LIBERTAD PREPARATORIA Y REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. AUN CUANDO ES FACTIBLE ANALIZAR SIMULTÁNEAMENTE ESTOS BENEFICIOS, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA QUE LOS RIGE, NO DEBEN OTORGARSE DE MANERA COMPLEMENTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS NÚÑEZ SANDOVAL, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ Y GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. DISIDENTES: HÉCTOR LARA GONZÁLEZ Y TAISSIA CRUZ PARCERO. PONENTE: LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ. SECRETARIO: ENRIQUE VELÁZQUEZ MARTÍNEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de nueve de junio de dos mil quince.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 9/2014.
RESULTANDO:
ÚNICO.-Antecedentes y trámite:
I. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil catorce, ********** denunció, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la existencia de una posible contradicción de criterios entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 147/2014-I y 2/2014, respectivamente.
II. Mediante auto de tres de noviembre siguiente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la remisión del expediente formado con motivo de dicha denuncia de contracción de tesis al Pleno en Materia Penal del Primer Circuito.
III. Por acuerdo de trece de ese mes, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó formar y registrar el expediente con el número 9/2014 y requirió a las presidencias del Tercer y el Cuarto Tribunales en la materia y sede indicadas, para que remitieran copia certificada de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo en revisión 147/2014 y 2/2014, respectivamente.
Asimismo, solicitó a las presidencias de dichos órganos de control constitucional, que informaran si el criterio sustentado en los respectivos asuntos se encontraba vigente, superado o abandonado.
IV. Por proveído de quince de diciembre del mismo año, el presidente del Pleno en Materia Penal de este circuito, agregó a los autos los oficios signados por los presidentes del Tercer y del Cuarto Tribunales mencionados, por los que remitieron copias certificadas de las resoluciones dictadas en los amparos en revisión indicados, así como el señalamiento que el criterio sustentado aún estaba vigente.
Acuerdo en el que se dispuso que se turnara el asunto al Magistrado Carlos Hugo Luna Ramos para la formulación del proyecto de resolución, respectivo.
V. Mediante auto de siete de abril de dos mil quince, el presidente del referido Pleno returnó el asunto a la Magistrada Lilia Mónica López Benítez, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, y:
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada por **********, quien tuvo el carácter de recurrente en el amparo en revisión 147/2014,(1) del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito; asunto que es uno de los que motivó la contradicción de tesis que se resuelve, de ahí que se considera que se está en el supuesto a que se refiere la última parte de la fracción III del artículo 227(2) de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las ejecutorias contendientes.
I. Parte relativa de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo en revisión 147/2014.
"SÉPTIMO.-Previo a calificar los motivos de agravio, es menester precisar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: 1. El trece de noviembre de dos mil dos, el Juez Vigésimo Cuarto de lo Penal del Distrito Federal dictó sentencia condenatoria, en la causa **********, en la que declaró penalmente responsable a **********, por la comisión del delito de homicidio calificado y le impuso veintitrés años nueve meses de prisión.-2. Contra esa determinación, el defensor particular del quejoso interpuso recurso de apelación, del que conoció la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que mediante resolución de dieciocho de febrero de dos mil tres, en cuanto a la pena impuesta confirmó la sentencia de primer grado.-3. Inconforme el quejoso promovió demanda de amparo directo, de la que conoció este Tribunal Colegiado, el cual por ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 2243/2003 negó el amparo a **********, contra la referida sentencia de segunda instancia que reclamó de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.-4. Mediante escrito presentado ante la Dirección de Turno de Consignaciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el quejoso **********, promovió solicitud para el otorgamiento del beneficio penitenciario de la modalidad de remisión parcial de la pena para acceder a la libertad preparatoria; y mediante resolución incidental de dieciocho de septiembre de dos mil trece en el expediente 563/2013, el Juzgado Segundo de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, concedió la remisión parcial de la pena y la libertad preparatoria.-5. Contra esa interlocutoria, el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del que conoció la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual por resolución de veintiséis de noviembre de dos mil trece, en el toca 1589/2014, revocó la de primera instancia y negó la concesión del beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena y como consecuencia de ello diverso beneficio de libertad preparatoria.-6. Inconforme con esa resolución el quejoso promovió amparo indirecto, del que conoció el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el expediente 313/2014, y el nueve de junio de dos mil catorce negó la protección constitucional solicitada; resolución que constituye la materia de este recurso.-Ahora bien, devienen inoperantes todos aquellos planteamientos que se centran en atribuir al resolutor de amparo vulneración de los dispositivos 1o., 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuenta habida que en tratándose del procedimiento de amparo como instrumento de tutela constitucional de naturaleza jurisdiccional que puede promover un particular, se rige conforme a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, así como el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por lo que no es jurídicamente admisible atribuir al Juez de Distrito, como garante de derechos fundamentales, transgresión de tal especie de derechos ni de ‘garantías’, amén de que, por la naturaleza del recurso de revisión sólo se examina la legalidad de lo resuelto en primera instancia de amparo, admitir lo contrario implicaría tratar extralógicamente al Juez como autoridad responsable, así como otorgar a la revisión atribuciones de metacontrol concentrado de constitucionalidad.-Al tema, por identidad jurídica sustancial es aplicable la jurisprudencia 35 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe).-En otro aspecto, de conformidad con los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito al fijar la litis debe establecer de forma clara y precisa el acto reclamado a la autoridad responsable, con base en todos los datos que se adviertan de la demanda exhibida por la parte quejosa, en un sentido que resulten congruentes con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para lo cual debe buscar obtener con la mayor exactitud posible la intención del promovente, para de esta forma armonizar los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para lo cual deberá descartar los datos que generen oscuridad o confusión, todo ello en relación al informe justificado que rinda la autoridad responsable y los elementos de prueba que se aporten, con el fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.-Ilustra a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis 1a. X/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 191 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, correspondiente a agosto de 2000, materia común, con rubro y texto siguientes: ‘SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS.’ (se transcribe).-En ese sentido, el ad quem actuó correctamente al fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que hizo consistir en: ‘... La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil trece, emitida en el toca 1589/2013, mediante la cual se revocó la determinación de la Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, en la que había concedido al quejoso «el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena y como consecuencia de ello el diverso beneficio de libertad preparatoria», que se atribuye a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad.’.-En ese tenor, los agravios esgrimidos por el recurrente devienen infundados, pues en forma adversa a lo que se señala el Juez de Amparo de manera acertada apreció el acto reclamado en el que se negó la concesión del beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena y como consecuencia de ello diverso beneficio de libertad preparatoria en atención a que el quejoso no cumple con los requisitos contemplados en los artículos 46 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, que contemplan los beneficios penitenciarios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena, respectivamente, explicó la responsable, que conforme a tales preceptos, la operatividad de los beneficios de que se trata son de manera independiente, y ante tal independencia, no resulta válido que se otorguen de manera complementaria o mancomunada, porque al unir un beneficio al otro bajo el argumento de que la ley establece que el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo, se rompe con el principio de independencia.-Adverso a lo estimado por el recurrente, el juzgador federal correctamente estimó que la resolución en reclamo no infringe el artículo 16 constitucional, ya que se encuentra fundado y motivado, porque de su lectura se advierte que la ad quem responsable de la que emana el acto reclamado señaló con precisión los preceptos legales aplicables, entre otros, los artículos 46 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal (vigente en el año dos mil dos), y se expresaron los razonamientos lógico jurídicos por los que se estimaron aplicables tales preceptos legales, ya que con base en la apreciación del material probatorio se dijo que el accionante de amparo no es merecedor a la concesión del beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena y como consecuencia de ello diverso beneficio de libertad preparatoria en atención a que el quejoso no cumple con los requisitos contemplados en los artículos 46 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal.-Es aplicable, la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala del alto Tribunal, visible a foja 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe).-En efecto, como lo precisó el Juez de Amparo al avalar lo resuelto por la ad quem, los beneficios de que se trata no son susceptibles de otorgamiento en la forma en que la Juez de ejecución lo planteó, ya que la procedencia de los mismos funciona de manera independiente. Por ello, no es legalmente factible que se otorguen de manera complementaria o mancomunada, como lo hizo la Juez de ejecución, porque al unir un beneficio al otro bajo el argumento de que la ley establece que el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo, rompió con tal principio de independencia.-Por ello, de manera correcta estimó el Juez Federal que ese ‘cómputo benéfico’ debe entenderse en el sentido de que la autoridad de ejecución de las penas debe ponderar, en principio, si resulta eficaz y suficiente para conceder la remisión parcial de la pena y, de no ser así, si tiene tales cualidades para conceder el diverso de la libertad preparatoria, o viceversa, es decir, que sin perder de vista la independencia de la operatividad de los beneficios cuestionados, decida si el condenado cumple con la temporalidad -aunada a los demás requisitos correspondientes-, para obtener cualquiera de esos beneficios, pero de manera autónoma.-De forma adecuada, el Juez de Amparo consideró que respecto al beneficio de la remisión parcial de la pena, la Sala responsable determinó que si el quejoso fue condenado a purgar la pena de veintitrés años nueve meses de prisión, de los cuales a la fecha de emisión del acto reclamado sólo acumulaba once años siete meses cinco días de esa pena privativa de libertad, resulta que los tres mil novecientos veintiocho días laborados por el justiciable, que equivalen a cinco años cinco meses dieciséis días, son insuficientes para obtener el beneficio de que se trata, porque le restan por compurgar seis años ocho meses nueve días de prisión.-Asimismo, el Juez de Amparo precisó que aun cuando la finalidad del beneficio de remisión parcial de la pena, es la de favorecer al sentenciado en el cumplimiento parcial de la pena, debe aplicarse única y exclusivamente cuando el cómputo respectivo arroje que dicho cumplimiento es total, es decir, cuando al adicionar al tiempo efectivo de purgación de la pena los días laborados, esta última deba declararse totalmente extinguida, que en el caso no acontece.-Ahora, respecto a la libertad preparatoria, el Juez Federal de manera correcta determinó que la Sala responsable estima que no se satisface el requisito de temporalidad necesario para su concesión, porque si el quejoso fue condenado a veintitrés años nueve meses de prisión, para obtener el beneficio de la libertad preparatoria es menester haber cumplido tres quintas partes de esa condena, que equivalen a catorce años tres meses de esa sanción, de modo que si a la fecha de emisión del acto reclamado sólo había cumplido once años siete meses cinco días de esa pena privativa de libertad, es incuestionable que no cumple con la temporalidad requerida por la ley para la procedencia del beneficio.-El recurrente aduce que le causa agravio la sentencia recurrida en razón de que ni el artículo 46 ni el diverso 50, ambos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal prohíben que se tomen en consideración los días de remisión que le han sido concedidos para cumplir con las tres quintas partes que prevé el diverso beneficio de libertad preparatoria, por el contrario, el párrafo segundo del artículo 50 mencionado, establece que el cómputo de los plazos se realice como más beneficie al reo. (El Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito (sic) ha establecido, el veintidós de mayo de dos mil catorce ‘un dictamen’ similar a los anteriores argumentos en ‘la RP. 2/2014’, el cual se hace valer como hecho notorio).-Es infundado, porque en primer lugar, el Juez Federal de manera correcta avaló lo considerado por la ad quem responsable en lo concerniente a que la procedencia de los beneficios aludidos operan de manera independiente. Por lo que no es legalmente factible que se otorguen de manera complementaria o mancomunada, porque al unir un beneficio al otro bajo el argumento de que la ley establece que el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo, rompe con el principio de independencia. En segundo lugar el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que invoca el recurrente, no es de observancia obligatoria para este tribunal.-El recurrente considera que el Juez de Amparo omitió aplicar los principios pro persona y pro homine, en su favor de conformidad con los artículos 1o. y 133 de la Ley Suprema, por lo que aduce es obligación del Juez de Amparo ejercer ex officio, el control de convencionalidad en sede interna, es decir, disponen que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, por lo que debe acudirse a la interpretación extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, con la finalidad de respetar, tanto sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal, como sus derechos humanos mencionados en los instrumentos internacionales de los cuales México es parte.-Es infundado, ya que contrario a lo expuesto en los agravios, los argumentos que sirven de sustento para negar al recurrente la concesión del beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena y como consecuencia de ello diverso beneficio de libertad preparatoria fueron porque el quejoso no cumple con los requisitos contemplados en los artículos 46 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, determinación que en modo alguno se contrapone con los principios pro persona e in dubio pro reo; ya que es necesario cumplir con los requisitos legales para ser merecedor de los mismos. En tal virtud del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de ‘derechos’ alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.-Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 906, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el sumario siguiente: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.’ (se transcribe).-Ante lo cual, no resulta aplicable en favor del quejoso la tesis que invocó de rubro: ‘PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.’. Lo anterior se afirma pues conforme a los razonamientos expuestos en párrafos precedentes no se actualiza el supuesto ahí previsto.-El recurrente aduce que el Juez de Amparo omitió aplicar en su perjuicio el artículo 42 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y también fue omiso en considerar el dictamen de Consejo Técnico Interdisciplinario rendido por el Director del Centro Penitenciario, así como el informe de evaluación de la evolución del Consejo Técnico Interdisciplinario de la Penitenciaría del Distrito Federal en la que se determinó viable la reinserción social del quejoso.-Es infundado, toda vez que el artículo 42 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para El Distrito Federal, no le resulta aplicable al recurrente, pues tal numeral establece que en la resolución que conceda algún beneficio penitenciario tomará en consideración todos los informes y conclusiones que sean recabados por el Juez de Ejecución a través de las partes, así como los datos y pruebas que aporten las partes conforme a su derecho e interés les convenga contendrá las observaciones y antecedentes relacionados con la conducta; lo que en el caso no aconteció, porque el quejoso le fue negado el otorgamiento del beneficio penitenciario de la modalidad de remisión parcial de la pena para acceder a la libertad preparatoria, al no cumplir con los requisitos contemplados en los artículos 46 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal.-En tal virtud, no resultan aplicables en favor del quejoso las tesis que invocó de rubros: ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.’, ‘PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN EL AMPARO. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE ADUCE QUE NO FUE OBSERVADO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE EXAMINAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO SE OMITIÓ.’ y ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES OMITIDAS.’. Lo anterior se afirma pues conforme a los razonamientos expuestos en párrafos precedentes no se actualizan los supuestos ahí previstos.-Por todo lo anterior, es que adverso a lo estimado por el discordante en este recurso, la sentencia recurrida no transgrede los principios de exhaustividad y congruencia en su agravio, puesto que atendió el reclamo esencial del quejoso al analizar los aspectos de forma y fondo del acto de la incidencia planteada relativo al beneficio penitenciario de la modalidad de remisión parcial de la pena para acceder a la libertad preparatoria, y en tal situación resolver la disconformidad planteada al juzgador del amparo.-En esa guisa, sin motivo de queja que suplir, procede confirmar la sentencia recurrida."
II. Ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión 2/2014.
"QUINTO.-Decisión de este Tribunal Colegiado. El agravio que expresó el recurrente, es fundado, y suficiente para revocar la resolución recurrida.-Para una mayor comprensión del asunto resulta necesario destacar que la Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, en la ejecutoria de veintinueve de mayo de dos mil trece, en la parte que interesa señaló: ‘... En consecuencia, procede la remisión parcial de la pena únicamente respecto de la temporalidad que ha quedado acreditada (4 cuatro años 2 dos meses 16 dieciséis días), para el único efecto de ser considerada para el análisis de la procedencia o no del beneficio de libertad preparatoria.-Una vez agotado el análisis del beneficio de la remisión parcial de la pena, se procede al estudio de manera independiente del segundo de los beneficios solicitados por el sentenciado **********, consistente en la libertad preparatoria, prevista en el artículo 46 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal, vigente al 15 quince de enero de 2000 dos mil, que establece: «Artículo 46. La libertad preparatoria se otorgará al sentenciado que cumpla con las tres quintas partes de su condena tratándose de delitos dolosos o la mitad de la misma tratándose de delitos culposos, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: I. Haber acreditado niveles de instrucción.-II. Haber participado en el área laboral, educativa o cultural.-III. En caso de haber sido condenado a pagar la reparación del daño, ésta se haya garantizado, cubierto o declarado prescrita.».-Previo al análisis de los requisitos necesarios para la concesión del beneficio en comento, deberá establecerse si se actualizan las causales de improcedencia establecidas en el artículo 48 de la propia legislación en el sentido que no se otorgará la libertad preparatoria al sentenciado que: I. Hubiera incurrido en segunda reincidencia y a los habituales, lo que en la especie no acontece de acuerdo con la copia certificada de la identificación administrativa, practicada al sentenciado ********** (fojas 37 a 39), concatenada con la partida jurídica ya mencionada (foja 344), así como con los informes rendidos por las autoridades administrativas, a través de los oficios DEJDH/SCI/28750/2013 del subdirector de Control de Información de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Distrito Federal, de 30 treinta de noviembre de 2012 dos mil doce (foja 104); ya que de los mismos se constató que el peticionario ********** no registra ingresos anteriores a prisión, por tanto no puede considerase como reincidente ni mucho menos como habitual; aunado a, que de las copias certificadas de las sentencias de primera y segunda instancia, no se le consideró como tal. Documentales que se valoran de acuerdo con lo establecido en (sic) propio numeral 250 de la ley procesal de aplicación supletoria.-Tocante a la fracción II. Se encuentre en el caso señalado por el artículo 42 de esta ley, numeral que prevé lo siguiente: «Artículo 42. Los beneficios de libertad anticipada, no se otorgarán cuando exista prohibición en el Código Penal para el Distrito Federal u otras leyes.».-«Artículo 85. La libertad preparatoria, no se concederá a los sentenciados por el delito de violación, previsto en el artículo 265 en relación con el artículo 266 Bis, fracción I; por los delitos graves que dolosamente afecten la integridad física o emocional de los menores; por el delito de plagio y secuestro previsto por el artículo 366, con excepción de lo previsto en la fracción VI de dicho artículo, en relación con su antepenúltimo párrafo y lo dispuesto en el penúltimo párrafo; por el delito de robo con violencia en las personas en un inmueble habitado o destinado para habitación, conforme a lo previsto en el artículo 367 en relación con los artículos 372 y 381 Bis, de este código, así como a los habituales y a quienes hubieran incurrido en segunda reincidencia.».-De tales citas se aprecia que el delito de homicidio calificado, por el cual fue condenado el sentenciado, no se encuentra previsto en el último de los numerales.-Una vez establecido lo anterior, se procede a analizar el presupuesto de temporalidad y las fracciones previstas en el ordinal 46 antes referido.-Así las cosas, el presupuesto de temporalidad en el sentido que el sentenciado haya cumplido con las 3/5 tres quintas partes de su condena por tratarse de delito doloso, de acuerdo con el tiempo que lleva privado de su libertad 13 trece años 4 cuatro meses 13 trece días, de manera natural no cubre la temporalidad referida; empero, tomando en consideración la remisión parcial de la pena realizada con antelación que fue de 4 cuatro años 2 dos meses 16 dieciséis días, las que sumadas arrojan un total de 17 diecisiete años 6 seis meses 29 veintinueve días, lo que denota que cubre el presupuesto de temporalidad que nos ocupa, ya que tomando en consideración la pena impuesta (27 veintisiete años 6 seis meses) las 3/5 partes ascienden a 16 dieciséis años 6 seis meses, colmándose con ello el presupuesto de temporalidad que requiere dicho beneficio.-Tocante a las fracciones «I. Haber acreditado niveles de instrucción» y «II. Haber participado en el área laboral, educativa o cultural», en cuanto a la primera parte del estudio educativo de 21 veintiuno de enero de 2013 dos mil trece, elaborado por el área respectiva del centro de reclusión en el que se encuentra interno el sentenciado ********** y que obra en el expediente técnico ya ponderado (foja 350), se desprende que fue propuesto; en virtud, que certificó primaria y secundaria (fojas 351 y 352), y al ingresar a la Penitenciaría del Distrito Federal participó en cursos extraescolares (fojas 71 a 74 y 76 a 78), siendo los siguientes: ... Asimismo, fue propuesto por el responsable del área laboral (foja 406), ya que se ha desempeñado como auxiliar de limpieza y auxiliar de protección civil; y en el rubro de capacitación para el trabajo, se reporta que registra cursos (fojas 71 y 79), en: ... Por otra parte, del informe de actividades deportivas, culturales y recreativas de 21 veintiuno de enero de 2013 dos mil trece (foja 387), se advierte que el sentenciado no fue propuesto, debido a su poco interés en participar en las actividades propias del área durante su reclusión.-Sin embargo, se advierte del propio informe que en deportes cuenta con participación en gimnasio de septiembre pasado a la actualidad.-Además, que en este rubro, pueden ser considerados los cursos extraescolares (fojas 71 a 74 y 76 a 78), ya que todos ellos fortalecen y fomentan su acervo cultural, siendo los siguientes: ... Amén, que el sentenciado certificó los niveles de primaria y secundaria. Consecuentemente, se tienen por acreditadas las fracciones I y II del artículo 46 de la ley ejecutiva vigente al momento de los hechos (15 quince de enero de 2000 dos mil).-Documentos que se valoran de acuerdo con lo establecido en (sic) propio numeral 250 de la ley procesal de aplicación supletoria.-En cuanto a la fracción III, que refiere en caso de haber sido condenado a pagar la reparación del daño, ésta se haya garantizado, cubierto o declarado prescrita, se encuentra acreditada, ya que de la copia certificada del proveído de 7 siete de julio de 2009 dos mil nueve, dictado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25777-1b25f707/libertad-preparatoria-y-remision-parcial-de-la-pena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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