LIBERTAD ANTICIPADA. SI EL SENTENCIADO POR UN DELITO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SOLICITA LA CONCESIÓN DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS RELATIVOS, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE Y ATENTO AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, EL ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA DEBE HACERSE CONSIDERANDO REGLAS CONTENIDAS EN ESA LEY Y NO A NORMAS EXCLUYENTES APLICABLES AL CASO HIPOTÉTICO.

El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal establece: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.". Conforme a ello, las normas relativas a derechos humanos, como lo son las inherentes a la concesión de beneficios de libertad, deben interpretarse de manera que favorezcan en todo momento la protección más amplia a las personas. Por lo que dicha interpretación se realiza respecto de las normas aplicables a un determinado hecho o acto jurídico, en razón de que resulta inadmisible tratar de interpretar en favor de una persona las normas que no le resultan aplicables. Con sustento en lo expuesto, si un sentenciado por un delito previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, solicita la concesión de un beneficio de libertad anticipada, deviene inconcuso que, conforme a la interpretación más favorable y atento al principio de especialidad, el análisis de su procedencia o no, debe hacerse conforme a las reglas contenidas en esa ley, y no en otra, como sería la que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (abrogada), toda vez que, de lo contrario, no se realizaría una interpretación favorable a los derechos del gobernado, sino que se estaría aplicando una ley que no es la que rige la ejecución de la sentencia que le fue impuesta, en virtud de que dicha forma de aplicar la ley opera, en todo caso, respecto de leyes concurrentes a una misma situación jurídica y no a ordenamientos legales excluyentes entre sí, como ocurre cuando en cuestiones relativas a la ejecución de la pena de prisión impuesta es aplicable la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con exclusión de la diversa Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados indicada.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.