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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE CATEO. SU EJECUCIÓN NO CONSTITUYE UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE, POR LO QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 87/2025. · Registro digital (IUS): 33722
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-11-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.691.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 87/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 8 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA MAGISTRADA VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y DE LOS MAGISTRADOS RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIA: ELBA FERNANDA VÁZQUEZ MÁRQUEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al ocho de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 87/2025, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito,(1) al resolver el amparo en revisión 147/2025 y el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito,(2) al resolver el amparo en revisión 15/2023.

I. ANTECEDENTES

1. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y el 226 de la Ley de Amparo prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción para que el Pleno Regional resuelva cuál criterio debe prevalecer. El veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, un Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito denunció la existencia de contradicción de criterios respecto del amparo en revisión 147/2025 y el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito al resolver el amparo en revisión 15/2023. En consecuencia, se actualiza formalmente la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

TRÁMITE ANTE ESTE PLENO REGIONAL

2. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción, recabando los informes de los tribunales involucrados y notificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar si existe jurisprudencia obligatoria sobre la materia. El veintinueve de agosto de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional radicó la denuncia, tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito informando que su criterio se encuentra vigente y requirió al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito para que remitiera la determinación respectiva. Asimismo, ordenó notificar al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la admisión del asunto. Con lo anterior, se cumplieron las diligencias iniciales previstas para la admisión de la contradicción de criterios.

3. Para delimitar el objeto del debate, el Pleno Regional debe precisar el tema de contradicción a analizar. En el proveído correspondiente, se señaló como tema preliminar de contradicción: “CATEO. DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN RELATIVA CONSTITUYE O NO UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE, RESPECTO DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.” La litis de la contradicción quedó jurídicamente delimitada a la naturaleza de la ejecución de una orden de cateo y su posible carácter de acto consumado de modo irreparable.

4. La tramitación de la contradicción exige que se alleguen los elementos documentales necesarios para integrar el expediente y turnarlo a la ponencia correspondiente. El once de septiembre de dos mil veinticinco, se recibió el informe del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito y la sentencia relativa al amparo en revisión 15/2023. El diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, se informó que no existía contradicción de criterios radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema en los últimos seis meses. Finalmente, se turnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta. El expediente se integró debidamente y quedó en estado de resolución por parte de este Pleno Regional.

II. COMPETENCIA

5. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la contradicción de criterios, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. A nivel legal, la competencia se encuentra reforzada en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Séptimo Transitorio de la misma ley, que regula la transición hacia la actual integración y funcionamiento de los Plenos Regionales.

7. De igual forma, resultan aplicables los artículos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como lo previsto en el Acuerdo General 108/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación, inicio de funciones, jurisdicción territorial y domicilio de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur. Asimismo, debe considerarse lo establecido en los artículos 1, 2 y 3, fracción II, punto 2, del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reafirma la jurisdicción territorial de este órgano colegiado.

8. Este Pleno Regional advierte que, si bien los acuerdos generales que sustentan la competencia fueron emitidos por el Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, su aplicación es obligatoria. Lo anterior encuentra sustento en el Artículo Décimo Noveno Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, precepto que expresamente dispone la continuidad de la vigencia de estos instrumentos normativos en todo lo que no contravenga la Constitución Política Federal ni la citada Ley, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial expidan la normatividad interna correspondiente.

9. En conclusión, dado que los tribunales contendientes pertenecen a la jurisdicción de este Pleno Regional, la competencia para resolver la contradicción de criterios se encuentra debidamente actualizada.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de contradicción de criterios debe provenir de una parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

11. En este caso, la denuncia fue formulada por un Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con motivo de la resolución dictada en el amparo en revisión 147/2025 de su índice.

12. En consecuencia, se cumple con el requisito de legitimación procesal para la procedencia de la contradicción de criterios planteada.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS: ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO AL RESOLVER EL AMPARO EN REVISIÓN 147/2025 Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO AL RESOLVER EL AMPARO EN REVISIÓN 15/2023

DEL CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO AL RESOLVER EL AMPARO EN REVISIÓN 147/2025

13. Al respecto, por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en materia Penal en el Estado de Puebla, una persona, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de diversas autoridades del Estado de Puebla, a decir:

Del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, reclamó:

• La orden de cateo de 7 de septiembre de 2023, emitida dentro del expedientillo de control de actos de investigación **********************

• Así como la orden de búsqueda, aprehensión y detención.

Del Fiscal General del Estado de Puebla, del Director General de la Agencia Estatal de Investigación, Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Fiscal de Investigación Metropolitana, Fiscal de Investigación Regional, Secretaría de Seguridad Pública de Huejotzingo, todos en Puebla:

• La ejecución del cateo y del mandamiento de captura emitido por el Juez de Control.

Del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Investigación en Robo de Vehículos:

• La solicitud de la orden de cateo.

• El aseguramiento del bien inmueble consistente en una fracción segregada del predio rústico denominado *** ******* ******* * ********** *** ****** ****** ** ************

De los agentes investigadores adscritos a la Coordinación General Especializada en Investigación de Robo de Vehículos:

• La ejecución del cateo.

14. El Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, admitió la demanda bajo el consecutivo 1008/2023, pero al dictar sentencia sobreseyó respecto de algunos actos por inexistencia y, en relación con la orden de cateo y su ejecución, consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por estimarlos actos consumados de modo irreparable.

15. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, radicado bajo el número 147/2025, resolviendo que efectivamente la orden de cateo y su ejecución se encontraban consumados de forma irreparable, por lo que procedía confirmar el sobreseimiento.

16. El Tribunal razonó que los actos consumados de modo irreparable son aquellos que producen todos sus efectos materiales, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, pues la sentencia de amparo carecería de efectos prácticos.

17. Destacó que el cateo, como acto de investigación excepcional y de naturaleza intrusiva, se caracteriza por ser irrepetible, ya que, una vez ejecutado en un lugar y momento determinados, sus consecuencias se agotan de manera definitiva.

18. Concluyó que la orden de cateo del 7 de septiembre de 2023 y su ejecución se consumaron de modo irreparable, lo que actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, y obliga a sobreseer el juicio de amparo en esa parte. En la ejecutoria antes referida, el Tribunal Colegiado delimitó la materia de la revisión, al advertir que el recurrente sólo formuló agravios relacionados con la orden de cateo librada en la carpeta administrativa ********************* y su ejecución, llevada a cabo el siete de septiembre de dos mil veintitrés, respecto de la cual, el Juez de Distrito negó la tutela constitucional, por lo que el recurso de revisión solamente se ocuparía de ese aspecto.

DEL CRITERIO SOSTENIDO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO AL RESOLVER EL AMPARO EN REVISIÓN 15/2023

19. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de mil veintidós, una persona, promovió demanda de amparo indirecto en la que reclamó de la Jueza Tercero Interina del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche, la orden de cateo de dos de julio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta auxiliar ************** y su ejecución llevada a cabo el cuatro de julio de ese mismo año, ejecutadas por personal de la Fiscalía del Estado de Campeche.

20. El Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio al estimar que los actos reclamados eran consumados de modo irreparable, conforme al artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, pues la intromisión al domicilio ya se había ejecutado y no podía restituirse al quejoso en el pleno goce del derecho violado, bajo los siguientes razonamientos:

• Debía sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al haberse negado la existencia de los actos reclamados del Fiscal General del Estado de Campeche, sin que el quejoso hubiera desvirtuado esa negativa.

• Por otro lado, sobreseyó en el juicio con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al considerar actualizada la causa de improcedencia contenida en el diverso precepto 61, fracción XVI, del mismo ordenamiento legal, bajo el argumento de que el libramiento de la orden de cateo reclamada y su ejecución, eran actos consumados de modo irreparable.

• Consideró que al haberse librado la orden de cateo y ejecutado el cuatro de julio de dos mil veintidós, dicho acto se consumó en forma irreparable y no era posible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho tutelado; es decir, que aun cuando se concediera el amparo, sería imposible reparar al haberse ejecutado.

• Asimismo, la Jueza de Distrito expuso que, respecto a los actos de ejecución de la diligencia de cateo, en lo que atañe a la inviolabilidad del domicilio, en todo caso, fue momentáneo y transitorio, sin que pudiera subsanarse con motivo de una sentencia que conceda la protección constitucional, pues tendría como consecuencia dejar sin efectos la orden relativa, sin que ello restituya la violación alegada, al haberse ejecutado dicho acto.

• También indicó la Juzgadora Federal que, si la parte quejosa consideraba que el cateo ejecutado debía ser excluido por ser ilegal o ilícito, ello debía ser combatido hasta que la autoridad judicial, en su caso, tomara en cuenta ese dato de prueba y que, si consideraba que los agentes o policías ministeriales actuaron en forma ilegal en el cateo, tal proceder podía ser motivo de responsabilidad, más no eran actos que pudieran ser reparados a través del juicio de amparo.

21. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión, radicado en el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito bajo el número 15/2023, y en sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, determinó revocar la sentencia de amparo y conceder la protección de la justicia de la Unión.

22. El Tribunal sostuvo que, aunque la restricción a la inviolabilidad del domicilio se consuma con la ejecución del cateo, los efectos y consecuencias de dicho acto no se extinguen, sino que se proyectan en el tiempo, al derivar en aseguramientos, dictámenes periciales y otros actos de investigación que permanecen vigentes en la esfera jurídica del quejoso.

23. Precisó que, conforme al artículo 16 constitucional y al artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cateo implica una afectación directa a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, por lo que su legalidad debe ser analizada en juicio de amparo cuando los efectos trascienden más allá de la mera ejecución.

24. Citó jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la tesis 1a./J. 22/2007, de rubro: “CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA.”, que establece que las órdenes de cateo deben cumplir estrictamente los requisitos constitucionales, de lo contrario las pruebas obtenidas carecen de eficacia probatoria.

25. En consecuencia, concluyó que no se actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque los efectos de la orden de cateo y su ejecución subsisten en la investigación penal y afectan de manera continua derechos fundamentales del quejoso.

26. Por ello, revocó el sobreseimiento decretado por la Jueza de Distrito y concedió el amparo, estableciendo que la ejecución de la orden de cateo no constituye un acto consumado de modo irreparable respecto de sus efectos y consecuencias. Explicó que a pesar de que, al ejecutarse una orden de cateo se consuma el efecto de restringir el derecho fundamental a la intimidad de la persona sobre la que recae ese acto de investigación, ello no lleva a considerar que por esa sola circunstancia, para efectos del juicio de amparo, se considere tanto la orden como su ejecución consumados de manera irreparable, pues además de que se trata de un acto de investigación que constituirá un antecedente que entre otros, puede ser ponderado en el ejercicio de la acción penal, se trata de un acto que concomitantemente puede llevar o ser el sustento para la práctica de otros actos de investigación, aunado a que existen casos en que su ejecución puede afectar otros derechos fundamentales, como lo es la propiedad y posesiones de los gobernados, seguridad jurídica y dignidad humana, por ejemplo, cuando ello derive en el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o indicios.

27. El Tribunal Colegiado precisó que, en el caso en análisis, no obstante que se consumó la restricción transitoria al derecho a la inviolabilidad del domicilio en el momento mismo en que la autoridad ingresó a los domicilios materia de la orden de cateo reclamada, sus efectos siguieron proyectándose en el tiempo en perjuicio del quejoso, con incidencia en el goce de diversos derechos fundamentales.

28. Lo anterior lo justificó a partir del contenido a las siete actas levantadas al efecto, en las cuales advirtió que se llevaron a cabo diversos actos de investigación; esto es, el cateo autorizado y ejecutado no sólo tuvo el efecto de inspeccionar el interior de esos domicilios, sino que en sí mismo hizo permisible, una vez que se encontraba la autoridad ministerial, policial y pericial a su interior, la práctica de diversos actos de investigación, los cuales detalló en cuadros esquemáticos, relativos a diversos dictámenes de valuación mobiliaria e inmobiliaria, así como de informe fotográfico.

29. Con base en lo anterior, el cuerpo colegiado puso de manifiesto que, de la ejecución de la orden de cateo reclamada, derivaron diversos actos de investigación, los cuales obran en la carpeta de investigación y podrían ser sustento de valoración en el proceso penal que se inicie en contra del imputado. Así, el Tribunal Colegiado indicó que los actos reclamados no se han consumado, por el contrario, siguen vigentes sobre la esfera jurídica del quejoso al proyectar sus efectos respecto de diversos actos de investigación, lo que hacía permisible analizar en el juicio de amparo la constitucionalidad de la orden y de su ejecución, pues de resultar ilegales, también lo serían todos los actos que deriven o tengan como sustento el resultado de una ilícita intromisión al domicilio.

30. Añadió que si bien no existía probanza directa en el juicio de amparo de origen que demostrara que los inmuebles materia de la orden de cateo, hayan sido asegurados al momento de su ejecución, tenía como hecho notorio el recurso de revisión 307/2023 de su índice que deriva del juicio de amparo de origen 1/2023, de la estadística del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, promovido por el mismo quejoso recurrente del juicio que analizaba, del cual se conoce por acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en la misma carpeta de investigación ********************* de la que derivan los actos reclamados, la Fiscalía responsable aseguró los bienes inmuebles visitados con motivo de esa orden, lo que hace patente su existencia indiciaria, y cómo es que los efectos de los actos reclamados se siguen proyectando en el tiempo en perjuicio del quejoso, por lo que era dable estimar que dichos actos no se han consumado de manera irreparable.

31. El Tribunal Colegiado apoyó su decisión en la jurisprudencia 1a./J. 33/2015 (10a.),(3) de rubro: “ARRAIGO. LA ORDEN RELATIVA NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS (ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 1a. LXXXIII/2001).”, en la cual, por ejemplo, respecto del arraigo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que para tener actualizada la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, es necesario que esos efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, lo que no podía tenerse por acreditado tratándose de la orden de arraigo, pues las pruebas recabadas en su duración subsistirán y tendrán efectos en actos de autoridad concretos posteriores. 32. Consideró que aplicando dicho criterio por analogía, era dable concluir que respecto de la orden de cateo y su ejecución, no puede considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, pues pese a que la ejecución del cateo inició y feneció el día y hora que indicó el Ministerio Público, momento en que se consumó en perjuicio del gobernado su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, los actos de investigación que se practicaron durante la diligencia y que tienen el objetivo de lograr el éxito de la investigación para después constituir datos de prueba, según lo expuesto por el propio Ministerio Público en la petición de cateo, no fenecen con la diligencia de mérito, pues lo obtenido tendrá efectos en actos ministeriales e incidencia posible para un eventual ejercicio de la acción penal, por lo que no puede considerarse que los efectos y consecuencias de la orden de cateo y su ejecución, se encuentren irreparablemente consumadas.

33. Añadió que la actualización de la causal de improcedencia en análisis, requiere que resulte impráctica o fútil la eventual sentencia de amparo, lo que no acontece en el caso, pues una eventual sentencia de amparo puede hacer factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, pues si bien no puede restituirse materialmente al quejoso la violación a su derecho a la intimidad generado por el solo ingreso de la autoridad a su domicilio, formalmente sí se le puede restituir en el goce de sus derechos y se alcanzaría en la eventualidad de resultar inconstitucionales los actos, como consecuencia de declarar la nulidad del cateo y su ejecución, ya que declararía inválido todo acto del que sea su sustento o consecuencia, privando así de eficacia actos de investigación de cargo que en el procedimiento penal que se le sigue puedan pesar en su contra, y ello derivaría de aplicar la regla de exclusión probatoria.

34. Máxime que, dijo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales, por lo que, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso judicial.

35. Resaltó que sobre tal punto se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLXII/2011,(4) de rubro siguiente: “PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO.”

36. Señaló que los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría el principio de presunción de inocencia, que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acrediten el delito y la responsabilidad deben haber sido obtenidas lícitamente.

37. En tal punto, estimó aplicable la jurisprudencia 1a./J. 140/2011 (9a.),(5) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: “PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA.”

38. Por tal razón, el Tribunal Colegiado estimó que, contrario a lo determinado por la Jueza de Distrito, no se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en tanto que los actos no podían tenerse como irreparablemente consumados, lo que motivó que revocara la sentencia constitucional.

39. Como consecuencia de lo anterior, analizó los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa y determinó concederle el amparo y protección de la Justicia Federal.

40. Cabe precisar que el amparo en revisión 15/2023 del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito dio lugar a la tesis aislada XXXI.3 P (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época, Libro 33, Enero de 2024, Tomo VI, página 5903, registro digital 2027901, de rubro y texto siguientes:

“CATEO. LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN RELATIVA NO CONSTITUYE UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE, RESPECTO DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra una orden de cateo y su ejecución, por estimar que no se encontraba fundada ni motivada, al no haber señalado el Juez responsable la justificación de ese acto de investigación y por diversas inconsistencias e irregularidades cometidas con motivo de su ejecución. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, del mismo ordenamiento, bajo el argumento de que la orden de cateo, al haberse ejecutado, se encontraba irreparablemente consumada, por lo que no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Determinación contra la cual se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el hecho de haberse ejecutado una orden de cateo, no lleva a tener por consumados de modo irreparable sus efectos y consecuencias para la procedencia del juicio de amparo, al proyectarse en el tiempo en la esfera jurídica del visitado.

Justificación: Si bien una orden de cateo ejecutada implica que se consumó en ese momento la restricción transitoria al derecho a la inviolabilidad del domicilio, que incide en el derecho humano a la intimidad, lo cierto es que no puede considerarse que se encuentren irreparablemente consumados los efectos y consecuencias derivados de dicha orden, pues además de que se trata de un acto de investigación que eventualmente constituirá un antecedente que puede ser ponderado en el ejercicio de la acción penal, resulta de especial trascendencia su ejecución, principalmente cuando se decreta el aseguramiento del bien cateado o de otros bienes que se encuentran en su interior, como instrumentos, objetos o productos del delito, o cuando al ejecutarse se practican otros actos de investigación concomitantes que incidirán como antecedentes en la carpeta de investigación, como cuando se realizan dictámenes, inspecciones o toma de fotografías, que de no haberse restringido el derecho a la intimidad del afectado, la autoridad ministerial los desconocería.”

41. La anterior tesis es objeto directo de la presente contradicción de criterios; por tanto, su aplicación futura quedará supeditada al criterio que aquí se fije, dado el carácter vinculante y general de las resoluciones de los Plenos Regionales, de lo cual se tendrá que avisar a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la anotación correspondiente en dicho medio oficial de difusión de tesis y jurisprudencias.

V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

42. En este sentido, la contradicción de criterios se erige como un mecanismo de unificación indispensable en nuestro sistema jurídico, garantizando la supremacía constitucional y el principio de seguridad jurídica.

43. Luego entonces, para que este Pleno Regional ejerza su facultad de fijar un criterio definitivo, es imprescindible verificar la existencia de un auténtico debate interpretativo, es decir, decisiones judiciales divergentes emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito que versan sobre la misma cuestión jurídica. Este requisito no es meramente formal, sino que persigue dotar de coherencia y uniformidad a la aplicación del derecho.

44. En el presente análisis, se confrontan posturas diametralmente opuestas respecto a la naturaleza y las consecuencias de la ejecución de una orden de cateo en el contexto del juicio de amparo indirecto, específicamente en lo concerniente a la causal de improcedencia relativa al acto consumado de modo irreparable.

45. Por una parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sostuvo la tesis de que la ejecución del cateo constituye un acto consumado de modo irreparable. Su razonamiento implícito parece centrarse en que la afectación al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (artículo 16 constitucional) se materializa y agota en el momento mismo de la intrusión y la inspección.

46. Bajo esta óptica, la afectación ya se concretó, y, el juicio de amparo no podría retrotraer los efectos ni subsanar la violación intrínseca, conduciendo a la improcedencia de la acción constitucional.

47. En contraste, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito adoptó una posición que enfatiza la trascendencia de los efectos del acto de cateo. Este órgano jurisdiccional argumenta que las consecuencias de la diligencia —tales como el aseguramiento de indicios o evidencia y su posterior incorporación a la carpeta de investigación o el proceso penal— trascienden en el tiempo.

48. Por lo tanto, el acto no es irreparable, pues sus efectos subsisten y son susceptibles de ser reparados mediante la nulidad de la prueba o el impacto en la validez del procedimiento penal. Esta interpretación reconoce la naturaleza continuada de la afectación al derecho de defensa y al debido proceso, resaltando una tutela

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33722-707bec6b/orden-de-cateo-su-ejecucion-no-constituye-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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