitorios."

Así como la tesis VII.2o.T.61 L (10a.) de este cuerpo colegiado, publicada en la página 2236, Libro 32, Tomo III, julio de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas», de título, subtítulo y texto:

" El artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, limita la suplencia de la queja deficiente a favor del trabajador en una controversia constitucional; por ende, el patrón no es beneficiario de esta figura jurídica, a menos de que el acto reclamado se funde en disposiciones jurídicas que hayan sido consideradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de Circuito o, en su caso, se ubique en una condición de vulnerabilidad social o económica que le dé la calidad de categoría sospechosa, en términos de sus fracciones I y VII; sin embargo, tratándose del recurso de inconformidad, en el diverso precepto 213 de la ley en cita, el fin de la suplencia de la queja es ‘desentrañar la verdadera intención de los recurrentes’, para lo cual el juzgador debe considerar el escrito presentado en su integridad, entre otros aspectos, sin distinguir la calidad del promovente ni la materia de derecho; es decir, se aplica a cualquier persona que interponga este recurso (previa verificación de su procedencia), de modo que no obstante la calidad de patrón, es deber del tribunal de amparo suplir la deficiencia, por así establecerlo la norma especial y, por consiguiente, es la que debe aplicarse sobre la regla general, bajo el principio de especialidad; por ello, resulta inaplicable, para estos casos, el aludido artículo 79."

En tal virtud, se procederá a examinar si es apegada a derecho la resolución recurrida, con la cual se estableció que se cumplió el fallo protector emitido en el juicio de amparo directo **********, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito; inclusive, examinando directamente las actuaciones jurisdiccionales realizadas por la autoridad responsable y la nueva resolución dictada en acatamiento al fallo protector, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, en cuya observancia está interesada la sociedad y, además, de acuerdo con el artículo 214 de la actual Ley de Amparo, ningún expediente puede archivarse, sino hasta que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido al quejoso la protección constitucional.

Además, el análisis de mérito debe realizarse conforme a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 16/2013 (10a.), publicada en la página 6, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título, subtítulo y contenido siguiente:

"INCONFORMIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. PARA RESOLVERLA DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO ENTRE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMO EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Y LAS ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.-La inconformidad prevista en el artículo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 2 de abril de 2013) constituye un medio de impugnación contra la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, cuyo estudio atiende a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal; así, cualquiera de las partes que considere incorrecta la determinación en el sentido de que se ha cumplido la sentencia de amparo, puede interponer la inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la inconformidad contra la resolución de un Tribunal Colegiado de Circuito que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, debe realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable para determinar si la decisión de cumplimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se ajustó o no a derecho y así calificarla de infundada o fundada. Lo anterior, sin que en las consideraciones efectuadas al realizar dicho examen comparativo se prejuzgue sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, conservando las partes su derecho a interponer otros medios de impugnación, como el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la referida Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo."

La jurisprudencia de mérito es aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, pues las reglas ahí previstas, en relación con la técnica del estudio que debe llevar a cabo el órgano jurisdiccional cuando califique el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, son afines a la nueva normatividad.

En mérito de lo expuesto, la materia del recurso de inconformidad que ocupa nuestra atención, en términos de lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, lo constituye la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como a los límites señalados en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados en la resolución aquí impugnada.

Lo anterior supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de las violaciones examinadas en él, sin que puedan incorporarse elementos que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 774, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión."

Atento a lo acabado de precisar, es necesario atender las constancias que integran al juicio de amparo de que se trata, de las que se destaca lo siguiente:

1. **********, promovió juicio de amparo directo contra el laudo pronunciado el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral **********, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad (fojas 3 a 8 del juicio de amparo directo); del mismo modo, el organismo aquí recurrente promovió amparo en la vía principal en contra del referido laudo.

2. Por razón de turno, a este Tribunal Colegiado de Circuito correspondió conocer de dichos asuntos, los cuales quedaron radicados bajo los números ********** y **********, respectivamente, los que se resolvieron en sesión correspondiente al veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en los que por unanimidad de votos, en el segundo, se negó el amparo solicitado y, en el primero, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. (fojas 46 a 75 ídem)

3. Mediante oficio ********** de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable remitió copia certificada del laudo dictado en esa propia fecha, con el cual, aseveró haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo ********** (fojas 84 a 101 ídem); constancias que se pusieron a la vista de las partes para que hicieran valer las manifestaciones que estimaran convenientes; prerrogativa que ejerció el organismo aquí inconforme por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil diecisiete. (fojas 116 a 127 ídem)

4. Mediante acuerdo de doce de enero de dos mil dieciocho, que se erige como el auto aquí impugnado, el presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito declaró cumplido en su totalidad el fallo protector. (fojas 130 a 135 ídem)

Ahora bien, como se anticipó, son infundadas las manifestaciones que vierte el organismo inconforme, en el sentido de que la ejecutoria no fue cabalmente cumplida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad.

Se sostiene lo anterior, toda vez que del análisis de las razones por las que se determinó conceder el amparo al quejoso, así como de los efectos y alcances de la protección, se aprecia que el tribunal responsable dio cumplimiento a todos y cada uno de los deberes que le fueron impuestos para resarcir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como se evidencia del siguiente cuadro comparativo, en el que se confrontan los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional solicitada, y las actuaciones que llevó a cabo el citado órgano jurisdiccional en cumplimiento de los mismos:

Ver cuadro comparativo

Lo antes reseñado pone de manifiesto que no asiste razón jurídica al disidente, al sostener que la autoridad responsable no cumplió a cabalidad con el fallo protector, pues confrontados los efectos de la concesión del amparo con el laudo emitido en cumplimiento, se infiere que los temas de requerimiento efectuados por este órgano colegiado en la ejecutoria analizada fueron satisfechos en su totalidad, como fue apuntado en líneas precedentes; de ahí que, se itera, la potestad laboral sí se ajustó al núcleo esencial del fallo protector.

Ello es así, pues la naturaleza de las violaciones que fueron examinadas y por las que se otorgó el amparo al impetrante, derivaron de que el tribunal responsable (1) cuantificó las indemnizaciones antes citadas, conforme al salario neto del actor, cuando debió hacerlo conforme a su salario bruto, en términos de lo establecido por el artículo 45 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz; (2) estableció incorrectamente el periodo de condena de los salarios vencidos y, (3) respecto del pago de horas extras, porque desacertadamente ordenó la apertura del incidente de liquidación, cuando el salario del actor estaba determinado y no había sido controvertido en el juicio natural por la parte demandada, por lo que al existir elementos para ello, se determinó la cantidad que debía ser liquidada por ese concepto.

De modo que el verdadero alcance de la protección constitucional se limitó a obligar al tribunal responsable a subsanar tales deficiencias; por lo que la actuación del presidente resolutor debía ceñirse a verificar, como lo hizo, que la responsable en el nuevo laudo purgara los vicios de los que adolecía, los cuales fueron destacados en la sentencia constitucional.

Lo que, evidentemente, impedía a dicho resolutor pronunciarse respecto de las manifestaciones que realizó el organismo aquí inconforme en el escrito que presentó el quince de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 116 a 127 ídem), en desahogo de la vista que se le otorgó del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y que ahora reitera en vía de agravios, consistentes en lo siguiente:

a) Que el tribunal responsable le condenó a pagar horas extras en una cantidad y forma distinta a la que reclamó el actor en su demanda laboral, inadvirtiendo que sólo indicó que trabajó dos horas extras diarias de lunes a viernes, en un horario de las dieciocho a las veinte horas, por todo el tiempo de la relación laboral, sumando así sólo diez horas a la semana.

b) Que la responsable no tenía porqué condenarlo a pagar una cantidad de nueve horas a la semana, realizando una distribución de tres horas diarias por tres días a la semana, lo cual, aduce, es incongruente, ilegal y contradictorio; pues, sostiene, de esa forma se le está reconociendo al actor una hora extra más diaria cuando no reclamó dicha prestación de esa manera en su demanda, y sin que haya acreditado haber laborado esa jornada.

c) Que operó la prescripción de las horas extras reclamadas durante los años dos mil seis a dos mil trece y que, al condenarse el pago de aquéllas, se vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 101 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz y 516 de la Ley Federal del Trabajo.

d) Que el laudo no fue dictado a verdad sabida y buena fue guardada; y,

e) Que con la condena que se le impuso del pago de tiempo extraordinario, tanto el tribunal responsable como el presidente resolutor inaplicaron la ley en su perjuicio, ampliando el tiempo de la prescripción en un plazo mayor de un año establecido en la legislación.

Ello es así, pues el presidente resolutor, al examinar el cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo, no se encuentra facultado para pronunciarse en relación con la legalidad del laudo emitido en cumplimiento, sino únicamente para verificar o constatar que la autoridad responsable haya llevado a cabo todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo constitucional, sin excesos ni defectos, sin poder abordar aspectos que no fueron materia de la ejecutoria amparadora; por lo que, en todo caso, los aspectos que hizo valer en su escrito de desahogo de vista y que ahora reitera en vía de agravios, deben ser objeto, en su caso, de un diverso juicio de amparo, ya que, estimar lo contrario, implicaría extralimitar las facultades del presidente resolutor en ese estadio procesal, que en el particular deben constreñirse, como se dijo, a corroborar que la responsable subsanó las violaciones destacadas en el fallo constitucional.

Además, el pronunciamiento relativo a la desestimación de la excepción de prescripción, se hizo por el tribunal responsable en estricto cumplimiento a la sentencia amparadora, lo que evidencia lo inatendible de su planteamiento a través de este recurso.

En ese tenor, las argumentaciones reseñadas que reitera en vía de agravios deben desestimarse por inoperantes, por no controvertir lo resuelto por el presidente resolutor, sino la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia protectora, esto es, se encuentran dirigidos a controvertir aspectos de fondo que no pueden ser materia de pronunciamiento en esta instancia, ya que, como se indicó al inicio de este estudio, la materia del recurso de inconformidad se circunscribe a determinar la legalidad de la resolución en la que se haya declarado totalmente cumplida la ejecutoria de amparo y no a la legalidad del laudo emitido por la autoridad responsable en aspectos que no fueron analizados en el amparo.

Apoyan las anteriores consideraciones, las jurisprudencias 1a./J. 121/2013 (10a.) y 1a./J. 70/2014 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 786 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas», y en el Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 640 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas», cuyos títulos, subtítulos y textos son los siguientes, respectivamente:

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, sino la forma en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia protectora, con la pretensión de analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de inconformidad hecho valer."

"RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 120/2013 (10a.), de rubro: ‘RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO.’, estableció que la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a analizar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada. De ahí que los agravios que se formulen para impugnar dichos argumentos resulten inoperantes."

Por último, este órgano de control constitucional no inadvierte que el recurrente solicita que se ejerza un control de convencionalidad en lo que resulte más favorable a sus derechos, en relación con los artículos 123, apartado A, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Ley Federal del Trabajo, 49 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, por cuanto hace a la forma en que se establece la distribución de las horas extras, así como respecto de los numerales 101 de dicha ley y 516 de la Ley Federal del Trabajo, que prevén la regla genérica de prescripción de un año.

Sin embargo, dicha petición resulta inoperante, cuenta habida que el control de convencionalidad exige, como presupuesto lógico para su ejercicio, sobre todo cuando lo que se busca es declarar la inaplicación de una norma de derecho interno, que ésta sea aplicable, es decir, que efectivamente regule el caso concreto.

Empero, las disposiciones que invoca el recurrente, no fueron aplicadas en su perjuicio en el auto aquí impugnado de doce de enero de dos mil ocho, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, ni mucho menos resultan aplicables ni regulan en forma alguna al auto aquí recurrido, sino que se rige por lo establecido en los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo, de ahí que este órgano jurisdiccional no se encuentre facultado para emprender el control de convencionalidad que solicita.

Apoya lo anterior, la tesis aislada 1a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 667 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas», que dice:

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LA APLICABILIDAD DE LA NORMA AL CASO CONCRETO ES UN REQUISITO LÓGICO PARA EL EJERCICIO DE AQUÉL. El control de convencionalidad exige, como presupuesto lógico para su ejercicio, sobre todo cuando lo que se busca es declarar la inaplicación de una norma de derecho interno, que ésta sea aplicable, es decir, que efectivamente regule el caso concreto. De ahí que para considerar que se realizó un control de convencionalidad no basta la simple consideración de la autoridad de que la norma contradice un derecho humano, sino que previamente debe verificarse la condición de aplicabilidad de ésta. Lo anterior deriva en dos conclusiones: 1) la autoridad no puede declarar la inaplicación de una norma cuyo contenido no es aplicable al caso concreto; y, 2) no cualquier inaplicación de alguna norma que la autoridad afirme realizar constituye un genuino control de convencionalidad."

En ese tenor, no se actualiza el supuesto previsto en el párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, relativo a la obligación de dar publicidad al proyecto de resolución pues, como se dijo, el planteamiento de constitucionalidad vertido por la quejosa se desestimó por inoperante, por las razones antes expuestas, que impiden emitir un pronunciamiento distinto sobre el particular.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 61, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas», de epígrafe:

"PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El análisis del proceso legislativo de la Ley de Amparo permite advertir que la intención del legislador, al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se someterán a la consideración del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto. En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente, en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite responder a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión, por existir una causa jurídica que impide emitir pronunciamiento sobre el particular. Lo anterior, en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse atendiendo a la normativa aplicable en materia de acceso a la información y, en el caso específico del juicio de amparo directo, comprender sólo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos colegiados referidos, o bien, el Ministro o el Magistrado ponente, cuando lo estimen conveniente, ordenen la publicación de los proyectos de resolución en los que, si bien se analizan temas distintos de aquéllos, la decisión relativa podría dar lugar a sustentar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, pues ello es acorde con la intención del legislador de dar publicidad a la propuesta de resolución de asuntos trascendentes." Énfasis añadido.

A mayor abundamiento, tampoco se actualiza la obligación de dar publicidad al proyecto de resolución, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, relativo a la publicidad de proyectos de sentencia tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de junio de dos mil diecisiete, que establece:

"...En los proyectos de resolución de amparos indirectos en revisión y de amparos directos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que se proponga abordar el estudio de consti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27770-e7e18b50/suplencia-de-la-deficiencia-de-la-queja-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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