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ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 188/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19748
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 165.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 188/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema relacionado con la procedencia del juicio de amparo en contra de la identificación administrativa (ficha signalética) ordenada en el auto de término constitucional, sin que se hayan agotado previamente a su interposición los medios ordinarios de defensa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante oficio 51/ST/05 de veintinueve de noviembre de dos mil cinco, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.

TERCERO. Los criterios que originaron la denuncia de contradicción de tesis que ahora se resuelve, son los siguientes:

1. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 2159/2005, derivado del juicio de amparo indirecto 2118/2005, fallado en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil cinco, estableció en lo que al tema planteado se refiere, lo siguiente:

"SEXTO. Por otra parte, previo al análisis de la resolución recurrida, se impone precisar lo siguiente: Con fecha veinticinco de agosto de dos mil seis, el Juez Trigésimo de Paz Penal del Distrito Federal, en la causa 310/2005, dictó auto de formal prisión en contra de ... por el delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en el precepto 130, fracción III, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. Asimismo, en el considerando quinto y resolutivo tercero de la aludida resolución, el Juez instructor ordenó la identificación administrativa de la referida procesada, lo cual constituye el acto reclamado vía amparo indirecto. Ahora bien, en esencia la aquí quejosa aduce en sus agravios que es ilegal la sentencia recurrida, en virtud de que el Juez de amparo, para resolver en el sentido que lo hizo, pasó por alto que en el proceso que se le instruye no se le ha comprobado su plena responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye y, por tanto, la orden de identificación administrativa al ser una pena infamante y trascendente que le produce un daño de imposible reparación, por traer como consecuencia se le considere con antecedentes penales, en tal virtud, dicho acto se encuentra dentro de los casos de excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, por ser violatorio de los artículos 14, 16, 19, 20 y 22 constitucionales. En apoyo a su argumento citó la tesis de rubro: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’. Es fundado el agravio hecho valer por la quejosa, suplido en su deficiencia, en términos del numeral 76 Bis de la Ley de Amparo, toda vez que es incorrecto que en la sentencia recurrida el Juez constitucional sobreseyera en el juicio de garantías contra el acto reclamado al Juez Trigésimo de Paz Penal y subdirector de identificación humana de la Procuraduría General de Justicia ambos del Distrito Federal, consistentes, de la primera, en la orden de identificación administrativa dictada en el auto de término constitucional de veinticinco de agosto de dos mil cinco, en la causa 310/2005 y, de la restante, en su ejecución. En efecto, es de señalarse que el acto reclamado es consecuencia directa del auto de formal prisión dictado en contra de ... por el delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado en el dispositivo 130, fracción III, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. Por otra parte, es criterio sostenido de nuestro Máximo Tribunal, que por el hecho de que en el juicio de amparo se reclame la orden de identificación administrativa y no así el auto de formal prisión o de sujeción a proceso del que deriva aquella, no es motivo para sobreseerlo bajo el argumento que resulta un acto derivado de otro consentido, como se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 58/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y uno, Tomo XIX, enero de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). EL HECHO DE QUE EN EL JUICIO DE AMPARO SÓLO SE RECLAME ÉSTA Y NO EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DEL QUE DERIVÓ, NO SIGNIFICA QUE CONSTITUYA UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.’ (se transcribe). Finalmente, el ordinal 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establece: (se transcribe). Precisado lo anterior, si de lo antes transcrito se advierte que el acto reclamado por la aquí quejosa tiene estrecha vinculación con el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de lesiones dolosas, por tanto, contrario a lo sostenido por el Juez constitucional, el único medio de defensa ordinario que otorga la ley de la materia y fuero, que provocara su anulación, lo es el recurso de apelación, de tal suerte que si de autos se advierte que la recurrente no interpuso tal recurso, en consecuencia, es indudable que en contra de él, cuando se impugna por vicios propios, procede el juicio de amparo biinstancial promovido. En tal tesitura, y en congruencia con lo anterior, lo que se impone es modificar la sentencia recurrida y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación contenidos en el escrito de demanda, cuyo estudio omitió la Juez de Distrito. ..." (énfasis añadido), (fojas 13 a 16 del toca).

2. Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 746/2005, derivado del juicio de amparo indirecto 225/2005 y su acumulado 227/2005, en sesión de trece de mayo de dos mil cinco, resolvió en lo conducente lo que a continuación se transcribe:

"SEXTO. ... este Tribunal Colegiado de Circuito, estima que resulta innecesario el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues del análisis del presente expediente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y preferente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número II.1o.J/5, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, Tribunales Colegiados de Circuito, página 95, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En efecto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues aun cuando la orden de identificación administrativa (ficha signalética) puede ser susceptible de impugnarse respecto de su constitucionalidad, por vicios propios, al margen del auto de plazo constitucional, pues dichos actos participan de naturaleza distinta y, por ello, se rigen por diversos preceptos como son los artículos 16 y 19 constitucionales, en atención a lo decidido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 126/2002-PS, que dio origen a la tesis de jurisprudencia número 58/2003, publicada en la página 51, Tomo XIX, enero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). EL HECHO DE QUE EN EL JUICIO DE AMPARO SÓLO SE RECLAME ÉSTA Y NO EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DEL QUE DERIVÓ, NO SIGNIFICA QUE CONSTITUYA UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.’ (se transcribe). Así, la identificación administrativa por tratarse de un acto de autoridad que dicta una medida administrativa, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de ninguna manera afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena, ya que es una simple medida administrativa cuya ejecución aportará al Juez del proceso y, de futuros procesos, más elementos de juicio para individualizar la pena que deba imponerse al que cometió el delito, en el caso de que sea condenado; por ello, para reclamarse la identificación administrativa en la vía del juicio de garantías, al no tratarse, de un acto que afecte en sí mismo la libertad personal del quejoso, no se surte la excepción establecida en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, para promover la demanda en cualquier tiempo y, de ese modo, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XIII, último párrafo, del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en esa virtud, en la especie sí se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la citada fracción, lo cual no sucedió en el caso, pues de autos no se advierte que previa a la interposición del presente juicio de garantías, los recurrentes ... con apoyo en lo establecido en el artículo 418, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, hubieren interpuesto recurso de apelación en contra de la parte correspondiente del auto de plazo constitucional de fecha veintiuno de enero del año dos mil cinco, dictado por el Juez Vigésimo Cuarto Penal del Distrito Federal, en el que se ordenó su identificación administrativa. Dicho medio ordinario de defensa, en términos de lo dispuesto por el artículo 414 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, hubiere tenido como objeto examinar la legalidad de la orden de identificación (ficha signalética) reclamada en el presente juicio de amparo y, en consecuencia, dicho acto reclamado podría ser modificado o revocado. De lo señalado se colige, que el juicio de amparo no procede cuando se señalan como actos reclamados, efectos y consecuencias de un diverso acto, contra los cuales el particular afectado pudo haber interpuesto un recurso ordinario de defensa y, por tanto, los actos reclamados podrían haberse reparado ante la autoridad que hubiere conocido del mismo, de tal suerte que al no haber interpuesto previamente el recurso ordinario, no resulta procedente el juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, párrafo primero y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 1.4o. C.J/25, visible a foja 361, Tomo VI, 2a. Parte-1, julio a diciembre de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.’ (se transcribe). Así como la diversa tesis de jurisprudencia número de registro 215,770, visible a foja 37, Volumen 12, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: ‘RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.’ (se transcribe). Igualmente tiene aplicación, la diversa tesis VI.1o.J/85, visible a foja 51, Tomo 67, julio de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.’ (se transcribe). Criterio anterior que de igual forma sostuvo este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver los diversos recursos de revisión RP. 816/2004, RP. 1476/2004 y RP. 1636/2004, resueltos respectivamente, en sesiones de fechas treinta de junio, treinta y uno de agosto y trece de septiembre del año dos mil cuatro, por unanimidad de votos y, que dieron origen a la tesis número TC016079.9PE1, publicada en la página 1392, Tomo XX, diciembre de 2004, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA MISMA, SI PREVIAMENTE SE HA CUMPLIDO CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE PRIVA CON RELACIÓN A LOS ACTOS DE AUTORIDAD NO RESTRICTIVOS DE LIBERTAD PERSONAL.’ (se transcribe). Por último, debe señalarse que los recurrentes soslayan que de acuerdo con el criterio jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citado al inicio de esta consideración, la orden de identificación administrativa puede reclamarse por separado al del auto de que le da origen, en la especie, del auto de formal prisión; sin embargo, ello debe ser por vicios propios de la orden de identificación, pero no pretendiendo hacerlo valer por vicios atribuidos al auto de plazo constitucional, cuando éste no fue reclamado en el juicio de amparo y, por ello, no forma parte de la litis constitucional. En consecuencia, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que en la especie debe revocarse la sentencia recurrida, dictada por el Juez Quinto de Distrito itinerante, en apoyo al Juzgado Quinto de Distrito ‘A’ de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y, sobreseerse en el juicio de amparo indirecto 225/2205 (sic) y su acumulado 227/2005 (Exp. Itinerante 51/2005), promovido por ..." (énfasis añadido), (fojas 88 vuelta a 93 del toca).

Consideraciones similares a las anteriores sostuvo el Tribunal Colegiado en cita al resolver los amparos en revisión 816/2004, 1476/2004, 1636/2004 y 776/2005, por lo que únicamente se transcribió la más representativa de su criterio.

De las sentencias de los referidos juicios de amparo en revisión derivó la siguiente tesis jurisprudencial:

"Novena Época

"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, junio de 2005

"Tesis: I.6o.P. J/10

"Página: 716

"ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, SI PREVIAMENTE SE HA CUMPLIDO CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE PRIVA CON RELACIÓN A LOS ACTOS DE AUTORIDAD NO RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. La orden de identificación administrativa (ficha signalética) es una medida administrativa emitida por una autoridad judicial, y sirve para aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, mayores elementos para la individualización de la pena, por tanto, tal medida que en cuanto al procedimiento se rige por las disposiciones establecidas en el artículo 16 constitucional, no constituye una pena, ni restringe, ni perturba la libertad personal del acusado, tan es así que el juicio de amparo en su contra procede aun de manera independiente del auto de plazo constitucional que lo originó, siempre y cuando, se hubiere agotado el recurso ordinario respectivo para cumplir con el principio de definitividad que impera, tratándose de actos no restrictivos de la libertad personal."

CUARTO. Por razón de orden, precisa establecer si los criterios de las ejecutorias anteriormente transcritas son en efecto divergentes; esto es, determinar si en la especie existe o no contradicción de tesis y para ello, es conveniente establecer que los presupuestos para la procedencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados, son los que se especifican a continuación:

a) Que al resolver los negocios jurídicos, los Tribunales Colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

b) Que respecto de esas cuestiones, los citados órganos jurisdiccionales adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; y,

c) Que la divergencia de criterios, provenga del examen de los mismos elementos.

Lo precedente así se encuentra plasmado en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se precisan a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Para lograr un mejor entendimiento del asunto, y poder establecer si efectivamente existe divergencia entre los criterios sustentados por los órganos colegiados, es imperioso realizar una síntesis de los sucesos relevantes en los casos a estudio.

Los antecedentes del amparo en revisión sometido al escrutinio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, son los siguientes:

a) La quejosa solicitó amparo en contra de la orden de identificación administrativa ordenada en el auto de término constitucional de veinticinco de agosto de dos mil cinco, dictada dentro de la causa 310/2005, aduciendo en vía de conceptos de violación, medularmente, que el acto reclamado no estaba fundado y motivado; que viola los artículos 14 y 16 constitucionales por no haber sido oída y vencida en juicio, ya que al no haberle comprobado su plena responsabilidad en la comisión del delito, la orden de identificación administrativa le causa un daño de imposible reparación al crearle antecedentes penales.

b) El Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio en los términos siguientes:

"... Este juzgado, de oficio, estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por considerar que la aquí quejoso (sic) debió agotar, previamente a la promoción del presente juicio de garantías, el recurso de revocación que establecen los artículos 409, 412, 413 y 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, según se expone a continuación: ... En la especie la parte quejosa reclama, la orden de identificación administrativa (ficha signalética), que fue ordenada ... en el auto de término constitucional ... la cual no podía ser combatida a través del recurso de apelación que establecen los numerales del 414 al 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; razón por la cual era procedente impugnar tal determinación a través del recurso de revocación ... Por otra parte, tampoco escapa a la atención de este órgano jurisdiccional, que existen criterios jurisprudenciales que han establecido una excepción al principio de definitividad, que se refiere a resoluciones de índole penal como la que nos ocupa; sin embargo, es importante precisar que tal excepción no es absoluta, sino que se reduce a casos específicos en los que las resoluciones penales afectan la libertad personal del quejoso ... en la especie no se actualiza ninguna de las excepciones al referido principio ... en tanto que ... los efectos de identificación administrativa reclamada no son susceptibles de afectar la libertad personal de la peticionaria de garantías, en tanto que constituye un acto independiente del auto de plazo constitucional del cual deriva." (énfasis añadido), (fojas 8 y 9 del toca).

c) Inconforme con la anterior determinación la quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el cual determinó, en suplencia de la deficiencia de la queja, que es incorrecto el sobreseimiento en el juicio de garantías, ya que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es procedente cuando sólo se reclame la orden de identificación administrativa y no así el auto de término constitucional del que deriva, y que, contrario a lo sostenido por el a quo, conforme al artículo 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el único medio de defensa ordinario que provoca su anulación es el recurso de apelación y no el de revocación, en virtud de que el acto reclamado tiene estrecha relación con el auto de formal prisión; pero que, al no haberlo interpuesto la quejosa, es indudable que en contra de él, cuando se impugna por vicios propios, procede el juicio de amparo.

En virtud de lo anterior, ordenó modificar la sentencia recurrida, y procedió al examen del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación vertidos por la quejosa.

Por otro lado, los antecedentes de la sentencia dictada en el amparo en revisión 746/2005 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (la más representativa de su criterio) se hacen consistir en los siguientes:

a) Los quejosos solicitaron el amparo y protección en contra de la orden de identificación administrativa (ficha signalética), así como de su ejecución y elaboración, aduciendo en sus conceptos de violación, sustancialmente, que se vulneran los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la orden de identificación no se encuentra debidamente motivada en virtud de que aún no se establece su responsabilidad en el delito que se les atribuye, y en caso de no resultar responsables del ilícito que se les imputa, tal identificación les causaría una afectación de imposible reparación.

b) El Juez Quinto de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal determinó negar el amparo a los quejosos, toda vez que a su juicio resultaba procedente ordenar la identificación administrativa de los quejosos, en tanto que se había acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal en su comisión; y porque se encontraba apegado a derecho en términos del artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

c) Inconformes con la resolución anterior los quejosos promovieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien determinó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto que la orden de identificación administrativa es susceptible de impugnarse respecto de su inconstitucionalidad por vicios propios, al margen del auto de término constitucional, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 126/2002-PS, también lo es que para reclamarse en vía juicio de garantías, al no tratarse de un acto que afecte en sí mismo la libertad personal, no se surte la excepción establecida por el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo y tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, por lo que previo al juicio de amparo, conforme al artículo 418, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, debe interponer recurso de apelación en contra de la parte correspondiente al auto de plazo constitucional, toda vez que dicho medio tiene como objeto examinar la legalidad de la orden y en consecuencia de modificarla o revocarla.

Robustece las argumentaciones anteriores aduciendo que, si bien es cierto que la orden administrativa puede reclamarse por separado al del auto que le dio origen, también lo es que debe realizarse por vicios propios y no pretendiendo hacerlo valer por vicios atribuidos al auto de término constitucional cuando éste no fue reclamado en el juicio de amparo.

Así, de los antecedentes narrados y de las resumidas consideraciones podemos advertir, que sí se reúnen los requisitos para la existencia de la contradicción de tesis en relación a los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que el tema específico abordado por ambos órganos jurisdiccionales es el mismo, la divergencia de los criterios se presenta en las consideraciones jurídicas de las ejecutorias y los criterios que cada uno de ellos adopta provienen del examen de los mismos elementos.

En efecto, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró indebido que el Juez de Distrito haya sobreseído en el juicio de garantías, ya que al no haber interpuesto la quejosa el recurso de apelación en contra de la orden de identificación administrativa, es indudable que en contra de la misma, por impugnarse por vicios propios, procede el juicio de amparo, sin que sea necesario controvertirla en forma conjunta con el auto de término constitucional o agotar los medios de defensa ordinarios.

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al estimar que se encontraba ante la impugnación de la orden de identificación administrativa por vicios derivados del auto de formal prisión y no por vicios propios, determinó revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que previa a la interposición del juicio de amparo, es necesario agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; es decir, cumplir con el principio de definitividad.

Lo anterior, en virtud de que al no estar en presencia de un acto que afecte la libertad personal no se surten las excepciones previstas en los artículos 22, fracción II y 73, fracción XIII, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, por lo que previo al juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios de defensa, específicamente el recurso de apelación. Cabe señalar que aun cuando este órgano colegiado estimó que se encontraba ante la impugnación de la identificación administrativa por vicios derivados del auto de formal prisión, al momento de emitir la tesis jurisprudencial respectiva, incluyó en su criterio ambos casos; esto es, que siempre debía agotarse el principio de definitividad en donde se impugnara la orden de identificación administrativa por vicios propios o por vicios atribuidos al auto de término constitucional.

En mérito de lo anterior, es dable concluir que ambos órganos colegiados abordaron la misma cuestión jurídica, a la luz de los mismos elementos y adoptaron criterios opuestos en las ejecutorias dictadas en los recursos de revisión citados, pues, en sendos juicios de amparo indirecto los actos reclamados fueron la orden de identificación administrativa (ficha signalética) emanada de un auto de término constitucional, que en ningún caso fue controvertido; los conceptos de violación que se hicieron valer, pretendieron demostrar la inconstitucionalidad de dicha orden aduciendo que no estaba plenamente acreditada la responsabilidad en la comisión de los delitos que se les atribuían; y, el tema que abordaron los tribunales al emitir sus ejecutorias consiste en determinar si deben o no agotarse los medios ordinarios de defensa previo a la interposición del juicio de amparo, cuando se reclama la orden de identificación administrativa (ficha signalética) dictada dentro del auto de término constitucional.

No es óbice a lo anterior el hecho de que uno de los Tribunales Colegiados haya estimado que la impugnación de la orden de identificación administrativa se haya hecho por vicios propios y el otro, en cambio, haya sostenido que fue por vicios atribuidos al auto de término constitucional, pues como se indicó, los conceptos de violación que se hicieron valer en ambos casos, pretendieron demostrar la inconstitucionalidad de dicha orden aduciendo que no estaba plenamente acreditada la responsabilidad de los quejosos en la comisión de los delitos que se les atribuían, por tanto, esta divergencia deviene de una indebida interpretación por parte de uno de los tribunales, que de ninguna forma afecta a la procedencia de esta contradicción de tesis, puesto que, como se demostró, se está en presencia de los presupuestos requeridos para abordar su estudio, es decir, que ambos tribunales abordaron la misma cuestión jurídica, examinaron los mismos elementos y adoptaron criterios opuestos en las ejecutorias dictadas; máxime que el tema sobre el que existe discrepancia es uno diverso, el consistente en determinar si respecto de la orden de identificación administrativa debe cumplirse con el principio de definitividad, es decir, si previo a su impugnación mediante el juicio de garantías debe agotarse el recurso de apelación previsto en el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

QUINTO. Esta Primera Sala estima que debe prevalecer el criterio que se plasma en la presente resolución, que coincide con la postura sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en atención a las siguientes consideraciones:

Como se adelantó, la materia de esta contradicción radica en determinar si deben agotarse o no los medios ordinarios de defensa, específicamente el recurso de apelación previsto en el artículo 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, previamente a la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19748-4889c29e/orden-de-identificacion-administrativa-ficha-signaletica-debe-impugnarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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