LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE RESOLVER SOBRE ELLA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, CUANDO EL JUEZ RESPONSABLE YA SE PRONUNCIÓ EN EL SENTIDO DE NEGARLA, A PESAR DE QUE NO LA HAYA SOLICITADO EL INCULPADO, SINO QUE DICHA NEGATIVA FUE A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 186/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como lo señalado en los puntos segundo, párrafo primero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza penal, de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en uso de la facultad que le confiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (denunciante), al resolver el recurso de queja 48/2005, sostuvo, en lo medular, el siguiente criterio:
"QUINTO. Son infundados los agravios hechos valer por los recurrentes ... sin advertirse materia para hacer operante la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo. Por cuestión de orden debe señalarse en primer término que fue acertada la consideración del Juez Federal, de declarar improcedente la solicitud de los ahora recurrentes de concederles el beneficio de la libertad provisional bajo caución, pues en la especie la Juez responsable ya se pronunció por la negativa de dicha medida y, por lo mismo, ya no se actualiza la condición de procedibilidad señalada en el párrafo séptimo del artículo 136 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: (se transcribe), sin importar en contrario lo argüido por los recurrentes de que esa libertad no fue solicitada por ellos, sino se proveyó al respecto por la oposición planteada por el Ministerio Público respecto a la solicitud relativa de otros coinculpados, pues aun cuando el párrafo transcrito culmina con la expresión ‘por no habérsele solicitado’, ello no implica que el Juez de la causa no pueda pronunciarse sobre si procede o no la libertad provisional bajo caución, al no reñir tal determinación con la obligación de éste de ‘otorgar la libertad provisional bajo caución’ inmediatamente que se lo solicite el inculpado, como lo establece el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual permite negar la citada medida por causa distinta a la gravedad del delito atribuido. También fue correcto que el Juez de Distrito concediera a los recurrentes la suspensión provisional respecto a los efectos y consecuencias del auto de formal prisión reclamado, para que en cuanto a su libertad personal quedaran a su disposición en el lugar donde se encuentran recluidos, y a la de la Juez de la causa para la prosecución del procedimiento; en correcta interpretación del artículo 136, párrafos primero y séptimo, de la Ley de Amparo, pues los quejosos están privados de su libertad en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, según lo afirman en la demanda de garantías. Por otra parte, no obstante que los recurrentes no expresan agravios contra la parte del auto recurrido donde el Juez de Distrito les negó la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en el pronunciamiento del acuerdo de ocho de octubre de dos mil cinco, emitido en la causa penal 411/2005 por la Juez Séptimo de lo Penal de esta ciudad, en donde esencialmente les negó el beneficio de la libertad provisional bajo caución; resulta correcta tal determinación, pues el pronunciamiento de ese acuerdo, en sí mismo considerado, reviste el carácter de consumado, contra el cual, efectivamente, no procede conceder la medida cautelar solicitada, por no tener la suspensión efectos restitutorios. En consecuencia, fue correcto el proceder del Juez Federal al conceder por una parte la suspensión provisional y negarla por otra parte, así como declarar improcedente la concesión de la libertad provisional bajo caución, aspecto este último que no se aparta de la hipótesis prevista en el párrafo séptimo del artículo 136 de la Ley de Amparo, como erróneamente lo sostienen los inconformes. De igual manera, esta potestad federal advierte que los diversos criterios jurisprudenciales invocados por los recurrentes en sus agravios bajo los rubros: ‘LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO. MOMENTO DE RESOLVERSE LO RELATIVO A LA.’, ‘LIBERTAD CAUCIONAL. FACULTADES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA CONCEDERLA, AL OTORGAR LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.’, ‘LIBERTAD CAUCIONAL, SI SE NIEGA LA SUSPENSIÓN CONTRA LA NEGATIVA A CONCEDERLA, NO DEBE OTORGARSE ESE BENEFICIO.’ y ‘LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO CUANDO LA HA NEGADO DEL JUEZ DEL PROCESO.’, el primero sí fue observado por el Juez de Distrito, el segundo no resulta aplicable por referirse a la suspensión del acto reclamado en amparo directo, siendo igualmente inaplicable el tercero, por no ser materia de la suspensión dicha negativa de libertad caucional, siendo observado el último, pero no con la finalidad pretendida por los inconformes, en el sentido de estar obligado el Juez de Distrito a pronunciarse respecto de la libertad bajo caución solicitada, por las razones expuestas con antelación. En tal virtud, al ser infundados los agravios aducidos por los recurrentes, debe declararse infundado el presente recurso de queja."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por su parte, al resolver el recurso de queja 26/2005, consideró lo siguiente:
"QUINTO. A fin de estructurar las consideraciones que conformarán la presente ejecutoria, en principio hay que poner de relieve que inicialmente en la demanda de amparo se reclamó el auto de formal prisión que mantiene a los quejosos internos en el Centro de Readaptación Social del Estado, y en ella pidieron al Juez de Distrito que les concediera la libertad provisional bajo caución, dado que se habían reservado hacerlo al Juez del proceso, para lo cual se acordó pedir a dicha autoridad judicial informara si los peticionarios de garantías habían pedido ante él el derecho de que se trata y, en su caso, enviara las constancias relativas para proveer lo que correspondiera. Por informe que se presentó el ocho de julio pasado, fuera del horario de labores del Juzgado de Distrito, la autoridad informó que durante la declaración preparatoria de los quejosos, ‘y al momento de fijar la libertad caucional’, el agente del Ministerio Público se opuso a que fuera concedido ese derecho, por lo que se acordó no otorgarlo, tomando en consideración los argumentos del representante social, mismos que objetó la defensa y se reservó el derecho de solicitar la libertad provisional de los indiciados. El día once del propio mes, los quejosos, a través de su defensor particular, ampliaron la demanda de amparo, precisando como nuevo acto reclamado al Juez del proceso, el acuerdo denegatorio de la libertad provisional bajo caución, con vista en la oposición del representante del Ministerio Público y sin que la defensa pidiera ese derecho, sino que se reservó hacerlo. En esa propia fecha, la Juez de Distrito se pronunció sobre la suspensión provisional del nuevo acto reclamado, y en ese mismo acuerdo proveyó sobre la petición de libertad provisional bajo caución de los quejosos, en los términos que aparecen en el considerando tercero de este fallo. Congruentes con lo anterior, el Juez responsable, aunque no a solicitud de los inculpados, sino dada la oposición del agente del Ministerio Público, se pronunció ya sobre el beneficio de la libertad provisional bajo caución de los quejosos. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 56/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 68, sostuvo lo siguiente: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA DECIDIR SOBRE ELLA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE ESE BENEFICIO, PORQUE EL INCULPADO NO SE LO HUBIERE SOLICITADO.’ (se transcribe). Aquí es oportuno hacer hincapié que, en suma, el argumento de los quejosos, para revertir la decisión recurrida y lograr que en el incidente de suspensión se les resuelva sobre la libertad provisional bajo caución, se reduce a sostener que la determinación desfavorable que en ese sentido obra en el proceso penal generador, obedece no a una solicitud que ellos o su defensor hubieran hecho a la autoridad judicial, sino que ésta la produjo dada la oposición que expresó el representante del Ministerio Público para que obtuvieran ese derecho y, por ende, al no haber recibido solicitud de ese beneficio, por los inculpados o la defensa, la Juez de Distrito tenía expeditas sus facultades para pronunciarse sobre ello en el juicio de amparo. Ahora bien, como los quejosos no formularon en el proceso penal solicitud de libertad provisional bajo caución, entonces debe considerarse que la Juez de Distrito estaba autorizada para resolver al respecto en el incidente de suspensión, teniendo en cuenta que ese derecho sólo corresponde solicitarlo al inculpado, conforme se desprende del artículo 20 constitucional y, precisamente, dependiendo de si ha hecho o no esa petición ante el Juez del proceso, corresponderá al Juez de Distrito hacerlo o no en el juicio de amparo, conforme se desprende de la disposición contenida en el artículo 136, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y a las propias razones que rigen la tesis jurisprudencial antes transcrita, y aunque la autoridad judicial dictó acuerdo en el que expresamente decidió que éstos no tenían derecho a gozar de tal beneficio, cuya determinación, por cierto, constituye uno de los actos reclamados, atentos a la ampliación de la demanda de amparo, ello no impedía a la Juez de Distrito resolver la petición relativa, pues, en primer lugar, como ya se dijo, no obedeció a la solicitud de los quejosos, y por el otro, que de llegar a sostenerse que ya hay una resolución sobre ese beneficio en el proceso penal o que la resolución del Juez de Distrito, en lo que corresponde a la libertad caucional, podría llegar a dejar sin materia el juicio de amparo, en contravención al artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se alentaría a que las autoridades, por sí mismas, acordaran respecto del aludido beneficio en el proceso, aunque no lo pidiera el inculpado, dejando así a éste sin opción de hacerlo en el juicio de amparo, lo cual sería inadmisible y, por ende, no debe ser consecuentada por los tribunales de amparo, máxime cuando se trata de una garantía constitucional conferida en favor del inculpado. Cabe advertir que el Tribunal Colegiado no pasa desapercibidas las siguientes tesis: ‘LIBERTAD CAUCIONAL, SI SE NIEGA LA SUSPENSIÓN CONTRA LA NEGATIVA A CONCEDERLA, NO DEBE OTORGARSE ESE BENEFICIO.’ (se transcribe). ‘LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO CUANDO LA HA NEGADO EL JUEZ DEL PROCESO.’ (se transcribe). Sin embargo, hay que tener en cuenta que dichas tesis parten del supuesto de que la negativa a conceder la libertad caucional ha sido producto de la petición que en el proceso ha solicitado el propio inculpado, creyendo tener derecho a ella y cuya decisión cuestiona luego en el juicio de amparo, lo que no se actualiza en la especie, pues aquí no hubo petición de los quejosos, y ello, por sí mismo, los autorizaba a hacer la solicitud al Juez de Distrito. De consiguiente, procede declarar fundada la queja a fin de que el referido juzgador, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, con total libertad y con vista en la legislación aplicable, se pronuncie respecto de la solicitud de libertad provisional bajo caución que le ha sido pedida por los quejosos."
Asimismo, el referido tribunal al resolver el recurso de queja 49/2005, señaló lo siguiente:
"SEXTO. Son sustancialmente fundados los agravios hechos valer por el inconforme. En efecto, en ellos aduce que ni él ni su defensor solicitaron el otorgamiento de su libertad caucional, condición indispensable para que ante el Juez de Distrito lo solicitara y se le concediera, y la determinación desfavorable que en ese sentido obra en el proceso penal generador obedece, no a una solicitud que él o su defensor hubieran hecho a la autoridad judicial, sino que ésta la produjo en forma arbitraria, pues su pronunciamiento lo hizo en forma extensiva y sin fundamento legal. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 56/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 68, sostuvo lo siguiente: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA DECIDIR SOBRE ELLA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE ESE BENEFICIO, PORQUE EL INCULPADO NO SE LO HUBIERE SOLICITADO.’ (se transcribe). En el caso, como se aprecia de las constancias reseñadas, el quejoso no formuló en el proceso penal solicitud de libertad provisional bajo caución, entonces debe considerarse que el Juez de Distrito estaba autorizado para resolver al respecto en el incidente de suspensión, teniendo en cuenta que ese derecho sólo corresponde solicitarlo al inculpado, conforme se desprende del artículo 20 constitucional, que en lo conducente dispone: (se transcribe). Y precisamente, dependiendo de si ha hecho o no esa petición ante el Juez del proceso, corresponderá al Juez de Distrito hacerlo o no en el juicio de amparo, conforme se desprende de la disposición contenida en el artículo 136, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, que dice: (se transcribe). Ahora y atendiendo a las propias razones que rigen la tesis jurisprudencial antes transcrita, y aunque la autoridad judicial dictó acuerdo en el que expresamente decidió que éste no tenía derecho a gozar de tal beneficio cuya determinación, por cierto, constituye uno de los actos reclamados, ello no impedía al Juez de Distrito resolver la petición relativa, pues, como ya se dijo, no obedeció a la solicitud del quejoso, y de llegar a sostenerse que ya hay una resolución sobre ese beneficio en el proceso penal o que la resolución del Juez de Distrito, en lo que corresponde a la libertad caucional, podría llegar a dejar sin materia el juicio de amparo, en contravención al artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se alentaría a que las autoridades, por sí mismas, acordaran respecto del aludido beneficio en el proceso, aunque no lo pidiera el inculpado, dejando así a éste sin opción de hacerlo en el juicio de amparo, lo cual sería inadmisible y, por ende, no debe ser consecuentada por los tribunales de amparo, máxime cuando se trata de una garantía constitucional conferida en favor del inculpado. Cabe advertir que el Tribunal Colegiado no pasa desapercibidas las siguientes tesis: ‘LIBERTAD CAUCIONAL, SI SE NIEGA LA SUSPENSIÓN CONTRA LA NEGATIVA A CONCEDERLA, NO DEBE OTORGARSE ESE BENEFICIO.’ (se transcribe). ‘LIBERTAD CAUCIONAL EN EL AMPARO CUANDO LA HA NEGADO EL JUEZ DEL PROCESO.’ (se transcribe). Sin embargo, hay que tener en cuenta que dichas tesis parten del supuesto de que la negativa a conceder la libertad caucional ha sido producto de la petición que en el proceso ha solicitado el propio inculpado, creyendo tener derecho a ella, y cuya decisión cuestiona luego en el juicio de amparo, lo que no se actualiza en la especie, pues aquí no hubo petición del quejoso, y ello, por sí mismo, le autorizaba a hacer la solicitud al Juez de Distrito. De consiguiente, procede declarar fundada la queja a fin de que el referido juzgador, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, con total libertad y con vista en la legislación aplicable, se pronuncie respecto de la solicitud de libertad provisional bajo caución que le ha sido pedida por el quejoso."
QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
De lo anterior, se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada.
En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si conforme al artículo 136, séptimo párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito puede resolver dentro del incidente de suspensión, si otorga o no la libertad provisional bajo caución, cuando el Juez de la causa ya se pronunció sobre tal cuestión, a pesar de que no lo haya solicitado el inculpado, y al respecto, los Tribunales Colegiados en mención, adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes.
El recurso de queja 48/2005, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, contaba con los siguientes antecedentes:
1. Los quejosos estaban privados de su libertad por la probable comisión de un delito no grave.
2. El Ministerio Público solicitó al Juez de la causa, que le niegue la libertad provisional bajo caución, tras una solicitud hecha por algunos inculpados.
3. El Juez de la causa negó la libertad provisional bajo caución, y la hizo extensiva a todos los inculpados, aun a aquellos que no hicieron la solicitud sobre el referido beneficio.
4. Los inculpados que no habían solicitado la libertad provisional bajo caución, interpusieron juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, así como por el auto que les niega la citada libertad.
5. Dentro del incidente de suspensión, el Juez de Distrito declaró improcedente la solicitud de los quejosos de concederles el beneficio de la libertad provisional bajo caución, en atención a que el artículo 136, séptimo párrafo, de la Ley de Amparo, prohíbe su otorgamiento cuando la autoridad responsable ya se pronunció al respecto.
6. En contra de la anterior resolución, los quejosos interpusieron recurso de queja.
Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, arribó a la conclusión de que a pesar que los inculpados no hayan solicitado la libertad provisional bajo caución, basta con que se haya resuelto al respecto por la oposición planteada por el Ministerio Público sobre la solicitud relativa de otros coinculpados, ya que aun cuando el artículo 136, séptimo párrafo, de la Ley de Amparo, señala con la expresión "por no habérsele solicitado", no significa que el Juez de la causa no pueda pronunciarse sobre si procede o no la libertad provisional bajo caución, pues como lo establece el artículo 20, apartado A, fracción I, constitucional, permite negar la citada medida por causa distinta a la gravedad del delito atribuido.
Por otra parte, el recurso de queja 26/2005, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuenta con los siguientes antecedentes:
1. Los quejosos estaban privados de su libertad por la probable comisión de un delito no grave.
2. El Juez de la causa negó el beneficio de la libertad provisional bajo caución a los inculpados, tras una solicitud del Ministerio Público, aun cuando la defensa se había reservado el derecho para solicitarla.
3. Los quejosos interpusieron juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, y de la negativa del Juez del proceso de conceder la libertad provisional bajo caución.
4. El Juez de Distrito dentro del incidente de suspensión, determinó que no era procedente fijar garantía a los quejosos para que puedan obtener su libertad provisional bajo caución, por considerar que ésta procede únicamente cuando el Juez de la causa no se haya pronunciado al respecto.
5. En contra de la anterior resolución, los quejosos interpusieron recurso de queja.
De igual manera, el recurso de queja 49/2005, del que conoció el referido Tribunal Colegiado, se promovió bajo las circunstancias siguientes:
1. El quejoso se encontraba privado de la libertad por la probable comisión de un delito no grave.
2. Los coinculpados del quejoso solicitaron al Juez de la causa les otorgue la libertad provisional bajo caución, por lo que el Ministerio Público hizo la solicitud respectiva en el sentido de que se les niegue.
3. El Juez del proceso negó la libertad provisional bajo caución, y la hizo extensiva a todos los inculpados, aun y al que no lo había solicitado.
4. El inculpado que no solicitó la libertad provisional bajo caución, interpuso juicio de amparo en contra del auto de formal prisión, así como por el auto que le negó la citada libertad.
5. Dentro del incidente de suspensión, el Juez de Distrito estimó estar impedido para proveer respecto a la libertad provisional bajo caución, en atención a que el artículo 136, séptimo párrafo, de la Ley de Amparo, prohíbe su otorgamiento cuando la autoridad responsable ya se pronunció al respecto.
6. En contra de la anterior resolución, el quejoso interpuso recurso de queja.
Al respecto, en ambos asuntos, el Tribunal Colegiado estimó que cuando la negativa del Juez del proceso de otorgar la libertad provisional bajo caución derivada de una oposición del Ministerio Público y no por una petición de los quejosos, entonces el Juez de Distrito está autorizado para resolver al respecto en el incidente de suspensión, ya que ese derecho sólo le corresponde al inculpado conforme al artículo 20 constitucional, y únicamente dependiendo de que no se haya hecho esa petición ante el Juez del proceso, corresponderá al Juez de Distrito pronunciarse en el juicio de amparo, conforme al artículo 136, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sostuvo que conforme a la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA DECIDIR SOBRE ELLA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE ESE BENEFICIO, PORQUE EL INCULPADO NO SE LO HUBIERE SOLICITADO.", aun cuando la determinación del Juez de la causa de negar la citada libertad constituya uno de los actos reclamados dentro del juicio de amparo, ello no impide que se pronuncie el Juez de Distrito, en virtud de que tal determinación no obedeció a una solicitud del quejoso, pues de estimar que ya existe una resolución por parte del Juez de la causa sobre el beneficio, o bien, que la resolución del Juez de Distrito al respecto podría llegar a dejar sin materia el juicio de amparo, en contravención al artículo 124 de la Ley de Amparo, se daría lugar a que las autoridades, por sí mismas, acordaran sobre el aludido beneficio en el proceso, aunque no lo pidiera el inculpado, dejando para que éste no pudiera hacerlo dentro del juicio de amparo.
Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico.
Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se actúa, y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus criterios.
Por último, también se acredita el requisito consistente en que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior, pues el estudio que realizaron los Tribunales Colegiados contendientes partió de la impugnación de un mismo acto reclamado en una demanda de amparo, y al resolver un recurso de queja emitido en contra de una negativa del Juez de Distrito para pronunciarse dentro del incidente de suspensión sobre la libertad provisional que le solicitaron los quejosos.
Asimismo, los órganos colegiados partieron del análisis del mismo ordenamiento legal, pues para sustentar sus posturas se basaron en lo que dispone el artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo.
Ello permite concluir que, en este caso, sí existe contradicción de tesis en el punto medular, como quedó apuntado con anterioridad.
SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como se precisó con anterioridad, el punto jurídico a dilucidar en este asunto radica en determinar si conforme al artículo 136, séptimo párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito puede resolver dentro del incidente de suspensión, si otorga o no la libertad provisional bajo caución, cuando el Juez de la causa ya se pronunció en el sentido de negarla, a pesar de que no la haya solicitado el inculpado, sino que dicha negativa fue a solicitud del Ministerio Público.
Debe destacarse, previamente, que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió un tema parecido al que ahora es materia de estudio, como se puede apreciar del contenido de la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, noviembre de 2003
"Tesis: 1a./J. 56/2003
"Página: 68
"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA DECIDIR SOBRE ELLA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, ES NECESARIO QUE EL JUZGADOR RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE ESE BENEFICIO, PORQUE EL INCULPADO NO SE LO HUBIERE SOLICITADO. De la interpretación literal, sistemática y teleológica del artículo 136, párrafo séptimo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Juez de Distrito únicamente puede determinar si concede la libertad caucional al quejoso, en el incidente de suspensión, cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa haya omitido resolver sobre ese beneficio y la falta de ese pronunciamiento obedezca a que el presunto responsable no lo hubiera solicitado. Estas condiciones son necesarias porque, podría suceder que, al momento de decretar el Juez Federal esa prerrogativa a favor del agraviado, aunque éste estuviera procesado por un delito no grave, en respuesta a su solicitud el Juez o tribunal de la causa pudiera ya haberse pronunciado, y determinado que el inculpado no tiene derecho a obtenerla. En cambio, con la actualización de las mencionadas condiciones, se evita que la decisión del Juez de Distrito se contraponga a la que sobre ese punto ya hubiera decretado o esté por hacerlo el Juez que instruye el proceso. En consecuencia, si el inculpado ya hizo una solicitud ante el juzgador responsable para que sea puesto en libertad provisional bajo caución, en el incidente de suspensión del amparo que haya promovido en contra del acto que importe un ataque a su libertad personal ya no puede solicitar ante el Juez Federal ese beneficio, sino que tiene que esperar a que aquél decida sobre dicha petición, y una vez que le dé respuesta, si no está conforme, debe impugnarla por la vía legal correspondiente.
"Contradicción de tesis 35/2003-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 3 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz."
Ahora bien, por la estrecha relación de los temas jurídicos, algunas de las consideraciones que originaron la emisión de la jurisprudencia transcrita, son las que habrán de regir la presente ejecutoria.
Atendiendo a cuestiones de orden sistemático, en primer lugar, se impone aludir al artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es del tenor si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19614-cb1982df/libertad-provisional-bajo-caucion-el-juez-de-distrito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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