Corpus
Modo: Corpus Pro

LIBERTAD ANTICIPADA. LA TEMPORALIDAD DEL DICTADO DE UNA DIVERSA SENTENCIA CONDENATORIA FIRME NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN I, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 115/2024. · Registro digital (IUS): 33091
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-03-28
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.773.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 115/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2025. MAYORÍA DE DOS VOTOS EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN, DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y DEL MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. DISIDENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. MAYORÍA DE DOS VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y DEL MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. DISIDENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA. SECRETARIA: LORENA AGUILAR CORTÉS.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria presencial correspondiente al seis de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios 115/2024, entre el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 90/2024 y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 142/2018.

2. El problema jurídico materia de la presente resolución consiste en establecer si existe contradicción de criterios, si es procedente la misma y, de ser el caso, determinar si la temporalidad de los hechos que motivaron el dictado de una sentencia previa constituye una excepción al requisito para el otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada previsto en el artículo 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

I. ANTECEDENTES

3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio 529/2024, los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el citado órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de revisión 90/2024 y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al emitir pronunciamiento en el recurso de revisión 142/2018.

4. Trámite ante el Pleno Regional. En acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, la radicó con el número 115/2024, delimitó de forma preliminar el tema de contradicción, solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes poner a disposición el respectivo expediente electrónico y, según correspondió, la remisión de diversas constancias e informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados.

5. Ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación del asunto y le solicitó informara si existía alguna contradicción de criterios radicada sobre la materia de la presente; asimismo, se turnó electrónicamente a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.

6. En proveído de veintiocho de junio posterior, se recibió un oficio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el cual informó que instruyó se hiciera disponible el expediente electrónico relativo al recurso de revisión 90/2024, para su consulta.

7. Por acuerdo de cuatro de julio siguiente, se tuvo por recibido un oficio del Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia y jurisdicción, por el cual informó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 142/2018, continuaba vigente, sin que existiera condición que afectara su firmeza, remitió copia digital certificada de la ejecutoria dictada en ese asunto y comunicó que el expediente electrónico se encontraba disponible.

8. El once de julio de dos mil veinticuatro, se recibió un oficio del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con este asunto.

9. En ese mismo proveído, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.

10. Del diecinueve de agosto al cinco de noviembre de dos mil veinticuatro, con motivo de la suspensión parcial de labores (sólo atención de casos urgentes) organizada por las y los trabajadores, así como juezas, jueces, magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Federación, este Pleno Regional se encontraba imposibilitado para efectuar el ejercicio de sus funciones; sin embargo, a partir del seis de noviembre siguiente, se determinó la reanudación total de labores.

11. El dos de diciembre de dos mil veinticuatro, se ordenó informar a los Tribunales Colegiados contendientes que, a partir del uno de diciembre de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional se encuentra integrado por la Magistrada Olga Estrever Escamilla y los Magistrados Samuel Meraz Lares y Miguel Bonilla López.

12. El ocho de enero de dos mil veinticinco, se listó el proyecto para su discusión, pero en sesión ordinaria de dieciséis de enero siguiente, se desechó el proyecto de resolución elaborado por el Magistrado Samuel Meraz Lares, por lo que, en auto de esa misma fecha, se returnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Olga Estrever Escamilla, para la formulación del proyecto correspondiente.

13. El veintisiete de enero de dos mil veinticinco, se listó por segunda ocasión el asunto para su discusión.

II. AMICUS CURIAE

14. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

15. Antes del día en que se listó este asunto para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la sesión programada para resolverla.

III. COMPETENCIA

16. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios.

17. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como el Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

IV. LEGITIMACIÓN

18. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se formuló por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes emitieron la sentencia en el amparo en revisión 90/2024 que se encuentra en contradicción.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

19. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe prevalecer, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito, lo cual se desprende de sus respetivas ejecutorias.

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 90/2024.

a) Antecedentes del caso

20. El quince de marzo de dos mil dos (sic), en la causa penal **********, del índice del Juzgado Cuadragésimo Segundo Penal de esta ciudad, se condenó al quejoso por el delito de homicidio culposo (cometido con motivo de tránsito de vehículos) y se le impuso la pena de dos años dos meses de prisión. Sentencia que confirmó la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad por resolución de tres de julio de dos mil uno (sic), emitida en el toca **********.

21. El veintisiete de febrero de dos mil dos (sic), el justiciable se acogió al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

22. El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en la carpeta judicial ********** del índice del Juzgado del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Diez, se sentenció al quejoso por el delito de robo calificado (vehículo automotriz con violencia moral equiparada) y se le impuso la pena de cinco años cuatro meses de prisión.

23. Debido a que no se interpuso recurso de apelación, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, quedó firme; por lo que el veintisiete de agosto posterior, se dio inicio al procedimiento de ejecución.

24. El once de abril de dos mil veintitrés, el quejoso solicitó el beneficio de la libertad anticipada. El Juez Especializado en Ejecución de Penas en esta ciudad, por acuerdo de diez de mayo siguiente, desechó la solicitud al considerar que el quejoso contaba con una condena previa firme por el delito de homicidio culposo.

25. Esa determinación se confirmó el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia en esta ciudad, en el toca penal **********.

26. Inconforme con lo anterior, el sentenciado promovió juicio de amparo indirecto, del que finalmente conoció el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el número **********, en el cual, el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, se le negó la protección constitucional.

27. En desacuerdo con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el número 90/2024, en el cual, en sesión de cinco de junio de dos mil veinticuatro, se revocó la sentencia recurrida y se concedió el amparo.

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado

28. El Tribunal Colegiado sostuvo que la autoridad responsable confirmó la decisión de la jueza de ejecución, de desechar de plano la solicitud del sentenciado para acceder al beneficio de libertad anticipada, al estimar que el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone prohibición legal para acceder al citado beneficio si el solicitante cuenta con un antecedente penal previo.

29. Lo cual estimó, en principio, acertado jurídicamente, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS (SIC), NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", ha determinado jurisprudencialmente que el hecho de que la legislación secundaria condicione el otorgamiento de los beneficios penales, como en el caso la libertad anticipada, al cumplimiento de ciertos requisitos no es violatorio de lo dispuesto por el artículo 18 constitucional.

30. El tribunal señaló que no obstante lo anterior, no se debía soslayar que, como lo expuso el entonces Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 9/2017, a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, lo que implicó un cambio sustancial en los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, en adición a su artículo 1o., respecto a la regularidad de derechos humanos, tanto a nivel constitucional como internacional.

31. Lo cual llevaba a considerar que los beneficios, como el relativo a la libertad anticipada a que se refiere el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, son derechos sustantivos, al privilegiar esa reinserción, aun cuando obtener el beneficio con la simple petición por parte del reo no es un derecho humano, porque el juzgador no está obligado a concedérselo.

32. Sin embargo, señaló, al tener presente la tesis aislada 1a. CLI/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "BENEFICIOS PARA LOS SENTENCIADOS. NO CONSTITUYEN UN DERECHO FUNDAMENTAL.", sí puede considerarse un derecho sustantivo la prevención por parte del Estado de las medidas instrumentales necesarias para lograr la reinserción social, así como que en la ley secundaria se establezcan los beneficios que le son sincrónicos, los cuales deberán concederse en la medida en que se cumplan los parámetros que condicionen su otorgamiento.

33. Por tanto, sostuvo, tener acceso a la posibilidad de que un juzgador analice si procede el beneficio que en la ley se establezca sí tiene el carácter de derecho humano, conclusión que refirió se reforzaba con la sentencia del Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que se infería que tener acceso a beneficios es un derecho humano.

34. Expuso que, por su parte, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver, en sesión de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el amparo en revisión 762/2019, respecto del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal estableció los alcances de la procedencia del beneficio de la libertad anticipada en tratándose de personas condenadas bajo el sistema tradicional, al considerar que el beneficio constituye un mecanismo de control judicial que impacta en un derecho sustantivo.

35. En ese sentido, el tribunal señaló que un análisis sistemático y conforme al principio de interpretación más favorable para la persona, contenido en el artículo 1o de la Constitución Federal, el beneficio de la libertad anticipada constituye un mecanismo de control jurisdiccional que impacta en un aspecto sustantivo vinculado directamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social, por lo que estimó que no era dable el desechamiento de plano del incidente promovido por el quejoso que fue condenado por un delito culposo, con tiempo considerable entre una sentencia y la otra, bajo el argumento que se actualiza la excepción contenida en el citado artículo 141.

36. De ahí que, a criterio del tribunal, no es motivo suficiente para desechar de plano la solicitud de libertad anticipada a que se refiere el citado artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el hecho de que el solicitante cuente con un antecedente penal por un delito distinto.

37. De esa manera, en aras de privilegiar una verdadera reinserción social, indicó que el juez de ejecución debe atender, caso por caso, ponderando la naturaleza de los delitos cometidos y la temporalidad del antecedente, esto es, tomando en consideración que el primer antecedente penal fue por un delito de naturaleza culposa y se cometió con prolongado tiempo de diferencia del segundo hecho por un delito doloso, para así sustanciar el incidente respectivo y determinar si es dable o no que el solicitante obtenga dicho beneficio conforme a los demás requisitos que establece el propio artículo 141 y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia, en los términos del procedimiento jurisdiccional previsto en la ley referida; empero no de plano desechar su solicitud.

38. En ese sentido, el tribunal señaló que la existencia de un antecedente penal, por un delito de diversa naturaleza, y respecto de hechos cometidos con anterioridad a la formulación de la solicitud (más de diez años), constituye una excepción al requisito contenido en el artículo 141 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución, pues de no considerarlo así, se negaría la real reinserción social a que se refiere el artículo 18 constitucional.

39. Para sustentar su criterio, se apoyó en la tesis 1a. XXXVIII/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LIBERTAD ANTICIPADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. LAS PERSONAS QUE FUERON CONDENADAS BAJO EL SISTEMA PROCESAL TRADICIONAL SÍ PUEDEN SOLICITARLA."(1)

40. Así como en la tesis del entonces Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "LIBERTAD ANTICIPADA A QUE SE REFIERE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. EL ACCESO A LA VERIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA ES UN DERECHO SUSTANTIVO RELACIONADO CON EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD."(2)

41. Finalmente, precisó que lo resuelto podría constituir una contradicción de criterios con el sostenido por el diverso tribunal contendiente, por lo que se ordenó realizar la denuncia respectiva ante este Pleno Regional.

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 142/2018.

a) Antecedentes del caso

42. El veinticinco de junio de dos mil catorce, el quejoso fue condenado por el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en la causa **********, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita(3) y se le impuso la pena de trece años cuatro meses de prisión y multa de ciento veinte mil setecientos noventa y seis pesos con ochenta centavos.

43. Esa sentencia fue modificada por resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca **********, en aspectos vinculados con el cómputo de días, cobro de la sanción pecuniaria y sustitución de ésta.

44. Para combatir esa sentencia, el quejoso promovió el juicio de amparo directo **********, en el cual, el tribunal contendiente, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, le negó la protección constitucional.

45. El veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, la defensora pública del quejoso promovió incidente no especificado de libertad preparatoria, el cual se resolvió procedente pero infundado el siete de agosto de dos mil diecisiete, al considerar que el artículo 85 del Código Penal Federal restringe el acceso a beneficios de los sentenciados por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

46. Inconforme, el quejoso promovió amparo indirecto, en el cual se le concedió la protección constitucional para el efecto de que la responsable resolviera la petición planteada con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

47. En cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, el juez de ejecución de penas dictó nueva determinación en la que nuevamente resolvió procedente pero infundado el incidente intentado, bajo el argumento de que la Ley Nacional de Ejecución Penal no derogó la prohibición prevista en el artículo 85 del Código Penal Federal, aunado a que el quejoso incumplía el requisito previsto en la fracción I, del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que mediante sentencia de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro, dictada en la causa penal **********, fue sentenciado por la comisión del delito de robo.

48. Esa decisión fue recurrida en apelación por el sentenciado, en el cual por resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca penal **********, determinó inaplicable la restricción prevista en el artículo 85 del Código Penal Federal, sin embargo, confirmó la resolución recurrida respecto a que no se satisfacía el requisito aludido en la legislación de ejecución. 49. Contra lo anterior, el quejoso promovió el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el cual, mediante sentencia de treinta de abril de dos mil dieciocho, se le negó la protección constitucional.

50. En desacuerdo, el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el número 142/2018, en el cual, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciocho, se confirmó la sentencia recurrida y se negó el amparo.

51. De esa sentencia, derivó la tesis I.9o.P.224 P (10a.),(4) de rubro y texto siguientes:

"LIBERTAD ANTICIPADA. LA TEMPORALIDAD DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL DICTADO DE UNA CONDENA PREVIA, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL REQUISITO PARA SU OTORGAMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. El precepto mencionado establece diversos requisitos para conceder la libertad anticipada, entre ellos, que a quien la solicite no se le haya dictado previamente diversa sentencia condenatoria firme (fracción I), es decir, distinta de aquella que motiva la petición de libertad anticipada. En ese sentido, la existencia de un antecedente penal, que goza del carácter de cosa juzgada, por hechos cometidos con anterioridad a la formulación de la solicitud (más de dos décadas), no constituye una excepción a dicho requisito, por no existir alguna disposición legal que lo estime prescrito o autorice a dejar de considerarlo, en atención a su temporalidad y atenderlo no transgrede el principio non bis in idem, al tratarse de una restricción válida, producto de la facultad de la libre configuración legislativa para acceder a los beneficios de preliberación."

b) Consideraciones del Tribunal Colegiado

52. El Tribunal Colegiado sostuvo que fue correcto que la autoridad responsable, de manera congruente con lo dispuesto en el artículo 141, fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tomara en consideración la sentencia condenatoria de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se consideró al quejoso penalmente responsable del delito de robo agravado.

53. Expuso que era así, porque los beneficios penitenciarios pueden ser válidamente condicionados por el legislador, a efecto de poder acceder a ellos, siempre que esas limitantes se apeguen a las normas constitucionales, toda vez que está facultado para generar las limitaciones a los beneficios de la ley, siempre y cuando resulten razonables y proporcionales.

54. Como, señaló, sucede en el supuesto referido, dado que, a juicio de la Primera Sala, la Constitución sienta las bases y otorga la posibilidad que el legislador regule o pormenorice lo relativo a la procedencia de los beneficios preliberatorios de los sentenciados, debe ser bajo esos parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, que en la especie se dirigen a desalentar ciertas conductas o, en su defecto con incentivar la reinserción.

55. En ese sentido, afirmó que los beneficios de tratamiento preliberacional establecidos por el legislador, tienen finalidad eminentemente instrumental; es decir, se instituyen como medios o mecanismos para generar resultados y fines previstos por el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal, para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

56. Desde esta óptica, sostuvo que no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para la obtención del beneficio de tratamiento preliberacional, pues del hecho que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no se sigue que su otorgamiento sea incondicional ni que deban ser considerados un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado.

57. Pues si bien, apuntó, el párrafo segundo del artículo 18 constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal.

58. Indicó que la propia constitución prevé la posibilidad de que el legislador establezca beneficios penitenciarios a favor de los sentenciados, como parte de la base para lograr la reinserción social del mismo; sin embargo, el establecimiento de dichos beneficios representa la facultad de libre configuración legislativa, en el sentido de que cuenta con un amplio margen en el diseño legislativo de los mismos, que al hacerlo debe apegarse siempre al respeto a los derechos fundamentales; por tanto, su limitación, sólo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos humanos.

59. Por ello, expuso, el que se establezcan condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos beneficios, no resulta contrario al artículo constitucional en cuestión, pues sólo denotan la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger, igualmente los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales.

60. Además, refirió, dichas condiciones están racionalmente conectadas con el fin que se pretende alcanzar, esto es, con la reinserción social del sentenciado, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y el deporte, como dispone el precepto constitucional en cuestión.

61. De ahí que estimó que los condicionamientos se insertan en el válido marco de política criminal que el artículo constitucional citado delega al legislador, de conformidad con la facultad de libre configuración legislativa.

62. Apoyó su determinación en la jurisprudencia 1a./J. 16/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(5)

63. El tribunal contendiente consideró que la sentencia recurrida gozaba de la debida fundamentación y motivación, porque en ella se afirma que la legislación aplicable es la Ley Nacional de Ejecución Penal, se señaló el numeral específico aplicable al caso, el cual es el artículo 141, fracción I y razonó la aplicabilidad de éste al caso concreto.

64. En atención a lo cual sostuvo la improcedencia de la incidencia de libertad anticipada, debido a la existencia de dicho antecedente penal, que goza del carácter de cosa juzgada, la ausencia de disposición legal que determine que pueda estimarse prescrito, el análisis de los objetivos del sistema penitenciario y la limitación que encuentran en términos de dicho precepto, lo que, señaló, no puede excepcionarse ni aun bajo el principio pro personae o bajo un control de convencionalidad al no existir justificación razonable que lo amerite.

65. En relación con los planteamientos del recurrente relativos a la vulneración del derecho humano a la reinserción social, señaló eran infundados habida cuenta de la libre configuración legislativa en relación con el tópico de los beneficios penitenciarios, la cual, expuso, ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 209/2014 y que dio origen a la jurisprudencia 16/2016, versan sobre los argumentos referidos de los que valía la pena reiterar que conforme a la letra de la ley, la existencia del apuntado antecedente penal constituye razón suficiente para negar el beneficio solicitado.

66. Lo cual, apuntó, no soslaya la intención del constituyente en las enmiendas a los artículos 1, 18, y 22 constitucionales, en materia de derechos humanos, readaptación social y justicia penal, en las que subyace como concepto rector la idea de dignidad humana, se abandonó el término "readaptación" y se sustituyó por "reinserción", y en un aspecto técnico, en que se transitó del paradigma del derecho penal de autor al diverso de acto.

67. En ese sentido, señaló que, si bien el Alto Tribunal ha reconocido que la fuente originaria de los beneficios penitenciarios es el texto fundamental, también ha sustentado que la Constitución delega en el legislador el diseño de los beneficios en concreto, es decir, ha sustentado la libertad del legislador para introducir restricciones a tales beneficios, siempre que no genere distinciones injustificadas y éstos resulten razonables y proporcionales.

68. En el particular, sostuvo que la porción normativa en comento satisface este presupuesto, porque la restricción con motivo de la existencia de sentencia condenatoria previa se encuentra íntimamente vinculada con el fin que se pretende con el nuevo paradigma de reinserción social.

69. Señaló que, como se desprende del criterio aislado emitido por la Primera Sala, de rubro: "SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN Y CONDENA CONDICIONAL. LOS ARTÍCULOS 70, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 90, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN LA PARTE QUE LIMITAN EL OTORGAMIENTO DE DICHOS BENEFICIOS, SON CONSTITUCIONALES Y, POR ENDE, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO DEBE DEJAR DE APLICARLOS MEDIANTE UN CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.", sobre la base de la libre configuración legislativa en relación con los beneficios penitenciarios en comento, la autoridad judicial no debe dejar de aplicarlos, incluso, mediante control difuso de constitucionalidad o convencionalidad, pues gozan de una naturaleza premial, lo que conlleva al estudio del comportamiento del solicitante, bajo el cumplimiento de los requisitos legales, en el caso del citado artículo 141, a fin de evalua

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33091-ba255182/libertad-anticipada-la-temporalidad-del-dictado-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.