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Modo: Corpus Pro

ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2013. · Registro digital (IUS): 24674
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Pág. 541.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.

CONSIDERANDO:

(5) PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley,(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito, y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

(6) Resulta aplicable, la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Núm. Registro IUS: 2000331, tesis P. I/2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)

(7) SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

(8) El artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

(9) En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por **********, parte quejosa en el juicio de amparo 1782/2011, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, así como recurrente en el recurso de revisión 294/2012, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del que deriva el criterio denunciado como opositor respecto de los restantes Tribunales Colegiados de Circuito.

(10) TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

(11) El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 294/2012, en sesión de catorce de febrero de dos mil trece, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 54 a 57 del presente toca):

"Bajo ese tenor de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen de los argumentos contenidos en los conceptos de violación antes resumidos.

"En atención a ello por cuestión técnica, se aborda el concepto de violación identificado como ‘cuarto’, en el que la quejosa argumenta que el acto reclamado es violatorio de lo previsto en el artículo 16 constitucional, en la medida que en él únicamente se asentó la firma de los funcionarios sin precisar el nombre de éstos, lo cual indica, la dejó en estado de indefensión, ya que si bien la ley no contempla como requisito asentar el nombre del funcionario emisor, de no considerarlo, se verían imposibilitadas las partes para plantear la recusación prevista en el «artículo» 522 y siguientes del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en aplicación supletoria a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal en términos del numeral 40 de esa última legislación y, por tanto, la posibilidad de ser sujetos de responsabilidad.

"Para analizar la eficacia de esos motivos de inconformidad, este tribunal estima pertinente señalar que el artículo 16 constitucional, párrafo primero, consagra en favor de los gobernados las garantías de legalidad y seguridad jurídica y, su eficacia reside en el hecho de que se protege todo el sistema de derecho objetivo desde la propia Carta Magna hasta el reglamento administrativo más minucioso.

"De manera que la garantía de legalidad contenida en el invocado artículo 16, condiciona a que todo acto de molestia debe reunir los requisitos de fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento, por la que se entiende el acto o la serie de actos que provocan la molestia en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones de un gobernado realizados por la autoridad competente, deben no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material. Esto es, una disposición normativa general e impersonal, creadora y reguladora de situaciones abstractas.

"La fundamentación legal, consiste en que los actos que originen la molestia de que habla el artículo 16 constitucional, deben basarse en una disposición normativa general; es decir, que ésta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice.

"De dicho precepto constitucional, se desprende que la emisión de todo acto de molestia debe cumplir con tres requisitos mínimos, que son:

"1. Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario.

"2. Que provenga de autoridad competente; y,

"3. Que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento.

"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia cuarenta emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’

"En ese sentido, para atender el contenido del artículo 16 constitucional, el acto de molestia, entre otros aspectos, deberá estar fundado y motivado, con la finalidad de que el gobernado tenga la posibilidad de conocer los preceptos legales en que se establece la conducta sancionada por la autoridad competente, pues los actos de esa naturaleza, contrario a los actos privativos, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, siendo que los actos de molestia, independientemente de constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento.

"Por consiguiente, para respetar el principio de legalidad y seguridad jurídica tutelado por el citado precepto constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito que contenga el respectivo acto de autoridad se mencionen con exactitud las disposiciones legales específicas en que se funden ese tipo de actuaciones.

"Expuesto lo anterior, ahora se tiene presente que en la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil doce (dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo), se advierte que al final de su texto únicamente aparece el cargo del funcionario que lo expidió (Juez Cívico itinerante A-2 del turno nocturno A) y del secretario de Acuerdos que autorizó y dio fe, así como sus firmas, como consta en la parte final que dice:

"‘Así lo resolvió y firma el Juez Cívico del Juzgado itinerante A-2 del turno nocturno A, quien actúa asistido del secretario de Juzgado Cívico, quien autoriza, y firma y da fe. Conste. Autorizo y doy fe.’

"Sin embargo, en principio la autoridad emisora del acto no es el secretario de Acuerdos, puesto que éste únicamente autoriza y da fe en términos de lo dispuesto en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y, el hecho que no se haya indicado el nombre del funcionario emisor (Juez Cívico) no implica violación a la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional en cuanto a los requisitos exigidos para la emisión de los actos.

"Lo anterior, porque de acuerdo con lo expuesto se obtiene que entre los requisitos que debe contener todo acto para que sea legal, está el de ostentar la firma autógrafa del funcionario que lo expide, sin que aparezca como requisito adicional a la firma, el ‘nombre’ del funcionario que lo emite como lo pretende la parte quejosa.

"Ello se entiende así, porque la exigencia de contener la firma autógrafa del funcionario tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, pues sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 16 constitucional al hacer referencia al requisito de que esté emitido por ‘autoridad competente’ significa que quien lo expide es la persona que cuenta con un cargo habilitado constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo.

"En ese contexto, la garantía de seguridad jurídica y legalidad que contiene la disposición constitucional en cita no implica que el acto para ser legal, deba contener el nombre del funcionario que lo expide por no exigirlo así ese precepto, por lo que cuando circunstancialmente se omita precisar el nombre del funcionario que lo suscribe, ello no significa que el acto sea violatorio de garantías porque no es un requisito para su validez y legalidad.

"En apoyo de esa consideración, se invoca la tesis VIII.2o.55 A, que este tribunal comparte, de contenido siguiente:

"‘ACTO ADMINISTRATIVO NO ES ILEGAL CUANDO CIRCUNSTANCIALMENTE SE OMITE EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE LO SUSCRIBE.’ (se transcribe)

"Por lo anterior, es infundado el planteamiento en estudio. ..."

(12) Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 23613/2007, en sesión de dieciocho de enero de dos mil ocho, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 105 a 108 del presente toca):

"TERCERO. En el presente asunto, es innecesario realizar la transcripción de las consideraciones en que se apoyó el laudo reclamado y de los conceptos de violación, en virtud de que este Tribunal Colegiado no se ocupará de su estudio, habida cuenta de que se advierte la existencia de una violación de análisis oficioso que lleva a conceder el amparo al impetrante, con apoyo en la jurisprudencia 147/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos cuarenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, del tenor siguiente:

"‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.’ (se transcribe)

"Es así, porque de la interpretación de los artículos 721, 889 y 890, todos de la Ley Federal del Trabajo, que establecen:

"...

"Se desprende que para la validez de las resoluciones de los tribunales de trabajo, se requiere que estén debidamente firmadas, tanto por los integrantes de la misma, como por el secretario que las autoriza, ya que la firma que plasma la autoridad en dichos documentos, es el signo manifiesto con el que validan su contenido, cumpliendo de esta manera con la obligación que le imponen los mencionados preceptos legales.

"De modo que la falta de nombre o firma del secretario de Acuerdos en el laudo, constituye una violación a las reglas fundamentales del procedimiento, ya que al ser dicho funcionario quien autoriza y da fe de la autenticidad del acto, es indispensable que se cumpla con los requisitos por parte de quien ostenta las facultades para fungir como secretario, y ante la omisión de alguno de éstos, es claro que no existe certeza de la autenticidad del acto, por ende, el laudo es inválido.

"Ahora bien, si al pronunciar la Junta el laudo aparece la firma de un secretario de Acuerdos, pero no el nombre de éste, es inconcuso que se desconoce quién lo signó, si tenía o no facultades para autorizar y dar fe de dicho acto, situación que se equipara a la falta de firma, y origina la nulidad del laudo.

"De las constancias que obran en el expediente del juicio laboral 135/05, que la Junta responsable remitió junto con la demanda de garantías, emplazamientos a los terceros perjudicados, informe justificado y demás anexos a este tribunal, se aprecia que el laudo de treinta y uno de agosto de dos mil seis, aparece firmado por el presidente de la Junta licenciado **********, por el representante de los trabajadores, licenciado ********** y por el representante de los patrones, licenciado **********, como funcionarios que integran la referida Junta y en él intervinieron (foja ciento setenta y siete) no así por el secretario de Acuerdos de la Junta responsable, siendo éste, quien debe autorizar todas las actuaciones procesales, con excepción de las diligencias encomendadas a otros funcionarios, en los términos que ordena el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que en el laudo solamente aparece la leyenda: ‘La C. Secretaria’ y una firma, sin que aparezca que se haya asentado y precisado el nombre de la persona que funge como secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje que debe autorizar la actuación procesal de que se trata y, a quien en todo caso, pudiera corresponder la firma estampada en el laudo, habida cuenta que la firma en dicho documento de la persona que funge como secretario de Acuerdos, es el signo gráfico manifiesto, mediante el cual el citado funcionario da validez al acto procesal consistente en la emisión del laudo, a fin de otorgar la seguridad de que el sentido y consideraciones de la mencionada resolución corresponden efectivamente a lo aprobado por los miembros que integran el tribunal de trabajo.

"La jurisprudencia 50/93, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y nueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo setenta y tres, enero de mil novecientos noventa y cuatro, que dice:

"‘LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DA LUGAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO, NO AL SOBRESEIMIENTO.’ (se transcribe)

"Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de once de enero de dos mil ocho, el amparo directo DT. 23033/2007, promovido por **********; en sesión de diecisiete de enero de dos mil ocho, por unanimidad de votos en los amparos directos DT. 22973/2007 y DT. 23213/2007, promovidos por **********; así como en el amparo directo DT. 22693/2007, promovido por **********, que dieron lugar a la tesis que a la letra dice:

"‘LAUDO. LA FALTA DE NOMBRE DEL SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE, PERMITE DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD.’ (se transcribe)

"...

"Consecuentemente, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta subsane y reponga el procedimiento a partir de la violación de carácter formal apuntada, consistente en la falta de nombre del secretario de Acuerdos del tribunal laboral, responsable de la emisión del laudo impugnado. ..."

(13) Similares consideraciones sostuvo el referido Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver los amparos directos, 22693/2007, 22973/2007, 23033/2007 y 23213/2007, en sesiones de once y diecisiete de enero de dos mil ocho; de dichas ejecutorias derivó la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Registro: 170272

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXVII, febrero de 2008

"Materia: laboral

"Tesis: I.13o.T. J/9

"Página: 2039

"LAUDO. LA FALTA DEL NOMBRE O FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS EN DICHA RESOLUCIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE ORIGINA SU NULIDAD Y, POR ENDE, LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De la interpretación de los artículos 721, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que para la validez de las resoluciones de los tribunales de trabajo se requiere que estén debidamente firmadas, tanto por sus integrantes como por el secretario de Acuerdos que las autoriza, ya que la firma plasmada en ellas es el signo manifiesto con el que validan su contenido y con el que cumplen la obligación contenida en dichos preceptos. En esta tesitura, la falta del nombre o firma del secretario de Acuerdos en el laudo constituye una violación a las leyes del procedimiento laboral que origina su nulidad por no existir certeza de su autenticidad, ni puede surtir efecto legal alguno por desconocerse si quien lo signó tenía facultades para autorizar y dar fe de él; y, consecuentemente, debe decretarse la reposición del procedimiento."

(14) El entonces Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado del citado circuito), al resolver el amparo en revisión 127/87, en sesión de quince de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 225 y 226 del presente toca):

"ÚNICO. No se transcribe la sentencia que se recurre ni los agravios expuestos, toda vez que debe reponerse el procedimiento en este juicio de amparo.

"En efecto, en el acta de cinco de enero de mil novecientos ochenta y siete, correspondiente a la celebración de la audiencia constitucional de este juicio de garantías, se asienta que ésta la presidió: ‘El secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por ministerio de ley’; sin embargo, no se expresó el nombre de la persona que actuó con ese carácter, lo cual es evidente que se traduce en una violación a las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo conforme al artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia, pues ello deja es (sic) estado de indefensión a las partes al no poder formular en un momento dado, recusación contra quien fungió como Juez de Distrito por ministerio de ley, o bien alegar de que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones, o por último que no reúne los requisitos para el desempeño de ese cargo que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo cual hace indispensable de (sic) que se asiente el nombre de la persona que intervino con ese carácter por ministerio de ley.

"Por tanto, se impone revocar la sentencia recurrida y ordenar reponer el procedimiento en este juicio de amparo, a partir del nuevo acuerdo que dicte el Juez de Distrito que señale día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que deberá desahogarse conforme a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo. ..."

(15) Similares consideraciones sostuvo el referido Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión 467/87, en sesión de tres de junio de mil novecientos ochenta y ocho; de dichas ejecutorias derivó la siguiente tesis aislada, que a continuación se transcribe:

"Séptima Época

"Registro: 246486

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 217-228, Sexta Parte

"Materia: común

"Página: 30

"ACTUACIONES JUDICIALES, NOMBRE DEL JUEZ QUE POR MINISTERIO DE LEY PARTICIPA EN LAS. Si en el acta correspondiente a la audiencia constitucional, se asienta que ésta la preside el ‘Juez de Distrito por ministerio de ley’, y no se expresa el nombre de quien actúa como tal, esto constituye una violación a las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues deja en estado de indefensión a las partes al no poder formular, en su caso, recusación contra quien fungió con ese carácter, o bien de que éste se encuentra impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones, de conformidad con el artículo 47, en relación con el artículo 38, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que debe reponerse el procedimiento a partir del proveído que señale nuevo día y hora para la celebración de dicha audiencia."

(16) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 2/99, en sesión de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente (fojas 248 vuelta a 250 vuelta del presente toca):

"SEXTO. ...

"Una vez expuesto lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, los cuales serán analizados conjuntamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, por encontrarse estrechamente relacionados.

"La parte quejosa sustancialmente argumenta que la resolución reclamada aplica e interpreta incorrectamente los artículos 202, fracción I y 203, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, 1o. y 11, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 25 del reglamento del recurso de inconformidad, por falta de aplicación, conllevando una violación directa a las garantías de audiencia y legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que en el recurso de inconformidad se hicieron valer diversas cuestiones que no fueron analizados por el consejo consultivo en la resolución que se impugnó ante la Sala responsable, por lo que la quejosa se vio en la necesidad de combatirlos a través de la demanda de nulidad, mencionando que la Sala responsable consideró que la ahora quejosa debe someterse a lo establecido en el artículo 25 del reglamento del recurso de inconformidad y que el consejo consultivo actúo conforme a derecho al no estudiar los conceptos de inconformidad que fueron esgrimidos, considerando que por tal motivo carece de interés jurídico para promover juicio de nulidad.

"Al respecto, indica que la actuación de las autoridades viola en perjuicio de su representada la garantía de seguridad jurídica en virtud de que si se interpreta armónicamente el artículo 25 del reglamento del recurso de inconformidad, se podrá apreciar el espíritu de la norma, la que se crea con el objeto de que el instituto mencionado estudie todos los conceptos de inconformidad expuestos y que la excepción hecha es para los casos en que se ha hecho valer algún concepto de inconformidad que traiga consigo una nulidad lisa y llana.

"Afirma que la Sala responsable al hacer valer la causal de improcedencia porque supuestamente no se afecta el interés jurídico de la quejosa al haberse dejado sin efecto el cobro de la cédula recurrida, pasa por alto que en el presente asunto no se ha resuelto el fondo del mismo en atención a los agravios hechos valer le coarta el derecho de obtener una revocación lisa y llana de la cédula en cuestión si la responsable se hubiese avocado a todos y cada uno de los conceptos de inconformidad, señalando que la resolución materia de la litis en el juicio fiscal sí afecta sus intereses jurídicos aunque deje sin efectos la cédula de liquidación porque tiene derecho a que se resuelvan los agravios propuestos, particularmente el esgrimido respecto de la incompetencia, ya que es el juicio fiscal medio legal para cuestionar el proceder del citado consejo consultivo.

"Agrega que la autoridad emisora del acuerdo que recayó al recurso de inconformidad vulneró en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al resolver cuestiones que no fueron propuestas por la ahora quejosa.

"Asimismo, expresa que en la sentencia reclamada se estima que no se afectan los intereses jurídicos de la quejosa en el juicio fiscal resultando violatoria de garantías el confirmar el desechamiento, omitiendo tomar en cuenta la forma en que se planteó la litis en el caso concreto, en virtud de que se esgrimieron violaciones materiales o de fondo, siendo necesario, en su concepto, avocarse al estudio del contenido de la demanda de nulidad para que, en su caso, se determine si la autoridad demandada, al declarar fundado el recurso por violaciones formales se ajustó a no a la litis, de donde surgirá un agravio jurídico en perjuicio de la ahora quejosa, o en su caso, establecer lo infundado de los conceptos de nulidad pero no se puede establecer legalmente sin estudiar la violación aducida que no se afectan los intereses jurídicos de la solicitante de garantías.

"Del estudio de la resolución reclamada se desprende que la Sala responsable consideró que ‘El interés jurídico debe entenderse como la afectación en la esfera jurídica del gobernado, derivado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24674-6847038b/actuaciones-judiciales-o-jurisdiccionales-la-mencion-expresa-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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