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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DICTADA EN LA DILIGENCIA DE REMATE POR LA QUE APRUEBA Y ADJUDICA UN BIEN AL POSTOR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 114/2006. · Registro digital (IUS): 20152
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ERIKA DE LA TORRE CERDA Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 2186.

AMPARO EN REVISIÓN 114/2006. ERIKA DE LA TORRE CERDA Y OTROS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El análisis de los agravios formulados por la parte recurrente, permite que se realicen las siguientes consideraciones.

Este tribunal debe también proceder al análisis de las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo, por ser su estudio preferente en términos de lo establecido por el último párrafo del artículo 73 de la referida legislación, máxime cuando se trata de un motivo que no fue abordado por el juzgador.

Se aplica, al caso, la jurisprudencia 3a./J. 29/93, que formuló la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, con el número 286, página 192, que dispone:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR. Si bien es cierto que cuando un Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben estudiarse de oficio."

En ese tenor, se estima que en relación con los actos reclamados al director de Catastro y al encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Chapala, Jalisco, que se hicieron consistir en que el primero hubiera "ordenado la exoneración del pago del impuesto de transmisión patrimonial a favor del sindicato", mientras que del segundo haya "suscrito convenio de pago en parcialidades de factibilidad con el señor Salvador Castellanos Franco, el cual compareció en representación del sindicato", se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que esos actos no perjudican de manera alguna los intereses jurídicos de la parte agraviada.

Esto es así, puesto que si dichas autoridades, en atribución de sus facultades que les son propias, deciden, una exonerar del pago de impuestos al sindicato, y la otra, celebrar con el mismo un convenio para el pago en parcialidades, ello no puede afectar de modo alguno a los agraviados, puesto que en nada resienten afectación a su esfera jurídica, puesto que no se afectan bienes o derechos que les sean propios, lo que se evidencia aún más, si se tiene presente que la existencia o inexistencia de esa exoneración y convenio no pueden dar lugar a un perjuicio o a un beneficio, ya que, como se afirmó, no se actualiza afectación alguna a sus intereses, en cuanto a que ni los impuestos ni los pagos le son propios, ni de su interés a los agraviados.

Consecuentemente, en lo que se refiere a los actos reclamados a dichas autoridades, es claro que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías del que deriva este recurso de revisión, con apoyo en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 74, fracción III, de ese mismo ordenamiento legal.

Por otro lado, respecto a los actos reclamados al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como al secretario general de la misma, se tiene que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Para así considerarlo, es necesario transcribir los artículos pertinentes de la Ley Federal del Trabajo que regulan quién debe llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje:

"Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas."

"Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita."

"Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al presidente de la Junta de Conciliación Permanente, al de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio, para que se cumplimente la ejecución del laudo."

"Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo."

De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los presidentes de las mismas.

Asimismo, los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previsto por la legislación laboral federal, son del tenor literal siguiente:

"Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión."

"Artículo 850. De la revisión conocerá:

"I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas;

"II. El presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y

"III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria."

"Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne."

"Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes:

"I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas;

"II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y

"III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución.

"Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley."

El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas Juntas.

En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución.

Finalmente, en el tercer supuesto conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria.

Ahora bien, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de garantías, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Los artículos 617 y 618 prevén sus facultades en los siguientes términos:

"Artículo 617. El presidente de la Junta tiene las facultades y obligaciones siguientes:

"I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta;

"II. Presidir el Pleno;

"III. Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I;

"IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior;

"V. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes;

"VI. Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los presidentes de las Juntas Especiales;

"VII. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; y

"VIII. Las demás que le confieran las leyes."

"Artículo 618. Los presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes:

"I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial;

"II. Ejecutar los laudos dictados por la Junta Especial;

"III. Conocer y resolver las providencias cautelares;

"IV. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes;

"V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el presidente de la Junta;

"VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la Junta Especial;

"VII. Informar al presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y

"VIII. Las demás que les confieran las leyes."

Como puede advertirse de los preceptos reproducidos, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y estas últimas, a su vez, tienen las siguientes:

"Artículo 614. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes:

"I. Expedir el reglamento interior de la Junta y el de las Juntas de Conciliación;

"II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten a la totalidad de las ramas de la industria y de las actividades representadas en la Junta;

"III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno;

"IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales sustenten tesis contradictorias;

"V. Cuidar que se integren y funcionen debidamente las Juntas de Conciliación y girar las instrucciones que juzgue conveniente para su mejor funcionamiento;

"VI. Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las deficiencias que observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y

"VII. Las demás que le confieran las leyes."

"Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes:

"I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la industria o de las actividades representadas en ellas;

"II. Conocer y resolver los conflictos a que se refiere el artículo 600, fracción IV, que se susciten en el lugar en que se encuentren instaladas;

"III. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 503;

"IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del presidente en ejecución de los laudos;

"V. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo.

"Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la Junta; y

"VI. Las demás que le confieran las leyes."

De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, el presidente de alguna Junta aprueba el remate y adjudica bienes a un postor determinado y, además, ordena que se le escriture y entregue la posesión del bien de referencia, es claro que en contra de tales determinaciones procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo categóricamente establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, tercerías o de los dictados en las providencias cautelares.

Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, artículos 617 y 618, corresponde llevarla a cabo a los presidentes de las Juntas, debiendo entenderse que la diligencia de remate, la adjudicación de bienes y sus consecuencias, se hacen precisamente en esta etapa, por lo que es claro que a quien corresponde resolver al respecto es al propio presidente y no a la Junta como órgano colegiado, pues esta última no tiene facultades para ello, toda vez que la ley da esa atribución exclusivamente a los presidentes.

En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra de la resolución que el presidente dicte en la etapa de ejecución del laudo, ya sea aprobando o no el remate, así como decretando la adjudicación y sus consecuencias a favor de un postor, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que debe ser resuelto por la Junta respectiva, como lo señalan los diversos preceptos 614 y 616.

A esta conclusión se llega si se toma en cuenta la exposición de motivos de la reforma de cuatro de enero de mil novecientos ochenta, de la que derivó el texto actual de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidente de una Junta, emitidos en el periodo de ejecución de los laudos.

Al respecto, en la exposición de motivos de la que derivó dicha reforma legal se dijo, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Nuestro sistema jurídico garantiza, mediante la intervención de los tribunales federales, la posibilidad de enmendar, en su caso, cualquier error de procedimiento o de fondo en que hubieren incurrido las Juntas al aplicarse e interpretarse las disposiciones legales correspondientes; es por eso que en el capítulo XIV da a las partes el derecho de solicitar la revisión de los actos que realicen los presidentes, actuarios o funcionarios habilitados, en ejecución de los laudos ..."

De la transcripción anterior se advierte que el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo.

Por tanto, el precepto no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquellas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo, sino también a todas aquellas que, aunque no tengan estas características, se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado.

Bajo este criterio, la determinación del presidente de una Junta laboral que adopta en la diligencia de remate, aprobándolo y adjudicando un bien a un postor, así como las consecuencias de ello, son resoluciones que, por perseguir en forma directa e inmediata el cumplimiento de éste y ser emitidas en el periodo de ejecución, resultan ser recurribles conforme a la teleología del precepto en cuestión pues, además, la expresión "en ejecución de los laudos", utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento.

Una vez precisado que procede el recurso de revisión a que se refiere el multicitado artículo 849 de la ley en comento, en contra de la resolución que dicten los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, es de concluirse que el no agotarse ese medio ordinario de defensa hace improcedente el juicio de garantías.

Lo anterior, debido a que si bien el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa y que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al quejoso a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, deben entenderse referidos sólo a aquellos claramente procedentes en la ley respectiva. Por tanto, si en el caso concreto el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje emite una resolución en la etapa de ejecución del laudo y contra la misma la ley establece que procede el recurso de revisión, es inconcuso que al no agotarse éste resulta improcedente el juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones expuestas, se estima que respecto a los actos reclamados al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como de su secretario general, se actualiza la causa de improcedencia de que se habla, puesto que no aparece que la parte agraviada hubiera interpuesto el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, de manera previa a la interposición de la demanda de garantías de la que deriva este recurso de revisión.

No obsta para lo anterior el hecho de que, conforme a lo decidido en la sentencia de amparo y combatido en los agravios, la parte actora no estuviera legitimada para acudir a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que aun cuando este tribunal estimara que sí lo está, lo cierto es que a final de cuentas, por no haber promovido el recurso ordinario correspondiente, no se cumple con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, resultando así improcedente el mismo.

Se considera aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 95/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, página 374, que dispone:

"REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.-El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo."

También se estima aplicable, al caso, la tesis I.6o.T.186 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de dos mil tres, página 1345, que reza lo siguiente:

"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA O RECONOCE DE MANERA EXPRESA O TÁCITA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL LAUDO O LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA DARLE CUMPLIMIENTO.-El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo determina que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, en el que se podrán reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; sin embargo, debe considerarse que en el supuesto de que exista resolución en el procedimiento de ejecución, en la que se haya declarado cumplido el laudo o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el juicio laboral, previamente debe agotarse el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, para de esta forma cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo."

Consecuentemente, respecto a los actos reclamados al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como de su secretario general, debe decretarse el sobreseimiento con apoyo en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción III del precepto 74, de esa misma legislación.

Finalmente, esta decisión de sobreseer en el juicio de garantías debe hacerse extensiva a los actos que también se reclaman del director del Registro Público de la Propiedad, así como del director de Catastro del Municipio de Chapala, Jalisco, debido a que no se reclamaron por vicios propios, sino como una consecuencia de los actos reclamados al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como de su secretario general.

Se considera aplicable, al respecto, la jurisprudencia VI.2o. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, página 690, que es del siguiente contenido literal:

"SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.-Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios."

No escapa a la vista de este tribunal, el hecho de que si bien el derecho de huelga y la obtención de las prestaciones derivadas del procedimiento relativo son acciones de índole colectiva, en términos de lo establecido por el artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, una vez que se dicta el laudo correspondiente y por considerar que los motivos de la huelga le son imputables al patrón, se le condena al pago de diversas prestaciones económicas a favor de sus empleados, a partir de ese momento el derecho e interés de percibir la cantidad específica que por tal concepto corresponde a cada trabajador debe estimarse de carácter individual, aun cuando derivado del ejercicio de un derecho colectivo, pues es a cada uno de los trabajadores de la empresa en la que suspendieron las labores a quien interesa, individualmente, que se le cubra la cantidad que resulte a su favor.

Se invoca, al respecto, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, página 327, que dispone:

"HUELGA IMPUTABLE AL PATRÓN, SALARIOS CAÍDOS EN CASO DE. EL DERECHO A PERCIBIRLOS ES DE CADA TRABAJADOR EN LO INDIVIDUAL.-Si bien el derecho a lograr la condena a cubrir salarios caídos mediante sometimiento del conflicto que origina una huelga a la decisión de la Junta por parte de los trabajadores basándose en el artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, es una acción de índole colectiva, cuando se dicta el laudo correspondiente y se condena al patrón a pagar esos salarios por considerar que los motivos de la huelga le son imputables, el derecho a percibir la cantidad específica que por tal concepto corresponde a cada trabajador debe estimarse de carácter individual, aun cuando derivado del ejercicio de un derecho colectivo, pues es a cada uno de los trabajadores de la empresa en la que se suspendieron las labores a quien interesa, individualmente, que se le cubra la cantidad que resulte a su favor, reduciéndose el interés del grupo o del sindicato huelguista, en lo que a los salarios caídos se refiere, a que en el laudo respectivo se establezca en contra del patrón la condena a cubrir dicho concepto."

Con base en lo anterior, cabe hacer notar que el sindicato intervino en el procedimiento de imputabilidad de la huelga, en representación de todos los trabajadores que laboraban en la empresa, sin que dicha representación diera al sindicato o a su secretario general derecho alguno para adjudicarse a título propio los bienes que se embargaron y remataron al patrón para el cumplimiento de las prestaciones reclamadas de los trabajadores, precisamente porque dichos bienes garantizaban el pago de las condenas a favor de los titulares del derecho que, no eran otros, más que los trabajadores de la empresa.

Se puede decir también que la representación del sindicato, a través de su secretario general, es de naturaleza legal, en términos de lo establecido por el artículo 937 de la Ley Federal del Trabajo, pero equiparable a un mandato, y por esa razón se encuentra obligado a la rendición de cuentas y, en su caso, puede incurrir en responsabilidades civiles, administrativas o penales, en caso de que pretenda adjudicarse para sí los bienes sobre los cuales no habría de tener derecho alguno, sin garantizar de manera previa el pago de las prestaciones reclamadas a favor de cada uno de los trabajadores, lo que, incluso, puede ser constitutivo del delito de fraude, que le correspondería conocer, en su caso, a otras autoridades, o también en su caso, procedería entablar la responsabilidad civil que corresponda ante las autoridades que conozcan de esa materia, quedando los trabajadores en amplia libertad para promover lo conducente.

Por otra parte, si el presidente de la Junta responsable actuó ilegalmente en la adjudicación de bienes secuestrados al patrón, para garantizar el pago de las prestaciones laudadas a favor de los trabajadores, en su caso, procedería fincarle responsabilidades oficiales, de conformidad con las normas establecidas, ya sea en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En las relatadas condiciones, lo procedente, en el caso, será que, por los motivos y fundamentos que de esta resolución se desprenden, se confirme la sentencia sujeta a revisión y se sobresea en el juicio de garantías del que deriva este recurso de revisión.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Por los motivos y fundamentos que derivan de esta resolución, se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Erika de la Torre Cerda y coagraviados, contra los actos que reclamaron del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y secretario general de la misma, jefe de la Oficina Registral en Chapala, Jalisco, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Chapala, Jalisco, encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Chapala, Jalisco; y administrador del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ajijic, con residencia, las dos primeras, en esta ciudad y las demás en Chapala, Jalisco, los cuales se precisaron en el resultando primero de esta sentencia.

Notifíquese; anótese en el registro, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos relativos al lugar de su procedencia para los fines de ley y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en M

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20152-71e05039/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-849 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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