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Modo: Corpus Pro

TRASLACIÓN DEL TIPO. COMPETE A LA AUTORIDAD JUDICIAL RESOLVER EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO SE PROMUEVE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, AUN CUANDO ÉSTA SE DICTÓ CON APOYO EN UN TIPO PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, ABROGADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE JULIO DE 2002.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19345
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 577.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, son los que a continuación se transcriben:

a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión RP. 1662/2005, sustentó las consideraciones siguientes:

"SEXTO. Ahora bien, el acto reclamado de la autoridad ordenadora responsable puntualiza:

"‘CONSIDERANDO:

"‘I. ...

"‘II. ...

"‘1. El nueve de julio de mil novecientos noventa y dos, el Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Federal pronunció sentencia definitiva en la causa 297/91, instruida en contra de ... por la comisión del citado ilícito de homicidio calificado, en la que se le consideró penalmente responsable de la perpetración de ese delito contra la vida circunstanciado, imponiéndole la pena de treinta y siete años de prisión.

"‘2. Inconformes con tal resolución, el enjuiciado, su defensor particular, así como la agente del Ministerio Público adscrita a ese órgano jurisdiccional, interpusieron el recurso de apelación, el que fue resuelto el trece de octubre de ese año, por esta Segunda Sala Penal, anteriormente Novena Sala, en el toca 540/92, confirmándose la sentencia impugnada.

"‘3. Nuevamente inconforme con dicha ejecutoria, el justiciable ... promovió juicio de garantías, mismo que fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, negándosele el amparo y protección de la Justicia Federal.’

"...

"Con fecha catorce de enero de dos mil cinco, el aquí quejoso ... promovió ante el Juzgado Séptimo Penal del Distrito Federal, incidente no especificado, en el que solicitó se le concediera su libertad y el traslado (sic) de la conducta por la que fue sentenciado, al Nuevo Código Penal para el Distrito Federal (fojas 77 a 120 del anexo 1 del expediente).

"Con fecha veintisiete de enero de dos mil cinco, el Juez del conocimiento dictó resolución interlocutoria relativa al incidente no especificado (fojas 130 a 133 del anexo 1 del expediente), en la que en lo conducente determinó:

"‘La punición aplicable al delito de homicidio calificado por el cual fue sentenciado ... se encuentra prevista actualmente en el artículo 128 del Nuevo Código Penal con una sanción de veinte a cincuenta años de prisión, sanción que resulta igual a la prevista en el artículo 320 del Código Penal abrogado, en la que se fundamentó la sanción impuesta, por lo que la nueva ley no le resulta más favorable, en su aplicación al sentenciado para los actos de la pena impuesta ...’

"Resolución que fue confirmada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil cinco (fojas 91 a 99 del anexo III del expediente que constituye el acto reclamado, bajo el razonamiento toral siguiente: (precisó el texto).

"...

"En ese sentido, es conveniente tomar en cuenta los siguientes aspectos:

"...

"3. Por su parte el Juez de amparo, en la sentencia controvertida resolvió lo siguiente:

"...

"6. Concedió el amparo de la Justicia de la Unión al solicitante de esa protección, al estimar fundado el concepto de violación expresado, según el cual, la Sala y Jueces Penales no son las autoridades competentes para conocer de los incidentes de traslación de tipo, pues esto le corresponde a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, según los preceptos 56 del Código Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los hechos (treinta y uno de octubre de mil novecientos novena y uno), 2 y 10 del Nuevo Código Penal para la ciudad y 575 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así como a la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, que fue publicada en la página 1471 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, del rubro siguiente:

"‘RETROACTIVIDAD. LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE AL SENTENCIADO QUE PROMUEVA UN INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO CUANDO LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA Y EL PROCESO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL Y NO AL JUEZ DE LA CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’

"No obstante, se advierte que en ese considerando, el Juez Federal inicialmente precisó que era la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, quien debía resolver al respecto.

"...

"DÉCIMO PRIMERO. Retomando el motivo de disenso expresado por la autoridad inconforme, éste se estima esencialmente fundado.

"En efecto, como se advierte de lo expuesto, en esencia la autoridad revisionista estima que es desacertado lo resuelto por el Juez de amparo debido a que ella no es la facultada para resolver el incidente de traslación del tipo planteado, en ese sentido le asiste la razón.

"Ahora bien, de la resolución recurrida se desprende que el Juez Federal concedió el amparo, porque estimó fundado el concepto de violación expresado, según el cual, la Sala y Jueces Penales no eran las autoridades competentes para conocer de los incidentes de traslación del tipo, pues esto le correspondía a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, según los preceptos 56 del Código Penal para el Distrito Federal vigente en la época de los hechos (treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno), 2 y 10 del Nuevo Código Penal para la ciudad y 575 del Código de Procedimientos Penales de esta ciudad, así como a la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, intitulada:

"‘RETROACTIVIDAD. LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS FAVORABLE AL SENTENCIADO QUE PROMUEVA UN INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO CUANDO LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA Y EL PROCESO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL Y NO AL JUEZ DE LA CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’

"En la especie se considera que es desacertado lo anterior en atención a las siguientes consideraciones:

"El procedimiento penal está constituido por una serie de actos, los que se encuentran vinculados entre sí, por relaciones de tipo causal con miras a fines específicos y cuya regulación se encuentra en diversos ordenamientos legales, entre otros, los preceptos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 constitucionales, cuyos principios fueron recogidos tanto en el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal (incluyendo al anterior cuerpo legal ahora sin vigencia), como en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

"Esos actos son ejecutados por diversos entes públicos dependiendo de la etapa en que se encuentre el procedimiento y de la naturaleza de la acción; de ahí que tengan injerencia los órganos persecutor (Ministerio Público), jurisdiccional (Jueces y Magistrados) y administrativo (autoridades ejecutoras de sanciones), quienes actúan en el ejercicio de sus funciones con el fin de actualizar en el autor de un hecho ilícito la conminación penal establecida en la ley.

"Doctrinalmente, atendiendo a la naturaleza de los actos que se desarrollan y las autoridades que los realizan, se han considerado como etapas del procedimiento penal a las siguientes:

"a) averiguación previa;

"b) instrucción;

"c) juicio; y,

"d) ejecución.

"Estas fases se identifican respectivamente como ejecutadas por los órganos siguientes:

"a) Ministerio Público:

"b) y c) Tribunales (considerando Jueces y Magistrados); y,

"d) El Ejecutivo, por medio de las autoridades encargadas del sistema penitenciario.

"La averiguación previa, a cargo del Ministerio Público, se caracteriza por la realización de actos de naturaleza administrativa encaminados a la persecución de los delitos y sus responsables; por su parte, tanto la instrucción como el juicio, son dirigidos por los juzgadores y las acciones que desarrollan se diferencian por ser de naturaleza decisoria y de tipo jurisdiccional (declaratorio del derecho), para determinar los ilícitos cometidos, sus autores y las penas; finalmente, en la ejecución, intervienen autoridades dependientes del Poder Ejecutivo y en cuanto a los actos que despliegan, son de orden administrativo tendente a la cumplimentación de las sanciones impuestas.

"Tales etapas, así entendidas, tienen sustento en la Carta Magna, están diferenciadas con claridad en los numerales constitucionales referidos, pero particularmente en los preceptos 18 y 21 que, en lo conducente, expresan: (se transcriben).(1)

"Como se advierte, el legislador constitucional estableció con nitidez el ámbito de competencia de cada una de las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, para el caso del Ministerio Público, le corresponde la investigación y persecución de los delitos, tratándose de la autoridad judicial, tiene facultades exclusivas de imposición de penas y finalmente, la autoridad administrativa es la encargada de la ejecución de las sanciones y la organización del sistema penitenciario.

"En concordancia con lo expuesto, se observa que los preceptos 6o. del Nuevo Código Penal, 1o., 3o. y 575 del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Distrito Federal, precisan: (se transcriben).(2)

"Es conveniente retomar que los actos desplegados por el Juez son de orden decisorio y jurisdiccional, es decir, tienen por objeto resolver las cuestiones planteadas y declarar el derecho, en el caso del orden penal, se centran en lo que es conocido como la jurisdicción, que se refiere a la facultad que tienen los tribunales (órganos del Estado) para declarar si un hecho es o no delito, determinar la responsabilidad o irresponsabilidad de las personas y actualizar en el sujeto activo la conminación penal establecida por la ley.

"De lo anterior se desprende además, que atento a la competencia constitucionalmente establecida para la validez de los actos procedimentales, es necesario que se emitan por los órganos facultados para ello, acorde al principio de división de funciones y órganos.

"Ahora bien, en la especie, se presentó al Juez de la causa un incidente en que se solicitó la aplicación de la ley más favorable, al respecto se puntualiza que ello corresponde al tema de los conflictos de leyes en el tiempo, que se presentan a raíz de la sucesión de leyes penales y cuyas consecuencias tienden a modificar la situación jurídica del sujeto activo del ilícito, que de forma fundamental puede deberse a las siguientes hipótesis en cuanto a la nueva ley:

"a) Que catalogue como delito una conducta que antes no estaba considerada de esa forma;

"b) Que destipifique una conducta que se estimaba como ilícito en la ley anterior o derogada o las circunstancias cualificantes que convergían;

"c) Que considere menos requisitos de estructura típica o de procedibilidad;

"d) Que contenga penas más rigurosas, con lo que agrave la situación del agente del antijurídico, en relación con la ley derogada; y,

"e) Que por las razones expuestas con antelación pero en sentido inverso, convierta en menos gravosa la situación jurídica del sujeto con respecto a la ley derogada.

"Los anteriores casos están ligados al fenómeno de la extractividad de la ley penal, que se refiere a la aplicación de la ley fuera de su periodo normal de vida legislativa, ya sea aplicando la ley anterior, cuando ya estaba derogada (ultractividad) o bien aplicando la ley posterior a hechos acaecidos en un momento en que aún no estaba vigente (retroactividad), evidentemente, en este sentido, debe atenderse, en la legislación nacional, a lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del artículo 14 constitucional, acorde a los cuales, debe aplicarse la ley vigente en el momento del suceso y en que se prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, de este aspecto interpretado en sentido contrario, se ha concluido la retroactividad en beneficio.

"De las diversas hipótesis detalladas se desprende que en las primeras tres, su estudio implica una labor de decisión que es neta y exclusivamente de tipo jurisdiccional, puesto que es necesario declarar si es o no delito la conducta en análisis o si las calificativas o estructura típica han variado, todo por virtud de la reforma.

"En cuanto a las restantes opciones, también se trata de un acto de tipo decisorio, pero que responde a una comparación aritmética, por lo que no es necesariamente del orden judicial, ya que esa acción no es declarativa del delito ni del responsable, ni tiene como efecto imponer una pena sino, en su caso, adecuarla.

"En el contexto de los conflictos de leyes en el tiempo, como se detalló, el artículo 14 constitucional prevé la prohibición de aplicación retroactiva de la norma penal en perjuicio y de cuya interpretación en sentido inverso se concluye la permisibilidad en beneficio; en ese sentido el numeral 56 del Código Penal para el Distrito Federal, actualmente abrogado, señalaba: (se transcribe).(3)

"Por su parte, el dispositivo 10 de la nueva legislación de la materia y fuero, precisa: (se transcribe).(4)

"Ahora bien, en la especie, se observa que el quejoso, estando en etapa de ejecución de la prisión impuesta, una vez que agotó el amparo directo contra la sentencia de segunda instancia, promovió incidente en que solicitó la traslación de su conducta ilícita al Nuevo Código Penal referido, para ello básicamente afirmó que, con motivo de la abrogación del anterior cuerpo legal, conducía a la supresión del carácter delictual de su acción, en esa hipótesis no podía aplicársele la nueva legislación, en todo caso, el antijurídico de homicidio calificado por el que fue sancionado cambió en su regulación, por lo que dejó de ser penado; finalmente, al punir su actuar antijurídico se tomaron en cuenta factores que no eran procedentes o se dejaron de ponderar otros que le beneficiaban.

"El incidente de mérito fue presentado al Juez de origen, quien lo estimó infundado, resolución contra la que interpuso apelación, la que fue resuelta por la Sala responsable en el sentido de confirmar el auto recurrido, por lo que el amparista promovió el amparo indirecto del que emergió la revisión.

"En esa sentencia se concedió el amparo al promovente de la acción constitucional con base en los aspectos indicados; sin embargo, tal proceder se estima desacertado debido a que de los dispositivos referidos se desprende que en los casos en que la aplicación de la ley más favorable implica el estudio de cuestiones relacionadas con la labor de decisión, vinculadas con declarar si es o no delito la conducta en análisis o si las calificativas o estructura típica han variado, con motivo de la modificación, ello es propio y exclusivo de la autoridad judicial, máxime que la imposición de penas a que se refiere el numeral 21 constitucional, implica que a fin de que la autoridad esté en aptitud de hacer la individualización correspondiente, es menester que previamente haya acreditado el cuerpo del antijurídico y la responsabilidad penal del justiciable, por lo que esas cuestiones están indisolublemente vinculadas en relación de causa y efecto, por lo que en la especie el incidente de traslación es competencia de los órganos jurisdiccionales responsables y no de la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal (señalada por el Juez de amparo), a quien sólo le correspondería su intervención en las hipótesis de actos decisorios, pero referidas únicamente a una comparación de tipo aritmético, de conformidad a lo previsto en los dispositivos supraindicados y al artículo 41, fracción III, del Reglamento Interior de la Administración Pública de esta ciudad.(5)

"No es óbice para lo expuesto el contenido del numeral 56 del Código Penal para el Distrito Federal, ni lo previsto en los artículos 2o., 10 y cuarto transitorio del nuevo código punitivo,(6) ni el 575 del código procesal de la materia para esta ciudad, ya que la referencia que se hace en esos preceptos respecto a que durante la etapa de ejecución la aplicación de la ley más favorable correrá a cargo de la autoridad administrativa (Dirección General de Prevención y Readaptación Social capitalina o la dirección de ejecución aludida), debe interpretarse de forma lógica y sistemática en concordancia con los preceptos constitucionales 18 y 21 constitucionales, atento a lo cual esa precisión sólo puede presentarse en las hipótesis de posible variación del marco de punibilidad, pero no en los restantes aspectos, como se precisó.

"Actuar de forma diversa implicaría el desconocimiento de la competencia constitucional indicada; por tales motivos, esta potestad federal considera incorrecto el proceder del Juez de Distrito y por tanto al resultar fundado el agravio expresado debe revocarse la determinación en estudio.

"No es óbice para lo expuesto que la autoridad recurrente hubiera aducido además de que ella no era la competente para resolver que esto le correspondería a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, cuando en el caso, debe analizarse el escrito de agravios como una unidad y atendiendo al principio de la causa de pedir, resolver el punto medular de disenso, como ocurrió en la especie, máxime que no se necesita cumplir con formalidades rígidas y solemnes en la expresión de los motivos de inconformidad, pues los diversos preceptos de la Ley de Amparo no exigen tales y, por otra parte, en el ocurso de cuenta se señaló la lesión que la respectiva sentencia le provoca, y la causa que generó esta afectación.

"Esta potestad federal procede en la forma indicada en atención a la jurisprudencia 1, que emitió el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, que aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización del 2001, Tomo VI, Materia Común, página 5, con el epígrafe y texto siguientes:

"‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe).

"A mayor abundamiento, cabe destacar que en atención a que la concesión del amparo otorgado por el Juez Federal estriba en un aspecto de competencia, el que por ser de orden público es de estudio preferente y oficioso, este Tribunal Colegiado está facultado para analizar lo resuelto por ese juzgador y revocar la sentencia en la forma en que se hizo.

"En apoyo a lo anterior, se invoca el criterio que emerge de la jurisprudencia 264, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 194, con el rubro y texto siguientes:

"‘PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.’ (se transcribe).

"De forma similar se invoca la jurisprudencia emitida por la Sala citada de ese Alto Tribunal, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 119, que a la letra indica:

"‘COMPETENCIA PENAL. AUN CUANDO NO SE HUBIERE PLANTEADO CORRECTAMENTE, PROCEDE RESOLVERLA.’ (se transcribe).

"En estas condiciones, al ser fundado el agravio hecho valer procede revocar la sentencia recurrida."

Del recurso anterior derivó la tesis número TC012107.9PE1, aprobada por el órgano colegiado el día nueve de septiembre de dos mil cinco, la cual aún se encuentra pendiente de publicación, cuyos rubro y texto disponen:

"TRASLACIÓN DEL TIPO. ES COMPETENTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA CONOCER Y RESOLVER EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO SE PROMUEVE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SANCIONES. El procedimiento penal está constituido por una serie de actos vinculados entre sí con miras a fines específicos, los que son ejecutados por diversas autoridades; así, de los preceptos 18 y 21 constitucionales, se desprende la competencia de cada autoridad que interviene; al Ministerio Público, le corresponde la investigación y persecución de los delitos; los juzgadores tienen facultades exclusivas de imposición de penas y finalmente los órganos del Poder Ejecutivo, son los encargados de la cumplimentación de las sanciones y la organización del sistema penitenciario. En ese entendido, en atención a los preceptos 56 del Código Penal (abrogado), 2, 10 y cuarto transitorio del nuevo código punitivo y 575 del código procesal de la materia, todos para el Distrito Federal, en los casos de aplicación de la ley más favorable en la etapa de ejecución de sanciones, vinculados con el fenómeno de la retroactividad, cuando implica una labor de decisión, para declarar si sigue siendo o no delito la conducta o si las calificativas o estructura típica han variado, esa actividad sólo puede realizarla el Juez de la causa, por corresponder a actos jurisdiccionales estrechamente ligados con la determinación de los delitos y la imposición de las penas; en la hipótesis de que sólo redunde en variación de los parámetros punitivos, será la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, a quien le correspondería resolver, de conformidad a lo previsto en los dispositivos supraindicados y al artículo 41, fracción III, del Reglamento Interior de la Administración Pública de esta ciudad. Actuar de forma diversa implicaría el desconocimiento de la competencia constitucional indicada."

El mismo Tribunal Colegiado, al resolver el diverso recurso de revisión penal identificado con el número 1712/2005, apoyó su determinación en las consideraciones antes enunciadas.

Sólo para constatar cuáles fueron los antecedentes que informaron al amparo de mérito, se transcribe aquella parte de la sentencia del Tribunal Colegiado que los contiene:

"NOVENO. Los agravios expresados por la autoridad recurrente, son infundados en parte, y esencialmente fundados en la restante, suficientes para revocar la sentencia recurrida y negar la protección constitucional al quejoso.

"En forma preliminar a su contestación, se hace necesario destacar el seguimiento procesal del presente asunto, así tenemos que:

"a) El veintiséis de enero de mil novecientos noventa, el Juez Trigésimo Penal del Distrito Federal, en la causa número 14/90, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, como probable responsable de la comisión de los delitos de asociación delictuosa, lesiones, robo y homicidio (fojas 89 a 95 del anexo de pruebas).

"b) El cuatro de febrero del mil novecientos noventa y uno le dictó sentencia definitiva, considerándolo penalmente responsable de la comisión de los citados ilícitos, imponiéndole en suma la pena de cuarenta años de prisión (fojas 168 a 178 del anexo de pruebas).

"c) Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Décima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca número 264/91, quien por resolución de veintiuno de junio modificó la sentencia anterior, imponiéndole al amparista un total de treinta y nueve años once meses y veinte días de sanción privativa de la libertad; señalando a la Dirección de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, para determinar el lugar de la compurgación de la pena impuesta (fojas 181 a 215 del anexo de pruebas).

"d) El sentenciado, inconforme con la sentencia de alzada, promovió demanda de amparo directo, registrada con el número DP. 1645/91, de la cual conoció este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien por ejecutoria de siete de enero de mil novecientos noventa y dos, negó la protección constitucional al quejoso (fojas 217 y 218 del anexo de pruebas).

"e) Mediante oficio número SSG/DES/3349/99, de veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el director de Ejecución de Sentencias (sic) de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal señaló a la Penitenciaría del Distrito Federal, como el lugar para que el enjuiciado compurgara la condena de prisión impuesta (foja 228 del anexo de pruebas).

"f) El catorce de enero de dos mil tres, el reclamante de amparo solicitó a la Juez de primera instancia la aplicación de la ley más favorable conforme al artículo 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal; incidente no especificado que resolvió el siete de abril de ese año, bajo el argumento sustancial del punto resolutivo: ‘PRIMERO. No es procedente el incidente no especificado, promovido por ... al tipo penal correspondiente en el Nuevo Código Penal, por los delitos de homicidio calificado diversos dos, robo calificado diversos dos, lesiones calificadas y asociación delictuosa, pues la adecuación al tipo penal, resulta ser exactamente la misma que contemplaba el código abrogado, en consecuencia, la sentencia emitida por la entonces Décima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia queda en los mismos términos’ (fojas 232, y 234 a 238 del anexo de pruebas).

"g) Ante la misma juzgadora, el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, el quejoso nuevamente promovió incidente no especificado, señalando: ‘Con el objeto de trasladar mi conducta a la hipótesis que señala el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, vigente a partir de las 00:01 horas (sic) del día catorce de noviembre del dos mil dos.’, al cual recayó el acuerdo de veinticinco de noviembre del año pasado, donde la juzgadora determinó: ‘Se declara improcedente la solicitud hecha a este juzgado por el sentenciado de referencia en relación a la aplicación de la ley más favorable, en virtud de que en fecha siete de abril de dos mil tres, le fue resuelta dicha petición ...’ (fojas 239 a 289 y 292 del anexo de pruebas).

"h) En contra de dicho proveído interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca número 2227/2004; y el dos de febrero este año, confirmó el auto impugnado (fojas 247 a 301 del anexo de pruebas).

"i) Inconforme con dicha resolución, promovió demanda de amparo indirecto, de la cual conoció la Juez Segundo de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, registrada con el número 515/2005, quien en sentencia de uno de abril, concedió para efectos la protección constitucional al amparista, en los siguientes términos:

"‘En esas condiciones, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal (sic), deje insubsistente la resolución dictada en el toca penal número 2227/2004, con fecha dos de febrero de dos mil cinco, y en su lugar emita otra, con plenitud de jurisdicción, en la que considere que a quien le corresponde determinar sobre la reducción de la pena impuesta a un condenado por sentencia ejecutoriada, es a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal.’ (fojas 85 a 94 del cuaderno de amparo 515/2005)

"j) En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, la Sala responsable dejó insubsistente su resolución de dos de febrero del año en curso, determinando que la autoridad judicial no era competente para conocer y resolver el incidente no especificado, promovido por el reclamante de garantías, correspondiendo conocer a la referida dirección (fojas 117 a 123 del cuaderno de amparo 515/2005).

"k) La Juez Trigésimo Penal del Distrito Federal, mediante oficio de diecisiete de mayo, remitió a la citada Dirección de Ejecución de Sanciones Penales, el escrito original del incidente promovido, para su conocimiento y sustanciación (foja 135 del cuaderno de amparo 515/2005).

"l) Mediante oficio SSG/DESP/UDVJS/6358/2005, de veinticuatro de mayo, el director de Ejecución de Sanciones Penales de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, hizo del conocimiento al Juzgado Trigésimo Penal del Distrito Federal, que no era competente para conocer y resolver sobre el incidente no especificado de adecuación de la pena, con fundamento en la fracción III del artículo cuarto transitorio y 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal (foja 66 del cuaderno de amparo 1535/2005).

"m) Inconforme con el contenido de dicho oficio, el sentenciado promovió nuevo juicio de amparo indirecto, del cual conoció la misma Juez Segundo de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, registrado con el número 1535/2005, y en sentencia de veintiocho de julio del presente año, le concedió la protección constitucional al quejoso, la cual constituye la materia de la presente revisión."

b) Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión número 1708/2003-171, argumentó en lo que interesa al tema de la posible contradicción de tesis, lo que a continuación se expone:

"TERCERO. La sentencia recurrida es en lo conducente del tenor que sigue:

"‘SEGUNDO. La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, pues manifestó que el catorce de marzo de dos mil tres, en los autos que integran el toca penal 273/2003, instruido a ... modificó la sentencia interlocutoria de veinte de diciembre de dos mil dos, emitida por la Juez Vigésimo Quinto Penal del Distrito Federal, en los autos del proceso 136/92, por lo que respecta únicamente a su resolutivo primero, imponiéndole la pena de prisión de treinta y tres años, cuatro meses, siete días y multa de trescientos treinta y tres pesos con veinticinco centavos. Por su parte, la Juez Vigésimo Quinto Penal en el Distrito Federal, al emitir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le impu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19345-628a0e03/traslacion-del-tipo-compete-a-la-autoridad-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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