AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL IMPUTADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DE OFICIO REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN TOTAL DE LA AUDIENCIA DE JUICIO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y DEL MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. DISIDENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES, QUIEN EMITIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: OLGA ESTREVER ESCAMILLA. SECRETARIAS: MARICELA ITZEL GOPAR SOLÓRZANO Y LORENA AGUILAR CORTÉS.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veinticinco de abril de dos mil veinticinco.
SENTENCIA
1. Que resuelve la contradicción de criterios 2/2025, entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 422/2023; y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 207/2021.
2. El problema jurídico materia de la presente resolución consiste en establecer si existe contradicción de criterios, si es procedente la misma y, de ser el caso, determinar el criterio que deba prevalecer.
I. ANTECEDENTES
3. Denuncia de la contradicción de criterios. **********, autorizado de **********, quejoso y recurrente en el amparo en revisión 422/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por ese órgano jurisdiccional y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 207/2021.
4. Trámite ante el Pleno Regional. En acuerdo de nueve de enero de dos mil veinticinco, la Magistrada Presidenta la admitió a trámite, la radicó con el número 2/2025 y delimitó de forma preliminar el tema de contradicción.
5. En ese mismo proveído, se solicitó a los tribunales contendientes informaran sobre la vigencia de los criterios, si existe alguna condición que afecte su firmeza, o en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que ello aconteció, la remisión de diversas constancias y pusieran a disposición la consulta del respectivo expediente electrónico.
6. Ordenó comunicar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la radicación del asunto; y se le solicitó informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de esta contradicción. Asimismo, se turnó electrónicamente a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.
7. El quince de enero de dos mil veinticinco, se recibió un oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por el cual informó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 207/2021, continuaba vigente, remitió copia digital certificada de la ejecutoria de ese asunto e hizo disponible la consulta del expediente electrónico.
8. El diecisiete de enero siguiente, se recibió una misiva del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Alto Tribunal con el cual hizo del conocimiento que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tenga relación con el establecido preliminarmente en este asunto.
9. El veintidós de enero posterior, se recibió un oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con el cual informó que el criterio sustentado en el amparo en revisión 422/2023, continuaba vigente, remitió copia digital certificada de la ejecutoria de ese asunto e hizo disponible la consulta del expediente electrónico.
10. Debido a que en autos ya constaban los informes de los órganos jurisdiccionales contendientes, así como el del Alto Tribunal, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares, ordenado en proveído de nueve de enero anterior.
11. El cinco de marzo de dos mil veinticinco, se listó el proyecto para su discusión, pero en sesión ordinaria de trece de marzo siguiente, se desechó el proyecto de resolución elaborado por el Magistrado Samuel Meraz Lares, por lo que, en auto de esa misma fecha, se returnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Olga Estrever Escamilla, para la formulación del proyecto correspondiente.
12. El catorce de abril de dos mil veinticinco, se listó el asunto para su discusión.
II. AMICUS CURIAE
13. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
14. Antes del día en que se listó este asunto para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la sesión programada para resolverla.
III. COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios.
16. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como el Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
IV. LEGITIMACIÓN
17. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se formuló por el autorizado de la parte quejosa en el amparo en revisión 422/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, que se encuentra en contradicción.
V. CRITERIOS DENUNCIADOS
18. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe prevalecer, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito.
19. Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito al resolver el amparo en revisión 422/2023.
a) Antecedentes
20. Juicio de amparo. La parte quejosa, en el juicio constitucional, reclamó la emisión y promulgación del artículo 482, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como la resolución dictada por la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que ordenó la reposición total de la audiencia de juicio oral, para que se llevara a cabo ante un tribunal de enjuiciamiento distinto al que conoció.(1)
21. La Jueza Octava de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, al resolver, sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo.
22. Para ello, expuso que la parte quejosa reclama de la Sala Colegiada responsable la resolución emitida en un toca penal en la que se revocó la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, de la Quinta Región Judicial del Estado, con sede en Reynosa, dentro de una carpeta procesal de juicio oral y ordenó la reposición total de la audiencia de juicio oral, la cual deberá llevarse ante un tribunal de enjuiciamiento distinto al que conoció del asunto.
23. Sin embargo, la Jueza de Distrito apuntó que con dicha actuación lo que pretendía la responsable era que se desahogaran de nueva cuenta los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público en el auto de apertura, con excepción del testimonio de la niña víctima a fin de evitar su revictimización.
24. En virtud que la labor que realizó el Fiscal al formular los interrogatorios a los testigos de cargo que ofertó fue deficiente, aunado a que la asistencia técnica que tuvo la niña víctima por parte de su asesor jurídico también fue insuficiente, ya que tuvo una nula intervención en el desarrollo de la audiencia de juicio, lo que impidió que la infante pudiera tener un debido proceso.
25. De ahí la juzgadora señaló que, dada la naturaleza de dicha determinación, no constituye un acto respecto de los cuales, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, proceda el juicio de amparo, debido a que únicamente trasciende a derechos de naturaleza adjetiva o procesal.
26. Pues se vincula con el desahogo de pruebas en busca de que el acusado y la víctima se encuentren en igualdad de condiciones al momento de enfrentar el proceso penal y, por ende, no tiene efectos de imposible reparación, "por ahora", ya que –como ha sustentado el Máximo Tribunal– el perjuicio intraprocesal que ocasiona puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tomen en cuenta, o porque se les considere sin valor jurídico, o bien, porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso.
27. Entonces, señaló, si la afectación que aduce el impetrante de amparo está supeditada a su trascendencia en el proceso penal de origen el juicio de amparo resulta improcedente.
28. Destacó que, en la especie, no se actualizaba algún caso de excepción que ameritara la procedencia del juicio de amparo, pues –en principio– no implica una carga injustificada para el imputado, de ejecución inmediata, que trastoque derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral.
29. Además, destacó que la Sala responsable precisó que la determinación reclamada no trasgrede derechos fundamentales del ahora quejoso, en virtud de que tendrá derecho a ejercer su defensa por sí mismo o a través de su defensor.
30. La juzgadora expuso que tampoco se afectaba la libertad del impetrante, pues fue puesto en libertad con motivo de la sentencia absolutoria decretada y en la ejecutoria reclamada no se hizo pronunciamiento alguno que modifique o revoque dicho estatus.
31. Por ello, señaló, la reposición del procedimiento no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que respeta la expectativa o presunción favorable respecto de su inocencia decretada en sede ordinaria.
32. De ahí que se actualizaba la causa de improcedencia en análisis, la cual hizo extensiva a la inconstitucionalidad reclamada.
33. Amparo en revisión. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con el número 422/2023, en el cual el cuatro de julio de dos mil veinticuatro, confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado
34. El Tribunal Colegiado, en esencia y en lo que interesa para este asunto, expuso que el quejoso señaló como acto reclamado principalmente la ejecutoria emitida, en un toca penal, por la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde se ordenó la reposición total de la audiencia de juicio oral para llevarse a cabo ante un tribunal de enjuiciamiento distinto al que conoció.
35. Determinación que, indicó, no contiene pronunciamiento en relación con el fondo del asunto, por lo que únicamente involucra aspectos de índole adjetivo o procesal, cuya trascendencia quedará supeditada a la sentencia que en su momento se llegase a dictar.
36. Por tanto, señaló era evidente que se surtió la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sentido.
37. El tribunal estableció no soslayaba existen supuestos en que sí es procedente el estudio de la constitucionalidad de la resolución que repone el procedimiento, como es el caso de que el procesado no se encuentre gozando de la libertad y, al efecto, transcribió partes de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.).
38. De la transcripción que realizó, señaló se colegía que la Primera Sala del Máximo Tribunal estableció, de manera contundente, que en aquellos casos en los que se reclama una determinación de segunda instancia que repone el procedimiento de primer grado, estando el sentenciado-quejoso privado de la libertad, se está frente a un acto de imposible reparación.
39. A contrario sensu, apuntó, en aquellos casos en los que el sentenciado-quejoso no esté privado de la libertad, la resolución de segunda instancia que repone un procedimiento de primer grado sí es de posible reparación.
40. Lo anterior dijo que era así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó qué corresponde examinar para establecer si un acto debe considerarse como de imposible reparación; a saber:
41. 1. Si el acto afecta materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente.
42. 2. Si esos derechos revisten la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza meramente formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva.
43. En ese sentido, indicó que como el acto reclamado es una sentencia emitida por un tribunal de alzada en la que, de manera oficiosa, se ordenó la reposición del procedimiento, pero no total, sino únicamente de la audiencia de juicio oral, para llevarse a cabo ante un tribunal de enjuiciamiento distinto al que conoció; y el quejoso no se encuentra privado de la libertad; entonces, era evidente que el acto cuestionado no es de imposible reparación, pues no se colma el supuesto fáctico a que se refiere la citada jurisprudencia.
44. En apoyo a lo anterior citó la tesis P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION."
45. Resaltó que en el mundo fáctico la reposición del juicio no implica por sí una afectación directa a la libertad del quejoso por encontrarse disfrutando de la misma y tampoco impacta en su esfera jurídica sustantiva, porque únicamente se ordenó la reposición de la audiencia de juicio oral, para llevarse a cabo ante un tribunal de enjuiciamiento distinto al que conoció.
46. Entonces, aun cuando la parte inconforme, obtuvo sentencia favorable a sus intereses; sin embargo, dicha resolución emitida en la carpeta procesal del juicio oral de origen, al encontrarse sujeta a una eventual impugnación –como así sucedió–, implica que lo resuelto en la misma solamente constituía una expectativa de derechos sujeta precisamente a lo que se llegare a resolver en segunda instancia.
47. Luego, apuntó era evidente que esa determinación no lesiona derechos sustantivos del ahora inconforme, relativos a la libertad, presunción de inocencia y administración de justicia completa, pues las consecuencias producidas por la reposición ordenada por la alzada no afectan esas prerrogativas, porque, en principio, no se ordenó la reposición total del procedimiento, sino únicamente a partir de la audiencia de juicio oral.
48. De forma que la determinación impugnada no contiene pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto y únicamente involucra aspectos de índole adjetivo o procesal, cuya trascendencia quedará supeditada a la sentencia que en su momento se llegase a dictar.
49. Así, estimó correcto que se actualizara la causa de improcedencia en estudio, sin que implicara que se le dejara en estado de indefensión, pues aún no se emitía alguna sentencia que le perjudicara y, de ser el caso, podrá impugnarla en su oportunidad.
50. Entonces, consideró que las consecuencias generadas con motivo de la reposición del procedimiento del juicio de origen no constituyen actos de imposible reparación y, por ende, correcta la causa de improcedencia invocada por la Jueza de Distrito en la sentencia revisada.
51. Sostuvo también fue correcto que se haya hecho extensivo el sobreseimiento respecto de la constitucionalidad del artículo 482, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no ser viable desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de aplicación.
52. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 207/2021.
53. Juicio de amparo. La parte quejosa reclamó la resolución dictada en un toca a través de la cual la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la reposición total de la audiencia de juicio en una carpeta judicial.
54. El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, al resolver, sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo.
55. Para llegar a esa conclusión, en principio aludió a lo que el Alto Tribunal ha sostenido en relación con los actos de imposible reparación y sostuvo que el criterio general que impera es que el juicio de amparo que se promueve contra actos que no tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación debe sobreseerse, pues tratándose de procesos jurisdiccionales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.
56. Asimismo, expuso los antecedentes del asunto y, estableció que sin perder de vista que la determinación jurisdiccional de segunda instancia no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto de origen, a criterio de ese órgano de control de la constitucionalidad, únicamente involucra aspectos de índole adjetivo o procesal, cuya trascendencia quedará supeditada al fallo que en su momento se llegase a dictar en la carpeta judicial.
57. Razón por la cual, señaló el juzgador, el acto ahí reclamado no genera una afectación irreparable en perjuicio del justiciable que amerite análisis constitucional inmediato.
58. Sostuvo lo anterior, tomando en consideración que de acuerdo con las constancias que conforman el proceso penal de origen, durante la substanciación de éste, se le impusieron al quejoso las medidas cautelares consistentes en: 1) su presentación periódica (mensual) ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso; 2) la inmovilización de una cuenta bancaria y; 3) la prohibición de acercarse por sí o interpósita persona a la víctima o a los testigos. 59. De lo cual señaló se seguía que el quejoso se encontraba gozando de su libertad, no obstante, que estaba siendo juzgado en la carpeta judicial.
60. Por ende, sostuvo que a pesar de que la consecuencia inmediata que genera la sentencia de segunda instancia ahí impugnada sea posponer la decisión de fondo del aludido caso, lo cierto es que, de acuerdo con lo anterior, la restricción a la libertad personal del quejoso no se ve prolongada en forma alguna y, en consecuencia, no puede verse afectado su derecho a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable.
61. Extremo que, señaló el resolutor, de acuerdo con lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 168/2016, constituye el motivo por el cual puede considerarse como acto de imposible reparación, a la decisión de un tribunal de alzada que oficiosamente ordena la reposición de un proceso penal.
62. Por tanto, con base en la causal de improcedencia que invocó, sobreseyó en el juicio de amparo.
63. Amparo en revisión. El quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con el numero 207/2021, en el cual, revocó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado
64. El Tribunal Colegiado, en lo que importa para este asunto, sostuvo que, en ese caso concreto, la reposición total de la audiencia de juicio oral en la que se decretó la absolución del quejoso por el injusto Fraude genérico implicaba una afectación material inmediata de sus derechos sustantivos.
65. Debido a que lo sujeta a un nuevo juicio oral en el que deberá reasumir de nueva cuenta su postura defensiva y erogaría gastos por la asesoría privada que intervino en el juicio anulado sin que exista la posibilidad de recuperarlos, porque, en materia penal no existe la condena de gastos y costas judiciales.
66. Dicha reposición total rebasa lo puramente procesal y constituye un acto de ejecución irreparable, porque a través de ella se dejó insubsistente la sentencia absolutoria dictada a su favor, anulando todo lo acontecido en la audiencia de juicio y convocando a una nueva para que se vuelvan a producir las pruebas admitidas durante la secuela procesal respectiva (entre las que se encuentran algunas de cargo como las testimoniales, periciales y documental), las cuales de acuerdo al resultado que arrojaron fueron insuficientes para sustentar alguna sentencia de condena contra el promovente de amparo.
67. Cuestión que, señaló, hace necesaria la intervención inmediata del órgano de control constitucional para verificar si la referida reposición total de la audiencia fue o no acertada, en la que para decidirlo debe atenderse a la apariencia del buen derecho y a su evidente inconstitucionalidad, prevaleciendo el análisis de cuestiones de fondo sobre las de forma, ya que las múltiples implicaciones que conlleva una decisión de esa naturaleza en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio justifican tal intervención, pues anula todo lo acontecido en la audiencia de juicio y somete la decisión del asunto ante un juez diverso.
68. Expuso que, en principio, debía recordarse que la razón toral por la que el Secretario en Funciones de Juez de Distrito consideró que el acto reclamado no era de imposible reparación la hizo depender de la jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretada a contrario sensu, pues estimó, básicamente, que la reposición total de la audiencia de juicio oral no era de imposible reparación porque el quejoso estaba en libertad y si bien el efecto de esa decisión pospondría la de fondo hasta que nuevamente se llevara a cabo esa audiencia, ello no provocaba la irreparabilidad necesaria para hacer procedente el juicio de amparo, pues no se afectaba su derecho a que esa restricción fuera por un tiempo razonable.
69. Empero, el tribunal consideró que ese argumento era desacertado, pues bastaba observar la ejecutoria que originó esa jurisprudencia para advertir que ahí no se indicó que solamente cuando el acusado estuviera en prisión preventiva y se ordenara una reposición produciría un acto de imposible reparación, y precisamente, apuntó, esa cuestión es la que obstaculiza su aplicación, sólo a contrario sensu, para resolver ese asunto; en otras palabras, dijo, el criterio aludido al no tener ese pronunciamiento específico se tornaba ilustrativo pero no limitativo.
70. Además, señaló que en esa ocasión se analizaron determinaciones en que las Salas responsables dejaron insubsistentes sentencias condenatorias y ordenaron reposiciones del procedimiento para que el asunto se situara en cierta etapa del sistema procesal mixto y se subsanaran las violaciones advertidas, entre ellas celebraciones de careos.
71. Pero, apuntó, en el caso concreto, además de que se trata de una resolución que dejó insubsistente la absolutoria, ordenó la reposición total de la audiencia de juicio oral, es decir, bajo la tramitación del sistema penal acusatorio, sometiendo nuevamente al promovente de amparo a un juicio que con su resolución final lo había beneficiado; de ahí que dicha jurisprudencia no puede justificar la decisión adoptada en la resolución recurrida.
72. Expuso que, ciertamente por regla general el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos meramente procesales que no afecten derechos sustantivos de forma inmediata, directa y que no sean de imposible reparación, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia.
73. Estableció que, para medir esa irreparabilidad debe valorarse en cada caso concreto el acto reclamado y atenderse a la repercusión que genera, a efecto de determinar la necesidad de someterlo al control constitucional del juicio de amparo indirecto.
74. Bajo esas premisas, apuntó que era necesario recordar que la reposición de la audiencia de juicio oral que ordenó la alzada fue de forma total, de conformidad con el artículo 482, fracción I, segundo y tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues estimó que el juez de enjuiciamiento debió juzgar con perspectiva de género y considerar que la víctima era de la tercera edad, lo que trajo como consecuencia que la sentencia absolutoria emitida en favor del quejoso quedara sin efectos y se sometiera a un nuevo juicio.
75. Ello sostuvo que era así porque ese tipo de reposición (total) implica que la audiencia de juicio deba volver a realizarse íntegramente, pero además ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto, en el que se anula todo y de nueva cuenta deberán producirse las pruebas que fueron admitidas y someterse a otra valoración, lo que genera grandes consecuencias.
76. Lo anterior, señaló, si se toma en consideración que en el sistema tradicional cuando se ordenaba la reposición del procedimiento para que se recabaran pruebas, eventualmente se resolvía con los medios de convicción que ya se tenían y los que se incorporaban con motivo de esa decisión, pero en el nuevo sistema de justicia penal y tratándose de una reposición total de la audiencia de juicio oral (como la que se ordenó), las consecuencias que se generan son de mayor entidad tanto para el estado como para las partes.
77. Pues el juicio se llevará ante un juzgador distinto al que conoció originalmente, para privilegiar los principios de continuidad y concentración, entre otros, con lo que se corre el riesgo que determinados medios probatorios ya no puedan reproducirse, o bien pierdan fiabilidad o espontaneidad porque se emitirán por segunda ocasión.
78. Apuntó que si bien en términos generales el costo que genera una defensa privada no es una razón suficiente para considerar un daño de imposible reparación, pues el estado tiene la obligación de poner al alcance del quejoso los servicios de un defensor público; sí lo es cuando el quejoso ya erogó los gastos que ese tipo de asesoría implica y en materia penal no existe la condena de los mismos ni de costas judiciales, por lo que en ese escenario con independencia del sentido de la sentencia que obtuviera el quejoso, la irreparabilidad del acto estribaría en que no habría forma de recuperar el dinero erogado.
79. Además, con la reposición total de la audiencia de juicio, la cual anula todo lo producido en esa etapa, si el quejoso optara por ese tipo de asesoría privada tendría que volver a erogar los gastos que ello implica, sin que tenga la posibilidad de recuperarlos.
80. Por lo que, sostuvo, en el caso concreto y dadas las múltiples repercusiones que implica tal reposición, se justifica la intervención del órgano de control constitucional para verificar tal decisión, ya que sujeta al quejoso a un nuevo juicio oral en el que deberá reasumir su posición defensiva.
81. Sobre todo, señaló, si se toma en consideración que el acusado ya había provisto sobre su defensa en el primer juicio, y la contraparte con respecto a su teoría del caso a la luz del material probatorio desahogado hasta ese momento, sin embargo, la postura procesal defensiva del quejoso deberá adoptarse de nueva cuenta, vinculándolo a continuar con el juicio pese a que en el primer desahogo de los medios de convicción el tribunal de enjuiciamiento los consideró insuficientes para acreditar el delito Fraude genérico, volviéndolo a someter a un gasto económico para pagar los servicios jurídicos de la defensa privada, pues en el juicio anulado eligió ese tipo de representación, sin que exista la posibilidad de que pueda recuperarlos.
82. Ello, apuntó, tomando en consideración que la aludida reposición en un procedimiento de corte acusatorio presenta diversas complicaciones, en atención a las características y principios propios de dicho sistema, por lo que resulta sumamente necesario que su utilización como remedio a las violaciones advertidas se utilice en casos que verdaderamente lo ameriten.
83. Además, sostuvo, cuando
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33372-a8e250d8/amparo-indirecto-es-improcedente-el-promovido-por-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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