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Modo: Corpus Pro

INIMPUTABLES. LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE IMPONGA LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBE INDIVIDUALIZARLA Y FIJAR SU DURACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 189/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19562
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 151.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 189/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en lo que esta Sala se encuentra especializada.

SEGUNDO. Legitimación. El denunciante, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través de su Magistrado presidente, José Luis González, se encuentra legitimado con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en un juicio de amparo directo del que conoció el Tribunal Colegiado que preside; denuncia efectuada en los términos que quedaron anotados en el primer resultando de este fallo.

TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción de tesis. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito -denunciante- al resolver el juicio de amparo directo 3112/2005, en lo que interesa, son las siguientes:

Amparo directo penal 3112/2005.

"QUINTO. Los conceptos de violación esgrimidos son infundados.

"...

"Ahora bien, antes de analizar el capítulo correspondiente a la individualización de la medida de seguridad impuesta a la quejosa, vale la pena resaltar que la Sala de apelación señaló que para la imposición de ésta, debía contemplarse el máximo de la pena aplicable al delito correspondiente, puesto que el artículo 66 del código punitivo de la materia, dispone que la duración del tratamiento en ningún caso excederá del máximo de la pena privativa de libertad que se impondría por ese delito a sujetos imputables, lo que la llevó a concluir que la determinación del Juez de primer grado al considerar a la quejosa un grado de reprochabilidad entre la mínima y la media más cercana a la primera, era incorrecta, pero como no existía inconformidad por parte del Ministerio Público sobre el particular, se veía imposibilitada para realizar ‘el ajuste correspondiente’, pues de hacerlo invadiría la función persecutora, además de que era un derecho ‘adquirido’ por la quejosa, determinación que a juicio de este órgano de legalidad es incorrecta, puesto que las medidas de seguridad que la autoridad judicial impone a los sujetos inimputables, ya sea tratamiento en internación o en libertad, sólo tienen carácter terapéutico en establecimientos especializados durante el tiempo necesario para la curación del inimputable, con la limitación de que la duración del tratamiento respectivo en ningún caso puede exceder del máximo de la pena privativa de libertad que se impondría por ese mismo delito a sujetos imputables, lo que de ninguna manera significa que el juzgador siempre e ineludiblemente debe señalar para la imposición de la medida de seguridad, el máximo de la duración de la pena señalada para el delito de que se trate, pues de ser así desaparecería el arbitrio judicial y ninguna razón tendrían los criterios de individualización que se contienen en el artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.

"En efecto, la resolución judicial que impone a un inimputable una medida de seguridad consistente en tratamiento en internación sin que se precise su duración, es violatoria de la garantía de seguridad jurídica porque aunque dicha medida tiene fines terapéuticos, ello no deja de implicar que el inimputable está privado de su libertad, por ese solo hecho su imposición no puede quedar excluida de las reglas que rigen en materia de individualización, por tanto, dicha medida debe ser individualizada (como lo hizo la Sala responsable) y determinada con la mayor precisión posible a partir de los elementos proporcionados en los dictámenes que se alleguen a la causa; ello sin perjuicio de que la autoridad ejecutora, en términos del artículo 63 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, podrá resolver sobre la modificación o conclusión del tratamiento, si se advirtiera que se ha logrado la rehabilitación del inimputable, pero en ningún caso dicha medida deberá rebasar del tiempo determinado por la autoridad judicial.

"Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 68/2005, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, visible en la página 196 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, correspondiente a julio de este año, que a la letra dice:

"‘MENORES INFRACTORES. LA RESOLUCIÓN QUE IMPONGA LA MEDIDA DE TRATAMIENTO EN INTERNACIÓN DEBE FIJAR SU DURACIÓN DE FORMA DETERMINADA E INDIVIDUALIZADA.’ (se transcribe).

"Expuesto lo anterior, debe decirse que en cuanto a la medida de seguridad impuesta a la quejosa, consistente en tres años dos meses siete días de internamiento psiquiátrico, cuya denominación correcta es tratamiento psiquiátrico en internamiento, no es violatorio de sus garantías individuales, puesto que para su imposición, la Sala responsable pese al señalamiento que hizo, el cual se puntualizó en el párrafo que antecede, ponderó por una parte, lo previsto en el artículo 31, fracción III, del código punitivo aplicable, que prevé el catálogo de medidas de seguridad que el juzgador puede imponer, entre ellas, el tratamiento de inimputables, así como el artículo 62 del mismo ordenamiento legal que prevé que en caso de inimputabilidad permanente a que se refiere la fracción VII del artículo 29 del código punitivo en cuestión, que en el caso fue la que se actualizó, el juzgador, previo procedimiento penal respectivo, dispondrá la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad; por otra parte, el ad quem, en uso del arbitrio judicial que la ley penal le confiere, impuso a la quejosa la medida de seguridad supraseñalada, tomando en consideración los criterios de individualización que para tal efecto señala el artículo 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, individualizándola dentro de los límites señalados por el artículo 66 de la citada normatividad con base en la gravedad del injusto penal cometido y el grado de reprochabilidad social de la infractora, para lo cual tomó en cuenta que se está en presencia de una infracción social por haber sido cometida por una persona inimputable; destacó además las circunstancias de ejecución del injusto penal cometido, las cuales han sido precisadas con antelación, así como el hecho de que entre la peticionaria de garantías y el pasivo de la acción no existía vínculo de ninguna especie; no estableció el móvil que la peticionaria de garantías tuvo al cometer la infracción penal, dada su calidad de inimputable; ponderó además las circunstancias peculiares de la quejosa, destacando que se trata de una persona que nació el nueve de septiembre de mil novecientos setenta y tres, habla y entiende el idioma español, sabe leer y escribir, con instrucción hasta quinto semestre de preparatoria, dedicada al hogar (sic), no ingiere bebidas embriagantes, sí fuma cigarro de tabaco comercial, adicta a la cocaína, no ha padecido enfermedad venérea alguna o mental (sic) y sin ingresos anteriores a prisión, corroborado ello con la ficha signalética e informes de ingresos anteriores a prisión; circunstancias todas ellas que le permitieron estimar a la quejosa un grado de peligrosidad social ubicado entre la mínima y la media más cercana a la primera (igual al estimado por el Juez de primer grado), imponiéndole la medida de seguridad arriba mencionada, para lo cual correctamente tomó como base los parámetros de punibilidad que establecen los artículos 220, fracción I (que prevé prisión de seis meses a dos años y de sesenta a ciento cincuenta días multa, tratándose de imputables) y 224, fracción III (que prevé aumento de dos a seis años de prisión para el delito básico para imputables), ambos numerales del código punitivo aplicable, observando con ello lo dispuesto en el artículo 66 de la citada normatividad que dispone que la duración del tratamiento para el inimputable en ningún caso excederá del máximo de la pena privativa de libertad que se impondría por ese mismo delito a sujetos imputables, pues en el caso, el tiempo de duración de la medida de seguridad impuesta no excede del máximo de la pena correspondiente al injusto de que se trata, además de que se adecua a los fines de prevención especial, en particular, para asegurar el control de la inimputable y tratar de neutralizar su comportamiento peligroso mediante el tratamiento médico conducente; medida de seguridad respecto de la cual, como bien dijo el ad quem, la autoridad ejecutora podrá resolver sobre su modificación o conclusión considerando las necesidades del tratamiento, las que deberán acreditarse mediante revisiones periódicas con la frecuencia y características del caso, pudiendo incluso determinar la entrega de la inimputable a quien legalmente corresponda hacerse cargo de ella, siempre y cuando se obliguen a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando a satisfacción de la autoridad referida el cumplimiento a la obligación contraída, lo que se estima adecuado por ajustarse a lo previsto en los numerales 62 a 65 del citado código punitivo."

El criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, dio lugar a la siguiente tesis:

"TRATAMIENTO A INIMPUTABLES. LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTÁ OBLIGADA A INDIVIDUALIZAR LA MEDIDA DE SEGURIDAD IMPUESTA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El artículo 66 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, dispone que la duración del tratamiento (en internamiento o en libertad) para el inimputable, en ningún caso excederá del máximo de la pena privativa de libertad que se impondría por el delito correspondiente a sujetos imputables, de ahí que la autoridad judicial tiene la obligación de individualizarla, lo que de ninguna manera significa que el juzgador debe señalar para la imposición de la medida de seguridad, el máximo de la duración de la pena señalada para el delito de que se trate, porque aunque dicha medida tiene fines terapéuticos, su imposición no puede quedar excluida de las reglas de individualización que se contienen en el artículo 72 de la normatividad referida, por ello, dicha medida debe ser individualizada y determinada con la mayor precisión posible, a partir de los elementos proporcionados en los dictámenes que se alleguen a la causa; ello sin perjuicio de que la autoridad ejecutora, en términos del artículo 63 del código punitivo invocado, con anticipación dé por concluido el tratamiento si advierte que se logró la rehabilitación del inimputable."

CUARTO. Las consideraciones del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números 1445/2005 y 2725/2004, en lo que interesa, son las siguientes:

Amparo directo penal 1445/2005.

"SEXTO. Respecto a la individualización de la medida de seguridad, la Sala responsable expuso lo siguiente:

"...

"En principio, debe decirse que fue acertado que la autoridad responsable para imponer la medida de seguridad al sentenciado, tomara en consideración el parámetro máximo de la pena establecida en el artículo 176, primer y segundo párrafos, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, que determina que se impondrá hasta seis años de prisión por la infracción penal básica de abuso sexual y una mitad más de esa pena por la agravante consistente en llevarse a cabo con violencia física, luego, fue correcto que con fundamento en el artículo 66 del propio ordenamiento legal impusiera al quejoso hasta nueve años de tratamiento en internamiento.

"Aun cuando en la sentencia que se reclama la autoridad responsable ordenadora no precisó con exactitud el tiempo de duración de la medida de seguridad impuesta, sino que se limitó a señalar su fecha de inicio y que no podría exceder de nueve años, tal proceder se ajustó a lo dispuesto por los artículos 62, 64 y 66 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, por lo que no conculcó garantía alguna del quejoso en este sentido.

"En efecto, los invocados numerales son del siguiente tenor: ‘Artículo 62.’ (se transcribe), ‘Artículo 64.’ (se transcribe) y ‘Artículo 66.’ (se transcribe).

"De la sistemática interpretación de los preceptos transcritos, se advierte que, en relación con los inimputables, no existe obligación para las autoridades judiciales de individualizar la medida de seguridad impuesta o de establecer un quántum fijo, determinado y específico al caso concreto; por el contrario, a lo único que está constreñida la responsable, es a señalar el tramo máximo de su duración y a precisar en su sentencia que el tratamiento será por el tiempo necesario para su curación, que incluso puede ser menor que aquél.

"Esto es así, porque los preceptos en consulta no imponen a la responsable ordenadora, la obligación de individualizar las medidas de seguridad aplicables.

"En esta tesitura, si por individualizar entendemos la actividad que realiza el juzgador para concretar el quántum de la sanciones que impondrá dentro de los límites mínimo y máximo fijados por la ley, con ponderación de todas las circunstancias del caso, de tal forma que ese arbitrio debe moverse a uno u otro lado, entonces hemos de concluir que tratándose de inimputables, fue voluntad del órgano legislativo no establecer tales requisitos en beneficio de aquéllos, sino que únicamente dispuso la obligación para el juzgador de señalar el límite máximo de duración de la medida de seguridad y que el tratamiento aplicable será por el tiempo necesario para la curación del activo.

"Expresado en otros términos, en casos de inimputables, el legislador no impuso a la autoridad judicial la obligación de particularizar la concreción de los márgenes establecidos para la medida de seguridad al caso particular, sino que le permite solamente señalar su máximo y que su duración dependerá del tiempo necesario para la curación de aquéllos.

"Lo anterior, toda vez que, en el caso, lo que motiva que sea una medida de seguridad la que impone el juzgador, es precisamente su inimputabilidad, la cual puede o no reducirse, evolucionar o desaparecer, según los tratamientos médicos que a posteriori se le efectúen, lo que desde luego no está en posibilidad de conocer el impartidor de justicia.

"Bajo ese contexto, incluso se faculta a la autoridad ejecutora para resolver sobre la modificación (en beneficio del sentenciado), o conclusión anticipada de la medida, cuyo máximo fijó previamente el juzgador, considerando las necesidades del tratamiento que se acreditarán mediante revisiones periódicas, con la frecuencia y características de cada caso y, por tanto, su duración queda supeditada al resultado de dichos exámenes.

"Lo anterior no implica que la medida impuesta pueda considerarse violatoria de garantías por su falta de concreción entre sus límites, sino que, en términos de los preceptos en cita, dada la variación que puede darse respecto de la inimputabilidad, únicamente puede quedar delimitada en lo referente a su monto máximo sin perjuicio de que la autoridad ejecutora pueda disminuir su tiempo de duración si a ello conducen los estudios que al respecto se practiquen al sentenciado.

"De lo que se desprende que la Sala responsable estuvo en lo correcto al fijar sólo el límite del cual no podía exceder la medida de seguridad impuesta, así como facultar a la autoridad ejecutora competente para modificarla, de ser necesario, a tratamiento en externación, así como resolver si procedía concluirla antes de los nueve años fijados.

"Eso es así, porque tal forma de resolver tiene apoyo en lo que establecen los invocados artículos 62, 64 y 66 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.

"Por otro lado, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que la sentencia reclamada viola en agravio del quejoso la garantía de exacta aplicación de la ley penal prevista en el artículo 14 constitucional, por lo siguiente:

"El tribunal de apelación determinó que llegado el plazo señalado como terminación de la medida de seguridad impuesta al justiciable, la autoridad ejecutora está facultada para que, de considerar necesario, continuara en tratamiento, lo pusiera a disposición ‘de las autoridades de salud o institución de asistencia’ para ese efecto.

"En el caso, se advierte violación al precepto legal 66 del código sustantivo de la materia previamente transcrito, pues lo que éste establece, es que al término de la aludida medida de seguridad, deberá entregarse al sentenciado, a sus familiares y si no tuviese, lo pondrá a disposición de las autoridades de salud o institución asistencial, para que éstas procedan conforme a las leyes aplicables.

"De lo anterior se advierte que no fue legal que la autoridad responsable determinara que al término del internamiento impuesto al inimputable, si requería continuar con el tratamiento, la ejecutora lo dejara a disposición de las autoridades de salud o de institución asistencial, porque el citado numeral establece que de prevalecer tal circunstancia, lo procedente es entregarlo a sus familiares y sólo en caso de que no exista alguno, podrá dejarlo a disposición de tales órganos de salud, lo que en la especie no acontece, pues en autos consta que cuenta con parientes, entre ellos su hermana ... quien incluso actuó como persona de confianza.

"Por otra parte, se advierte otra violación a las garantías del peticionario de amparo, respecto de que la autoridad responsable precisó que el tratamiento en internamiento que como sanción se le impuso, debía computarse a partir de la fecha de su detención; sin embargo, al establecer que sería desde el ‘veintitrés de abril de dos mil cuatro’, causó agravio al sentenciado, pues en realidad, la fecha de esa privación de libertad fue el día anterior, es decir, el veintidós de abril del año en cita, de manera que al ser errónea esa data, ocasionó agravio al sentenciado."

Amparo directo penal 2725/2004.

"De la transcripción anterior, se deriva que respecto a la individualización de la medida aplicable, la Sala Superior responsable estimó correcta la impuesta por la consejera unitaria séptima, consistente en tratamiento en internación, que no deberá ser inferior a seis meses ni mayor a cinco años; sin embargo, este Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja deficiente, advierte que no fue preciso el quántum de la medida de tratamiento en internación que se impuso al menor ... lo que la convierte en indeterminada.

"En efecto, en términos de los artículos 59, fracción V y 60, fracción III, de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, la individualización de la medida de seguridad impuesta no es facultad del legislador que sólo fija las leyes aplicables, los márgenes mínimo y máximo de sanción correspondientes a un determinado delito o infracción, sino que es la autoridad jurisdiccional la que se encarga, dentro de esos límites, de individualizar la sanción que prevé la norma al caso concreto.

"Ciertamente, por disposición del numeral 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo goza de las garantías que otorga dicha Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y en las condiciones que ella misma establece, sin que nuestro Máximo Cuerpo Normativo excluya a los menores de edad de los derechos públicos subjetivos que consagra; luego, conforme a lo dispuesto por los preceptos 14, párrafo tercero y 21, párrafo primero, de nuestra Carta Magna, a fin de dar plena certeza a las sanciones impuestas a los gobernados, se ha establecido que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, además que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, lo que también rige tratándose de las medidas de seguridad impuestas a menores infractores, pues aun cuando no constituye una pena, finalmente implica una privación de la libertad y, en ese tenor, debe estar regida por los principios fundamentales que rigen para la prisión.

"En tales condiciones, a fin de ser congruente con dichas garantías con respecto a la individualización penal, existen la legislativa, la judicial y la administrativa; la primera, también denominada punibilidad, está constituida por los márgenes que establece el legislador en los ordenamientos legales aplicables, en los cuales precisa un mínimo y máximo para cada delito o infracción, tomando en cuenta la gravedad del mismo, función que corre a cargo del Poder Legislativo; luego, existe la judicial, que consiste en la individualización de la norma al caso concreto, esto es, la sanción o medida de seguridad que quien juzga debe imponer en su resolución y que, por ende, corresponde realizar a la autoridad que realice funciones jurisdiccionales de carácter penal, como en el caso acontece con los consejeros unitarios y Sala Superior del Consejo de Menores Infractores; y, finalmente, tenemos la administrativa, que consiste en el real sufrimiento por parte del sentenciado y su aplicación es facultad del Poder Ejecutivo.

"Bajo esos lineamientos, si bien es cierto que la Sala Superior del Consejo Tutelar de Menores Infractores no es una autoridad judicial, sino que depende del Ejecutivo, también es verdad que según se desprende del dispositivo 13, en relación con el 20 de la legislación especial en cita, el legislativo le ha encomendado decidir respecto a si se acredita o no la infracción, así como la plena participación del menor en su comisión y la individualización de las medidas aplicables conducentes a la adaptación del menor infractor, conforme a las reglas establecidas en los numerales 59, fracción V y 60, fracción III, de dicho ordenamiento legal, por lo que evidentemente realiza funciones jurisdiccionales.

"En esa tesitura, de conformidad con el artículo 59, fracción V, de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, al individualizar la aplicación de las medidas conducentes a la adaptación social del menor, los consejeros unitarios y la Sala Superior deben tomar en consideración el dictamen técnico emitido al efecto y lo dispuesto por el numeral 60, fracción III, del ordenamiento legal en cita, esto es, atender el grado de desadaptación social del infractor, la naturaleza y gravedad de los hechos atribuidos al responsable, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de los mismos, las características personales del menor, como son el nombre, la edad, grado de escolaridad, estado civil, religión, costumbres, nivel socioeconómico y cultural, la conducta precedente, los motivos que impulsaron su conducta, las condiciones especiales en que se encontraba al momento de realizar la infracción, los vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales con las personas ofendidas, así como las características personales de éstas; luego, precisar la duración en forma individualizada conforme lo prevé el precepto 124 de la ley en comento, según el cual no debe rebasar el límite previsto en la resolución respectiva, cuando se trate de tratamiento interno.

"De lo anterior se desprende con nitidez, que la Sala responsable debe individualizar la medida de seguridad de tratamiento en internación, aplicada al actual impetrante de garantías, de conformidad con los dispositivos 59, fracción V, 119 y 124 de la legislación mencionada, sin dejar tal decisión al arbitrio de las autoridades encargadas de la aplicación o vigilancia de las medidas de orientación, protección y tratamiento, pues la Sala Superior al resolver el recurso de apelación y pronunciar resolución definitiva, debe analizar no sólo si está demostrado el cuerpo de la infracción y la plena participación en su comisión, sino también hacer una individualización de las medidas que procedan, con base en el dictamen que emite el Comité Técnico Interdisciplinario, como expresamente le impone dicha obligación el artículo 59, fracción V, de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal, que dice:

"‘Artículo 59.’ (se transcribe).

"Ahora bien, por individualización de la infracción debe entenderse la actividad que realiza el juzgador para especificar las sanciones que impondrá dentro de los límites fijados por la ley, tomando en consideración todas las circunstancias del caso, de tal forma que ese arbitrio debe moverse a uno u otro lado entre los límites mínimo y máximo señalados por el legislador, y que en el caso coincidan con los fijados en el dictamen técnico interdisciplinario.

"En las relatadas condiciones, dado que de la resolución reclamada se advierte que una vez que la Sala Superior se pronunció correctamente respecto de la acreditación de la infracción de homicidio calificado, así como de la plena participación social del menor ... pero se ocupó de la individualización de la medida de seguridad impuesta a éste, sin atender a las circunstancias previstas por los numerales 59, fracción V y 60, fracción III, de la legislación para el tratamiento de menores infractores, dado que fijó como medida de seguridad el tratamiento de internación, ‘no pudiendo ser inferior a seis meses, ni mayor a cinco años’, es decir, no individualizó ni precisó el quántum de esa medida, con base en las circunstancias personales del menor y las que concurrieron al cometerse la infracción, sino que empleó para ello una frase imprecisa que no otorga certeza jurídica al gobernado, al no conocerse la duración concreta de la medida impuesta, pues sólo se mencionaron los límites mínimo y máximo que podía tener, es decir, el tramo en que el arbitrio de quien juzga puede moverse para determinar la duración del tratamiento, por lo que es inconcuso que en esos términos no puede estimarse que se haya individualizado la medida de tratamiento, pues como ya se indicó, individualizar implica la concreción de los márgenes establecidos por el legislador al caso particular, de conformidad con las circunstancias personales del menor y las correspondientes a la infracción cometida, como realización plena de la función encomendada a la Sala Superior y al no haberlo hecho de esta manera, es evidente que faltó al principio de seguridad jurídica y con ello a la garantía de legalidad que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

"Aunado a lo anterior, toda vez que como quedó precisado anteriormente, no obstante que el tratamiento en internación impuesto al menor quejoso no constituye una pena, sino una medida de carácter preventivo, de cualquier modo implica una privación de la libertad y, por ello, debe regirse por los principios sustanciales que aplican para la pena de prisión; por tanto, dado que en términos del numeral 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, de la Constitución General de la República, a toda pena privativa de libertad habrá de descontarse el tiempo que el activo haya permanecido detenido de manera provisional, esta garantía constitucional también debió ser observada por la Sala responsable en la resolución reclamada; de manera que, en observancia al citado precepto, debió precisarse que la medida de tratamiento en internación aplicada a ... debería computarse a partir de que se vio sometido al internamiento para su adaptación social en el Centro de Diagnóstico para Varones dependiente de la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores.

"No se inadvierte que en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la ley de la materia, los consejeros unitarios evaluarán el desarrollo de la aplicación de la medida impuesta, con base en los informes que deberá rendir previamente la unidad administrativa encargada del tratamiento de menores y a partir del dictamen técnico que emitan podrá liberar al menor de la medida impuesta, modificarla o mantenerla sin cambio, según las circunstancias que se desprendan de la indicada evaluación; no obstante, se estima que esa forma de actuar resulta compatible con la precisión o determinación del quántum de la medida aplicable, de conformidad con las circunstancias a que se refieren los artículos 59, fracción V y 60, fracción III, del mencionado ordenamiento jurídico, en cuya fijación habrá de reflejarse la evaluación de las circunstancias personales del menor, así como las de la infracción cometida.

"En ese sentido, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 406 del Tomo IV, correspondiente a octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con los siguientes rubro y texto: ‘MENORES INFRACTORES. TRATAMIENTO INTERNO INDETERMINADO.’ (se transcribe)."

QUINTO. Existencia de la contradicción de tesis y fijación del tema a dilucidar. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19562-787e22d3/inimputables-la-autoridad-judicial-que-imponga-la-medida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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