RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO Y DÉCIMO SEXTO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO. 11 DE ABRIL DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien está facultado para ello, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios denunciados. En el presente considerando se dará cuenta con los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión **********.
Antecedentes.
a) En juicio laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje dictó un laudo condenando a la demandada al pago de diversas prestaciones. Previo desahogo del incidente de liquidación, en el que se cuantificó la condena respectiva, en la etapa de ejecución la parte demandada exhibió cheque para dar cumplimiento a la condena; la parte actora recibió el título de crédito.
b) Posteriormente, la demandada solicitó el archivo del asunto; la autoridad ejecutora ordenó dar vista al actor.
c) La actora desahogó la vista, oponiéndose al archivo del asunto, con el argumento de que el laudo no estaba cumplido, pues la cantidad que había recibido no correspondía a la cuantificación de la condena, ya que existía una diferencia que la parte demandada pretendió justificar como retención del impuesto sobre la renta, a pesar de que la condena sobre salarios y pensiones jubilatorias está exenta de impuesto alguno.
d) El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje dictó resolución, a través de la cual denegó la petición del actor; decretó el cumplimiento del fallo y ordenó el archivo del asunto.
e) En contra de esa resolución, la parte actora promovió amparo indirecto, que resolvió el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, en el sentido de sobreseer, al estimar actualizada la causal de improcedencia de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse agotado el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo.
f) Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión.
Sentencia:
• Los agravios resultan infundados e inoperantes.
• Acorde al contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo y a la interpretación hecha en la tesis P./J. 32/2001, el juicio de amparo biinstancial, procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo fuera de juicio o después de concluido; en este caso, el amparo sólo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de la sentencia o laudo de que se trate.
• Asimismo, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por última resolución que se dicte en la fase ejecutiva debe entenderse aquella que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o, en su caso, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento.
• En la especie, el acto reclamado se hizo consistir en el auto de diecisiete de febrero de dos mil nueve, en el cual el presidente de la Junta responsable estableció que la demandada dio cumplimiento total al laudo e incidente de liquidación, tuvo por concluido el juicio y ordenó el archivo del expediente, así como su notificación personal a las partes.
• Resulta inexacto lo que alega el recurrente, respecto a que podría considerarse que el auto reclamado, se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque no puede pasarse por alto que, como lo concluyó el Juez de Distrito, para la procedencia del juicio de garantías, era necesario que previamente cumpliera con el principio de definitividad y se agotara el recurso de revisión de conformidad con el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo.
• Se concluye de esta forma, tomando en cuenta que en circunstancia análoga, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, estableció que una vez dictado el laudo, se entra en la etapa de ejecución. Que en dicha fase son los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los facultados para tramitar y resolver todo lo relativo a la ejecución de los laudos, incluyendo la solicitud de una de las partes para que se declare la prescripción de la acción para ejecutarlo. Que considerando la exposición de motivos de la reforma de cuatro de enero de mil novecientos ochenta, la intención del legislador al establecer el recurso de revisión, no fue limitar su procedencia a las determinaciones que tienden a la ejecución de los laudos sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución y, que, por esa razón, dicho medio de impugnación debía agotarse previamente a la instauración del juicio de garantías en contra de la resolución en que se negara o decretara la prescripción de la ejecución del laudo y, que al no hacerlo, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
• De dicha contradicción, derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."
• Cabe destacar que el caso examinado en la citada contradicción, consistente en la solicitud de que se decretara la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, es análoga al examinado en el presente, ya que de declararse que opera dicha figura, se pondría fin al procedimiento, lo que implicó el acuerdo reclamado en el juicio de garantías, en el que se declaró cumplido el laudo y se ordenó el archivo del asunto.
• Por lo anterior, se estima correcta la consideración del Juez de Distrito, toda vez que el acto reclamado en el juicio biinstancial, aunque no es propiamente un acto tendiente a la ejecución del laudo, dado que se trata del acuerdo emitido por el presidente de la Junta responsable a la solicitud de tener cumplido el laudo y archivar el expediente, sí fue dictado en el procedimiento de ejecución y, por tanto, en su contra debía agotarse el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, previamente a la promoción del juicio de garantías.
• En esa tesitura, resulta infundado lo alegado por el quejoso en torno a que el A quo aplicó inexactamente los artículos 103 y 107 constitucionales, así como el diverso 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, puesto que al no haberse agotado el referido recurso de revisión, es inconcuso que se actualizó la causal de improcedencia, prevista en el último numeral referido y, consecuentemente, el sobreseimiento fue decretado con apego a derecho.
• Tampoco asiste razón al inconforme, por cuanto que la tesis aislada XIX.2o.P.T.10 L invocada por el Juez de Distrito, de rubro: "RESOLUCIÓN QUE DECLARA CUMPLIDO EL LAUDO. AL NO CONSTITUIR LA ‘ÚLTIMA RESOLUCIÓN’ DENTRO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEBE AGOTARSE, PREVIO LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO INDIRECTO, EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", va más allá de lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada en primer término, pues como atinadamente se señala en el texto de dicho criterio, no se opone a lo sostenido por el Alto Tribunal, sino que lo complementa atendiendo a que en el procedimiento laboral, sí existe un medio de impugnación procedente en contra de cualquier acto dictado por el presidente de la Junta responsable en la etapa de ejecución del laudo.
• A mayor abundamiento, debe destacarse que de la interpretación sistemática de los artículos 773, 873, fracción III y 876 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que el juicio laboral sólo puede darse por concluido en los supuestos previstos en tales preceptos y en todos ellos es el tribunal del trabajo a quien corresponde tomar esa determinación; por lo cual es inconcuso que en dichos casos en que se concluye el procedimiento, necesariamente deberá ordenarse el archivo del expediente; de modo que esa decisión también debe estimarse como un facultad atribuida únicamente a la Junta como órgano colegiado y no a su presidente, como aconteció en la especie.
• De manera que, si en el caso fue el presidente de la Junta responsable quien ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido al acordar el cumplimiento total del laudo dentro de la fase de ejecución del mismo, resulta claro que en contra de esa determinación, debió agotarse previamente al juicio de garantías, el recurso de revisión de conformidad con el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo.
• Confirma la sentencia reclamada y sobresee en el juicio.
La anterior resolución dio origen a la siguiente tesis:
"Registro: 164691
"Novena Época
"Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, abril de 2010
"Materia laboral
"Tesis IV.3o.T.305 L
"Página 2804
"REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE LO DECLARA CUMPLIDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 374, de rubro: ‘REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO’, que en contra del auto dictado por el presidente de la Junta dentro de la etapa de ejecución del laudo, en el cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, previamente a la promoción del juicio de garantías; esto considerando que la intención del legislador al establecer el medio de impugnación previsto en el referido precepto legal, no fue limitar su procedencia a las determinaciones que tienden a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de su ejecución. Entonces, de una interpretación analógica y extensiva de dicho criterio, este órgano colegiado concluye que en contra del auto dictado por el presidente de la responsable en la fase de ejecución del laudo, en el que determina que se dio cumplimiento total del mismo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, también procede el referido recurso de revisión, antes de acudir al juicio de amparo, ya que, al igual que el auto que resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutar un laudo, fue emitido por el presidente de la Junta en dicha etapa y, consecuentemente, es revisable por ésta como órgano colegiado."
II. Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********.
Antecedentes.
a) En juicio laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje dictó laudo condenando a la demandada al pago de diversas prestaciones en la etapa de ejecución del laudo, previa solicitud de la actora, el presidente dictó acuerdo autorizando la ejecución.
b) En diligencia de requerimiento de pago, el actuario embargó una cuenta bancaria. Posteriormente, la parte demandada exhibió dos cheques para dar cumplimiento a la condena, precisando que había retenido el impuesto sobre la renta correspondiente.
c) La parte actora compareció ante el presidente ejecutor para recibir los títulos de crédito. Asimismo, manifestó dejar a salvo sus derechos hasta que recibiera la constancia de retención del impuesto correspondiente y, en caso de que la demandada no la exhibiera, pidió que se autorizara ejecución por el monto equivalente a la retención, razón por la cual solicitó que no se tuviera por cumplido en su totalidad el laudo, porque no se comprobaba que efectivamente se estuviera haciendo el pago total de la condena.
d) El presidente ejecutor dictó acuerdo en el sentido de declarar cumplido en su totalidad el laudo y ordenar el archivo del asunto.
e) En contra de esa resolución, la parte actora promovió amparo indirecto, que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México desechó de plano, por considerar actualizada la causa de improcedencia del artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, relativa al principio de definitividad, pues antes de acudir al juicio constitucional la quejosa debió agotar el recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo.
f) Inconforme, la quejosa promovió recurso de queja.
Sentencia:
• El concepto de violación analizado es fundado.
• De la interpretación de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que por regla general, el juicio es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuando no se haya agotado en su contra el recurso o medio de defensa ordinario que concede la ley que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Es decir, se establece el principio de definitividad del juicio de amparo.
• Este principio implica que el juicio de amparo, únicamente, es procedente contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, se traduce en que antes de acudir a dicho juicio, el quejoso se encuentra obligado a interponer el recurso o medio de defensa legal que prevea la ley ordinaria en contra del acto reclamado que tenga por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo.
• A pesar de lo anterior, el acto reclamado fue dictado por un tribunal del trabajo con el cual culminó la etapa de ejecución del laudo, razón por la que se estima que tal actuación no es apta de ser combatida a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo.
• Debe precisarse que en el caso no es aplicable lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 95/2002. Lo anterior dado que el punto estudiado en la ejecutoria y jurisprudencia mencionadas, atañe a las actuaciones del presidente de las Juntas en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, en el caso estamos en presencia del proveído que da por concluido el procedimiento de un laudo y ordena el archivo del asunto por encontrarse finalizado, lo cual es la nota distintiva que actualiza la procedencia del juicio de amparo, conforme la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia.
• Del citado precepto, se observa que el juicio de amparo indirecto, procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido y, que si se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo -como sucede con el acto reclamado-.
• En otras palabras, del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo obtenemos que por última resolución emitida en la etapa de ejecución de laudo, deba entenderse aquella que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, c) Las que ordenan el archivo definitivo del expediente.
• De ese modo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que ello es así, a fin de evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste, contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva. Lo que es acorde al criterio impuesto en la jurisprudencia P./J. 32/2001, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA."
• Por tanto, si la autoridad responsable determinó que se había cumplimentado en su totalidad el laudo y su ejecución ordenando el archivo del asunto como totalmente finalizado, es de concluir actualizada la procedencia del juicio constitucional, conforme al citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues estamos en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento relativo, motivo por el cual se estima desacertado el proceder del Juez de Distrito.
• Se revoca el proveído recurrido y se ordena al a quo, que de no advertir diversa causa de improcedencia, admita la demanda de amparo.
La anterior resolución dio origen a la siguiente tesis:
"Registro: 2015493
"Décima Época
"Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 48, Tomo III, noviembre de 2017
"Materia común
"Tesis: I.16o.T.6 L (10a.)
"Página: 1937
"«Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas»
"AMPARO INDIRECTO. CONTRA EL PROVEÍDO POR EL QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE PRONUNCIA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PROCEDE DICHO JUICIO Y NO EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión contra los actos de los presidentes de las Juntas y actuarios en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé diversas hipótesis de procedencia del amparo indirecto contra: a) los actos que aprueben o reconozcan el cumplimiento total de lo sentenciado; b) los que declaren la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, c) los que ordenen el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, el proveído en el que el presidente de una Junta se pronuncia respecto del cumplimiento de un laudo y ordena el archivo del asunto como totalmente concluido, es impugnable en el amparo indirecto, al ser la última determinación dictada en ese procedimiento, de ahí que el recurso de revisión citado sea improcedente, pues éste sólo puede promoverse contra actos dictados en el procedimiento de ejecución, pero no contra el que lo da por terminado."
CUARTO.—Los antecedentes relatados ponen en evidencia que sí existe contradicción de criterios, porque en los asuntos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes, prevalecen los siguientes elementos comunes:
• En la etapa de ejecución de un juicio laboral, la parte demandada exhibe el pago de las prestaciones materia de la condena decretada y solicita el archivo del asunto.
• La parte actora recibe la cantidad exhibida y se opone al archivo del asunto, argumentando que la condena no está totalmente cumplida.
• El presidente ejecutor declara totalmente cumplido el laudo y ordena el archivo del asunto.
• En contra de esa resolución, la parte actora promueve amparo indirecto.
• Los Jueces de Distrito consideran, uno en la sentencia y otro en el acuerdo de desechamiento de demanda, que el amparo indirecto es improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad.
Así, mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver un recurso de revisión, considera que aunque el acto reclamado, no es propiamente un acto tendente a la ejecución del laudo, en su contra debe agotarse el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, previamente a la promoción del juicio de garantías.
En cambio, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver un recurso de queja, estima que con el acto reclamado se culmina la etapa de ejecución del laudo, razón por la que no es apta de ser combatida a través del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo.
QUINTO.—Punto de contradicción. Conforme a los elementos fácticos y jurídicos antedichos, el punto de contradicción, consiste en determinar si contra la resolución dictada por el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, debe agotarse el recurso revisión de actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, previo a promover amparo indirecto.
No es obstáculo a la existencia de la contradicción de tesis, la circunstancia de que los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados contendientes hayan provenido, en un caso, de la resolución a un recurso de revisión y, en el otro, de lo resuelto en un recurso de queja; pues ello constituye un diferendo meramente formal, que tiene su razón de ser en que se impugnaron, en el primer supuesto, la sentencia dictada en la audiencia constitucional que sobreseyó en el juicio de amparo y, en el segundo, el acuerdo del Juez de Distrito que desechó la demanda de amparo.
Tampoco demerita la contradicción de tesis, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, haya adoptado su postura analizando la fracción XIII,(1) del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, haya fijado su criterio analizando la fracción XVIII,(2) del artículo 61, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; pues la fracción del precepto legal de la ley abrogada, contiene la misma causa de improcedencia que la fracción del numeral de la ley vigente analizadas.
SEXTO.—Decisión. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se define, conforme a las consideraciones siguientes:
De acuerdo con el artículo 107, fracción IV,(3) de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; es decir, contra aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente.
En tal virtud, no existe duda que el acuerdo dictado por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, se ubica en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, de acuerdo con la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo en vigor, debido a que constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución, en un juicio laboral.
Sin embargo, la circunstancia de que el acto reclamado, se ubique en el supuesto de procedencia de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, por tratarse de la última resolución, dictada en la etapa de ejecución de un juicio laboral, no significa que el juicio de amparo indirecto sea procedente inmediatamente, porque no pueden soslayarse los presupuestos procesales y principios que rigen el juicio de amparo, particularmente el de definitividad.
En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, señala:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"…
"XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
"Se exceptúa de lo anterior:
"a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;
"b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
"c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
"d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
"Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; …"
De acuerdo con el principio de definitividad, contenido en la fracción XVIII del precepto en cita, el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, únicamente, procede contra actos definitivos; es decir, respecto de aquellos actos o resoluciones que ya no puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas a través de algún recurso o medio de defensa legal ordinario.
De manera que si en la ley que rige el acto o resolución reclamada, existe un recurso o medio ordinario de defensa, conforme al cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el quejoso estará obligado a agotarlo antes de acudir a la instancia constitucional.
De acuerdo con lo anterior, para determinar si procede amparo indirecto, inmediatamente contra la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, habrá que resolver si existe un recurso o medio de defensa ordinario que pueda modificar, revocar o nulificar esa decisión; eventualmente, dependiendo del resultado, podría analizarse si existe una excepción al principio de definitividad.
Ahora bien, esta Segunda Sala resolvió, en sesión de nueve de agosto de dos mil dos, la contradicción de tesis 57/2002-SS, de la que derivó la jurisprudencia:
"Registro: 186133
"Novena Época
"Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XVI, agosto de 2002
"Materia laboral
"Tesis 2a./J. 95/2002
"Página 374
"REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.—El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27847-2bb0104e/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-849 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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