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Modo: Corpus Pro

BENEFICIO O TRATAMIENTO PRELIBERATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO NIEGA ES INNECESARIO INTERPONER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 485 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 52 A 57 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. · Registro digital (IUS): 27546
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-01-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo II, Pág. 700.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 24 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA. VICTORINO HERNÁNDEZ INFANTE Y JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA. AUSENTES: JOSÉ MANUEL TORRES ÁNGEL Y FROYLÁN BORGES ARANDA. DISIDENTE Y PONENTE: JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: VICTORINO HERNÁNDEZ INFANTE. SECRETARIA: CARMEN YADIRA REYES MUÑOZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia.

Este Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo (vigente), décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la Ley de Amparo; 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, en un tema de naturaleza penal, sin que sea de atender a especialidad alguna, ya que este Circuito no es especializado, de conformidad con el anexo del citado acuerdo general.

SEGUNDO.-Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes de uno de los tribunales que sustentan los criterios contendientes, por lo cual, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.-Consideraciones de los criterios contendientes.

I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en el Estado de México, con sede en la Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el recurso de queja en materia penal Q.P. 55/2017.

Antecedentes del asunto.

1. **********, promovió juicio de amparo indirecto (mediante escrito de siete de febrero de dos mil diecisiete), en el que señaló los siguientes actos y autoridades:

Autoridad responsable:

Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México.

Acto reclamado:

Resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la que se negaron al sentenciado los beneficios de tratamiento preliberacional, remisión parcial de la pena y libertad condicional.

2. De dicha demanda conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, quien mediante auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, la registró bajo el número ********** de su índice.

3. En ese mismo auto (recurrido en queja), el jurisdicente constitucional primario, desechó la demanda de amparo, al considerar que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo (no haber agotado el principio de definitividad).

4. Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el autorizado del quejoso **********, interpuso recurso de queja en materia penal que se registró bajo el número Q.P. 55/2017 del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en el Estado de México, con sede en la Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual declaró infundado el referido medio de impugnación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) El acto reclamado no es definitivo, pues en su contra es procedente un medio ordinario de defensa, específicamente, el recurso de reconsideración, previsto en el artículo 485 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en relación con los diversos 52 a 57 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de México, el cual debió ser agotado por el quejoso antes de solicitar la protección constitucional.

b) Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se colige la regla general de procedencia del juicio de amparo en que se reclaman actos emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya ejecución sea de imposible reparación, contra los que, conforme a las leyes que los rijan, procede algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa, por virtud del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados.

c) Los mencionados preceptos legales contienen el principio de definitividad que rige al juicio de amparo e implica que antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, el gobernado debe agotar las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos por la propia fracción XVIII del numeral 61 de la legislación en cita.

Esa máxima encuentra justificación, en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, mientras que los recursos ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre la posibilidad de hacer valer un instrumento extraordinario de defensa (juicio constitucional).

d) Para que se actualice la causa de improcedencia de que se trata, deben concurrir los elementos que a continuación se enuncian:

1. Se trate de un acto emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

2. Proceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, que la ley ordinaria establezca.

e) En el asunto, se actualizaron los dos supuestos, pues el acto reclamado (resolución de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la cual se negaron al quejoso los beneficios de tratamiento preliberacional, remisión parcial de la pena y libertad condicional), fue dictado por un tribunal judicial y en su contra, conforme al artículo 485 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en relación con los diversos 53 a 57 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de México, procede el recurso de reconsideración, al tratarse de una resolución que negó un beneficio en ejecución de sentencia, el cual no promovió el quejoso antes de acudir al amparo.

f) No se surte ningún supuesto de excepción al principio de definitividad de los contemplados en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales [inciso a)].

f1)Tampoco se actualiza el supuesto de que el quejoso se ostente como persona extraña al procedimiento, pues se trata del sentenciado en un proceso penal, del que no podría resultar con esa calidad [inciso c)].

f2) Además, la interposición del recurso no puede quedar a la elección del quejoso, toda vez que la reconsideración no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal resulta insuficiente para determinar su procedencia.

f3) Por otro lado, el acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o bien, decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ya que se trata de una resolución que proveyó sobre una petición del sentenciado, respecto a la posibilidad de acceder a algún beneficio que anticipara la compurgación de la sanción que le fue impuesta [inciso b)].

f4) Tampoco se trata de un acto que afecte la libertad del sentenciado, pues en realidad aquélla está restringida por la sentencia condenatoria en la que se le impuso una pena de prisión de manera definitiva.

f5) La negativa de beneficios en ejecución de sentencia no puede equipararse a los actos contemplados por el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de la intelección del propio dispositivo, se desprende que aquellos que ahí se contemplan son emitidos antes de que se cuente con una sentencia definitiva, como son: órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal.

f6) Si bien la negativa de beneficios en sí no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que no es la que decide la situación jurídica del reo (su responsabilidad o no en un delito y, por ende, su libertad) pues se insiste, ésta se define en la condenatoria a través de la que se impone una pena que compurgará en prisión y, por ende, aquélla no es un acto que afecte de manera directa, ese derecho sustantivo del hombre y que implique la excepción al principio de definitividad.

Ello, porque la posibilidad de obtener de manera anticipada la libertad en ejecución de sentencia (antes de compurgar la pena de prisión impuesta en sentencia condenatoria), se materializa como una expectativa que para llegar a actualizarse requiere que converjan diversos requisitos (temporalidad, evaluaciones psicológicas, grado de reinserción social, etcétera), pero no implica que, una vez que se presente la solicitud en que se pida algún beneficio en ejecución de sentencia, y éste se otorgue, de manera inmediata deba ordenarse la excarcelación del reo.

f7) Para que ello ocurra, debe verificarse la satisfacción de ciertas exigencias establecidas en la ley, y en caso de ser exitosa la petición ni si quiera implica la obtención inmediata de libertad, pues se puede decretar que la compurgación de la pena concluirá antes de lo establecido en la sentencia, pero ello podría ocurrir años después de la solicitud, no de inmediato, como acontece con las resoluciones relacionadas con la libertad de las personas, que se dictan antes de que exista sentencia definitiva.

g) Se abundó al respecto y se sostuvo que las resoluciones que menciona el invocado inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, comparten una característica, consistente en que, de ser exitosa la pretensión del quejoso, esto es, que el acto reclamado sea violatorio de derechos humanos, la consecuencia es obtener la libertad inmediata, pues se trata de actos que afectan de manera directa la libertad personal del gobernado, lo que no ocurrió en ese caso, pues el propio dispositivo legal sostiene que podría dispensarse al inconforme de agotar el principio de definitividad contra "cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso", pero el propio legislador separó ese concepto de la sentencia definitiva, en la parte final de ese párrafo, por lo que al referirse a "cualquier otro acto", no es posible considerar como tal la sentencia definitiva dictada en un proceso penal.

Lo anterior se adujo, porque la afectación de la libertad personal del justiciable no deriva de un acto que directamente haya trastocado ese derecho fundamental, sino de una sentencia definitiva, y si bien la resolución que decide sobre los posibles beneficios que pudiera disfrutar un reo con la pretensión de obtener su libertad antes de compurgar la pena que le fue impuesta, no forma parte propiamente de la sentencia, sí deriva de ella, y el resultado de ésta no afecta de manera directa su libertad, pues aun cuando resultara fundada, no implica necesariamente que el recurrente deba ser excarcelado de inmediato, como ocurre con las actuaciones que sí conculcan de manera directa ese derecho humano, por lo que habrá que atenderse a cada caso en particular, para establecer si el éxito de la pretensión del reo implica o no recobrar de manera inmediata su libertad.

h) No se soslayó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/2000, de la que emanó la jurisprudencia 1a./J. 56/2001, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL.",(4) estableció que la resolución que niega tramitar la petición de algún beneficio en ejecución de sentencia o el beneficio mismo, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo.

Al respecto, se señaló que no se considera aplicable esa jurisprudencia, en principio porque si bien se analiza de manera autónoma la naturaleza de la resolución que niega algún beneficio en ejecución de sentencia (acto que afecta la libertad), lo cierto es que la interpretación que realizó el Alto Tribunal se relacionó con el artículo 22 de la Ley de Amparo abrogada, el cual establecía los casos de excepción para promover la demanda constitucional fuera del plazo genérico de quince días, dentro de los cuales resultó relevante destacar que la fracción II señalaba que se podía hacer valer en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importaran peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al servicio de las armas.

Porción normativa que preveía los actos que significaran ataques a la libertad, sin hacer distinción alguna, es decir, abarcaba cualquier tipo de transgresión a ese derecho fundamental.

No obstante, se determinó que en la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), el artículo 17 (señala que el plazo genérico para promover la demanda es de quince días y los casos de excepción), se reglamenta que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

De lo cual es posible colegir, que en la legislación reglamentaria vigente, el espíritu del legislador fue limitar los actos que implicaran ataques a la libertad, porque de manera expresa señaló que éstos tienen que ser fuera de procedimiento (dentro de los cuales no se encontró el que reclamó el recurrente).

Sobre el tema, se resaltó que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada, contenía la causa de improcedencia relativa al incumplimiento de agotar el principio de definitividad, y al referirse a los casos de excepción, establecía que no era necesario acatarlo, cuando el acto reclamado importara peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte, se precisó que la legislación actual, como se ha destacado, en su artículo 61, fracción XVIII, inciso b), si bien contempla como excepción, que el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, lo cual revela la intención del legislador de englobar a aquellos actos emitidos antes de la sentencia, por la relevancia que adquiere el derecho a la libertad, al no existir una resolución definitiva que rija su situación jurídica (supuesto en el que se adujo, no se ubicó el inconforme, porque en el caso, se trata de la negativa de beneficios que alega, es después del dictado de la sentencia condenatoria, en la que le impone una pena de prisión).

i) Por ende, se concluyó que en la especie, se debe atender al contenido de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), en cuyo artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), se establecen de manera clara y precisa los supuestos de excepción al principio de definitividad, dentro de los que, se reitera, se determinó que a criterio de ese Tribunal Colegiado, ante la intelección del propio precepto legal, no se encontró el acto reclamado.

II. El criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja Q.P. 199/2015, en la que determinó que tratándose de la resolución que niega los beneficios en ejecución de sentencia, no se debe agotar el principio de definitividad, esto es, el recurso de reconsideración, antes de acudir al amparo, ya que se trata de un acto que afecta la libertad personal, lo que actualiza una excepción al primero, bajo las siguientes consideraciones:

Antecedentes del asunto.

1. **********, promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló los siguientes actos y autoridades:

Autoridad responsable:

Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México.

Acto reclamado:

Resolución de nueve de septiembre de dos mil quince, en la que se negó al sentenciado el tratamiento preliberacional.

2. De dicha demanda conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, quien mediante auto de dos de octubre de dos mil quince, la admitió y registró bajo el número ********** de su índice.

3. En ese mismo auto (recurrido en queja), el jurisdicente constitucional primario, desechó la demanda de amparo, al considerar que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable, la improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso a), último párrafo, y la fracción XVIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo (no haber agotado el principio de definitividad).

4. Inconforme con esa determinación, **********, a través de su autorizado, interpuso recurso de queja en materia penal, que se registró bajo el número Q.P. 199/2015 del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, quien declaró fundado el referido medio de impugnación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) El quejoso no estaba obligado a agotar el recurso o medio de defensa ordinario, establecido legalmente, por encontrarse en el caso de excepción a que se refiere el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto que reclamó afecta su libertad personal.

b) Señaló que la resolución en la que se niega el otorgamiento de algún beneficio preliberacional (acto que reclamó el sentenciado), tiene implicaciones en el derecho individual subjetivo de la libertad personal, al verse restringida por el hecho de negársele al quejoso el beneficio solicitado y postergar su estadía en reclusión; por ello, frente a la naturaleza y consecuencias del acto combatido, el solicitante de protección constitucional está exento de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al amparo, pues conforme al inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se exime de agotar los recursos ordinarios, cuando se reclame cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal.

c) Se precisó que aun y cuando el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio constitucional promovido contra las resoluciones respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; lo cierto es que, cuando se está en el supuesto de cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en materia penal, no es factible exigir al gobernado que, previo a la promoción del juicio de amparo, deba interponer el recurso que prevé la ley ordinaria.

d) Abundó y sostuvo que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva -en que se requeriría agotar el recurso correspondiente-, porque en términos del párrafo segundo de la fracción primera del artículo 170 de la Ley de Amparo, se entiende por sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal; supuesto que no se presenta en este asunto, porque el acto reclamado lo constituye una resolución en materia penal, pronunciada en ejecución de sentencia que afecta la libertad personal del quejoso.

Para robustecer sus argumentos, citó la jurisprudencia 1a./J. 56/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL."

Por tanto, concluyó que no se está en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que posibilite el desechamiento de la demanda, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo.

Por otro lado, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el recurso de queja Q.P. 223/2015, en la que determinó que tratándose de la resolución que niega los beneficios en ejecución de sentencia, no se debe agotar el principio de definitividad, esto es, el recurso de reconsideración, antes de acudir al amparo, ya que se trata de un acto que afecta la libertad personal, lo que actualiza una excepción al primero, bajo las siguientes consideraciones:

Antecedentes del asunto.

1. **********, promovió juicio de amparo indirecto (mediante escrito de tres de septiembre de dos mil quince), en el que señaló los siguientes actos y autoridades:

Autoridades responsables:

Juez de Ejecución de Sentencia del Distrito Judicial de Otumba Tepachico, Estado de México (ordenadora).

Directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social Otumba Tepachico, Estado de México (ejecutora).

Acto reclamado:

Resolución de dos de septiembre de dos mil quince (se negó el beneficio de tratamiento preliberacional) y su ejecución.

2. De dicha demanda conoció el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, quien mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, la admitió y registró bajo el número ********** de su índice.

3. En ese mismo auto (recurrido en queja), el jurisdicente constitucional primario, desechó la demanda de amparo, al considerar que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso a), último párrafo, y la fracción XVIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo (no haber agotado el principio de definitividad).

4. Inconforme con esa determinación, **********, por su propio derecho, interpuso recurso de queja en materia penal, que se registró bajo el número Q.P. 223/2015, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, quien declaró fundado el referido medio de impugnación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) El quejoso no estaba obligado a agotar el recurso o medio de defensa ordinario establecido legalmente, por encontrarse en el caso de excepción a que se refiere el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto que reclamó afecta su libertad personal.

b) Señaló que la resolución que el disconforme atribuyó a la autoridad responsable en la que negó al quejoso el tratamiento preliberacional que solicitó, respecto de una pena de prisión que le fue impuesta como consecuencia de un procedimiento penal, es considerada como un acto que afecta la libertad personal del quejoso.

b1) En cuanto a ello, precisó que si bien no lo es de forma directa al no ser ésta la resolución en virtud de la cual se encuentra inicialmente recluido en un centro penitenciario, lo cierto es que de manera indirecta, sí incide en la libertad del disconforme, ya que si el Juez de ejecución de sentencias hubiera concedido el beneficio al quejoso, debido a dicha determinación, habría obtenido su libertad personal.

Para robustecer sus argumentos, citó la jurisprudencia 1a./J. 56/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL."

Así como la diversa 1a./J. 6/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "COMPURGACIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN SENTENCIA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RECAE A LA PETICIÓN DEL REO, PUEDE PROMOVERSE EL AMPARO INDIRECTO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL."

c) Por tanto, concluyó que no se está en presencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que posibilite el desechamiento de la demanda, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis.

El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.",(5) a saber:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de externar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Primer requisito (arbitrio judicial).

Al respecto, a juicio de este Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de externar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho.

El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010.(6)

En efecto, cada uno de los tribunales contendientes realizó un ejercicio interpretativo mediante el uso de su arbitrio judicial, consistente en determinar si es necesario agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo indirecto, cuando el acto reclamado consista en la resolución que niega o revoca algún beneficio o tratamiento preliberatorio, pues el artículo 465 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en relación con los diversos 52 a 57 del Reglamento Interno de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de México, prevén en su contra el recurso de reconsideración.

Segundo requisito (razonamiento y diferendo de criterios interpretativos).

Este Pleno sin Especialización del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes, existió un criterio de interpretación en torno a la misma cuestión jurídica, pues en relación con el tema señalado (es necesario agotar el principio de definitividad antes de acudir al amparo indirecto, cuando el acto reclamado consista en la resolución que niega o revoca algún beneficio o tratamiento preliberatorio, pues el artículo 465 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en relación con los diversos 52 a 57 del Reglamento Interno de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de México, prevén en su contra, el recurso de reconsideración).

A su vez, se actualiza el tercer requisito, pues para resolver las cuestiones planteadas, es necesaria la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Circunstancias que hacen posible afirmar que en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada, por las siguientes consideraciones:

El Primer Tribunal C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27546-45367084/beneficio-o-tratamiento-preliberatorio-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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